Lourdes Teresita Ramos hija de Alejandro Ramos confirmó a las hijas de don Félix Urbieta que el secuestrado, falleció 2019, tres años después de su cautiverio y dio detalles de donde estarán los restos de Urbieta.

La víctima según las palabras de la detenida estuvo tres años en cautiverio antes de morir. Lourdes Ramos fue detenida días pasados y según la familia de Urbieta la mujer es clave para aclarar el secuestro de don Félix.

Las hijas mencionaron en conferencia de prensa que, hablaron con la detenida y que su detención es sumamente importante para el avance de la investigación del secuestro de don Félix Urbieta.

“Ella mencionó que papá ya falleció en el 2019 y brindó la posible ubicación de los restos de mí papá”, dijo una de las hijas.
Agregó que, la detenida no dio detalles de las circunstancias en la que fue muerto don Félix y que la detenida solo manejaba información que les habían comentado los hombres del grupo criminal Ejercito Mariscal López EML.

El juzgado penal de ejecución especializado en delitos económicos y crimen organizado a cargo del juez Carlos Mendoza, hizo la entrega oficial de los bienes comisados del excomandante de la policía nacional Francisco Alvarenga condenado por enriquecimiento ilícito a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

Los bienes entregados al Estado están libres de ocupación, según informaron desde el Poder Judicial. El acto se llevó a cabo a través de la coordinación para la inscripción de bienes incautados y comisados de la Corte Suprema de Justicia.

Los inmuebles inscriptos por la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) a nombre de la SENABICO corresponden a propiedades ubicadas en el distrito de Mbocayaty del Yhaguy, Departamento de Cordillera. También fueron transferidos dos departamentos ubicados en las calles Benjamín Constant casi Colón, del Edificio Arasá, distrito La Encarnación, Asunción.

En relación con estos últimos, el juez Carlos Luis Mendoza Peña destacó que esta transferencia y entrega de posesión se realiza, en general, en cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal, y la ley N° 5876/17 “de administración de bienes incautados y comisados, mediante las cuales la SENABICO se convierte en propietaria y poseedora inmediata a fin de poder administrar y disponer de los bienes.

“Ahora pasan a manos del Estado, que podrá darles un uso provechoso para la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, además de representar un castigo adicional a la privación de libertad, ya que se tratan del fruto del ilícito”, acotó Carlos Mendoza.

Por parte de la SENABICO, recibieron la entrega de los inmuebles el director jurídico, Gonzalo García Zúñiga, y el doctor Omar Parra, con el respaldo del actuario judicial Cristian Martin.
El excomandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga, se encuentra cumpliendo la condena de seis años de prisión que le aplicó la justicia por enriquecimiento ilícito por no poder justificar en su patrimonio más de G 1.183 millones, monto por el cual se ejecutó el comiso de sus bienes.

Alvarenga, se encuentra en la Agrupación Especializada purgando la condena por enriquecerse ilícitamente estando en funciones. Su condena la tendrá por compurgada el 2 de noviembre del 2026, según el cómputo realizado por el juez de ejecución Carlos Luis Mendoza.

La cámara de apelaciones confirmó la decisión que elevó a juicio oral y público el proceso abierto a Roberto Alejandro Garcete Cano, expresidente del Club Resistencia, por los hechos punibles de usura y lavado de dinero como coautor. Mientras que su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano fue acusado por usura en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautor.

Alzada, confirmó que los dos acusados deberán afrontar juicio oral por haber despojado de su vivienda a un matrimonio a quien le prestaron dinero.

Según el relato del Ministerio Público los acusados entregaron un préstamo usurario de G 200 millones al señor Miguel Eladio Britos en junio del 2013, pero consignaron en la operación por escritura pública G 300 millones sin que se les haya entregado la copia de la operación simulada como venta de inmueble las víctimas se retiraron de la escribanía de María de Lourdes Duarte Franco, quien refrendó la fraudulenta operación.

La víctima dejó en garantía su casa cuyo valor supera los G 1.100 millones, y pese a haber devuelto no solo el préstamo de G 200 millones, más G 200 millones como “intereses”, fueron citados a la oficina de Ramón González Daher quien en presencia del señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda (refiriéndose al inmueble ubicado en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G 200.000.000.

