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Buscan evitar que pacientes recurran a la justicia para acceder a medicamentos

La defensora general Lorena Segovia encabezó una reunión en el Ministerio de la Defensa Pública con varias asociaciones de enfermos oncológicos y defensores públicos a fin de allanar el camino para facilitar el acceso a la salud sin necesidad de recurrir a una medida de amparo para el efecto.

Según mencionó la ministra, se llegó a tres acuerdos en esta reunión, una es actualizar la lista del listado a nivel nacional de medicamentos antineoplásicos, el aumento de los recursos para la adquisición de medicamentos y tres, la simplificación de trámites para acceder a medicamentos a partir de las acciones sanitarias integradas.

“Nos comprometimos a trabajar de manera interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social respecto a estos temas, en el marco de un diálogo colaborativo con la ministra María Teresa Barán Wasilchuk y su equipo. Estamos atentos a la convocatoria Se trata de proteger el derecho a la salud como derecho fundamental”, acotó la defensora general Lorena Segovia.

Agregó que el tiempo es un bien muy preciado para los pacientes oncológicos y que, por ello, desde la Defensa Pública consideran fundamental impulsar medidas tendientes a desburocratizar los procedimientos administrativos y que posibiliten el acceso a medicamentos y tratamientos.

De la reunión participaron integrantes de la “Asociación de pacientes del Hospital Nacional de Itauguá”, “Asociación de Pacientes del Hospital San Pablo”, “Asociación de Pacientes del Hospital de Concepción” y la “Asociación de pacientes con cáncer y familiares” quienes manifestaron las falencias y en base a ello se apuntó a mecanismos que permitan garantizar el acceso a la Salud con el acompañamiento del Ministerio de Defensa Pública.

Con este mecanismo buscan que los enfermos ya no tengan que recurrir necesariamente a la medida de amparo para acceder a sus medicamentos, sino que esta sea la última opción.

Defensa de Hernán Rivas busca que la causa sea desestimada

Cristóbal Cáceres Frutos defensor del senador Hernán Rivas imputado por su presunto título falso de abogado, presentó un pedido de desestimación de la causa abierta contra su cliente por producción y uso de documento de contenido falso.

Cáceres Frutos, usa como argumento principal la reposición de fueros a su cliente lo que según él, hace que exista un obstáculo legal que impide que el proceso siga su curso normal.

Afirma que al reponerle la cámara la inmunidad a su cliente, ello impide que el proceso en su contra pueda seguir. Ayer, la agente fiscal que entiende en el caso Patricia Sánchez requirió al juzgado emitir una posición jurisdiccional sobre la reposición de fuero alegando que la misma es nula al violar varios preceptos de la Constitución Nacional.

La decisión política asumida a favor de Hernán Rivas, hoy, la defensa busca que los favorezca en el ámbito penal donde afronta cargos pot haber usado documentos presumiblemente falsos para hacerse de una matrícula y así llegar a integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Recientemente el Ministerio Público ratificó la imputación contra Hernán Rivas por tener la sospecha que efectivamente Rivas cometió el hecho punible de producción y uso de documentos de contenido falso, “en el afán de obtener la matrícula de abogado, documento expedido por la Corte Suprema de Justicia, habría utilizado como medio para tal finalidad, la presentación de un título y un certificado de estudios expedidos por la Universidad Sudamericana en donde se consignó que, supuestamente entre los años 2010 y 2015 , el mismo habría cursado la carrera de derecho, sin que exista documento académico que pueda sostener la veracidad que dicho documentos certifica”, en base a estas mismas consideraciones el Ministerio Público ha ratificado la imputación contra el senador colorado quien se presume cuenta con el título falso de abogado.

Concluye hoy la recepción de carpetas para un defensor general

Este martes se cierra el periodo de recepción de carpetas de los interesados a pugnar por el cargo de titular del Ministerio de la Defensa Pública.

Hasta hoy los postulantes podrán presentar sus documentos ante la secretaría general del Consejo de la Magistratura que leva adelante el proceso de selección para el cargo de defensor general.

Desde el 11 de marzo hasta el hoy martes 09 de abril a la medianoche, el órgano encargado de conformar las ternas para el sistema de justicia recibirá la capeta de los postulantes para iniciar el proceso de control de los documentos presentados. Para cualquier información adicional el Consejo de la Magistratura, adelantó en su momento que será ampliada por los canales oficiales: página web de la Institución y sus redes sociales.

La vacancia en este Ministerio se producirá el 23 de mayo próximo y actualmente el cargo es ejercido por la doctora Lorena Segovia quien volvió a postularse para el cargo esperando su confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Además de Lorena Segovia, se presentaron el defensor adjunto Paublino Escobar, Diana Verónica Arguello actual viceministra de la Niñez y Adolescencia, Ivo Alejandro Caballero, Karina Liz Caballero, Mirtha Beatriz González, Gisele Musques. Gustavo Abrahan Auadre, Sandra Bazan, Juan Bartolomé  Ramírez.

