Este miércoles el agente fiscal Irán Suárez, allanó el Estudio Jurídico de la abogada Zully Ortíz Garcete, representante de la firma Vanessa y Asociados, que está bajo investigación como presunta integrante de una organización criminal conformada para estafar a los ciudadanos asalariados, mediante demandas promovidas sobre deudas ya canceladas.
El fiscal señaló que el Estudio Jurídico allanado actuaba como extensión del juzgado de Paz de Benjamín Aceval y ello se pudo comprobar con la cantidad de expedientes judiciales que tenían en su despacho jurídico, 30 expedientes lo que fue retirado como evidencias, así como las notificaciones que estaban en los basureros fueron retirados para su análisis, explicó el fiscal.
La intervención se realizó en el marco de la investigación abierta por un equipo fiscal conocido como “mafia de los pagarés”, que presuntamente involucra a jueces de Paz, secretarios y ujieres, además de abogados y empresas, que están sindicados por el cobro compulsivo a las víctimas del esquema.
La pesquisa revela que, los pagarés son negociados entre particulares o de una a otra empresa, y la primera se desentiende de cualquier causa abierta, a pesar de haber cobrado la totalidad de lo comprometido y los otros se encargan de ejecutarlos como “impagos”.
Alicia Romero Rodríguez, una de las denunciantes de la abogada, ya suspendida en 2023, aseguró que firmó pagarés en blanco que luego fueron completados a la conveniencia de la demandada. Agregó que incluso los comprobantes que tenía cuando los firmó, y que estaban en blanco.
Romero Rodríguez, fue demandada por la firma Vanessa y Asociados SA, que está a nombre de Julio César Paiva y Mirtha Methel, por una deuda de G. 5.040.000 que ya pagó, y ahora pide anular el proceso porque le quieren cobrar G. 17.372.000, además de los honorarios, en dos ocasiones.
La fiscalía aún no ha formulado imputación contra ninguno de los partícipes del esquema que ha perjudicado y dañado gravemente la economía de muchos hogares con procesos irregulares que solo persiguen el lucro con la complicidad de los jueces de Paz que permitieron que estos expedientes incluso, terminen en empresas privadas.
