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La magistratura es un «reto profesional»

El nuevo magistrado Eduardo Velázquez, considera que llegar al Poder Judicial representa un importante desafío profesional y plantea como prioridades garantizar los derechos de las personas acusadas, pero también escuchar y dar respuesta oportuna a las víctimas. Aboga además por juicios ágiles y por el respeto al tiempo de las partes, testigos y peritos.

El juez de Sentencia Eduardo Velázquez, recientemente incorporado a la magistratura, asumió su nueva función con el convencimiento de que el cargo representa mucho más que un desafío profesional. Para el magistrado, ejercer la función judicial implica responder a una ciudadanía que reclama una justicia cada vez más honesta, equilibrada y comprometida con quienes recurren al sistema.

“Pasar al Poder Judicial, realmente, es un reto profesional demasiado importante”, afirmó Velázquez al referirse a su llegada a la judicatura. En ese contexto, sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en responder a las expectativas de una sociedad que “busca una justicia justa” y, por sobre todo, “mucho más honesta”.

Su visión parte de un principio que considera fundamental: la protección de las garantías procesales y constitucionales de toda persona acusada debe coexistir con una atención efectiva a los derechos de las víctimas.

“No se puede negar que en la mayoría de los casos hay una víctima determinada, y esa víctima tiene que ser oída, tiene que tener una respuesta en un tiempo razonable”, manifestó.

Justicia también para las víctimas

Uno de los aspectos que Velázquez remarcó es la necesidad de que las víctimas reciban una respuesta judicial independientemente de que hayan promovido o no una querella adhesiva.

A su criterio, una decisión judicial que llega después de un periodo excesivamente prolongado pierde su sentido para quien espera una respuesta del sistema. “Una respuesta en cualquiera de los dos sentidos, en un tiempo abismal, no es justicia para esa persona”, sostuvo.

Esta mirada refleja una concepción de la magistratura en la que el juez no debe limitar su actuación únicamente al cumplimiento formal de las garantías procesales, sino también observar las consecuencias que los tiempos de la Justicia generan sobre las personas involucradas en un proceso.

La mora y la duración de los procesos

Velázquez reconoció, sin embargo, que alcanzar respuestas rápidas constituye uno de los grandes desafíos del sistema judicial, particularmente debido a la saturación existente en determinadas etapas procesales y a los casos de personas que permanecen durante largos periodos en prisión preventiva.

En ese sentido, calificó la problemática como “un problema horizontal y vertical” y explicó que existen causas que podrían haber encontrado una solución mediante salidas alternativas en etapas anteriores del proceso.

Según explicó, en algunos casos estas alternativas no prosperan debido a diferentes circunstancias, entre ellas la negativa de la víctima o de la propia defensa, que opta por llevar la discusión al juicio oral.

El magistrado señaló que, desde su nueva función, buscará contribuir a evitar que los juicios se extiendan innecesariamente.

“Tratamos de que los juicios no se prolonguen”, expresó, al explicar que uno de los objetivos es reducir al mínimo el tiempo que deben destinar las partes, testigos y peritos que concurren ante la Justicia.

Respeto por el tiempo de quienes acuden a tribunales

En su planteamiento también aparece un aspecto que muchas veces queda relegado frente a las discusiones estrictamente jurídicas: el impacto que las audiencias tienen sobre las personas que deben acudir a los tribunales.

Velázquez destacó que numerosos testigos cuentan con empleos en el sector privado y que deben solicitar permisos laborales para cumplir con las convocatorias judiciales. Incluso, señaló que en algunos casos existen dificultades para obtener más de una jornada de permiso.

“Tratamos de tener máximo respeto a las partes para que ellas puedan disponer de su tiempo y no hacer una espera innecesaria”, manifestó.

Bajo esa premisa, el nuevo juez explicó que en el tribunal al que se incorporó existe el propósito de iniciar las audiencias a la hora prevista y evitar demoras que puedan afectar a quienes concurren a prestar declaración o participar de los procesos.

En ese punto, valoró además el trabajo de sus colegas del tribunal, mencionando a los magistrados Carlos Hermosilla, Fabián Escobar y Vicente Frete Sandoval, con quienes comparte la labor jurisdiccional.