En total son 11 los postulantes que presentaron hasta ahora sus carpetas interesadas en llegar al cargo del defensor general. Una vez que cierre la etapa de recepción de documentos se procederá a la revisión formal de la misma para luego pasar a las siguientes etapas de evaluación de los candidatos.

Imedic: Patricia Ferreira afronta juicio oral por ingreso irregular de medicamentos

Inició este lunes el juicio oral y público para Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Domínguez Ramírez, despachante de aduanas. Quienes fueron acusado por el Ministerio Público por haber ingresado al país medicamentos de forma irregular.

Los enjuiciados soportan cargos por: asociación criminal, producción de documentos no auténticos, omisión de evitar un resultado y comercialización de medicamentos no autorizados.

La defensa de Patricia Ferreira a cargo del abogado César Alfonso, presentó números elementos de prueba, que van desde un pedido de nulidad del proceso por doble juzgamiento, así como la exclusión de las todas fotocopias simples presentadas por el Ministerio Público como prueba.

Los investigadores concluyeron que firma Imedic formó una organización criminal para cometer hechos sucesivos y quedó probada tras la investigación, que adulteraron facturas de la firma Eurofarma Laboratorios para el ingreso irregular de medicamentos a nuestro país.

Lo más grave del caso, según mencionan es que no se pudo determinar la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron al país de manera irregular, teniendo en cuenta que en las facturas falsas presentadas para la gestión de importación ante el organismo correspondiente, no se describieron los lotes de los medicamentos adquiridos por la empresa Insumos Médicos, este obstáculo impidió al Ministerio de Salud como al Ministerio Público individualizar los lotes de medicamentos ingresados irregularmente al país, menciona la acusación fiscal.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por los jueces; Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

Fiscal solicita pronunciamiento judicial sobre la reposición de fueros a Erico Galeano

El agente fiscal Silvio Corbeta quien investiga a Erico Galeano por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, solicitó al juez del caso Osmar Legal que emita un pronunciamiento jurisdiccional respecto a la reposición de fueros del legislador procesado por varios hechos punibles.

El escrito del Ministerio Público señala que, por recomendación del fiscal general del Estado Emiliano Rolón, se presenta el escrito solicitando una respuesta jurisdiccional a la restauración de la inmunidad a Erico Galeano.

Ante la comunicación de la decisión asumida por el Senado que dejó sin efecto la resolución por la cual se procedió a levantar los fueros de Erico Galeano y le devolvió su inmunidad, el Ministerio Público busca una decisión judicial que les permita seguir indagando el caso ya que el plazo para presentar requerimiento conclusivo está en puertas.

“Cabe señalar que el dictamiento de la citada resolución tiene el efecto de paralizar la tramitación procesal del caso, la cual por contrariar el orden constitucional es nulo y sin ningún valor. En ese contexto, estas resoluciones emanadas estarían en colisión con la Constitución Nacional, que dispone en su artículo 248, De la Independencia del Poder Judicial, queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Solo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución “, señala parte del escrito presentado por el agente fiscal.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se le atribuye presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico,» y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

La fiscalía tiene tiempo paras presentar su requerimiento conclusivo hasta el 24 de mayo próximo.

Tribunal intima a Salud a proveer medicamentos oncológicos a paciente

El Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de Cordillera hizo lugar a la apelación presentada por la defensora pública Gloria Ayala en representación del señor Blas de 68 años de edad que padece de una enfermedad crónica y que requiere con urgencia de un medicamento para salvar su vida.

En Primera Instancia se rechazó el pedido de Amparo solicitado para que el Ministerio de Salud le provea la medicación a don Blas, sin embargo, el tribunal de apelaciones realizó una interpretación convencional del derecho a la salud y tuvieron en cuenta la valoración de la prueba para argumentar su posición en 27 páginas, para luego hacer efectiva el derecho a la salud, considerando que en Clínicas donde cumple su tratamiento el paciente, no contaba con la medicación que requiere para salvar su vida.

El voto del camarista preopinante, Víctor Alfonso Fretes, fue claro y firme al señalar que, el juzgado dice que no existe una prueba documental que el que el Ministerio de Salud haya negado por escrito el medicamento al paciente, pero si da por acreditado la respuesta vía WhatsApp lo que le dijeron desde el Ministerio que el paciente podría ir a seguir un tratamiento en el INCAN donde tampoco existe el medicamento que necesita, del por qué el juzgado hace la diferencia entre el recurrente y el órgano encargado del acceso a la salud.

