El abogado José Marcet, defensor de la actuaria Juliana Romero imputada en este expediente, señaló que confiaba en que la cámara de apelaciones revertiría la prisión preventiva decretada por el juez José Agustín Delmás contra su cliente.

Marcet reiteró que los tres presupuestos para decretar la medida más gravosa no se cumplen, como el peligro de obstrucción, de fuga, al igual que el arraigo. Comentó que esperaba que el tribunal de alzada revisara todos los documentos presentados por la defensa que acreditan que Juliana Romero lleva 19 años como funcionaria del Poder Judicial, que tiene enfermedades de base y reemplazo total de cadera.

“La aplicación de la prisión preventiva requiere que se den en forma conjunta tres presupuestos: el arraigo, que probamos y comprobamos con los documentos que acercamos al juzgado; ella es madre, es hija de padres vivos, tiene 19 años como funcionaria judicial, tiene inmueble, tiene rodado. A esto se suma que tiene enfermedades de base, tiene un tumor en el brazo, otro en el lóbulo frontal izquierdo y reemplazo total de cadera izquierda, y aun así el juez dice que hay peligro de fuga, aun así, dice que no tiene arraigo. Mi cliente tiene suficiente arraigo en forma personal y material, además de los problemas de salud”, alegó el abogado defensor José Marcet.

Agregó que confiaba en la Cámara de Apelación Penal, teniendo en cuenta que vienen realizando un buen trabajo, con lo que estima que tendrán en cuenta toda la documentación presentada para que la procesada actuaria afronte su proceso penal con una medida menos gravosa que la prisión preventiva. Mencionó que el abuso de la prisión preventiva es una constante y que contra esto la propia Corte Suprema de Justicia viene luchando, pidiendo a los jueces que la apliquen solo como última opción y no como regla, para evitar el hacinamiento en las cárceles y fortalecer al crimen organizado.

Acotó que el juez que tiene a su cargo el caso de dos ciudadanas brasileñas que fueron detenidas por evasión fueron beneficiadas con arresto domiciliario; sin embargo, su cliente, que tiene la mitad de su vida trabajando para el Poder Judicial, se le decreta su prisión preventiva.

Juliana Romero es la única imputada en esta causa donde se camufló el expediente del usurero Ramón González Daher. Romero sostiene su inocencia y alega que terceros usaron su usuario para realizar el cambio de carátula por otro expediente.

La jueza de ejecución penal de Capital Sandra Kirchhofer, estudia el pedido de libertad condicional solicitado por dos condenados en procedimiento abreviado por la jueza Rosarito Montanía.

Para la defensa se cumple con los requisitos para la libertad condicional y la jueza inició los procedimientos para analizar el pedido respecto a los condenados; José Cubas Jordán y Job Von Zastrow Masi, condenados en enero de este año.

José Cubas fue condenado a dos años y seis meses de prisión y Job Von Zastrow Masi a tres años de cárcel, para la defensa ya purgaron las dos terceras partes de su pena por lo que corresponde la libertad bajo algunas condiciones.

El operativo A ULTRAZA PY, contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

La jueza especializada, Lici Sánchez, ratificó la prisión preventiva del militar en situación de retiro, Arturo Javier González Ocampo, procesado por tráfico de influencias y asociación criminal, por su presunta participación en el mayor tráfico de armas en la región.

En su momento, los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Fabiola Molas presentaron imputación contra varios efectivos militares, entre ellos se encuentra González Ocampo, quien seguirá guardando prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cue.

La defensa, a cargo del abogado Pedro Almada, pidió la revisión de la prisión preventiva al supuestamente desaparecer los presupuestos iniciales para que se decrete la misma. Sin embargo, la magistrada que entiende el caso estima que aún existe el peligro de obstrucción al haber diligencias pendientes que el Ministerio Público debe realizar, por ende, consideraba que debía ratificar su prisión preventiva.

Este caso fue descubierto luego de una investigación conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos y se logró dar con un mega esquema de tráfico de armas que operaba desde nuestro país a través de la firma Internacional Auto Supply, propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes son indiciados de ser los cabecillas de esta red de tráfico de armas en complicidad con efectivos militares.

La operación también reveló el uso de identidad y borrado de series de las armas importadas para evitar que sean rastreadas. La firma IAS importa armas desde el 2012, la empresa ha importado 25.000 armas al país, supuestamente eran vendidas al mercado local, pero lo cierto es que fueron a parar en manos de organizaciones criminales de Brasil.

La estructura de tráfico de armas también utilizaba a cambistas para parcelar y ocultar los flujos financieros y no levantar sospechas.

Un hombre fue sentenciado a cumplir 16 años de encierro por haber abusado sistemáticamente de dos de sus hijastras de solo 11 y 12 años. La fiscal Julia González logró probar la acusación del Ministerio Público con todos los elementos colectados durante la investigación.

