Este lunes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha notificado a Christian Chena de la absolución de la jueza de Paz de Trinidad Gloria Machuca, denunciada por el propietario de RDN por la censura que aplicó al recurrente y su portal digital por realizar denuncias de corrupción pública.

La abogada Alejandra Peralta Merlo quien ejerce la representación de Chena, anunció que pese al descrédito de las instituciones persistirán hasta lograr que los derechos de su cliente y el medio afectado por la decisión de la jueza Gloria Machuca, sean restituidos.

Adelantó que, presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Jurado que resolvió rechazar “in limine”, es decir sin estudiar la acusación presentada por Chena contra la jueza que le impuso una prohibición basada en la ley de protección integral a las mujeres para amordazarlo y a su medio de comunicación.

Peralta Merlo, dijo que el último escándalo de los chats de Lalo Gómes, que salpica gravemente a los miembros del JEM y de cómo se maneja cobra sentido la injusticia decisión que absolvió a la jueza Machuca pese a las pruebas arrimadas en las que se demuestra que censuró al empresario.

“Fuimos notificados de la sentencia en la denuncia realizada contra la jueza de paz de Trinidad Gloria Machuca por haber impuesto censura contra el medio RDE y Christian Chena. Como recordarán, el Jurado decidió salvar a Machuca con argumentos contrarios a derecho, por lo que presentaremos una acción de inconstitucionalidad en contra de esta resolución y una denuncia por prevaricado en contra de los miembros firmantes. En especial, el cartista Derlis Maidana, quien fue el preopinante”, señaló la abogada.

El 12 de enero de 2024, la jueza de Paz de Trinidad Gloria Machuca censuró al empresario Christian Chena y a su medio digital RDN, tras replicar un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). La medida, dictada al amparo de la Ley N° 5.777/16, de protección integral a la mujer, prohibió durante 365 días cualquier comentario que involucrara a Gisele Mousques, esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, quien fue señalada como presunta recaudadora de porcentajes en licitaciones.

El video en cuestión hacía referencia a supuestas prácticas corruptas, lo que motivó a Mousques a denunciar a Chena y a RDN, alegando que la publicación constituía “violencia contra la mujer». Sin embargo, el contenido replicado tenía un evidente interés público, relacionado con denuncias de corrupción. La jueza Gloria Machuca, en su fallo inicial, ordenó a Chena y a RDN abstenerse de realizar publicaciones sobre Mousques en redes sociales y medios digitales. Esta medida fue revocada en apelación por la jueza de Primera Instancia Rosanna Frutos Olguín, quien argumentó que la resolución de Machuca configuraba una censura previa, prohibida en un sistema democrático.

Frutos Olguín enfatizó que el material difundido por Chena y RDN estaba protegido por la libertad de expresión y que el Estado debe evitar imponer restricciones indebidas a la difusión de información de interés público. Sin embargo, Mousques promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución, que aún no fue resuelta por la Sala Constitucional, donde el ministro César Diesel es el preopinante.

Tras concluir la cumbre de Poderes el presidente de la República Santiago Peña, dio a conocer los detalles en las que han arribado tras la reunión con los demás poderes del Estado en la que una vez más se comprometen a combatir la corrupción imperante en el país.

Peña, señaló que el combate a la corrupción será posible con unión de todas las fuerzas y es por ello por lo que, se comprometen a combatirlo permitiendo a los organismos de investigación como el Ministerio Público y la Contraloría que tengan la independencia de actuaciones para castigar a aquellos que actúan fuera de ley.

Dijo que el combate a la corrupción ha sido una preocupación constante del gobierno y que estos actos merecen ser enfrentados sin rodeos y decididamente para evitar que sigan socavando a las instituciones legítimamente constituidas.

Señaló que, la clase política debe tomar nota de que la corrupción no es solo de un partido político y que debe ser asumido para ser derrotado con todo el peso de la ley a aquellos que incurren en este ilícito.

“Instar al respeto de los objetivos misionales y plazos en la investigación penal en consideración de que los sujetos procesales deben contar con todas las evidencias legales para efectuar sus requerimientos basados en las garantías constitucionales.

Por otro lado, las autoridades también instan a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM a elaborar un reglamento que prohíba a los miembros del Jurado mantener reuniones o comunicaciones privadas con los magistrados en general y si lo hacen deben ser oficiales y públicas para así impedir el tráfico de influencias situación que quedó en evidencia con los chats de Lalo Gómes.

