En un fallo relevante, la Sala Penal, con el voto del ministro preopinante Manuel Ramírez Candia, ha determinado recientemente que las dilaciones ocasionadas por las partes pueden interrumpir el plazo de prescripción en casos judiciales.

Esta decisión podría tener un impacto significativo en la persecución de delitos, especialmente aquellos relacionados con corrupción pública, al evitar que los procesos se vean truncados prematuramente debido a errores en el cómputo de los plazos legales.

El fallo en cuestión reviste importancia ya que establece que acciones como recusaciones, excepciones de inconstitucionalidad y períodos de suspensión de la actividad jurisdiccional, como los causados por la pandemia de COVID-19, pueden considerarse causales de interrupción del plazo de prescripción. Esta interpretación, según el ministro Ramírez Candia, asegura que los procesos judiciales no queden impunes debido a técnicas dilatorias o «chicanas» procesales.

Un ejemplo concreto que ilustra la relevancia de este fallo es el caso del exfiscal Gustavo Enrique Cáceres, cuya causa fue declarada prescripta por un error en el cálculo de los plazos, ignorando los días de suspensión debido a recursos presentados en el expediente. Según el cómputo realizado por Ramírez Candia, la causa tuvo una interrupción de más de 3.178 días, extendiendo el plazo de prescripción hasta el año 2031.

La Sala Penal ha ordenado anular las decisiones previas y ha dispuesto el reenvío del caso a un nuevo tribunal para su juzgamiento. Este fallo no solo aclara el tratamiento de los plazos de prescripción en casos de dilaciones procesales, sino que también establece un precedente relevante para la administración de justicia en general, al garantizar que los procesos no se vean afectados por errores en el cómputo de los plazos legales.

Este fallo destaca la importancia de abordar las dilaciones procesales de manera efectiva para evitar que los delitos queden impunes y para asegurar una administración de justicia justa y eficiente.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve que las recusaciones y acciones de inconstitucionalidad presentadas en un expediente pueden suspender los plazos de prescripción. El fallo podría tener un impacto significativo en casos de corrupción.

En una decisión que podría tener repercusiones importantes en el ámbito judicial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por voto en mayoría, ha sentado un precedente sobre el plazo de prescripción en casos judiciales. Con los votos de los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, se ha establecido que las recusaciones y acciones de inconstitucionalidad presentadas en un expediente tienen el efecto de suspender los plazos de prescripción.

El caso que ha generado este precedente involucra al exfiscal Gustavo Enrique Cáceres, cuya causa fue declarada prescripta por un tribunal de primera instancia y la cámara de apelaciones. Sin embargo, según la Corte Suprema, se cometió un error en el cálculo de los plazos, ya que no se tuvieron en cuenta los días de suspensión debido a recursos presentados en el expediente.

Manuel Ramírez Candia, quien actuó como preopinante en este caso, realizó un  cómputo del tiempo en el que se suspendieron los plazos por las recusaciones y acciones de inconstitucionalidad. Según sus cálculos, la causa del exagente fiscal tuvo una interrupción de más de 3.178 días, lo que equivale a más de 8 años. Esto significa que, de acuerdo con la decisión de la Corte, el plazo de prescripción de la causa se extiende hasta el año 2031, a menos que se presenten nuevas acciones que suspendan el proceso.

«Es importante recalcar que los plazos de prescripción quedan indefectiblemente suspendidos con la presentación de estos recursos, y hasta que se resuelvan los mismos», señaló Ramírez Candia. En base a este criterio, la Sala Penal ha ordenado anular las decisiones de primera y segunda instancia y ha dispuesto el reenvío del caso a un nuevo tribunal para iniciar el juzgamiento de los acusados por presunta extorsión.

Este fallo sienta un precedente relevante en el sistema judicial, ya que clarifica el tratamiento de los plazos de prescripción en casos donde se presentan recusaciones y acciones de inconstitucionalidad.

Esto podría tener un impacto significativo en la persecución de delitos y en la administración de justicia en general, al garantizar que los procesos no se vean truncados prematuramente debido a errores en el cómputo de los plazos legales y queden impunes.

Emilio López policía y una de las víctimas de hechos de tortura luego del intento de golpe de mayo del 2000, declaró hoy ante el tribunal de sentencia.

El testigo contó cómo fue golpeado con cachiporra y tonfa por 45 minutos para supuestamente delatar quiénes eran sus cómplices del intento de golpe.

Mencionó que fue golpeado de manera alternada por Merardo palacios y Osvaldo Vera, mientras era indagado por el finado Basilio Pavón, por su supuesta complicidad con el frustrado golpe.

“Me dijeron que supuestamente yo estaba involucrado en un intento de golpe, que colabore con el ministro Walter Bower y mencione quiénes eran los implicados en el intento de golpe, yo me enteré del intento de golpe por la radio, como no tenía datos para darles me golpeaban, en la planta del pie tanto lado izquierdo como derechos con cachiporra y tonfa, me pegaron por 45 minutos, después me sacaron esposado y todo golpeado nos remitieron en la Agrupación Especializada donde estuve detenido por un mes”, relató el testigo propuesto por el Ministerio Público y la querella.

El Tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio oral y público al exministro del Interior Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera Espínola, acusados de haber torturado a Emilio Luis López y Alfredo Cáceres.

Las víctimas fueron sometidos a actos de tortura bajo la orden de Bower, tras el fallido intento de golpe del 2000, relata la acusación del Ministerio Público y de la querella.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces: Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampos. Luego 24 años del hecho se desarrolla el segundo juicio oral en la causa debido a que la primera fue anulada.

La cámara de apelaciones otorgó seis meses mas al Ministerio Público para que investigue al cantante Pablo Benegas procesado por abuso sexual en dos niñas.

La agente fiscal Claudia Aguilera, por la complejidad, solicitó seis meses más investigar el caso y la cámara le otorgó la prórroga extraordinaria y extendió el periodo investigativo. El nuevo plazo para presentar acto conclusivo será el 13 de octubre de este año.

Pablo Benegas está imputado por supuestamente haber abusado de dos niñas en estado vulnerabilidad, incluso existe la sospecha de que las niñas fueron dopadas antes de ser sometidas por el cantante.

El Ministerio Público tiene la obligación de esclarecer el caso y llegar hasta las últimas personas que podrían tener participación en este hecho ya que se habla de una red de pedofilia que estaría involucrada con Benegas. La investigación debe ser la más pulcra y eficiente para evitar que casos como este se repitan, es por ello que se pidió que el tiempo de investigación se amplíe.

El terrible caso es observado con alarma y preocupación por parte de la población que no encuentra explicación a una conducta tan reprochable por parte de un adulto hacía niñas indefensas y vulnerables.

La rápida intervención de las autoridades permitió incautar evidencias que servirán para probar el hecho que no debe ser un caso más para la terrible estadística. Diariamente se denuncia hasta diez casos de abuso sexual por día y en su mayoría ocurren en el entorno familiar o por complicidad de ella.

La jueza Cynthia Lovera admitió la imputación y proceso a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farias, Guillermo Preda, Francisco Pereira, por supuesta filtración de información confidencial relacionada a Horacio Cartes.

Por otro lado, la jueza comunicó al Congreso la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez, teniendo en cuenta que se trata de un senador vitalicio.

Igualmente, se remite la imputación contra Mauricio Espínola, a la cámara respectiva para que en ambos casos se procesa a levantar los fueros de los indicados y recién allí, podrán ser sometidos al proceso pretendido por el Ministerio Público.

Los ya procesados deberán comparecer ante la jueza para su audiencia de imposición de medidas desde el 26 de marzo al 5 de abril, donde los actuales fiscales de la causa deberán ratificar o rectificar las medidas requeridas en su momento por los excluidos fiscales del caso, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.

La fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros por supuesta filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes, con lo que perpetraron la conducta de revelación de secretos de servicio, asociación criminal y otros.

Dice el relato del Ministerio Público que, el expresidente Mario Abdo Benítez, durante su gobierno habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, como Horacio Cartes y Santiago Peña, con el objetivo de debilitar sus figuras en el ámbito, económico y principalmente electoral.

La agente fiscal Patricia Sánchez contestó este jueves la recusación presentada en su contra por el abogado Cristóbal Cáceres, defensor de Hernán Rivas, por supuesta falta de objetividad, al haber presentado una imputación que fue devuelta por la cámara de Apelaciones.

Para la agente fiscal las causales invocadas por la defensa no son válidas, ya que la ley penal solo contempla la inhibición o recusación de los funcionarios del Ministerio Público, que, en las causas donde son asignados, intervenga o sea defensor su cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, o, por adopción en segundo grado de afinidad, o sus amigos íntimos o enemigos manifiestos, en los demás casos no podrá inhibirse ni será recusado.

“De la lectura del escrito presentado por el recusante, se observa que no expresa en cuál de las causales específicamente se basa a los afectos de solicitar el apartamiento de la agente fiscal interviniente, simplemente expone que a su criterio, existía una supuesta falta de objetividad, por el hecho de haber formulado imputación, además de referirse a supuestas manifestaciones de esta agente fiscal a medios de prensa, sin detallar cuáles y sin aportar su acreditación correspondiente, señalando algún link”, dice parte del escrito de contestación de la fiscal Patricia Sánchez de la recusación en su contra.

Agrega que, el mero desacuerdo en las actuaciones adoptadas por el agente fiscal no implica falta de objetividad, ni es caudal válida para ser apartados.

Que, si bien ella cree que las causales invocadas por la defensa no corresponden, deja a criterio de su superior confirmarla o no, en la causa que investiga el presunto título falso de abogado de Hernán Rivas.