Una magistratura con enfoque renovado

Las expresiones del juez Eduardo Velázquez plantean una visión de la función judicial basada en la responsabilidad, la integridad y el equilibrio entre las garantías de los acusados y los derechos de las víctimas.

Su llegada al cargo se produce con un discurso que pone especial énfasis en la necesidad de que la Justicia no solo sea técnicamente correcta, sino también oportuna y cercana a las personas que participan de un proceso.

Para Velázquez, impartir justicia implica asumir el compromiso de escuchar, resolver y hacerlo dentro de plazos razonables. Su planteamiento apunta así a una magistratura que, además del conocimiento jurídico, tenga presente el impacto humano de cada expediente y el valor que representa para las partes obtener una respuesta judicial efectiva.

Entregan a la Senabico inmueble de Justo Pastor Cárdenas

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La Justicia concretó la entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) de un departamento que pertenecía al expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas, condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito.

El procedimiento fue encabezado por el juez de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Carlos Luis Mendoza Peña, quien formalizó la transferencia del inmueble para que pase a ser administrado por la Senabico y, en consecuencia, integre el patrimonio del Estado.

Se trata de un departamento con cochera, ubicado en el sexto piso del edificio Balcones del Parque, situado sobre las calles Fortín Toledo y Boquerón, en el barrio San Roque de Asunción.

Durante la diligencia, el magistrado destacó que el inmueble fue entregado libre de todo gravamen, condición que permite a la Senabico asumir inmediatamente su posesión y administración, conforme a las disposiciones legales vigentes.

La transferencia se realizó en cumplimiento de la Ley N.° 5876/17, que regula la administración de bienes incautados y comisados, así como de la Ley N.° 7424, que creó el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional.

El inmueble fue decomisado en el marco de la causa «Justo Pastor Cárdenas Núñez y otros s/ enriquecimiento ilícito y otros», proceso en el que el extitular del Indert fue condenado a siete años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la institución.

Del acto participaron representantes de la Senabico, funcionarios de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia y autoridades del Juzgado de Ejecución Penal.

La Senabico es la institución encargada de la guarda, administración y disposición de los bienes decomisados por orden judicial, con el objetivo de preservar su valor y destinarlos posteriormente al fortalecimiento del patrimonio estatal.

Cuestionan que imputación excluya a consejeros del IPS

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La defensa del ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación formulada por el Ministerio Público en la investigación por un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, al sostener que la Fiscalía centra las sospechas sobre su cliente sin individualizar la responsabilidad de los demás integrantes del Consejo de Administración, órgano que según afirmó, adoptaba las decisiones institucionales.

El abogado José Fernández Zacur manifestó que la imputación aún debe ser analizada en profundidad, especialmente en lo relacionado con las adendas al contrato investigado, al considerar que el documento fiscal no desarrolla el contenido específico de cada una de ellas.

«Hay que ver qué dice cada adenda, cosa que no dice la imputación. Él es el garante de los fondos del IPS, al igual que el resto de los consejeros. No hay ningún imputado aquí. Es importante conocer el contenido de la carpeta fiscal para obtener una mejor opinión con relación al hecho», expresó.

El profesional explicó que la prioridad de la defensa fue asegurar la comparecencia de su representado con las garantías previstas en el Código Procesal Penal y que recién ahora accederán a los elementos reunidos por la Fiscalía para ejercer una defensa sobre el fondo de la cuestión.

Fernández Zacur también puso énfasis en el funcionamiento administrativo del IPS, señalando que el presidente de la previsional no adopta decisiones de manera unilateral, sino en el marco de las determinaciones asumidas por el Consejo de Administración.

La investigación fiscal

El Ministerio Público imputó a nueve personas, entre ellas dos expresidentes del IPS y otros funcionarios que, de acuerdo con la investigación, ejercían funciones de administración, dirección, control y disposición sobre el patrimonio institucional durante la ejecución del contrato para la provisión de quirófanos modulares.

Además de la imputación por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de todos los procesados y requirió el embargo preventivo de sus bienes hasta cubrir G. 61.000 millones, monto que estima como el perjuicio ocasionado a la previsional. Para los dos primeros procesados que ya comparecieron ante el juez, fue dispuesta la libertad bajo fianza.

