La agente fiscal María Estefanía González acusó por lesión de confianza a Ramón Jiménez Gaona exministro de Obras Públicas y Comunicaciones por el fallido proyecto Metrobús.

El Ministerio Público formuló acusación por un perjuicio millonario al Estado y solicitó la elevación de a causa a juicio oral y público contra Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios del MOPC.

La agente fiscal de la causa menciona que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy acusados.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

El juez José Agustín Delmás decretó la prisión preventiva de la actuaria Juliana Romero a pedido del Ministerio Público. La procesada irá por 15 días al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional tras ese plazo si no existe otra decisión será trasladada al penal de mujeres Buen Pastor.

El magistrado alega que ante la gravedad del hecho imputado a la funcionaria judicial, además de la existencia del peligro de fuga, así como pericias pendientes a realizarse, considera necesario aplicar la medida de prisión preventiva.

Ante el estado de salud de la imputada también se ordena que se ordene su traslado a un Hospital ante cualquier inconveniente, para asegurar que la misma tenga asistencia médica.

La defensa pidió que se la exima de toda medida restrictiva por estar sujeta al proceso investigativo desde el inicio, ya que fue Juliana Romero quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público y por haber acompañado desde el día uno la investigación fiscal, solicitando diligencias con la finalidad de llegar a la persona que usó el usuario para camuflar el expediente de Ramón González Daher con la carátula de otro expediente.

La defensa presentó como fianza un inmueble de la imputada para determinar su arraigo, constancia de que es abogada y escribana, y que además tiene una hija y un problema de salud.

La fiscal Ruth Benítez imputó solamente a la actuaria Juliana Romero, cuyo usuario fue utilizado para camuflar el expediente de Ramón González Daher y hacerlo “desaparecer” del sistema. La actuaria sostiene su inocencia y reitera que su usuario fue utilizado por terceros para realizar el cambio de la carátula del caso.

La abogada Noelia Núñez denunció que el tribunal de sentencia, integrado por los jueces Serafín González, Fabio Aguilar y Vitalia Duarte, se apartó de un grave caso de abuso sexual en niños debido a las críticas en redes sociales. La víctima es una niña de solo cinco años que incluso contrajo una enfermedad sexual debido a los reiterados abusos.

Los magistrados argumentaron que se apartaban del caso que estaban juzgando desde hace cuatro meses porque fueron criticados en redes sociales por la abogada querellante Noelia Núñez y por publicaciones periodísticas que indicaban que estaban dilatando el juicio, ya que este se desarrollaba a cuentagotas, con solo 30 minutos por día en algunos casos.

La profesional calificó de inédita la posición del tribunal de sentencia que, pese a haber llevado a cabo la diligencia oral durante meses, decidió apartarse después de ser recusados por la defensa y al recurrir el fallo que los confirmaba.

En septiembre del año pasado se inició el juicio oral y público que juzga la conducta de un hombre de 66 años acusado por el Ministerio Público de abuso sexual en niños. Sin embargo, el proceso no avanza debido a la complicidad de los propios operadores del sistema.

“Increíblemente, en estos cuatro meses de juicio, la defensa recusó, recurrió e interrumpió el juicio, llegando incluso a la Sala Penal. Nunca se mencionó esta dilación, ni se les apercibió ni sancionó como usualmente se hace. Yo, como querellante, al buscar la realización diligente y el uso efectivo de los recursos del Estado, molesto al tribunal. Esto es descabellado; con este tipo de resoluciones se establece un precedente de que cualquier persona que publique algo en medio de un juicio puede dar una excusa a los jueces o a un tribunal para que se excusen por temor a la prensa o por sentirse influenciados por los comentarios de las personas”, lamentó la querellante, la abogada Noelia Núñez.

Agregó que tanto este caso como otros procesos de abuso sexual que lleva adelante en CDE se enfrentan a dilaciones debido a la presencia en el sistema de mercaderes de la justicia.

La querella ha solicitado por la serie de irregularidades que se han dado en el caso que la Corte Suprema de Justicia intervenga el caso con una auditoría de reacción inmediata para.

La fiscal adjunta Lourdes Samaniego ratificó el dictamen de la fiscal Carla Rojas quien requirió el sobreseimiento definitivo del joven imputado y acusado en su momento Marcello Fretes Laterra por su presunta participación en la golpiza que sufrió Benjamín Zapag en el interior de la discoteca Morgan.

Para el Ministerio Público Fretes Laterra no tuvo ninguna participación en la agresión que sufrió Benjamín Zapag, por lo que ha retirado la acusación en la audiencia preliminar y requirió su desvinculación definitiva del caso lo que hoy queda ratificado por la fiscalía adjunta.

“Es posible concluir que, en el presente caso, queda acreditado que Marcello Giovanni Fretes Laterra no tuvo participación en ningún grado en las acciones que causaron lesiones a Benjamín Zapag. Su actuación se limitó a los gritos que, según unos de los testigos presenciales, también fueron respondidos con gritos por tarte de Benjamín Zapag”, reza parte del dictamen de la fiscal adjunta Lourdes Samaniego.

Agrega que, además de este testimonio existen otros elementos colectados por el Ministerio Público que hacen concluir que Fretes Laterra no es autor de ningún hecho punible, por ende, debe ser sobreseído del caso.

La abogada y exjueza Sandra Farías es la profesional que ejerce la defensa del joven que será sobreseído del caso. Es uno de los primeros casos que toma tras dejar la magistratura y ya ganó el juicio.

Igualmente, la fiscalía confirma la competencia de la agente fiscal Carla Rojas para que lleve el proceso penal ya solo respecto al joven Héctor Iván Grau, quien será el único que irá a juicio oral y público por lesión grave en perjuicio del también joven Benjamín Zapag.