“El Estado debe anticipar la oportuna respuesta al ciudadano que reclama la efectividad del derecho a la salud, por tratarse de un derecho humano esencial y sin el cual pierden relevancia otros derechos. Es de destacar que el caso en cuestión, con la acción promovida que pretender salvaguardar un derecho humano esencial, la salud del ciudadano Blas, a cuya situación de disvalimiento por causa de la enfermedad diagnosticada, se suma el de la vulnerabilidad agravada por la falta del medicamento recetado, señala el voto del preopinante.

“Hicimos una interpretación convencional sobre el derecho a la salud y los criterios de la Corte IDH de valoración de la prueba, además de la Doctrina de la carga dinámica probatoria, señaló la camarista Rosa Yambay quien se adhirió a la postura de su colega haciendo también otras consideraciones. Así como el tercer integrante de la Sala el doctor Martínez Caimen.

El fallo fue unánime y se intima al Ministerio de Salud a proveer los medicamentos a don Blas en un plazo de 24 horas una vez notificados de esta decisión. El viernes pasado se notificó al Ministerio vía telemática y en la fecha el ujier fue a entregar la decisión de alzada que advierte del incumplimiento de esta sentencia, podría configurar el tipo penal de desacato.

Para la directora de los Registros Públicos el cargo implica compromiso y mucha honestidad

La directora de los Registros Públicos Lourdes González cumplió 26 años como directora general de la institución encargada del resguardo y patrimonio documental de las propiedades de la ciudadanía, cargo que demanda vocación, compromiso y sobre todo mucha honestidad, según mencionó a Judiciales Net.

Comentó que siente muy orgullosa de los pasos que se fueron dando con el tiempo desde la creación como la oficina de hipotecas en el año 1.871 y donde brindaba solo servicios relacionados a dominio, embargos e hipotecas.

Agregó que se siente honrada de tener en su equipo a jefes altamente técnicos y registradores comprometidos con la institución y en permanente proceso de actualización que contribuye con la respetable imagen del que goza la institución hoy día.

“Como directora general de los Registros Públicos y habiendo cumplido 26 años de trabajo ininterrumpido en el mismo cargo, no puedo menos que agradecer la confianza de quienes han estado y están al frente de la Corte Suprema de Justicia, ya que se trata de un cargo que demanda vocación, dedicación, alto compromiso y sobre todo honestidad, debido al patrimonio documental que se halla bajo el amparo de la institución y de los datos sensibles de contenido patrimonial que estos documentos detentan” acotó la directora de los Registros Públicos y especialista en derecho registral, Lourdes González.

Por último, dijo que la DGRP es una institución clave para la estabilidad y el desarrollo del mercado financiero y en la seguridad jurídica de los derechos reales y pretende, si le permiten, seguir trabajando en la mejora y modernización de los servicios que presta esta dependencia del Poder Judicial.

En la actualidad la DGRP se compone de tres grandes direcciones; el Registro del Automotor, el Inmobiliario y el Registro no Inmobiliario. Igualmente, los Registros Públicos no solo brindan servicio a la ciudadanía o usuarios directos, sino también a instituciones como Juzgados, Fiscalía, Senabico, Comisiones Parlamentarias, Indert, Catastro, Indi, Seprelad, entre otros.

La Dirección posee competencia nacional y cuenta con oficinas registrales en casi todo el país.

Es necesaria la independencia económica del magistrado judicial, afirman

El camarista Ángel Daniel Cohene presidirá por quinta vez la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, AMJP, comentó que el principal objetivo es lograr una reivindicación salarial para todos los magistrados cuyos salarios hace 12 años están congelados y que esto les otorgue una independencia económica.

Agregó que el Poder Judicial debería recibir el 3% del presupuesto general de gastos para superar todos los obstáculos que tiene no solo respecto al salario de los magistrados y funcionarios sino todas las carencias que deben afrontar los jueces en sus respectivos juzgados.

Dijo que la Asociación es una caja de resonancia de todas las necesidades que pasan los magistrados y que son acercadas a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que hasta hoy han brindado las debidas explicaciones del por qué es imposible cumplir con un bajo presupuesto.

“Sin lugar a dudas es fundamental la independencia económica del magistrado judicial, hace doce años que los salarios no sufren un aumento, existe una disposición constitucional específicamente el Artículo 249 de la Constitución Nacional que establece la autarquía presupuestaria a los efectos de equilibrar el poder, esa era la idea de los constituyentes que hasta ahora no ha podido ser posible, si se cumpliera, el Poder Judicial podría cumplir con los  magistrados y con las necesidades de infraestructura”, acotó Cohene.