El origen del caso

La causa se inició a partir de una denuncia remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que detectó presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N.° 4 del Contrato N.° 6/2020.

Según la investigación, esa modificación contractual fue aprobada pese a que la Adenda N.° 3 presentaba observaciones no subsanadas relacionadas con los plazos de ejecución, el lugar de prestación del servicio, las condiciones contractuales y las modalidades de pago, lo que, para la Fiscalía, habría vulnerado disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.

La hipótesis fiscal sostiene que los funcionarios imputados autorizaron sucesivas adendas y firmaron actas de recepción que permitieron a la empresa adjudicada, Neighpart S.A., continuar percibiendo pagos pese a que el contrato no podía ejecutarse debido a la falta de planificación y a la indisponibilidad del espacio donde debían instalarse los quirófanos modulares.

Para el Ministerio Público, en lugar de suspender el contrato ante su imposibilidad de ejecución, los responsables habrían aprobado prórrogas y documentación administrativa que posibilitó desembolsos presuntamente injustificados, ocasionando un daño patrimonial estimado en G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social.

No obstante, la defensa de Jorge Brítez anticipó que una vez analizada íntegramente la carpeta fiscal responderá a cada uno de los fundamentos de la imputación y sostendrá su posición respecto a la actuación del entonces titular de la previsional y del Consejo de Administración durante la ejecución del contrato investigado.

La Corte anula fallo que sobreseyó a condenado por feminicidio

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el fallo de segunda instancia que había anulado la condena de 27 años de prisión impuesta a César Fernando Rodas Galeano por el presunto feminicidio de su hermana, al concluir que la resolución del Tribunal de Apelación carecía de una debida fundamentación jurídica y fáctica.

La máxima instancia judicial hizo lugar al recurso extraordinario de casación promovido por la agente fiscal Sandra Ledesma, y ordenó el reenvío de la causa a un Tribunal de Apelación distinto para que vuelva a analizar el recurso de apelación especial conforme a los parámetros legales y constitucionales.

La decisión fue dictada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes, quienes concluyeron que el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial de Central, no cumplió con el deber de motivar adecuadamente su decisión al dejar sin efecto la sentencia condenatoria.

Falta de fundamentación

En su análisis, la Sala Penal sostuvo que el fallo impugnado incumplió las exigencias previstas en los artículos 125 y 465 del Código Procesal Penal, así como el artículo 256 de la Constitución Nacional, al no exponer de manera clara, suficiente y concreta las razones que justificaban la anulación de la condena.

Los ministros señalaron que la resolución de segunda instancia presenta una motivación insuficiente que impide verificar si existió una correcta aplicación del derecho. Además, advirtieron que el Tribunal de Apelación se limitó a sostener, de forma genérica, que no se acreditó el nexo causal entre el acusado y el crimen, sin efectuar un análisis integral de las pruebas valoradas durante el juicio oral ni explicar jurídicamente por qué esas evidencias resultaban insuficientes para sostener la condena.

Con esta decisión, la Corte no restablece automáticamente la sentencia condenatoria, sino que dispone que otro Tribunal de Apelación estudie nuevamente el caso y emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado.

La condena anulada

El fallo cuestionado había dejado sin efecto la Sentencia Definitiva del 19 de febrero de 2025, mediante la cual el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Rilsy Ortiz, Natalia Muñoz y Gerardo Ruiz Díaz condenó a César Fernando Rodas Galeano a 27 años de prisión por feminicidio. Además, el Tribunal de Alzada había dispuesto el sobreseimiento definitivo del acusado, decisión que ahora quedó anulada por la Corte Suprema.

Los antecedentes del caso

Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó que en la madrugada del 27 de noviembre de 2020 Analía Monserrat Rodas Galeano mantuvo una discusión con su pareja en el domicilio familiar, situación en la que intervino su hermano, César Fernando Rodas Galeano.

La investigación estableció que, tras la salida del novio, la víctima permaneció con vida en la vivienda y continuó intercambiando mensajes con su pareja hasta aproximadamente las 11:00 de ese día. Desde ese momento, el teléfono dejó de registrar actividad.

De acuerdo con la acusación, el ahora procesado comenzó a sostener que su hermana había realizado un viaje de fin de semana, versión que mantuvo durante casi siete meses.