La agresión a Zapag ocurrió el 6 de diciembre del 2022.

El tribunal de sentencia presidido por la juez Laura Ocampo, ratificó el rechazo de los incidentes pretendidos por la defensa. La jueza señaló a las partes al argumentar el rechazo que es en esta audiencia oral donde se valorarán todos los elementos de cargo y descargo.

Tras esta decisión se superó la etapa incidental y se pasó a la lectura del acta de elevación de la causa a juicio oral respecto a Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Domínguez Ramírez, despachante de aduanas. Quienes fueron acusado por el Ministerio Público por haber presuntamente ingresado al país medicamentos oncológicos de forma irregular.

Los enjuiciados soportan cargos por: asociación criminal, producción de documentos no auténticos, omisión de evitar un resultado y comercialización de medicamentos no autorizados.

El Ministerio Público sostiene que la firma Imedic formó una organización criminal para cometer hechos sucesivos y quedó probada tras la investigación que adulteraron facturas de la firma Eurofarma Laboratorios para el ingreso irregular de medicamentos a nuestro país.

Lo más grave del caso, según mencionan es que no se pudo determinar la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron al país de manera irregular, teniendo en cuenta que en las facturas falsas presentadas para la gestión de importación ante el organismo correspondiente, no se describieron los lotes de los medicamentos adquiridos por la empresa Insumos Médicos, este obstáculo impidió al Ministerio de Salud como al Ministerio Público individualizar los lotes de medicamentos ingresados irregularmente al país, menciona la acusación fiscal.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por los jueces; Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

Un padrastro que sometió a su hijastra sexualmente con otras personas fue sentenciado a cumplir 27 años de cárcel por la gravedad del hecho que quedó probado en juicio con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. El tribunal de sentencia aplicó una condena ejemplar por los reiterados abusos.

El agente fiscal Jorge Encina Alder, obtuvo la importante condena respecto a tres hombres, quienes deberán cumplir penas de 27, 24 y 12 años, respectivamente, tras ser hallados culpables del hecho punible de abuso sexual en niños. Resultó víctima una niña de 13 años.

La representación fiscal expuso ante el tribunal de sentencia diversos medios probatorios durante el juicio oral que demostraron la responsabilidad de los hoy condenados.

Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público se encuentra la declaración de la víctima en Cámara Gessel una de las pruebas más contundentes ya que le practicó una vez más durante el desarrollo del juicio oral, donde la misma no solo realizó de vuelta un relato coherente, relató todo lo que padeció durante los hechos de abuso sexual que sufrió en poder de su padrastro. Así como las pruebas médicas practicadas a la niña, las evaluaciones psicológicas para hacer notar al tribunal las secuelas que los abusos dejaron en ella.

El hecho se produjo en el mes de diciembre del 2021, en el interior de un asentamiento. La niña era sometida sexualmente de forma sistemática debido a las amenazas que ejercía el padrastro contra ella.

El tribunal de sentencia que aplicó la ejemplar sanción a los tres acusados estuvo integrado por el juez Guido Cesar Mareco, Rodney Rejalaga y Karina Von Tumpling.

El 80% de los casos de abuso sexual en niños que ocurren en nuestro país son realizados en el entorno familiar, en este caso fue el padrastro quien sometió a la niña con otras personas en forma reiterada.

El pastor José Insfrán recluido en el penal de máxima seguridad de Emboscada se encuentra hace días con dieta líquida y seguirá así según su abogado hasta que un médico forense del Poder Judicial se constituya a verlo.

El abogado Nelsón Antonio López defensor de José Insfrán comunicó que su cliente se encuentra sin consumir alimento sólido y que comunica al juzgado esta situación para lo que hubiere lugar, ya necesita que un médico lo vea y le prescriba un tratamiento.

“Dejó de consumir alimento sólido hasta tanto se constituya un médico que lo atienda y le prescriba el tratamiento adecuado a su estado de salud, considerando que el viernes 5, tuvo un pico elevado de presión arterial que lo descompensó y la institución no cuenta con servicio médico ni paramédico que le pueda auxiliar en caso de urgencia. Tampoco cuenta con medicamente alguno”, dice el escrito de la defensa.

Igualmente, menciona que la comida que se le suministra a los reclusos contiene conserva y otros condimentos que Insfrán no puede consumir, ya que se trata de un paciente bariátrico e hipertenso.

Que, Insfrán pese a no estar condenado se encuentra recluido en una cárcel solo para condenados, por ende, se lo trata como condenado de forma anticipada, sin que exista mérito alguno para ello, ya que el juzgado según la defensa decretó la prisión en base a un informe de un funcionario que no tiene la capacidad para señalar a su cliente como un procesado de alto perfil y peligroso.

Agrega la defensa que su presentado se presentó voluntariamente a enfrentar el proceso y que aun así se lo trata como un “animal”, encerrado en una jaula, las 24 horas del día, lo que ningún ser humano puede soportar por largo tiempo, más aún con su hipertensión y riesgo de que sufra un infarto.

La defensa sostiene que la prisión preventiva que soporta el pastor en las condiciones actuales es innecesaria ya que nunca uso un arma, nunca mató a nadie y que solo se ha dedicado a predicar. José Insfrán busca con esta medida de fuerza lograr que las condiciones de su encierro sean modificadas. Al pastor, el Ministerio Público lo sindica como uno de los integrantes de peso dentro de la organización que lideraba su hermano Miguel Insfrán alias Tío Rico.

Según nuestras fuentes el Ministerio de Justicia dispuso que desde la fecha éste penal tenga un médico permanente que se encargará de la atención de los reclusos.