Un conflicto por la reparación de un televisor de 65 pulgadas derivó en una investigación penal, un allanamiento autorizado judicialmente y ahora en un pedido del Ministerio Público para llevar el caso al debate oral. El episodio vuelve a poner en discusión la utilización de recursos del sistema penal para controversias de bienes de relativamente bajo valor.
Un televisor que ingresó a un servicio técnico para un diagnóstico terminó movilizando distintas instancias del sistema de justicia. La agente fiscal de Ñemby, Gladys González, presentó acusación contra un técnico en electrónica por el supuesto hecho punible de apropiación y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Según la acusación, el caso comenzó el 23 de febrero de 2025, cuando un hombre entregó al técnico un televisor JVC de 65 pulgadas que presentaba problemas de funcionamiento. La finalidad inicial habría sido determinar cuál era la avería del aparato.
Sin embargo, de acuerdo con la versión fiscal, el técnico habría procedido a reparar el televisor sin contar con la autorización previa del propietario y posteriormente estableció en G. 700.000 el costo del trabajo realizado.
El dueño del aparato se habría negado a abonar ese monto, alegando que nunca autorizó la reparación. Ante esa situación, solicitó la devolución de su televisor, pero la restitución no se habría producido de manera inmediata.
El episodio adquirió una dimensión penal cuando, según la acusación, finalmente el técnico entregó al propietario otro televisor: un KOLKE de 60 pulgadas, en lugar del JVC de 65 pulgadas que había recibido originalmente.
Un allanamiento detrás de un televisor
La investigación no quedó solamente en la denuncia y la posterior acusación. Para recuperar el aparato, el Ministerio Público recurrió a la Justicia y obtuvo una autorización judicial para allanar el domicilio del técnico.
Durante el procedimiento, el acusado manifestó que ya no tenía en su poder el televisor JVC que era objeto de la investigación. De esta manera, el operativo no logró inicialmente recuperar el bien denunciado.
Tras la etapa investigativa, la Fiscalía considera que reunió elementos suficientes para sostener la existencia del supuesto hecho punible y la participación del acusado, por lo que ahora pretende que un Tribunal de Sentencia analice el caso en un juicio oral y público.
La Justicia movilizada por una TV
El caso deja una particular postal sobre las prioridades y el despliegue de recursos del sistema penal: un conflicto originado por un televisor terminó con intervención fiscal, actuación judicial, una orden de allanamiento y ahora un pedido de juicio oral.
No se trata solamente del valor económico del aparato, sino de la conducta que la Fiscalía atribuye al acusado y de si esta reúne los elementos necesarios para configurar el delito de apropiación. Esa será, eventualmente, una cuestión que deberá resolver el tribunal competente.
Sin embargo, desde una mirada sobre el funcionamiento del sistema de justicia, el expediente también evidencia cómo el aparato estatal puede desplegar una importante estructura de investigación para resolver una controversia vinculada a un bien de uso doméstico.
La Fiscalía sostiene que su acusación está respaldada por los elementos reunidos durante la etapa preparatoria. Será ahora el órgano jurisdiccional el que determine si corresponde abrir el debate oral y, llegado el caso, si las pruebas permiten establecer responsabilidad penal.
