El Juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar al pedido de auxilio judicial presentado por el abogado Guillermo Duarte defensor de Orlando Arévalo y emplaza por 48 horas a la fiscalía para entregar la copia espejo de los chats de Lalo Gómes y la copia de la carpeta fiscal a la defensa.

Guillermo Duarte, recurrió ante el juez Rodrigo Estigarribia para acceder a los documentos que obran en poder del Ministerio Público vinculados a su representado y la fiscalía le ha negado en sucesivas ocasiones alegando que Arévalo no está investigado.

Con esta decisión el Ministerio Público deberá entregar los documentos y pruebas que indician al exdiputado, quien ha renunciado al cargo luego de hacerse público los mensajes con el finado diputado Lalo Gómes.

La figura del auxilio judicial es utilizada en muy pocas ocasiones y es la primera vez que un juez de garantías penales se anima a ordenar al Ministerio Público a entregar las documentaciones que posee el equipo fiscal que lleva este caso.

La defensa sostiene que, Arévalo tiene derecho a acceder a la carpeta fiscal y copia espejo de loa chats por haber sido directamente nombrado por el juez Osmar Legal quien ha puesto a conocimiento del Ministerio Público los chats entre Arévalo y Lalo Gómes.

Agregó que, no existe una justificación lógica para negar a la defensa y al investigado el acceso a la carpeta fiscal por lo que se solicita que se revoque la decisión de los fiscales inferiores y se les permita acceder a los documentos y actuaciones realizadas por el equipo de investigación.

Los fiscales Luis Piñánez, Francisco Cabrera y Verónica Valdez, son quienes llevan adelante la investigación y quienes han negado la participación de la defensa.

Para este martes debía iniciarse la audiencia preliminar para los acusados de haber estafado a numerosas personas a quienes ofrecían cargos y ascensos en el Instituto de Previsión Social, sin embargo, se trataba de un esquema montado con la complicidad de los propios funcionarios de IPS.

La jueza Alicia Pedrozo, informó a los acusados que la diligencia quedó suspendida por la intervención en la causa de un nuevo agente fiscal, se trata de Orlando Paiva, quien de ahora en más llevará el caso y se le concede el tiempo adecuado para interiorizarse de la causa.

La nueva fecha establecida por la magistrada es del 11 al 13 de marzo próximo y advirtió a los presentes que esta convocatoria solo será suspendida por cuestiones de suma gravedad.

Según la acusación del Ministerio Público, la abogada Fátima Agüero Stelehlik sería la que actuó en complicidad con sus familiares y funcionarios de la previsional para ofrecer cargos y recategorización en el IPS a cambio de sumas de dinero que iban desde G 1.500.000 hasta G 15.000.000.

Además de Agüero Stelehlik, fueron acusados como integrantes del esquema los funcionarios de IPS: Zulma Verónica Villalba, Eduvigis Espínola, Yolanda Balbuena, Jorge Juvinel Ferreira, Edgar Amarilla. Los hermanos de la abogada Agüero Stehlik José Manuel y Lourdes Rocío Agüero Stehlik.

También fueron acusados por la fiscalía las enfermeras María Aguilera Chaparro, Fátima Adelaida González, Carolina Martínez, Blas Antonio Verón. Igualmente fue acusado el abogado Carlos,
Barreto, la contadora Jenifer Karina González, José Santacruz Frutos, la abogada Reina Torres, Rodolfo Daniel Velázquez, Jorge Felipe Sabodero contador, Cynthia Caje Cabral una ama de casa y Juana Anastasia Torres contadora.

La causa tuvo su origen tras la denuncia presentada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS, quien presentó evidencias al Ministerio Público de cómo operaba el esquema de estafa.
Los acusados soportan cargos por estafa y asociación criminal. La acusación fue presentada por la agente fiscal Sandra Ledesma hoy adjunta.

Con anuencia de los fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera, el juez Humberto Otazú resolvió aplicar una salida alternativa al juicio oral respecto a las jóvenes Danna y Johana Giménez hijas del diputado Cleto Giménez imputadas por cobro indebido de honorarios por planilleras.

Las procesadas se comprometen a devolver el dinero cobrado irregularmente y también la reparación social del daño causado al Estado paraguayo.