Posteriormente, tanto el cuerpo de Analía Monserrat Rodas Galeano como su teléfono celular fueron encontrados enterrados en las inmediaciones de la vivienda. La investigación también incorporó elementos que señalaban que el acusado confesó el crimen y admitió haber enterrado el cuerpo. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico del lado izquierdo.

Con la decisión de la Sala Penal, el proceso vuelve a la instancia de apelación, donde otro tribunal deberá revisar el caso y emitir una nueva resolución con una fundamentación ajustada a las exigencias legales y constitucionales.

Avanzan acciones para agilizar traslados de condenados con Brasil

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Con el objetivo de reducir los tiempos en los procesos de cooperación judicial internacional, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia avanzan en la implementación de nuevas acciones para agilizar el traslado de personas condenadas entre Paraguay y Brasil.

Durante una reunión de trabajo, representantes de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia evaluaron mecanismos destinados a optimizar la tramitación de estos procedimientos, en el marco del fortalecimiento de los acuerdos bilaterales con la República Federativa del Brasil.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de modernizar los procesos administrativos y judiciales para facilitar la ejecución de los traslados. En ese contexto, recordaron que el Ministerio de Justicia cumple el rol de autoridad central para este tipo de solicitudes, mientras que la Corte Suprema de Justicia, mediante los juzgados de ejecución, garantiza el cumplimiento de las resoluciones conforme a los instrumentos internacionales vigentes.

La directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes, explicó que uno de los principales desafíos identificados es la demora que genera la traducción de la documentación oficial al portugués, etapa que suele extender los plazos de tramitación.

Como respuesta a esta situación, ambas instituciones acordaron impulsar la incorporación del Expediente Judicial Electrónico en estos procedimientos. La implementación de esta herramienta permitirá agilizar el intercambio de documentos entre las autoridades competentes, reducir los tiempos administrativos y fortalecer la cooperación judicial con Brasil en materia de traslado de personas condenadas.

Despierta Paraguay: querellada no se presenta a mediación

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La abogada Alejandra Peralta Merlo, representante legal del empresario Christian Chena, calificó de «llamativa» la incomparecencia de Jessica Bracho Atacho a la audiencia de mediación convocada este jueves en el marco de la querella por presunta calumnia derivada de publicaciones difundidas a través de la página web Despierta Paraguay.

La diligencia, realizada ante la Dirección de Mediación del Poder Judicial, estaba prevista para las 09:00 y constituía una etapa extrajudicial y voluntaria, previa a la continuidad del proceso judicial. Sin embargo, según explicó la profesional, la mujer identificada como creadora del portal no acudió a la convocatoria.

«Para hoy estaba citada la señora Jessica Bracho Atacho, la mujer venezolana que fue identificada como la creadora de la página Despierta Paraguay, a través de la cual se difundieron dichos calumniosos en contra de mi cliente, el señor Christian Chena. Lastimosamente, no contamos hoy con la participación de la misma. La audiencia estuvo fijada para las 9 de la mañana. La misma no se presentó», expresó Peralta Merlo.

La abogada explicó que, ante la ausencia de la convocada, solicitaron el cierre de la etapa de mediación para que el expediente retorne al juzgado a cargo de la jueza Mesalina Fernández, donde continuará la tramitación de la querella.

«Esta es una audiencia de mediación ante la Dirección de Mediación del Poder Judicial. Es una fase extrajudicial. Nosotros, acto seguido, solicitamos el cierre de esta etapa, que es una etapa voluntaria para poder llegar a una conversación y a una salida extrajudicial antes de continuar con el proceso tramitado ante el juzgado de la doctora Mesalina Fernández», señaló.

Agregó que, una vez concluida esta fase, corresponderá la convocatoria a una audiencia de conciliación dentro del proceso judicial.

«Al solicitar nosotros el cierre de la mediación, entonces esto va de vuelta al juzgado y la jueza le estará convocando a una audiencia de conciliación, pero ya dentro del proceso judicial de la querella por calumnia. Entonces, estamos en ese estadio», indicó.

Peralta Merlo también sostuvo que la ausencia de Bracho Atacho resulta llamativa debido a que, según afirmó, tanto ella como sus abogados fueron debidamente notificados.

