El reconocido jurista español Jordi Ferrer, experto en razonamiento probatorio, invitó a la comunidad jurídica a participar en el I Seminario Internacional de Formación Continua sobre Razonamiento Jurídico, organizado conjuntamente por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Universidad Nacional de Pilar.
Ferrer, quien se encuentra de visita en Paraguay para desarrollar las jornadas académicas, destacó que el principal desafío de los sistemas judiciales pasa por fortalecer la comprensión racional del razonamiento probatorio como garantía indispensable del debido proceso.
«Yo diría que el mensaje fundamental debe ser las ganas de formar parte de una revolución cultural en nuestra administración de justicia», expresó el jurista al adelantar el contenido del seminario.
En ese sentido, sostuvo que el cambio debe ser profundo y orientado a mejorar la calidad de las decisiones judiciales.
«Una revolución cultural que lleve a pensar que, sin una comprensión racional del razonamiento probatorio, es imposible que nuestros sistemas de justicia den adecuada cuenta del debido proceso. Y sin el debido proceso, tampoco del respeto al derecho a la defensa ni a la seguridad jurídica ni a los derechos de los ciudadanos», afirmó.
El especialista remarcó que la transformación debe comenzar por un cambio de paradigma en la forma de entender la valoración de la prueba y la argumentación jurídica.
«Es fundamental que cambiemos el chip y empecemos un cambio, un cambio cultural que debe ser absoluto», enfatizó.
El I Seminario Internacional de Formación Continua sobre Razonamiento Jurídico se desarrollará en el Salón Serafina Dávalos, con el siguiente cronograma: viernes 7, a las 18:00 horas; y sábado 8, a las 09:00 horas.
La actividad constituye una iniciativa conjunta de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Universidad Nacional de Pilar, con el objetivo de fortalecer la capacitación permanente de los operadores del sistema de justicia y promover herramientas que contribuyan a una mejor fundamentación de las decisiones judiciales, en línea con los estándares del debido proceso y la tutela efectiva de los derechos ciudadanos.
