La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) se pronunció ante los recientes escándalos que afectan la imagen del sistema de justicia, solicitando una investigación objetiva y sanciones para los responsables.
En un comunicado, el gremio instó a las autoridades a llevar adelante una pesquisa basada en el debido proceso y el principio de legalidad. Además, llamó a sus asociados a actuar con integridad en los casos a su cargo y a aclarar cualquier situación que los involucre, como forma de contribuir al fortalecimiento de la democracia y recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Nuestra nucleación hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen objetivamente los hechos denunciados dentro del marco del debido proceso y el principio de legalidad sancionando a quienes resulten responsables de los hechos a ser demostrados”, reza parte del pronunciamiento.
La AMJP reiteró su pedido de estabilidad para los magistrados y autarquía presupuestaria como bases para asegurar la independencia judicial.
Este gremio representa a jueces paraguayos en la Unión Internacional de Magistrados (UIM) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).
Este jueves el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM, resolvió solicitar la suspensión de las juezas Carmen Silva, Ana Graciela Aguirre y Mirna Soto, las dos primeras fueron suspendidas también por la Corte por filtrar información a Lalo Gómes según los chats con el finado legislador.
Este jueves, el Jurado ha resuelto en base a las nuevas evidencias, la suspensión sin goce de salario de las magistradas por la liberación del narcotraficante Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorraõ, en la causa que afronta por el homicidio del periodista Leo Veras, donde este fue liberado por factores extraprocesales, según el ministro Manuel Ramírez Candia quien solicitó tras los chats publicados entre las dos magistradas con el finado legislador.
Ante posibles vínculos de las dos juezas con el crimen organizado, la Corte Suprema de Justicia en una sesión extraordinaria resolvió dicha medida administrativa especto a las dos juezas que no solo filtraban información al finado Lalo Gómes, le pedían instrucciones para ejecutar sus órdenes en el expediente de Cachorraõ.
La ministra Carolina Llanes vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, sugirió que ante la grave situación las juezas sean suspendidas preventivamente sin goce de salario, además de informar pormenorizadamente los antecedentes de ambas al Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Se solicitó a su vez, el dictamen de correspondencia del patrimonio de ambas juezas ligadas al crimen organizado y quienes han usado su cargo para beneficiar a organizaciones delictivas.
“Ante las noticias publicadas en relación a la presunta participación de las juezas Carmen Silva y Ana Graciela Aguirre, en presuntas conductas ilícitas configurativas de asociación criminal, manifestando una colaboración incondicional con personas vinculadas con grupos criminales, propongo a este pleno adoptar la siguiente medida, la suspensión preventiva de ambas magistradas sin goce de salario”, señaló tajante la ministra Carolina Llanes en su momento.
La posición de la ministra fue apoyada de forma unánime por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes tomaron una inmediata medida ante la grave situación que afecta la imagen del Poder Judicial.
Mientras el Ministerio Público espera acceder a los chats del finado diputado Lalo Gómes y afirmar al abogado Guillermo Duarte que su cliente no está investigado, Orlando Arévalo analiza retirar su renuncia.
El doctor Guillermo Duarte confirmó que al no estar indagado su cliente analizada retroceder en la intención de renunciar a su banca al aclararles los fiscales que su defendido no está siendo investigado.
Hasta el momento los fiscales no pudieron acceder a los chats de Lalo Gómes. El fiscal general del Estado Emiliano Rolón reiteró este jueves que para formular una imputación es necesario tener evidencia y la información completa y eso aún no tiene el Ministerio Público.
Pidió prudencia a los medios y la culpabilidad de busca. Recordó que, la única institución que ha tomado varias decisiones es el Ministerio Público con la integración de un equipo fiscal, la comunicación al JEM de la denuncia que recibieron de Osmar Legal para que este órgano tome la decisión que considere.
Tanto el Ministerio Público como los abogados aún no pudieron acceder a la copia íntegra de los chats del finado diputado colorado Lalo Gómes. Los mensajes ya públicos revelan cómo el extinto legislador manejaba los hilos de poder dentro del sistema de justicia.
El juez Osmar Legal citó a las partes para realizar la audiencia para la copia espejo, pero, los interesados tuvieron que acercar al juzgado un dispositivo de almacenamiento para cargar la información requerida.
El escándalo que una vez más salpica a miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM, políticos e integrantes del sistema de justicia deja al descubierto que este órgano extra poder sigue siendo utilizado con fines extorsivos y de recaudación.
Los abogados han anunciado que darán a conocer todo el contenido de los mensajes de texto del finado legislador que fue ultimado durante una intervención fiscal policial el año pasado.
Un equipo fiscal se encuentra indagando a Orlando Arévalo, Kattia Uemura, Stella Mary Cano, Lorenzo Lezcano y Sadi López, quienes fueron denunciados por el juez Osmar Legal quien tuvo acceso a la información que podría constituir hecho punible por ello realizó la comunicación al Ministerio Público.
De igual forma, el fiscal general ha resuelto ampliar el equipo fiscal con Luis Piñánez, que debe investigar los supuestos hechos de soborno que involucran a los indiciados por los chats de Lalo Gómes.
