Tras más de un año de estar privado de su libertad el señor Abel, recuperó su libertad luego que el tribunal de sentencia lo absuelva de reproche y pena por duda, ya que no se probó que haya participado en un hecho de homicidio doloso.

Dos años atrás, en el Barrio Rosa Mística de Puerto Casado, Abel se vio envuelto en una confusa situación. Él y su hijo mayor fueron acusados por homicidio doloso. A la salida del trabajo, Abel fue alertado acerca de la situación en la que se encontraba su hijo mayor, Luis, quien presentaba signos de algún trastorno mental y se encontraba de visita en casa de su novia.

Eran aproximadamente las 8 de la noche, cuando Abel, acompañado de uno de sus hijos, llegó hasta la casa de la novia de Luis. Una vez en el lugar, ambos presenciaron el momento exacto en que Luis atacó a la madre de su novia. Por una razón que aún desconoce, su hijo mayor apuñaló a la mujer, quien quedó sin vida.

En ese instante, la primera reacción de Abel fue la de intentar evitar el desenlace trágico, sin embargo, solo alcanzó a sostener la silla en la que se encontraba sentada la mujer para que la misma no caiga al piso. Excedido por la situación, Abel se acercó a su hijo y lo abrazó intentando entender lo que había pasado.

Ante la mirada de susto de las hijas de la mujer, Abel decidió retirarse del lugar con sus hijos, antes de que suceda alguna que otra desgracia. Fueron hasta la posada donde se estaban hospedando. Allí fueron abordados por la policía quienes dieron informe a la Fiscalía. Ambos fueron aprehendidos y acusados por la supuesta comisión del hecho de homicidio doloso.

Durante el juicio oral y público, el defensor público Mario Daiub solicitó la absolución de culpa y pena de su asistido, Abel, alegando que el mismo no participó como autor, ni como instigador ni en complicidad tal como se demostró con las pruebas ofrecidas a lo largo del juicio.

Tras el análisis correspondiente de las pruebas, no se logró demostrar la autoría por lo que ante la duda y en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales se absolvió al procesado.

Finalmente, el Tribunal resolvió absolver de reproche y pena a Abel y ordenar la inmediata libertad tras más de un año de reclusión en la Penitenciaría Regional de Concepción.

La magistrada especializada Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva en Tacumbú de Víctor Sanabria Oporto, procesado por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de 653 kilos de cocaína a Uruguay.

El hombre fue detenido este miércoles en Ciudad del Este en un operativo encabezado por la Policía con el acompañamiento de SIU de la Policía Nacional fue en el marco de la causa abierta a Sanabria Oporto, Adelio Fretes García y Cándido Javier Fretes, quienes fueron imputados luego de que cayera una carga de cocaína que iba dentro de un container de carne y cuyo destino final sería Rusia.

El juzgado penal de garantías Especializado contra el Crimen Organizado, primer turno de la Capital había dictado la rebeldía y blindó los bienes de los sospechosos.

Además, el juzgado ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes de imputados por los hechos punibles de tráfico internacional, tenencia sin autorización, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes.

Según la investigación del fiscal antidrogas Osmar Segovia el traslado del contenedor desde el frigorífico estuvo a cargo de la empresa transportadora «LC Las Camelias Group Logística», propiedad de Sanabria Oporto, quien conjuntamente con García y Fretes, presumiblemente, serían los responsables de la contaminación del contenedor, que habría ocurrido el 29 de setiembre del 2022, en un depósito ubicado en Emboscada.

Se trata de Lorenzo González Martínez quien tuvo una activa participación en la captura de la víctima y también participó de la reunión donde se decidió su muerte, según la acusación del Ministerio Público.

La información fue confirmada por el abogado querellante Andrés Casati quien acompaña a la madre de la víctima en este nuevo juicio oral respecto a otro de los integrantes del grupo criminal que secuestró y mató a la joven hija del expresidente Raul Cubas Grau.

