Secundino Méndez apeló la sanción que le impuso el tribunal que llevo adelante el juicio de Walter Bower y otros. Señala que los jueces mintieron para fundar su sanción y amenaza seriamente el libre ejercicio del derecho limitando el uso de derechos procesales advirtió.
El abogado fue sancionado a pagar 100 días multas lo que equivale a G 10.762.000 como multa por los actos dilatorios, según el tribunal, ejecutados durante el juicio oral y público respecto a su cliente Osvaldo Vera condenado junto a Walter Bower por actos de tortura.
Secundino Méndez, alega que la resolución que lo sanciona carece de fundamentación al no fundar el juez Fabián Weisensee su decisión ya que, ante la convocatoria a audiencia disciplinaria al afectado, este votó en disidencia, sin embargo, votó por la sanción al abogado sin fundar su voto.
Que, a esto se suma que el tribunal de sentencia integrado por los jueces: Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo, alegaron hechos falsos para justificar la sanción al abogado defensor.
“El tribunal ha consignado falsamente que he ratificado una recusación que nunca presente. Nunca formulé ni ratifiqué recusación alguna al tribunal de sentencia, lo que hice fue ejercer la defensa técnica de mi cliente Osvaldo Vera, en el marco del trámite de su propia recusación. Un tercero no puede ratificar un escrito ajeno, por lo que es jurídicamente imposible que yo haya ratificado una recusación presentada por otro litigante. Me inventan que yo recusé dos veces, eso no es cierto, una sola vez recusé al tribunal”, menciona parte del argumento del profesional que busca revertir en instancias superiores la sanción que le impuso este tribunal de sentencia.
Méndez, agrega que, el derecho a apelar no puede ser sancionado y eso se asienta en la resolución que lo sanciona que haya apelado el rechazo de la recusación contra el tribunal.
Reiteró que, es gravísimo que un tribunal de la República esté plasmando hechos falsos para castigar el ejercicio del derecho y analiza incluso presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra el tribunal que le ha aplicado la sanción bajo argumentos falsos.
Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha requerido al tribunal de sentencia las compulsas del expediente en cuestión.