Hernán Rivas fue imputado por la agente fiscal por poseer su título falso de abogado y haber usado ese título para obtener la matrícula profesional de abogado. La matrícula que lo acreditó para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, JEM.

Emiliano Rolón, cambió a los fiscal Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, tras filtrase una conversación entre Cantero y Pedro Ovelar en la que aparentemente instruye al agente fiscal sobre la investigación. El cambio igualmente afecta a la fiscal adjunta Patricia Rivarola quien queda fuera de la coordinación de la causa.

Rolón designó un nuevo equipo de fiscales, luego que se filtrara una supuesta conversación entre el fiscal que imputó a Mario Abdo y Pedro Ovelar, luego del escándalo, el fiscal general decidió apartar a los dos fiscales del caso y los reemplazó por un equipo nuevo de investigadores.

Para Emiliano Rolón, queda claro que los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, no actuaron con objetividad, por ello creyó conveniente conformar un nuevo equipo de investigadores en la causa penal abierta a Mario Benítez y sus ministros.

“Tras haberse presentado la imputación en la causa Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicio y otros y conforme al principio de objetividad, que debe regir las actuaciones el Ministerio Público, es necesario designar nuevos agentes fiscales para integrar el quipo de trabajo que continuará interviniendo en las siguientes etapas procesales”, reza parte de la resolución asumida por la cabeza máxima del Ministerio Público.

El nuevo equipo de investigadores queda conformado con la fiscal Fabiola Molas, Luis Said y Guillermo Sanabría, quienes como primera medida deberán permitir a los indicados acceder a la carpeta investigativa, citarlos a declarar y dejarlos participar del proceso investigativo.

La imputación contra Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Ferreira, Daniel Farias, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola por supuesta filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá, con lo que perpetraron la conducta de revelación de secretos de servicio, asociación criminal y otros.

Dice el relato del Ministerio Público que, el expresidente Mario Abdo Benítez, durante su gobierno habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, como Horacio Cartes y Santiago Peña, con el objetivo de debilitar sus figuras en el ámbito, económico y principalmente electoral.

El ministro Víctor Ríos se dirigió en la sesión plenaria a los jueces que por su excesivo formalismo no dejan ver el expediente a las víctimas de un hecho punible con lo que violan derechos básicos de las afectadas.

Mencionó dos casos concretos y recordó a los magistrados, que, las causas son abiertas por las víctimas de un hecho punible, que no tienen ninguna necesidad de presentarse con abogado o presentar querella para acceder al expediente judicial.

“El excesivo formalismo afecta a los derechos de la víctima que son derechos bien establecidos en el Código Penal, entiendo que esto pasa un poco por la formación de nuestros magistrados, se debe tener en cuenta en los programas de estudio, en los proyectos académicos que aprobamos para la capacitación de magistrados y magistrados, es necesario tener en cuenta este aspecto”, dijo el ministro.

Mencionó que, en el caso de una víctima de violencia, hizo la denuncia ya había una orden de detención del Ministerio Público y ya se comunicó al juzgado de garantías y la víctima se presentó con un escrito y el juzgado se niega a recibir el escrito porque le dice que no tiene personería jurídica reconocida en el caso, mientras que el otro caso es un proceso de estafa donde la víctima quiso ver el expediente y le dicen que no es parte al no presentar querella.

“Parece que los jueces creen que el dueño de la acción es el abogado y en realidad es la víctima, con este criterio se viola derechos básicos de la víctima. La activación de los mecanismos judiciales se activa para reparar el daño a la víctima”, señaló claramente el ministro Víctor Ríos.

Ante la recusación presentada contra la agente fiscal Patricia Sánchez por el abogado defensor del senador Hernán Rivas, fue designado el fiscal Alcides Corvalán como interino en la causa hasta tanto la recusación contra su colega sea resuelta.

Hernán Rivas, recusó a la fiscal Sánchez por falta de objetividad, esto por haber sido devuelta la imputación en su contra al Ministerio Público. Con este argumento Rivas apartar a la agente fiscal de su caso.

La agente fiscal Patricia Sánchez imputó en su momento a Hernán Rivas, por producción mediata de documento público de contenido falso por haber presentado documentos afirmando haber cursado la carrera de derecho, pero esto no pudo ser acreditado.

Según el relato de hechos del Ministerio Público, Hernán Rivas en el afán de acceder a la matrícula de abogado, habría presentado con esa finalidad un título y un certificado de estudios expedidos por la Universidad Sudamericana en donde se consignó, que supuestamente cursó la carrera de derecho en los años 2010 y 2015, sin que exista ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de esos documentos.

Agrega la imputación contra el legislador que uso esos documentos y así hacerse pasar por un abogado ante la cámara baja donde inicialmente ya desempeñó funciones lo que le valió incluso ser el representante de este órgano ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Rivas, volvió a integrar el JEM como representante del Senado, pero tras el escándalo dio un paso al costado presionado por sus colegas.