El acusado fue extraditado de Brasil en el 2022. Tras un largo proceso fue entregado a Paraguay para afrontar cargos por secuestro, homicidio doloso, asociación criminal y otros hechos punibles por su participación en el secuestro de la hija del expresidente Raul Cubas.

González Martínez habría participado de la toma de la víctima Cecilia Cubas el 21 de septiembre del 2004, en inmediaciones de su domicilio. El hombre además sería el fusilero del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, según las pruebas con que cuenta el Ministerio Público y serán expuestas desde hoy en juicio oral contra el acusado.

Los jueces que realizarán el juzgamiento de las pruebas son: Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

Este miércoles se dio a conocer la sentencia absolutoria a la periodista Angie Prieto Samudio enjuiciada por injuria tras la querella entablada por el director de Canal 9. La jueza Mesalina Fernández quien juzgó el caso señaló que no se probo el hecho por el que la misma fue llevada a juicio.

“Para mí no se ha configurado un hecho punible que se pueda atribuir a la querellada Angie Prieto Samudio, por lo cual la decisión de esta magistrada es la absolución de reproche y pena”, señaló entre otras consideraciones la magistrada Mesalina Fernández al fundar su fallo.

La periodista afrontó proceso y varios días de juicio en el marco de la querella de acción penal privada promovida por Marcelo Fleitas, gerente de Albavisión Paraguay (Canal 9- C9N) después de la denuncia colectiva realizada por delitos sexuales ocurridos dentro del medio de comunicación.

Angie, fue despedida bajo la figura de, “despido justificado” y no se le pagó sus haberes por los años trabajados por haber supuestamente escrito un mail y enviado a los superiores de Fleitas lo que le generó agravio, pero, en el juicio oral no se pudo romper el estado de inocencia de la periodista por lo que fue absuelta de reproche y pena.

Las costas del juicio fueron impuestas en el orden causado.

A pedido del ministro Alberto Martínez Simón el pleno en mayoría decidió la auditoría de reacción inmediata del juzgado del décimo turno del fuero civil y comercial y la secretaría de donde se sustrajo un pagaré en moneda extranjera.

Martínez Simón señaló que el expediente se encuentra plenamente identificado y la denuncia fue presentada de manera seria por lo que era necesario realizar la investigación de lo ocurrido.

“Llegó a mi gabinete una denuncia seria que involucra a la pérdida de un pagaré en un juzgado de primera instancia de Asunción, esta denuncia está formulada en una causa debidamente identificada, se trata de un juicio ejecutivo, por lo tanto, debido a la gravedad que podría acarrear este hecho pido que inmediatamente se de intervención a la oficina de auditoría de reacción inmediata.

“Pido la intervención del juzgado del décimo turno secretaría 21 a los efectos de deslindar responsabilidades por la pérdida de este pagaré por un monto muy considerable en moneda extranjera”, señaló el ministro proponente de la investigación en el juzgado de donde se sustrajo el documento.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón también integrante de la Sala Civil, se excusó de votar por la intervención del juzgado afectado por esta situación.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el exintendente de Lambaré contra la condena de ocho años de cárcel por lesión confianza. Con esto, una de sus varias condenas debe ser ejecutada.

El proceso por lesión de confianza fue abierto por el desvío de 860 millones de guaraníes que debían ser destinadas para la construcción de 15 escuelas en el 2016.

Los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por el condenado quien buscó con esta acción evitar que se cumpla la condena de ocho años de prisión que hoy debe ser ejecutada.

En esta misma causa también quedó firme la condena del exdirector de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, condenado a seis años de cárcel, la de Carlos María Mendieta, encargado de la Dirección de Obras de la Comuna, sentenciado a tres años de prisión, ambos en carácter de cómplice.

Se comprobó que los exfuncionarios actuaron en complicidad con el ex intendente de Lambaré, según un tribunal de sentencia que en su momento dio por probada la lesión de confianza, al realizarse una transferencia de fondos por obras no realizadas, que ni siquiera fueron fiscalizadas.