Los padres de la joven Sol Chávez quien falleció por intoxicación con Flúor, se volvieron a encadenar este jueves frente al Palacio de Justicia de Asunción para pedir un castigo ejemplar a las procesadas por la muerte de su hija.
La familia de la joven exige una condena elevada para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusadas por homicidio culposo. El nuevo juicio para ambas está pendiente tras anularse el fallo que les aplicó condenas leves, según la familia.
El nuevo juicio está fijado para el 12 de marzo próximo, pero, la defensa de la odontóloga a cargo del abogado Derlis Cespedes presentó una reposición con apelación en subsidio contra la citación del tribunal por estar pendiente una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia contra el fallo que anuló la sentencia impuesta en este caso.
En su momento, el tribunal de sentencia integrado por los jueces: Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee condenó a dos años de pena privativa de libertad a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, por el hecho punible de homicidio culposo por el fallecimiento por intoxicación con Flúor de la joven Sol Chávez.
Igualmente, el tribunal resolvió la medida de prohibición de ejercer la profesión para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza por un periodo de dos años y seis meses, que debía ser cumplida una vez compurgada la condena de dos años, pero, este fallo fue anulado y reenviado para un nuevo juicio oral y público donde una vez más el caso será debatido.
La víctima era paciente de Lilia Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00 h de ese mismo día.
Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, reza parte de la acusación del Ministerio Público.