Los familiares del fiscal Marcelo Pecci, volvieron a pronunciarse ante las recientes declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y le pidieron no escudarse en la jurisdicción colombiana. Sostienen que existen indicios de que la planificación y la orden para ejecutar el crimen se gestaron en Paraguay.
La familia del fiscal Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia, salió nuevamente al cruce de las declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y expresó su preocupación de lo que consideran una postura evasiva del Ministerio Público paraguayo en la investigación del crimen.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y al Ministerio Público, los familiares y el equipo legal de Pecci manifestaron su “categórica disconformidad y rechazo” a las reiteradas referencias de Rolón sobre la jurisdicción colombiana. Según la familia, sostener que Colombia tiene la jurisdicción principal y que Paraguay se limita a una cooperación internacional reduce la importancia de una de las principales líneas de investigación: determinar quién ordenó y planificó el asesinato del fiscal.
La familia sostiene que los indicios conocidos hasta ahora apuntan a que la estructura criminal que decidió acabar con la vida de Pecci habría operado desde Paraguay, por lo que considera indispensable que las autoridades nacionales asuman un papel activo en la búsqueda de los autores intelectuales.
La propia Fiscalía paraguaya abrió una investigación
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la familia apunta a una aparente contradicción en la actuación institucional del Ministerio Público.
Según el comunicado, la causa inicialmente vinculada a la cooperación internacional fue abierta durante la administración de la exfiscal general Sandra Quiñónez. Sin embargo, posteriormente, ya durante la gestión de Emiliano Rolón, el Ministerio Público paraguayo abrió en octubre de 2023 una carpeta de investigación independiente, bajo la figura de homicidio doloso y con una numeración propia.
En esa investigación fueron designados los fiscales Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Cristian Ortiz, quienes continúan interviniendo en el caso.
Para la familia Pecci, este antecedente resulta incompatible con la afirmación de que Paraguay únicamente cumple un rol de cooperación con Colombia. Sostienen que la existencia de una investigación penal autónoma demuestra que el Ministerio Público paraguayo asumió competencias concretas para investigar el crimen.
Investigación conjunta con Colombia
Otro de los puntos destacados en el comunicado es el funcionamiento de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre fiscales paraguayos y colombianos.
La familia sostiene que los fiscales paraguayos no están actuando como simples receptores o transmisores de información proveniente de Colombia, sino que forman parte de una estructura investigativa conjunta destinada a esclarecer el asesinato.
En ese contexto, cuestionan que las declaraciones públicas del fiscal general del Estado puedan transmitir la idea de que Paraguay mantiene una participación meramente secundaria, cuando los investigadores paraguayos continúan trabajando en una causa que busca determinar las responsabilidades detrás del magnicidio.
“La orden salió de Paraguay”, el principal argumento
Uno de los argumentos más contundentes planteados por los familiares tiene que ver con declaraciones realizadas en Colombia pocos días después del asesinato.
El comunicado recuerda que el entonces comandante de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, y el entonces fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, señalaron públicamente, el 7 de junio de 2022, que la orden para ejecutar el asesinato habría salido desde Paraguay.
Para la familia, esta afirmación constituye un elemento que no puede ser ignorado por las autoridades paraguayas y refuerza la necesidad de investigar en profundidad el eventual origen de la planificación criminal.
Por ello, reclaman directamente a Emiliano Rolón que no se aparte de la investigación bajo el argumento de la territorialidad, especialmente cuando existen indicios que apuntan hacia Paraguay como posible lugar de planificación y emisión de la orden criminal.
“¿Por qué abrió una carpeta por homicidio doloso?”
La familia formula además una pregunta directa al fiscal general del Estado: si considera que Paraguay carece de jurisdicción o que su intervención se limita a la asistencia internacional, ¿por qué durante su administración se abrió una investigación penal autónoma por homicidio doloso?
El cuestionamiento constituye el eje central del comunicado y busca poner en evidencia lo que los familiares consideran una contradicción entre el discurso público de la máxima autoridad del Ministerio Público y la actuación de la propia institución en el expediente.
También advierten que una postura que califican de contradictoria o evasiva podría terminar favoreciendo las estrategias de defensa de quienes eventualmente sean imputados como responsables del crimen.
Reclamo a la Corte Suprema
La familia Pecci también dirigió su reclamo a las autoridades judiciales y, particularmente, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sostienen que el paso del tiempo sin resultados respecto de los responsables intelectuales del asesinato aumenta el riesgo de que el caso termine en la impunidad.
En el tramo final de su pronunciamiento, los familiares cuestionan el desempeño del sistema de justicia paraguayo y sostienen que el Estado está fallando no solamente a Marcelo Pecci y a sus allegados, sino también a la sociedad paraguaya.
