La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve que las recusaciones y acciones de inconstitucionalidad presentadas en un expediente pueden suspender los plazos de prescripción. El fallo podría tener un impacto significativo en casos de corrupción.
En una decisión que podría tener repercusiones importantes en el ámbito judicial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por voto en mayoría, ha sentado un precedente sobre el plazo de prescripción en casos judiciales. Con los votos de los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, se ha establecido que las recusaciones y acciones de inconstitucionalidad presentadas en un expediente tienen el efecto de suspender los plazos de prescripción.
El caso que ha generado este precedente involucra al exfiscal Gustavo Enrique Cáceres, cuya causa fue declarada prescripta por un tribunal de primera instancia y la cámara de apelaciones. Sin embargo, según la Corte Suprema, se cometió un error en el cálculo de los plazos, ya que no se tuvieron en cuenta los días de suspensión debido a recursos presentados en el expediente.
Manuel Ramírez Candia, quien actuó como preopinante en este caso, realizó un cómputo del tiempo en el que se suspendieron los plazos por las recusaciones y acciones de inconstitucionalidad. Según sus cálculos, la causa del exagente fiscal tuvo una interrupción de más de 3.178 días, lo que equivale a más de 8 años. Esto significa que, de acuerdo con la decisión de la Corte, el plazo de prescripción de la causa se extiende hasta el año 2031, a menos que se presenten nuevas acciones que suspendan el proceso.
«Es importante recalcar que los plazos de prescripción quedan indefectiblemente suspendidos con la presentación de estos recursos, y hasta que se resuelvan los mismos», señaló Ramírez Candia. En base a este criterio, la Sala Penal ha ordenado anular las decisiones de primera y segunda instancia y ha dispuesto el reenvío del caso a un nuevo tribunal para iniciar el juzgamiento de los acusados por presunta extorsión.
Este fallo sienta un precedente relevante en el sistema judicial, ya que clarifica el tratamiento de los plazos de prescripción en casos donde se presentan recusaciones y acciones de inconstitucionalidad.
Esto podría tener un impacto significativo en la persecución de delitos y en la administración de justicia en general, al garantizar que los procesos no se vean truncados prematuramente debido a errores en el cómputo de los plazos legales y queden impunes.
