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La Justicia hace lugar a millonaria reparación reclamada por CAJUBI

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La jueza Olga Ruiz hizo lugar a la demanda de reparación promovida por la Caja Paraguaya de Jubilados de la Itaipú Binacional CABUBI, contra exdirectivo condenado por lesión de confianza y se condena a sus herederos a pagar unos G 20 mil 307 millones a CAJUBI.

La sentencia obliga a los herederos del exdirectivo Aurelio Ramón Sosa a pagar la millonaria reparación, luego su padre haya sido condenado por un desvío de 215 millones de dólares de la caja de jubilados.

El fallo afecta a la viuda de Sosa, la señora Elizabeth Pastoriza de Sosa y sus hijos Vivian Elizabeth, Vivian, Alejandro y Neri Sosa Pastoriza, quienes en un plazo de 10 días deberán de ejecutoriada la sentencia deberán abonar dicha suma a la CAJUBI.

Se le advierte a los obligados a pagar la reparación que, de no hacerlo, se procederá a la ejecución basado en el previsto en el Código Civil.

Aurelio Ramón Sosa, fue condenado en su momento a cinco años de prisión tras ser hallado culpable por lesión de confianza, probó que, remesó millones de dólares al exterior para inversiones de alto rendimiento.

Mafia de Pagarés: Fiscal sigue allanando oficinas vinculadas al esquema

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Este viernes a primera hora el agente fiscal Irán Suarez se constituyó a la firma Vanessa y Asociados S.A, una de las firmas que aparece reclamando numerosos pagos de pagarés que fueron tramitadas en el juzgado de Benjamín Aceval cuyo juez ya renunció.

El mismo agente fiscal también ya allanó la sección de Estadística del Poder Judicial de la ciudad de Villa Hayes, en el marco de la causa conocida como la “mafia de los pagarés”. Durante el procedimiento el representante del Ministerio Público dispuso la incautación de equipos informáticos y del celular de la jefa de esta sección.

En esta carpeta fiscal se investigan numerosas denuncias que señalan que supuestamente personas inescrupulosas conformaron toda una estructura criminal con el objetivo de estafar a la gente asalariada, mediante demandas promovidas para el cobro de deudas ya saldadas.

En este mismo proceso, el fiscal interviniente también allanó el Estudio Jurídico de la abogada Zully Ortíz Garcete, representante de la firma Vanessa y Asociados, que está bajo investigación como presunta integrante de una organización.

Esta denuncia es impulsada por la abogada Noelia Núñez quien representa a varias víctimas de la mafia de pagarés y convoca a todas las víctimas que quieran declarar en calidad de testigos del Ministerio Público presentarse y cuenten todo lo que conozcan del enorme esquema de fraude montado en varios juzgados de Paz.

Las denuncias indican que supuestamente varios jueces de Paz, secretarios y ujieres, además de abogados y empresas estarían implicados en el cobro compulsivo de tales documentos contables y los juicios se han tramitado sin las condiciones básicas.

La jueza de Paz que también ha renunciado es la suspendida y procesada Liliana González de Bristot, también designó abogado defensor en el proceso penal que lleva adelante un equipo fiscal. Su juzgado fue allanado y su teléfono celular fue incautado para someterlo a pericia.

El esquema es bastante grande y abarca aparentemente más que a los juzgados de Paz de Capital según lo confirma el agente fiscal Suarez quien señaló que los Estudios Jurídicos prácticamente operaban como la extensión de los juzgados de Paz.

César Garay preside el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Este jueves fue electo por unanimidad el ministro César Garay como nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, JEM periodo 2025-2026, sus funciones inician el 1 de marzo y lo acompañan como vicepresidentes Alicia Pucheta y Derlis Maidana.

La elección de nuevas autoridades se llevó adelante este jueves y con la elección de Garay y sus colegas fue instalada la nueva mesa directiva de una de las instituciones más desprestigiadas desde su creación por la falta de integridad de aquellos que han llegado a este órgano usado como mecanismo de extorsión, manipulación y de recaudación.

Es la primera vez que un alto magistrado ocupa el cargo de presidente del JEM, ya que sucesivamente estos cargos fueron encabezados por políticos para someter a la justicia y perseguir a los honestos del sistema de justicia que no se dejan influenciar.

Con la figura de Garay, se pretende reconstruir la dañada imagen de este órgano extra poder que, por décadas fue perjudicada por los políticos que han sido puestos en esos lugares con fines oscuros.

Desde la época del extinto senador Óscar González Daher hasta la fecha, los componentes de esta institución no gozan de buena reputación ya que están vinculadas a figuras nefastas de la sociedad que quedaron al descubierto con los chats de la Lalo Gomes que, evidenció cómo se sigue manejando los hilos de poder dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM.