«Resulta bastante llamativo la incomparecencia de la señora Bracho Atacho, puesto que sus abogados se presentaron en su representación, otorgaron una dirección válida, tanto de ella como de los abogados, y fueron debidamente notificados en tiempo y forma. Entonces, supusimos que existía una voluntad de presentarse. Sin embargo, al no hacerlo, esto resulta llamativo», manifestó.

La representante legal de Chena sostuvo además que la inasistencia podría tener implicancias respecto a la hipótesis planteada por la defensa en la querella.

«De lo contrario, tal vez hubiéramos trabajado la hipótesis de una posible suplantación de identidad, pero al no presentarse, entonces deja entrever que pudiera tener realmente un grado de participación, conforme lo hemos expresado en el escrito de acusación», afirmó.

Finalmente, Peralta Merlo señaló que no descarta que existan otros factores que expliquen la ausencia de la mujer venezolana, aunque insistió en que la situación genera interrogantes.

«Entonces, tal vez pueda estar, de alguna forma, siendo amenazada, no sabemos. Pero resulta bastante llamativa su incomparecencia», concluyó la abogada.

Juez le impone medidas cautelares a Jorge Brítez

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El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Jorge Magno Brítez compareció este jueves ante el juzgado y obtuvo su libertad, luego de que el juez Rodrigo Estigarribia decidiera no ordenar su prisión preventiva y le impusiera medidas cautelares alternativas.

Al fundamentar la resolución, el magistrado señaló que si bien existe un riesgo de fuga evaluado en función de la expectativa de pena, ese riesgo «puede disminuir» mediante medidas distintas a la privación de libertad, de modo a garantizar su sometimiento al proceso penal.

Brítez es uno de los nueve imputados por lesión de confianza en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones al IPS, vinculado a la licitación de quirófanos modulares para el IPS Central. El fiscal Julio Ortiz, quien participó de la audiencia de imposición de medidas en forma telemática, había solicitado prisión preventiva y cauciones equivalentes al monto total del presunto perjuicio.

También compareció en la misma jornada Hugo Aranda, exfuncionario de la Unidad Operativa de Contrataciones, igualmente imputado en el caso.

Un día antes, el martes, había sido detenida la exasesora jurídica del IPS Rosa Colmán, quien recuperó su libertad horas después mediante una fianza real de G. 500 millones instrumentada a través de un inmueble.

Avanzan trabajos de mejoramiento en juzgados especializados de Capital

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En el marco del plan de fortalecimiento institucional impulsado por la Corte Suprema de Justicia, continúan los trabajos de reorganización y optimización en los Juzgados Penales de Sentencia del Fuero Especializado en Crimen Organizado de la Capital, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento de estas dependencias judiciales.

Las tareas, desarrolladas por disposición del Consejo de Superintendencia y encabezadas por el administrador de fueros, Fernando Insaurralde, abarcan los juzgados del 1.º al 6.º Turno y comprenden una evaluación integral de las necesidades operativas de cada despacho.

Durante las jornadas se verifica el estado del mobiliario, se identifican requerimientos pendientes y se reorganizan los espacios de trabajo mediante el retiro de bienes en desuso, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de las instalaciones y brindar un entorno más funcional para magistrados, funcionarios y usuarios del sistema de justicia.

Como parte de este proceso, también se impulsa la actualización de inventarios, la reposición de insumos y la depuración documental, acciones orientadas a fortalecer la gestión administrativa de los juzgados.

Al respecto, Fernando Insaurralde señaló que el relevamiento permitió constatar la situación particular de cada dependencia y verificar que gran parte de las necesidades detectadas en etapas anteriores ya fueron atendidas.

Asimismo, informó que la mayoría de los juzgados completó la remisión de expedientes al Archivo General de los Tribunales o a la Dirección de Derecho Ambiental para su correspondiente reciclaje, contribuyendo así a liberar espacios y mejorar la organización interna.

Los trabajos cuentan con el acompañamiento técnico de la Dirección de Infraestructura Física, la Dirección Contable y Patrimonial, el Departamento de Suministro y Bienes, el Archivo General de los Tribunales y la Dirección de Derecho Ambiental, dependencias que coordinan las acciones para consolidar un proceso de modernización y mejora continua en los juzgados especializados.