El presidente Santiago Peña, también dijo que garantizan la libertad de prensa y que protegerán a todos aquellos periodistas que se encuentran realizando las denuncias sobre hechos de corrupción ya que el trabajo de la prensa es fundamental para la democracia.

Reiteró que cada institución con su independencia, pero, unidos deben luchar para combatir la corrupción que no tiene color para evitar que las mismas sigan avanzando.

La iniciativa de la Cumbre de Poderes partió del presidente de la República Santiago Peña y convocó a los presidentes del Poder Judicial César Diesel, presidente del Congreso Basilio Núñez, el presidente de Diputados Raul Latorre, al fiscal general del Estado Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez.

El diputado renunciante Orlando Arévalo denunció al juez Osmar Legal por el tipo penal de prevaricato por haber accedido de manera irregular, según la denuncia a las conversaciones de Lalo Gómes sin presencia de las partes y que, en estas condiciones no pudieron controlar si las mismas no fueron alteradas.

La denuncia fue presentada este lunes en el Ministerio Público y se solicita que se abra una carpeta investigativa respecto al juez Osmar Legal y se lo indague por el tipo penal de prevaricato.

Según el escrito, existen pruebas fehacientes de que Osmar Legal mantuvo en su poder dos meses las pruebas y que no permitió el acceso a las partes por ese periodo.

El escrito patrocinado por Guillermo Duarte Cacavelos defensor de Orlando Arévalo señala que, el juez Legal se extralimitó en sus funciones y no ha actuado con imparcialidad como le obligar la ley.

Tanto Arévalo como Duarte sostienen que, el juez accedió indebidamente a los equipos incautados durante el allanamiento en la casa del diputado Lalo Gómes, violando la cadena de custodia de las evidencias. Por lo que Orlando Arévalo recurre al Ministerio Público en calidad de víctima a denunciar a Legal.

“Existen suficientes evidencias de que el juez de garantías Osmar Legal incurrió en la conducta para favorecer a intereses personales a los efectos de imprimir la mayor presión posible sobre un miembro de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en detrimento de la parte acusadora, fiscalía, quien, a estas alturas, no tiene las evidencias legales para proseguir la investigación en la causa de Eulalio Gómes”, reza parte de la denuncia presentada este lunes contra Legal.

Los denunciantes piden que se llegue al fondo de la cuestión ya que la situación es sumamente grave por ser el denunciado el juez del caso y quien debía velar por el fiel cumplimiento de la ley, sin embargo, ha vulnerado la legítima defensa.

Igualmente, la misma denuncia contra el juez fue presentada ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que investigue si el magistrado incurrió efectivamente en una conducta impropia al acceder al resultado de las pericias antes que las partes.

Por último, agrega la denuncia que el juez fue quien filtró la información a la prensa y tres días después citó a las partes para entregarles la prueba espejo que a la fecha no permite el acceso a las partes a las evidencias a las cuales el juez si accedió y denunció con nombres a la fiscalía a Orlando Arévalo, Katia Uemura y Sadi López.

El abogado Guillermo Duarte defensor de Orlando Arévalo salpicado por los chats de Lalo Gómes, presentó una impugnación ante Soledad Machuca contra la decisión de los fiscales Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez, quienes han rechazado entregar copias de las actuaciones fiscales respecto a Arévalo por no considerarlos parte.

Guillermo Duarte, menciona que en plazo de ley recurren la decisión de los fiscales que indagan un presunto caso de tráfico de influencia y otros respecto a su representado.

Para defensa, la negativa del Ministerio Público para entregar las copias al investigado lo deja en un estado de indefensión por lo que requieren que la decisión del equipo fiscal sea revertida por la adjunta.

“La decisión asumida por la fiscalía genera un estado de indefensión hacia el señor Arévalo, quien es directamente señalo por el juez Osmar Legal de haber participado en hechos que podrían tener relevancia penal”, señala parte del escrito de impugnación.

Agrega que, por mandato constitucional la investigación no puede ser secreta para quien se encuentra señalado como posible autor.

Reitera que, Arévalo tiene derecho a acceder a la carpeta fiscal por ser directamente nombrado por el juez Osmar Legal quien ha puesto a conocimiento del Ministerio Público los chats entre Arévalo y Lalo Gómes.

Por último, señala el defensor que no existe una justificación lógica para negar a la defensa y al investigado el acceso a la carpeta fiscal por lo que se solicita que se revoque la decisión de los fiscales inferiores y se les permita acceder a los documentos y actuaciones realizadas por el equipo de investigación.