En sesión plenaria extraordinaria el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, resolvió iniciar el enjuiciamiento oficioso y la suspensión sin goce de sueldo de las magistradas de los juzgados de Paz de San Roque y de La Encarnación.
La decisión afecta a la jueza del distrito de San Roque Liliana González de Bristot y Carmen Analia Cibils Mignarro de La Encarnación, ambas quedan fuera del cargo el tiempo que dure la investigación. Los antecedentes fueron remitidos por la misma Corte Suprema de Justicia tras el resultado de la auditoria de gestión.
Los preopinantes alegaron que tanto González de Bristot como Cibils Mignarro, han incurrido en graves actos en la tramitación de expedientes relacionados a cobro de guaraníes a los ciudadanos que en muchos casos hasta desconocen el inicio de estos procesos irregulares llevados adelante por ambas juezas.
El ministro Manuel Ramírez Candia fue el preopinante de la causa abierta a jueza Liliana González de Bristot, la misma llegó a firmar resoluciones en fechas inhábiles, dictó resoluciones judiciales sin número sin fecha, inició juicios ejecutivos sin las mínimas exigencias.
Que, tampoco controló las notificaciones irregulares realizadas por sus funcionarios. “Estos hechos constituyen hechos graves, porque implican incumplimientos de normas procesales en la tramitación de juicios ejecutivos. Existe una gran cantidad de ciudadanos que fueron víctimas de estos juicios irregulares. Hay más de 100 expedientes”, señaló el ministro Ramírez Candia.
Igualmente, el ministro César Garay argumentó el pedido de enjuiciamiento y suspensión de la jueza Carmen Analia Cibils, y dijo que la misma incurrió también en actos sumamente graves.
“Se observan incontables anomalías en detrimento y conculcación de los demandados, en algunos casos hasta desconocían las demandas en su contra”, dijo el ministro Garay.
La decisión del Jurado fue unánime y ya fue notificada a la Corte sobre lo dispuesta en uno de los mayores escándalos de corrupción que salpica al sistema de justicia y sus principales operadores de justicia.
Ambas juezas también soportan una investigación penal parte del Ministerio Público por su presunta participación en esquema criminal montado para despojar de sus haberes a trabajadores jubilados o activos.