Destacan el rol transformador de la Constitución Nacional

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia César Manuel Diesel Junghanns y María Carolina Llanes Ocampos expusieron la experiencia paraguaya sobre la evolución del constitucionalismo durante el XIII Seminario Internacional «Constitucionalismo Transformador y su Impacto en América Latina», desarrollado en Heidelberg, Alemania, donde coincidieron en resaltar que la Constitución Nacional de 1992 marcó un punto de inflexión en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.

Durante el panel «El impacto transformador de la justicia constitucional», el ministro César Diesel explicó el funcionamiento del modelo constitucional paraguayo y destacó el papel que cumple el sistema de control de constitucionalidad para garantizar la supremacía de la Constitución y la seguridad jurídica dentro del ordenamiento nacional.

Por su parte, la ministra María Carolina Llanes puso énfasis en las profundas reformas legislativas impulsadas a partir de la Constitución de 1992. En su exposición señaló que la nueva Carta Magna permitió importantes avances en materia de legislación penal, protección integral de la niñez, incorporación de la perspectiva de género y fortalecimiento de las herramientas jurídicas para enfrentar la criminalidad organizada.

Asimismo, Llanes analizó el impacto que han tenido en América Latina las convenciones internacionales de derechos humanos, destacando tanto los avances registrados como los desafíos que aún enfrentan los países de la región para lograr una implementación efectiva de esos instrumentos.

El encuentro, organizado por el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, reunió a presidentes de cortes supremas y tribunales constitucionales, jueces internacionales, magistrados, investigadores y especialistas de distintos países para debatir sobre los retos actuales del constitucionalismo y la consolidación del Estado de Derecho.

En representación del Poder Judicial paraguayo, los ministros compartieron el panel con la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, Paola Meneses Mosquera; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen Stanziola; y la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, María Pía Silva, en un espacio dedicado al intercambio de experiencias sobre el impacto de la justicia constitucional en el fortalecimiento de las instituciones democráticas de América Latina.

Como parte de las actividades académicas, también fue entregada al Instituto Max Planck la obra «La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Paraguay. Impactos, desafíos y oportunidades», publicación que analiza la incidencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el país y busca ampliar su difusión en el ámbito académico internacional.

Jordi Ferrer invita a un cambio cultural en la Justicia

El reconocido jurista español Jordi Ferrer, experto en razonamiento probatorio, invitó a la comunidad jurídica a participar en el I Seminario Internacional de Formación Continua sobre Razonamiento Jurídico, organizado conjuntamente por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Universidad Nacional de Pilar.

Ferrer, quien se encuentra de visita en Paraguay para desarrollar las jornadas académicas, destacó que el principal desafío de los sistemas judiciales pasa por fortalecer la comprensión racional del razonamiento probatorio como garantía indispensable del debido proceso.

«Yo diría que el mensaje fundamental debe ser las ganas de formar parte de una revolución cultural en nuestra administración de justicia», expresó el jurista al adelantar el contenido del seminario.

En ese sentido, sostuvo que el cambio debe ser profundo y orientado a mejorar la calidad de las decisiones judiciales.

«Una revolución cultural que lleve a pensar que, sin una comprensión racional del razonamiento probatorio, es imposible que nuestros sistemas de justicia den adecuada cuenta del debido proceso. Y sin el debido proceso, tampoco del respeto al derecho a la defensa ni a la seguridad jurídica ni a los derechos de los ciudadanos», afirmó.

El especialista remarcó que la transformación debe comenzar por un cambio de paradigma en la forma de entender la valoración de la prueba y la argumentación jurídica.

«Es fundamental que cambiemos el chip y empecemos un cambio, un cambio cultural que debe ser absoluto», enfatizó.

El I Seminario Internacional de Formación Continua sobre Razonamiento Jurídico se desarrollará en el Salón Serafina Dávalos, con el siguiente cronograma: viernes 7, a las 18:00 horas; y sábado 8, a las 09:00 horas.

La actividad constituye una iniciativa conjunta de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Universidad Nacional de Pilar, con el objetivo de fortalecer la capacitación permanente de los operadores del sistema de justicia y promover herramientas que contribuyan a una mejor fundamentación de las decisiones judiciales, en línea con los estándares del debido proceso y la tutela efectiva de los derechos ciudadanos.

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