Se impone que Danna Giménez devuelva a la Cámara afectada G 47 millones 600 mil y la misma cantidad como reparación social del daño causado. Igualmente, su hermana Johana deberá devolver G 19.700.000 y la misma cantidad como reparación social del daño que será distribuida en varias entidades benéficas.

El magistrado aclaró que esta medida busca reencausar a las procesadas que no tienen otro antecedente penal, que son jóvenes y que la ley no busca venganza sino hacer justicia y es lo que se aplicó en este caso con las hijas del diputado Cleto Giménez que fueron descubiertas cobrando dinero sin acudir a sus lugares de trabajo.

Las mujeres también tienen la prohibición de salida del país y deberán comparecer mensualmente ante el juzgado para firmar el libro de asistencia, además tienen prohibido cambiar sus números de teléfono por el periodo que dure la suspensión condicional del procedimiento y la devolución de lo cobrado indebidamente, es decir por 12 meses.

Esta misma salida ya fue concedida al hijo de Roya Torres, quien también fue salpicado por la misma situación de cobro indebido de honorarios.

En sesión plenaria extraordinaria el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, resolvió iniciar el enjuiciamiento oficioso y la suspensión sin goce de sueldo de las magistradas de los juzgados de Paz de San Roque y de La Encarnación.

La decisión afecta a la jueza del distrito de San Roque Liliana González de Bristot y Carmen Analia Cibils Mignarro de La Encarnación, ambas quedan fuera del cargo el tiempo que dure la investigación. Los antecedentes fueron remitidos por la misma Corte Suprema de Justicia tras el resultado de la auditoria de gestión.

Los preopinantes alegaron que tanto González de Bristot como Cibils Mignarro, han incurrido en graves actos en la tramitación de expedientes relacionados a cobro de guaraníes a los ciudadanos que en muchos casos hasta desconocen el inicio de estos procesos irregulares llevados adelante por ambas juezas.

El ministro Manuel Ramírez Candia fue el preopinante de la causa abierta a jueza Liliana González de Bristot, la misma llegó a firmar resoluciones en fechas inhábiles, dictó resoluciones judiciales sin número sin fecha, inició juicios ejecutivos sin las mínimas exigencias.

Que, tampoco controló las notificaciones irregulares realizadas por sus funcionarios. “Estos hechos constituyen hechos graves, porque implican incumplimientos de normas procesales en la tramitación de juicios ejecutivos. Existe una gran cantidad de ciudadanos que fueron víctimas de estos juicios irregulares. Hay más de 100 expedientes”, señaló el ministro Ramírez Candia.

Igualmente, el ministro César Garay argumentó el pedido de enjuiciamiento y suspensión de la jueza Carmen Analia Cibils, y dijo que la misma incurrió también en actos sumamente graves.

“Se observan incontables anomalías en detrimento y conculcación de los demandados, en algunos casos hasta desconocían las demandas en su contra”, dijo el ministro Garay.

La decisión del Jurado fue unánime y ya fue notificada a la Corte sobre lo dispuesta en uno de los mayores escándalos de corrupción que salpica al sistema de justicia y sus principales operadores de justicia.

Ambas juezas también soportan una investigación penal parte del Ministerio Público por su presunta participación en esquema criminal montado para despojar de sus haberes a trabajadores jubilados o activos.

Este lunes inició la audiencia preliminar para el senador Rafael Filizzola acusado por lesión de confianza por la compra de helicópteros durante su gestión como ministro del Interior en el gobierno de Fernando Lugo.

Para el Ministerio Público, los helicópteros adquiridos para el Ministerio del Interior no cumplían con las especificaciones requeridas lo que ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo por lo que viene sosteniendo una causa contra Filizzola desde hace 14 años.

La fiscalía acusa un perjuicio patrimonial de G 50.000 millones en la contra de cuatro helicópteros para la Policía Nacional.

Mientras que, la defensa a cargo de Guillermo Duarte Cacavelos, asegura que no existe una acusación válida del Ministerio Público por haber acusado a su cliente con bases y condiciones diferentes a las utilizadas en la imputación, por lo que el proceso penal abierto contra su defendido desde ser archivado.