Los principales desafíos que tiene el ministro Garay es mejorar la imagen de la institución a su cargo, lograr aprobar el reglamento que prohíba e impida que los miembros del JEM sigan usando el cargo para someter a los jueces.

De momento ya corre un borrador del reglamento que pretende poner fin a las reuniones privadas entre los miembros del Jurado y los magistrados para evitar que sean extorsionados para tomar una decisión o para salvarlos de un proceso en el JEM.

Esta recomendación, salió de la Cumbre de Poderes que ha instado a los miembros del JEM establecer mecanismos claros de ética para los que integran esta institución salpicada por el escándalo de los chats de Lalo que precipitó la renuncia de uno de sus miembros el diputado Orlando Arévalo.

Padres de la joven Sol Chávez vuelven a encadenarse frente a tribunales

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Los padres de la joven Sol Chávez quien falleció por intoxicación con Flúor, se volvieron a encadenar este jueves frente al Palacio de Justicia de Asunción para pedir un castigo ejemplar a las procesadas por la muerte de su hija.

La familia de la joven exige una condena elevada para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusadas por homicidio culposo. El nuevo juicio para ambas está pendiente tras anularse el fallo que les aplicó condenas leves, según la familia.

El nuevo juicio está fijado para el 12 de marzo próximo, pero, la defensa de la odontóloga a cargo del abogado Derlis Cespedes presentó una reposición con apelación en subsidio contra la citación del tribunal por estar pendiente una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia contra el fallo que anuló la sentencia impuesta en este caso.

En su momento, el tribunal de sentencia integrado por los jueces: Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee condenó a dos años de pena privativa de libertad a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, por el hecho punible de homicidio culposo por el fallecimiento por intoxicación con Flúor de la joven Sol Chávez.

Igualmente, el tribunal resolvió la medida de prohibición de ejercer la profesión para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza por un periodo de dos años y seis meses, que debía ser cumplida una vez compurgada la condena de dos años, pero, este fallo fue anulado y reenviado para un nuevo juicio oral y público donde una vez más el caso será debatido.

La víctima era paciente de Lilia Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00 h de ese mismo día.

Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, reza parte de la acusación del Ministerio Público.

Inclemencia del tiempo suspende búsqueda de Félix Urbieta

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El agente fiscal antisecuestro de Concepción, Pablo Zárate, informó este jueves que las labores de búsqueda de Félix Urbieta fueron temporalmente suspendidas debido a las inclemencias del tiempo.

El fiscal explicó que las condiciones climáticas adversas han afectado el terreno, imposibilitando la continuidad de los trabajos en la zona, por parte del equipo técnico afectado en la búsqueda.

Zárate también señaló que los trabajos se reanudarán una vez que el clima lo permita. Esta situación fue comunicada a los familiares del señor Urbieta, quienes fueron informados sobre las razones de la suspensión temporal y las próximas acciones a ser adoptadas.

El Ministerio Público continuará con las tareas investigativas en el marco del caso y retomará las labores en campo en cuanto las condiciones sean favorables.

La búsqueda de don Félix Urbieta se reinició luego de la reunión de las hijas de Urbieta con la detenida Lourdes Teresita Ramos, quien brindó detalles donde podría estar los restos del secuestrado y que ya había fallecido en el 2019, tres años después de su captura.

Contaminación en Tablada: Fiscal ambiental recibió a los afectados

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La agente fiscal Elvia Chávez la nueva agente fiscal ambiental de Asunción, recibió a los referentes de varias comisiones vecinales que impulsan una denuncia penal contra los frigoríficos y curtiembres de Tablada Nueva. Los vecinos organizados estuvieron acompañados de su abogado el especialista en medio ambiente Ricardo Merlo.

Los vecinos una vez más manifestaron su preocupación por el nulo avance de la investigación y exigen al Ministerio Público arbitrar los mecanismos para avanzar en la pesquisa y así frenar el faenamiento que es la preocupación más inmediata.

Integrantes de las comisiones vecinales del barrio Virgen de Fátima se reunieron con la nueva agente fiscal que lleva el caso contra los frigoríficos, curtiembres y churrerías en la zona de Tablada Nueva de Asunción afectados gravemente por la operatividad de estas empresas.

Aclararon que no tienen nada en contra de estas firmas, pero, que deben adecuar sus mecanismos de trabajo para no afectar tan profundamente a sus vecinos que soportan hace más de tres décadas las condiciones insalubres de vivir en la zona.

“Esperamos encontrar una solución favorable, que se ponga fin a los inconvenientes ocasionados por estas fábricas. Solicitamos cesar el faenamiento. El olor es intolerable, y las moscas dificultan incluso abrir las ventanas o disfrutar al aire libre en familia», mencionaron los vecinos a la agente fiscal quien se comprometió a evaluar el área y controlar estos problemas.