“La familia Britos era consciente de con quién estaban tratando y sabía del poder económico y político que el señor Ramón González Daher tenía para conseguir lo que se propusiera. En ese momento, su hermano era senador nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y era bien conocida su influencia en el sistema de justicia de nuestro país. Esta exigencia realizada por el señor Ramón González Daher fue cuestionada por la María Laura de Britos quien le refirió a González Daher que esa casa tenía un valor de Gs. 1.100.000.000 aproximadamente; pero el mismo les exigió que entregaran las llaves, circunstancia que se dio en fecha 20 de diciembre de 2014 cuando la familia Britos Báez, ante el temor de lo que pudiera suceder si se enfrentaba a una de las familias más poderosas del país (los González Daher) decidió retirarse de la vivienda familiar y entregó las llaves de la misma al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, quedando en su poder desde ese momento hasta la fecha”, reza parte de la acusación de la agente fiscal Belinda Bobadilla.

Además, la fiscalía acusó, a la escribana María de Lourdes Duarte Franco, por los hechos punibles de producción inmediata, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autora y lavado de dinero en calidad de cómplice.

Por haber realizado un acto simulado de compraventa de inmueble cuando en realidad era un préstamo que dejaba como garantía un inmueble y todo este acto fue a instancia del acusado, Roberto Alejandro Garcete Cano. Que incluso consignó un monto superior de la operación de G 300 millones cuando en realidad la familia Britos solo recibió G 200 millones. Conducta por demás grave al consignar no solo un acto irregular sino por falsear su contenido afectando, dice la acusación.

El Ministerio Público, con todo lo colectado durante el periodo investigativo, documentales y testificales, así como otros medios de prueba afirma que tiene los elementos para sostener una acusación en un eventual juicio oral y público que debe convocarse.

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El fiscal José Godoy se constituyó a primeras horas de este miércoles en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra Indert en prosecución a la investigación de supuesta estafa a colonos de río Verde donde está investigado el funcionario de la Cámara de Diputados William Bogarín y probablemente funcionarios de esta institución también estén salpicados.

El Ministerio Público lleva adelante una pesquisa que busca dar con los partícipes de una red criminal de estafa serial a colonos a quienes prometían tierras del Indert previo pago millonarias sumas de dinero.

El Ministerio Público indaga una red criminal integrada por abogados, altos funcionarios del Congreso y jueces quienes estarían involucrados en el presunto esquema de estafa a colonos en Santa Rosa de Aguaray.
Ahí, presuntamente embaucaban bajo promesas de adquisición de tierras del Indert, a sabiendas que las tierras que prometían era propiedad privada.

Este esquema presuntamente montaba expedientes de contenido falso ante juzgados incompetentes, aludiendo que las tierras se encontraban en conflicto y a partir de ello, sustraían de los colonos sumas importantes de dinero durante largos años, bajo la expectativa de poder terminar esos procesos judiciales de forma favorable.

El agente fiscal confirmó que las autoridades del Indert han entregado al Ministerio Público numerosos documentos a fin de que sean analizados por el Ministerio Público con el fin de dar con todos los partícipes de la estructura.

La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien representa los intereses de los colonos también participó de la constitución fiscal a fin de acompañar la labor del Ministerio Público como interesados en el proceso investigativo.

En esta causa están en prisión preventiva el exfuncionario del Congreso Willian Bogarín y la abogada Ilsa Paredes, imputados por estafar a una familia de colonos menonitas. Mientras que el abogado José Ljubetic está en arresto domiciliario, ya que cuenta con más de 70 años.

Ante la invitación de la Comisión Permanente del Congreso al fiscal general del Estado Emiliano Rolón y al juez Osmar Legal tras la filtración de los chats de Lalo Gómes. El juez Legal se ha excusado de acudir a esta convocatoria alegando varios artículos de la Constitución Nacional para declinar la invitación.

Legal, señala en el escrito remitido al Congreso que no acudirá ante la recomendación del asesor jurídico de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Gorostiaga, quien en su dictamen recomienda que el magistrado rechace la invitación ante impedimentos legales.

“Basado en dicho dictamen, este magistrado se encuentra vedado constitucionalmente a asistir a la convocatoria cursada por la honorable comisión permanente, por lo que esta magistratura respetuosamente declina la invitación”, señala parte del escrito del juez Osmar Legal.

La Comisión Permanente del Congreso, había citado para este miércoles a las 9 de la mañana tanto al juez Osmar Legal como al fiscal general del Estado Emiliano Rolón para una reunión reservada sobre los chats de Lalo Gómes.

