El abogado José Marcet, defensor de la actuaria Juliana Romero imputada en este expediente, señaló que confiaba en que la cámara de apelaciones revertiría la prisión preventiva decretada por el juez José Agustín Delmás contra su cliente.
Marcet reiteró que los tres presupuestos para decretar la medida más gravosa no se cumplen, como el peligro de obstrucción, de fuga, al igual que el arraigo. Comentó que esperaba que el tribunal de alzada revisara todos los documentos presentados por la defensa que acreditan que Juliana Romero lleva 19 años como funcionaria del Poder Judicial, que tiene enfermedades de base y reemplazo total de cadera.
“La aplicación de la prisión preventiva requiere que se den en forma conjunta tres presupuestos: el arraigo, que probamos y comprobamos con los documentos que acercamos al juzgado; ella es madre, es hija de padres vivos, tiene 19 años como funcionaria judicial, tiene inmueble, tiene rodado. A esto se suma que tiene enfermedades de base, tiene un tumor en el brazo, otro en el lóbulo frontal izquierdo y reemplazo total de cadera izquierda, y aun así el juez dice que hay peligro de fuga, aun así, dice que no tiene arraigo. Mi cliente tiene suficiente arraigo en forma personal y material, además de los problemas de salud”, alegó el abogado defensor José Marcet.
Agregó que confiaba en la Cámara de Apelación Penal, teniendo en cuenta que vienen realizando un buen trabajo, con lo que estima que tendrán en cuenta toda la documentación presentada para que la procesada actuaria afronte su proceso penal con una medida menos gravosa que la prisión preventiva. Mencionó que el abuso de la prisión preventiva es una constante y que contra esto la propia Corte Suprema de Justicia viene luchando, pidiendo a los jueces que la apliquen solo como última opción y no como regla, para evitar el hacinamiento en las cárceles y fortalecer al crimen organizado.
Acotó que el juez que tiene a su cargo el caso de dos ciudadanas brasileñas que fueron detenidas por evasión fueron beneficiadas con arresto domiciliario; sin embargo, su cliente, que tiene la mitad de su vida trabajando para el Poder Judicial, se le decreta su prisión preventiva.
Juliana Romero es la única imputada en esta causa donde se camufló el expediente del usurero Ramón González Daher. Romero sostiene su inocencia y alega que terceros usaron su usuario para realizar el cambio de carátula por otro expediente.