La contaminación por la operatividad de los frigoríficos afecta a unas 20.000 familias que diariamente soportan olores nauseabundos y moscas en enjambre lo que aumentan con el excesivo calor.

Ricardo Merlo, había alertado sobre la contaminación ambiental en Tablada y el grave impacto que ocasiona en la vida de los vecinos la operatividad de estas curtiembres y frigoríficos porque supone un riesgo real a la vida de los pobladores de Tablada Nueva.

Recordó, que los propietarios de estas empresas se exponen hasta a diez años de pena privativa de libertad y reclaman que las instituciones actúen consecuentemente en base a lo que la ley les obliga.

Allanan Estudio Jurídico salpicado por la mafia de pagarés

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Este miércoles el agente fiscal Irán Suárez, allanó el Estudio Jurídico de la abogada Zully Ortíz Garcete, representante de la firma Vanessa y Asociados, que está bajo investigación como presunta integrante de una organización criminal conformada para estafar a los ciudadanos asalariados, mediante demandas promovidas sobre deudas ya canceladas.

El fiscal señaló que el Estudio Jurídico allanado actuaba como extensión del juzgado de Paz de Benjamín Aceval y ello se pudo comprobar con la cantidad de expedientes judiciales que tenían en su despacho jurídico, 30 expedientes lo que fue retirado como evidencias, así como las notificaciones que estaban en los basureros fueron retirados para su análisis, explicó el fiscal.

La intervención se realizó en el marco de la investigación abierta por un equipo fiscal conocido como “mafia de los pagarés”, que presuntamente involucra a jueces de Paz, secretarios y ujieres, además de abogados y empresas, que están sindicados por el cobro compulsivo a las víctimas del esquema.

La pesquisa revela que, los pagarés son negociados entre particulares o de una a otra empresa, y la primera se desentiende de cualquier causa abierta, a pesar de haber cobrado la totalidad de lo comprometido y los otros se encargan de ejecutarlos como “impagos”.

Alicia Romero Rodríguez, una de las denunciantes de la abogada, ya suspendida en 2023, aseguró que firmó pagarés en blanco que luego fueron completados a la conveniencia de la demandada. Agregó que incluso los comprobantes que tenía cuando los firmó, y que estaban en blanco.

Romero Rodríguez, fue demandada por la firma Vanessa y Asociados SA, que está a nombre de Julio César Paiva y Mirtha Methel, por una deuda de G. 5.040.000 que ya pagó, y ahora pide anular el proceso porque le quieren cobrar G. 17.372.000, además de los honorarios, en dos ocasiones.

La fiscalía aún no ha formulado imputación contra ninguno de los partícipes del esquema que ha perjudicado y dañado gravemente la economía de muchos hogares con procesos irregulares que solo persiguen el lucro con la complicidad de los jueces de Paz que permitieron que estos expedientes incluso, terminen en empresas privadas.

Sigue la búsqueda del último integrante para tratar la acción de Kattya González

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El secretario de la Sala Constitucional Julio Pavón informó al pleno de la Corte Suprema de Justicia que sigue la búsqueda del noveno integrante para completar el pleno de la Corte Suprema de Justicia. El pasado 21 de febrero se envió el expediente a la tercera Sala Civil para completar el pleno de la CSJ.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia está a punto de ser integrada, el pleno ya tiene ocho integrantes confirmados y el expediente se encuentra en la actualidad en la cámara de apelaciones civil para completar el último integrante.

En este caso, se inhibieron solo los ministros César Garay y Eugenio Jiménez Rolón, los demás ministros aceptaron entender la acción de inconstitucionalidad promovida por la senadora Kattya González.

Kattya González, al cumplirse un año de su expulsión del Congreso, presentó su sexto urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para acelerar el tratamiento de su acción de inconstitucionalidad que tiene como objetivo su vuelta a cámara alta.

Ahora el expediente se encuentra en fueros inferiores en la búsqueda de último integrante que falta para completar los nueve miembros y así someter a estudio la expulsión de la recurrente.
La expulsada senadora Kattya González, busca que la máxima instancia le devuelva su curul declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.

El 14 de febrero del año pasado la senadora Kattya González fue arrebatada de su investidura de parlamentaria por supuestas irregularidades, pero, estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.

El Ministerio Público ya dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora ya que se violaron preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

La fiscal adjunta Artemisa Marchuk, fue quien emitió el dictamen en representación de la fiscalía general del Estado en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la resolución 431 del 14 de febrero de 2024 por la cual se resolvió la pérdida de su investidura.