En teoría, el interés de los legisladores es saber si el fiscal general del Estado Emiliano Rolón qué está haciendo y saber que cuentan con los miembros del Congreso para contribuir en el esclarecimiento del caso.

Ayer las partes pudieron acceder oficialmente al contenido de los chats del finado diputado Lalo Gómes. Luego de varias semanas de haberse publicado los primeros mensajes entre el legislador el exdiputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura, Stella Mary Cano y Sadi López.

La Nota:

El juez Osmar Legal notificó a las partes que este martes se les entregará la copia espejo que contiene todas las conversaciones del extinto diputado Eulalio Lalo Gómes, así como otras evidencias.

Luego de varias semanas de haberse filtrado los chats de Lalo Gómes, los fiscales y abogados podrán acceder al contenido de las conversaciones que mantuvo el finado con jueces, fiscales, miembros del JEM y el Consejo de la Magistratura.

Los primeros chats que fueron público desnudaron una estructura montada no solo para archivar casos en el JEM a leales de Gomes, sino salidas procesales que eran negociadas con los propios jueces para conceder beneficios procesales a personas de su entorno.

La grosera forma en la que se maneja el sistema judicial, los órganos extra poder como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura quedó al descubierto con los chats que se hicieron público.

Los chats de Lalo, tomaron estado público luego que el juez Osmar Legal realizara la comunicación con la nómina de quienes conversaron y acordaron acuerdos con Lalo Gómes como el diputado renunciante Orlando Arévalo, Katia Uemura, Stella Mary Cano y Sadi López, quienes fueron nombrados por el juez en la denuncia remitida al Ministerio Público.

Ante esta situación el fiscal general del Estado Emiliano Rolón integró un equipo fiscal con Luis Piñánez, que debe investigar los supuestos hechos de soborno que involucran a Orlando Arévalo, Kattia Uemura, Stella Mary Cano, Lorenzo Lezcano y Sadi López.

Ante las críticas respecto a los fiscales asignados a indagar el caso, se suma Piñanez a Francisco Cabrera y Verónica Valdez, mientras que, Néstor Coronel fue excluido del grupo de investigación.

Recién este martes los fiscales podrán acceder oficialmente al contenido de los chats y podrás realizar las averiguaciones sobre el manejo oscuro de la justicia que ha quedado en evidencia con la publicación de solo una primera parte de los chats vía WhatsApp que mantuvo Lalo Gómes con los operadores del sistema de justicia.

Ante la recusación de Carlos Oleñik contra los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, el juez Osmar Legal suspendió la audiencia preliminar que debía desarrollarse este martes y donde se sabrá si la causa respecto a todos será elevada a la siguiente etapa para el debate oral.

Oleñik, recusa a los tres fiscales que llevan el caso alegando una supuesta crisis interna en el Ministerio Público ante el traslado del fiscal Osmar Segovia tras el escándalo de los chats de Lalo Gómes, que según el acusado podrían comprometer el criterio de objetividad de los fiscales hoy recusados.

El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público respecto a 24 integrantes de la estructura de lavado de activos en nuestro país, esquema montado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

Los agentes fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, señalan en la acusación que cuentan con suficientes elementos de prueba para sostener una acusación en un eventual juicio oral y público contra las 24 personas cómplices de Jarvis Chimenes Pavão.

Igualmente, el Ministerio Público requirió el comiso de 60 bienes, entre las cuales se encuentran las estancias; Cielo de Dios, Villa Loma, Cristo Rey, Confinamiento, Salmo 23, María Cristina, Jandira, Ramonita Pavao, Iglesinha, Pindura y Negla Poty, que ya están administradas por la Senabico. El operativo Pavo Real, desmanteló un esquema de lavado de activos producto del tráfico de droga, montado en Paraguay por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, esquema que viene operando desde hace 30 años, es decir, toda la vida delictiva de Pavao.

Actualmente se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos parientes cercanos de Pavao, así como abogados, contadores entre otros. De los cuales 24 fueron acusados por el Ministerio Público y se requiere que vayan a juicio oral y público.

Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en nuestro país. Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

En ese sentido, se pudo identificar que las personas que se encontraban operando para lavar capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavao, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.

Entre los 24 acusados están: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte.

Además de; Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Amilcar Battaglin, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira y Olga Reichardt De Souza.