La misma causa ya fue declarada extinta respecto a otros procesados en la causa y queda sujeto a proceso el exministro del Interior quien correría la misma suerte por haber transcurrido el doble del tiempo del tipo penal acusado sin que exista una condena.

En este caso, la causa lleva 14 años y el tipo penal de lesión de confianza tiene una expectativa de pena de hasta cinco años lo que hizo superar ampliamente el tiempo de la cantidad de años al que podría ser condenado Rafael Filizzola.

La diligencia se practica ante la jueza Clara Ruiz Díaz quien debe resolver las incidencias planteadas en la causa y luego decidir si eleva el caso a la siguiente etapa o toma otra determinación requerida por la defensa.
El senado Rafael Filizzola, fue desaforado en el Congreso en año pasado a pedido de la jueza Ruiz Díaz. Esto al resolverse la acción que se encontraba pendiente en la Corte y que ordenaba una nueva audiencia preliminar en la causa.

Una madre que por años fue víctima de violencia por parte de su esposo, hoy exesposo, soporta una nueva tragedia judicial y esta vez, desde el propio sistema de justicia utilizado por su expareja para castigarla por haberlo denunciarlo por violencia familiar.

La víctima soportó 15 largos años de violencia, fue alejada de su familia y sometida a tratos indignantes por todo ese periodo hasta que fue agredida en el estacionamiento de un Shopping, situación que fue viralizada.

La mujer está a días de afrontar juicio oral y público por supuesta apropiación de electrodomésticos que retiró con orden judicial de la casa familiar donde vivía con el agresor. El hombre reclamó lavarropas, horno, televisor, etc.

La inédita situación afecta gravemente no solo salud de la joven madre, también la de sus dos hijas ya que no logran cerrar un ciclo de violencia en la que están inmersas desde hace años, hoy, deben ver de vuelta a su madre perseguida por instituciones del Estado que en teoría deberían protegerla en su calidad de víctima, sin embargo, la revictimizan sin piedad alguna.

La procesada madre fue obligada a devolver todos electrodomésticos que retiró de la casa y de igual forma la fiscalía y el Poder Judicial impulsan una acusación hasta sentarla en el banquillo de acusados por haber denunciado a su expareja por violencia.

La mujer, lamenta estar pasando por este inentendible proceso penal donde se siente acosada por la propia justicia a través de sus operadores por haber denunciado al padre de sus dos hijas luego de haber sido agredida públicamente en un Shopping de Asunción en el 2020.

La víctima, no solo intenta superar su tortuoso matrimonio, también busca darles estabilidad emocional a sus hijas y ahora se encuentra con el temor de que reciba una condena por haber “robado” sus propias cosas que ya fueron devueltas.

El hombre soporta una condena firme de dos años con suspensión de la ejecución de la condena y pese a ello, denunció a exesposa por apropiación de electrodomésticos que había consentido se retire, para luego denunciarla por haberlas retirado.

La fiscal que imputó a la joven madre es Hermenegilda Cubilla y la jueza de garantías que llevó y elevó el caso a juicio oral es la jueza Ana Esquivel. Queda en manos del tribunal de sentencia juzgar la conducta de la mujer víctima y frenar o ratificar este proceso penal por el que se ha movido todo el aparato estatal a instancia de un condenado.

Manuel Guanes Nicoli, académico y experto en derecho penal, en entrevista con Judiciales Net habló del control fundamental que debe ejercer un juez de garantías sobre la comunicación en los procesos penales que no deben conculcar derechos de rango constitucional.

Dijo que el juez de garantías tiene la obligación de velar por el debido proceso y excluir de la intervención del Estado, aquellas comunicaciones que no están relacionadas al caso que se está investigando.

Señaló que, la ley es clara en ese sentido ya que busca limitar el poder punitivo del Estado al imponer reglas claras para evitar que actos indebidos anulen todo el proceso por el deficiente control jurisdiccional.

Remarcó que el papel del juez de garantías es proteger no solo la evidencia, sino los derechos de los involucrados en los procesos. Dijo que de existir un control jurisdiccional deficiente podría acarrear nulidad absoluta del proceso.