Para la fiscalía general queda claro que se han vulnerado preceptos constitucionales, al no respetar la cámara su propio reglamento que claramente establece los siete días hábiles que se le debe conceder a la persona afectada en este caso Kattya González, para presentar su defensa por escrito y tampoco la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.

Mafia de Pagarés: Suspendidas dos juezas de Paz sin goce de sueldo

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La Corte Suprema de Justicia resolvió la suspensión sin goce de sueldo de las juezas de Paz Liliana González de Bristot de San Roque y Carmen Analia Cibils Mignarro de La Encarnación.

Ambas quedan fuera del cargo hasta tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados emita sentencia definitiva en el marco del proceso abierto en contra de ambas magistradas por su presunta implicancia en la denominada mafia de pagarés.

Según la auditoría, tanto González de Bristot como Cibils Mignarro, han incurrido en graves actos en la tramitación de expedientes relacionados a cobro de guaraníes a los ciudadanos que en muchos casos hasta desconocen el inicio de estos procesos irregulares llevados adelante por ambas juezas.

Las juezas llegaron a firmar resoluciones en fechas inhábiles, las resoluciones no tenían fechas ni números, es decir, iniciaban juicios ejecutivos relacionados a pagarés sin las mínimas exigencias.

Las juezas suspendidas tampoco controlaron las notificaciones irregulares realizadas por sus funcionarios. Las juezas incluso incumplieron normas procesales en la tramitación de juicios, según lo argumentado por los ministros integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Las anomalías en las que incurrieron las suspendidas juezas perjudicaron gravemente a los ciudadanos que eran requeridos con documentos apócrifos, adulterados y hasta por cuentas ya canceladas.

La suspensión sin salario de las juezas fue por mayoría de votos y en disidencia votó el ministro Víctor Ríos quien pidió que las magistradas sean suspendidas con salario básico.

Ambas juezas también soportan una investigación penal por parte del Ministerio Público por su presunta participación en el esquema criminal montado para despojar de sus haberes a trabajadores jubilados o activos.


Se adelantó que desde la Corte Suprema de Justicia se trabaja para dar una respuesta inmediata para depurar las causas existentes en los juzgados de Paz de Capital y para ello, pedirán la colaboración de jueces de otras localidades para evitar mayores perjuicios a la ciudanía en el marco de estas causas.

El documento ya obra en poder de los ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes deberán aportar sus opiniones para luego aprobar un plan piloto con el fin de rencausar estos procesos en los juzgados de Paz de Asunción salpicados por la mafia de pagarés.

Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de plazos procesales en los juzgados de Paz de La Catedral, primer y segundo turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta, hasta el 14 de marzo.

Jueces mintieron para sancionarlo, afirma abogado

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Secundino Méndez apeló la sanción que le impuso el tribunal que llevo adelante el juicio de Walter Bower y otros. Señala que los jueces mintieron para fundar su sanción y amenaza seriamente el libre ejercicio del derecho limitando el uso de derechos procesales advirtió.

El abogado fue sancionado a pagar 100 días multas lo que equivale a G 10.762.000 como multa por los actos dilatorios, según el tribunal, ejecutados durante el juicio oral y público respecto a su cliente Osvaldo Vera condenado junto a Walter Bower por actos de tortura.

Secundino Méndez, alega que la resolución que lo sanciona carece de fundamentación al no fundar el juez Fabián Weisensee su decisión ya que, ante la convocatoria a audiencia disciplinaria al afectado, este votó en disidencia, sin embargo, votó por la sanción al abogado sin fundar su voto.

Que, a esto se suma que el tribunal de sentencia integrado por los jueces: Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo, alegaron hechos falsos para justificar la sanción al abogado defensor.

“El tribunal ha consignado falsamente que he ratificado una recusación que nunca presente. Nunca formulé ni ratifiqué recusación alguna al tribunal de sentencia, lo que hice fue ejercer la defensa técnica de mi cliente Osvaldo Vera, en el marco del trámite de su propia recusación. Un tercero no puede ratificar un escrito ajeno, por lo que es jurídicamente imposible que yo haya ratificado una recusación presentada por otro litigante. Me inventan que yo recusé dos veces, eso no es cierto, una sola vez recusé al tribunal”, menciona parte del argumento del profesional que busca revertir en instancias superiores la sanción que le impuso este tribunal de sentencia.

Méndez, agrega que, el derecho a apelar no puede ser sancionado y eso se asienta en la resolución que lo sanciona que haya apelado el rechazo de la recusación contra el tribunal.

Reiteró que, es gravísimo que un tribunal de la República esté plasmando hechos falsos para castigar el ejercicio del derecho y analiza incluso presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra el tribunal que le ha aplicado la sanción bajo argumentos falsos.

Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha requerido al tribunal de sentencia las compulsas del expediente en cuestión.

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