Mencionó que cuando existe una situación que no puede ser solucionada por los socias y socias, recurren a la asociación en busca de alguna solución y que han tenido siempre una respuesta muy favorable a las peticiones en los últimos tiempos, donde la Corte Suprema de Justicia trata de enmendar con lo que tiene las necesidades.

Que, se ha mejorado en muchos aspectos, pero, que la estructura en si del Poder Judicial es deficiente justamente por la falta de presupuesto. Reconoció que existe una disparidad de cantidad de funcionarios capacitados ya que al ascender un relator de nuevo deben capacitar al que viene y se convierte en un problema estructural en los distintos despachos.

El próximo 12 de abril los agremiados de esta asociación votarán por una única lista que fue lo decidido entre los dos movimientos del gremio para afianzar la unidad y tener en claro los objetivos comunes para lograr un mejor salario y condiciones de trabajo para los magistrados.

Ese día elegirán para 40 titulares y 40 suplentes de la Asociación de Magistrados del Paraguay que cuenta con 2.000 socios que aglutina a magistrados, agentes fiscales, defensores públicos, jueces de paz y síndicos.

Santander cumple un año en la Corte y habla de nuevas “fórmulas” contra la mora judicial

El ministro Gustavo Santander, integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a un año de asumir el cargo hizo una evaluación de su gestión como ministro y señaló como principal logro de la Sala los sorteos públicos de preopinantes, que trae de por si transparencia en la gestión de los expedientes.

Dijo que buscan instalar una segunda secretaría en la Sala Constitucional pero que la falta de presupuesto les impide poner en practica esta iniciativa que permitirá una respuesta más acorde a los litigantes en esta instancia.

Comentó que siguen buscando estrategias para combatir la mora judicial, ya que las primeras ideas como el pedido de informe cuatrimestral a los jueces sobre sus expedientes no es suficiente y están viendo una fórmula más eficaz que está basado en el control.

“Estamos reformulando la acordada en el sentido de pedir informe a los jueces, pero también a los actuarios para que paralelamente ambos informen a la Corte. Lo otro es hacer un sorteo aleatorio de los informes e ir a verificar in situ los juzgados, es una de las fórmulas que estamos queriendo implementar para combatir la mora judicial porque el informe de los magistrados se está haciendo hace cuatro o cinco años y no surte el efecto deseado y debemos ver otra fórmula”, acotó el ministro Santander.

Agregó que la falta de presupuesto también repercute en el servicio de justicia ya que las carencias en los tribunales están relacionadas directamente con el presupuesto otorgado al Poder Judicial que es insuficiente.

Por último, dijo que el presupuesto otorgado al Poder Judicial para este periodo es el mismo monto que recibió el año pasado, que no ha variado pese al aumento de la litigiosidad, por ende, no se tiene la cantidad de funcionarios necesarios o la infraestructura necesaria para afrontar ese crecimiento.

FOTO: Carlos Ortega.

De nuevo se frustra la imposición de medidas para Hernán Rivas

Hoy debía realizarse la audiencia de imposición de medidas para senador colorado Hernán Rivas procesado por supuestamente tener el título falso de abogado, titulo y certificado de estudios dudosos que usó para hacerse de matrícula.

Este viernes debía realizarse la audiencia de imposición para el imputado, pero, la diligencia no pudo practicarse ya que la cámara de apelaciones aún no resolvió la apelación presentada por la defensa por la segunda admisión de la imputación en contra Rivas.

Si bien aún no fue comunicado al juzgado lo resuelto por senadores que le devolvió los fueros a Hernán Rivas, su inmunidad de vuelta sería un impedimento para que el proceso en su contra avance. La diligencia se suspendió por estar pendiente en cámara la resolución que confirma la imputación en su contra.

Recientemente el Ministerio Público ratificó la imputación contra Hernán Rivas por tener la sospecha que efectivamente Rivas cometió el hecho punible de producción y uso de documentos de contenido falso, “en el afán de obtener la matrícula de abogado, documento expedido por la Corte Suprema de Justicia, habría utilizado como medio para tal finalidad, la presentación de un título y un certificado de estudios expedidos por la Universidad Sudamericana en donde se consignó que, supuestamente entre los años 2010 y 2015 , el mismo habría cursado la carrera de derecho, sin que exista documento académico que pueda sostener la veracidad que dicho documentos certifica”, en base a estas mismas consideraciones el Ministerio Público ha ratificado la imputación contra el senador colorado quien se presume cuenta con el título falso de abogado.

El 18 de enero pasado, la agente fiscal Patricia Sánchez formuló imputación contra Hernán Rivas por haber usado su matrícula para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de la Magistrados en dos oportunidades, matrícula que obtuvo de manera irregular según sospecha el Ministerio Público.

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