Acotó que, sin duda, la intervención de las comunicaciones afecta de manera palpable derechos fundamentales, tales como la inviolabilidad de la comunicación privada, la confidencialidad de la palabra, la privacidad y la intimidad de las personas, es por ello, que las legislaciones, en su mayoría tienen un catálogo de delitos que pueden ser investigados por esta vía, generalmente todo lo relacionado a delitos complejos y crimen organizado.

“Si no se lleva a cabo un eficiente control jurisdiccional de las comunicaciones que afecta derechos fundamentales eso convierte a lo que se obtiene en nulidad absoluta. Si se afectan los derechos fundamentales anula todo lo que se haya obtenido de manera irregular como el secreto de las comunicaciones, el derecho a la defensa, entre otros”, agregó Manual Guanes Nicoli.

Dijo que el Estado no puede intervenir en las comunicaciones que no esté expresamente justificada y que no existe otro medio idóneo para obtener dicha información. Que, el Estado solo puede intervenir las comunicaciones por orden judicial, cuando se tenga sospecha que dentro de un aparato celular o que en una conversación existan elementos de sospecha de un hecho punible grave que amerita vulnerar las esferas de intimidad de una persona.

Por último, dijo que dentro del control jurisdiccional es importante la participación de las partes desde el primer momento, especialmente de la defensa ya que desde ese momento se va a ejercer la representación de la perdona indagada.

El profesional, junto con otros expertos ya había abordado este aspecto y su importancia en el libro- “Ilícitos Económicos y Evidencia Digital”, publicado en el 2022.

El juez Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad ambulatoria al imputado exdirector de administración finanzas de la Municipalidad de Asunción Wilfrido Cáceres en el marco de la causa que lo indaga por lesión de confianza por la compre irregular de insumos en pandemia.

Tanto Wilfrido Cáceres como el jefe comunal Óscar “Nenecho” Rodríguez fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal por la compra irregular de insumos durante la pandemia Covid-19 que ocasionó un perjuicio patrimonial a la comuna capitalina según la imputación fiscal.

Los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, formularon imputación contra “Nenecho Rodríguez y otras 21 personas que según el Ministerio Público ocasionaron un perjuicio patrimonial a la comuna capitalina con la compra de insumos que fueron adquiridos por un precio muy superior al mercado.

Entre los imputados se encuentra: Además de Wilfrido Cáceres y Nenecho Rodríguez, Ernesto Armoa, Víctor Frágueda, Jorge Ruiz, Elisa Brítez Carrera, David Fernández Estigarribia, Miguel Ángel Lisboa Pereira, Juan Rodríguez, Jorge Arguello, María Victoria Cano, Antonio Cano, Sebastián Cano, Darío Aquino y María Digna Méndez, César Daniel Ojeda Figueredo, Nidia Rosa López de González, Edgar Estigarribia Gavilán, Edwin López Cattebeke, Enrique Chávez Benítez.

Ya en el 2021, los fiscales asignados, en el marco de la causa y con posterioridad a la recepción del legajo documental correspondiente al proceso de contratación y de pago remitido por parte del municipio, se había solicitado informes a diferentes entidades públicas y privadas a fin de recabar información con relación a los hechos denunciados.

De igual modo, luego de realizar constituciones en los establecimientos de las firmas contratantes, se intimó a los mismos a remitir las documentaciones respaldatorias referentes a la adquisición de los productos que habrían sido proveídos.

Luego de tres años de haberse iniciado la investigación el Ministerio Público imputó al intendente por ocasionar un presunto perjuicio patrimonial al Municipio de Asunción a través de una de las firmas afectadas como; Bastian Comercial, representada por María Cano, se adjudicó de G. 339.943.950 en contratos para provisión de detergentes con un costo unitario de G. 393.800 en adjudicaciones de marzo a diciembre de 2020 con fondos de emergencia por la pandemia del Covid-19 de la Comuna capitalina. Esta es una de las firmas que ganó la licitación para proveer a la Municipalidad.

Se estima un perjuicio patrimonial de G 1.830 millones en la compra de insumos como: detergente, saturómetros, toallitas desinfectantes, entre otros. Esta causa cuenta con una reciente ampliación de seis meses para concluir la investigación.