Durante el juicio oral y público llevado a cabo este viernes 12 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este, la fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes presentó numerosas pruebas documentales y testimoniales para demostrar la culpabilidad del acusado.

El Tribunal de Sentencia, presidido por Herminio Montiel y conformado por Zunilda Martínez Noguera y Amílcar Antonio Marecos, emitió el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, los abusos sexuales ocurrieron repetidamente en una vivienda del barrio San Antonio de Ciudad del Este. El acusado aprovechaba los momentos en que la madre de las niñas dormía en estado de ebriedad durante la noche para ingresar a la habitación de las niñas. La mujer también soporta un proceso por violación del deber del cuidado.

Además, el agresor sexual amenazaba a las víctimas con que, si contaban lo ocurrido, tanto ellas como sus otras dos hermanitas (de 7 y 9 años) acabarían en la calle. Por miedo y sin tener a dónde ir, las niñas no revelaban la verdad. Finalmente, cuando la madre de las niñas fue detenida por un episodio de violencia familiar y tras realizarse evaluaciones psicológicas, salió a la luz que las niñas eran víctimas d abuso sexual por parte del padrastro.

Con el informe victimológico realizado a las víctimas, así como el testimonio de la psicóloga del Ministerio Público y corroborado con la declaración de las niñas en Cámara Gesell, se constató la existencia de daños psicológicos como secuela de los maltratos. Considerando todas estas pruebas, el Tribunal impuso una condena de 16 años de cárcel.

El abogado José Marcet defensor de Juliana Romero, apeló la decisión del juez José Agustín Delmás que decretó la prisión preventiva de la actuaria imputada por sabotaje al sistema informático del Poder Judicial por supuestamente haber hecho desaparecer el expediente del usurero Ramón González Daher.

El abogado señala que el juez Delmás no hizo ninguna mención de lo alegado por la defensa omitiendo todos los documentos presentados al juzgado para asegurar su arraigo y las intenciones de sometimiento de la imputada al proceso.

Dijo que han documentado que la procesada es funcionaria judicial hace 12 años, que tiene título de abogada y escribana, que es madre, que tiene inmuebles y rodados, sumado a sus dolencias de salud que son muy graves, todos los documentos están visados y que ni un solo punto se lo que alegaron tuvo en cuenta el juez.

“No hay elemento para decretar la prisión, no existe el peligro de fuga si nosotros los que impulsamos el proceso y llamativamente la fiscalía nos ha negado todos los pedidos de actos investigativos que requerimos, poco y nada se ha hecho, inclusive nuestro último pedido se hizo una auditoría sin una orden, sin tener ninguna herramienta de resguardo, no existe una cadena custodia, y casualmente la fiscalía no se percata de eso. La fiscalía le imputa a mi representada y no le imputa a la persona a cuyo nombre e hizo la impresión y que en teoría no estaba en el Palacio en ese momento, la pregunta es quién hizo, desde dónde se hizo y cómo y a eso no apunta la investigación, no se busca saber quién hizo que, acá solo se le señala a mi cliente.  En lo personal el mensaje que se envía es, si descubrís algo y denuncias esto te puede ocurrir”, señaló el abogado José Marcet abogado y esposo de la actuaria Juliana Romero.

La defensa recurrió en alzada la decisión el juez José Agustín Delmás quien este jueves decretó la prisión preventiva de la actuaria, quien cumple esta medida en el Departamento Femenino de la Policía Nacional.

Juliana Romero fue imputada por sabotaje al sistema informáticos y otros hechos punibles por haber supuestamente desde su usuario camuflado el expediente de RGD para que no figure en el sistema y se camufló el expediente con otra carátula.

El fiscal Silvio Corbeta contestó el incidente de excepción de falta de acción presentado por la defensa del senador Erico Galeano, que solicitó el sobreseimiento definitivo del imputado por existir un obstáculo legal para que la causa prosiga tras la reposición de los fueros al procesado legislador por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La defensa busca que la decisión asumida por los senadores a favor de su cliente tenga una incidencia directa en el proceso penal de Erico Galeano y que la causa debe indefectiblemente quedar paralizada al existir un impedimento legal para seguir con el caso.

En su momento, el fiscal Silvio Corbeta también solicitó al juez del caso, Osmar Legal, que emita un pronunciamiento jurisdiccional respecto a la reposición de los fueros del legislador procesado por varios hechos punibles. Hasta el momento, el magistrado no ha emitido pronunciamiento sobre lo requerido por el agente fiscal.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se le atribuye presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

La fiscalía tiene tiempo para presentar su requerimiento conclusivo hasta el 24 de mayo próximo. Esta causa ha pasado por numerosas dilaciones desde que fue formulada la imputación, a lo que se suma hoy en día la reposición de fueros, de la cual ningún órgano jurisdiccional se ha pronunciado aún.