Ante las críticas respecto a los fiscales asignados a indagar el caso, se suma Piñanez a Francisco Cabrera y Verónica Valdez, mientras que, Néstor Coronel fue excluido del grupo de investigación.
El efectivo policial Gustavo Florentín, fue capturado con armas de fuego y droga en su poder. Según la información que manejan los intervinientes el acusado de haber matado al joven dirigente liberal, formaría parte hoy del Clan Rotela.
Florentín fue detenido en un asentamiento con armas de grueso calibre y una variedad de estupefacientes en su poder al momento de la intervención policial.
El policía Gustavo Florentín, cuyo proceso por el asesinato de Rodrigo Quintana fue elevado a juicio oral y se encuentra pendiente, contaba con una orden de captura por un caso de robo agravado y habría abandonado su cargo de policía para integrar el Clan de Javier Rotela.
Florentín, es el único acusado por el Ministerio Público por el crimen de Rodrigo Quintana. La diligencia se pudo desarrollar luego de varias chicanas procesales que frustraron la preliminar por años y el año pasado la jueza Diana Carvallo, pudo concluir la audiencia preliminar para Gustavo Florentín y elevó el caso a juicio.
Rodrigo Quintana, fue asesinado en la madrugada del 31 de marzo del 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.
El juicio oral para el acusado podría desarrollarse este año de no existir incidentes que impidan esta diligencia.
Wildo Machuca abandonó la cárcel de Tacumbú por decisión de la jueza Cynthia Lovera. Los padres de la niña lamentan la benevolencia con que es tratado el procesado teniendo en cuenta la gravedad del hecho y al tener su residencia solo a 2 minutos de la casa de la víctima.
Desde el 3 de febrero pasado Wildo Machuca goza de nuevo de su libertad al sustituirse su prisión preventiva por Lovera bajo el argumento de presentar forúnculos en la piel, que podrían poner en riesgo su vida, pero, el padre de la víctima desconoce si se integró un equipó médico o si existe un informe del médico forense del Poder Judicial o la fiscalía que certifique que estas erupciones en el procesado implique un riego para su vida.
Si bien la medida otorgada fue resuelta para que el hombre se interne y se someta a un tratamiento médico adecuado, ya fue visto en su casa según comentaron los vecinos al padre de la víctima.
“Esto es una joda, nos sorprendió, no sabemos ni que hacer. Está en su casa, no sabemos que hacer es un desastre la justicia, estamos con el Jesús en la boca, demasiado injusto es lo que pasamos. Mi hija no sabe, se pondría muy mal si sabe que el tipo en está en su casa. No sé si los papales que se presentaron son verdaderos, pero, se salieron con la suya”, sostuvo el dolido padre.
Agregó que como familia están tratando de ocupar el tiempo de la niña en actividades varias como el deporte y el arte para evitar que la misma siga siendo afectada por lo que pasó.
Reiteró que la injusticia que pasan no le desea a nadie ya que el desgaste emocional, económico y de tiempo es brutal y no se ven acompañados por la justicia como victimas de una situación tan grave.
Recordó que, incluso ya habían peleado bastante para lograr que Wildo Machuca pase a la cárcel en su momento tras permanecer 40 días en la comisaría primera de Sajonia y solo con la presión que imprimieron con su abogado se lo envió a Tacumbú.
Wildo Machuca fue imputado por el Ministerio Público por abuso sexual en niños, por haber abusado de la hija de sus amigos aprovechando la cercanía con la familia que hoy busca que se haga justicia.
La familia lamenta que Wildo Machuca hermano de la jueza Gloria Machuca, siga recibiendo privilegios de la justicia solo por tener una hermana jueza.
El padre de la niña reiteró que la familia no descansará hasta que se haga justicia y que permanecerán atentos al desarrollo de este proceso que para la familia es una tragedia y que no pararán hasta que haya una condena.
La decisión de la jueza a la fecha se encuentra firme debido a que la querella no apeló la decisión. La Fiscalía también se allanó al pedido de arresto domiciliario para Wildo Machuca, al considerar que el imputado ya no podría obstruir la investigación que está a días de concluir ya que el plazo para el acto conclusivo le fenece a la fiscalía el próximo 28 de febrero.
La jueza, igualmente impuso una millonaria fianza al proceso por más de G 800 millones valor de un inmueble como medida precautoria en caso de fuga.
La Corte Suprema de Justicia ha resuelto este miércoles aceptar la renuncia de la agente fiscal Artemisa Marchuk a fin de que la misma disfrute de su jubilación a partir de marzo próximo.
La fiscal adjunta Artemisa Marchuk, presentó su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. Marchuk, ha forjado una carrera basada en la honestidad y respeto desde sus inicios como una de las primeras agentes de delitos económicos del país.
En esta última etapa cumplía funciones como adjunta de la Unidad Especializada de Violencia Familiar, la Unidad contra el Contrabando, Propiedad Intelectual y es la agente fiscal que ha dictaminado que la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya González debía correr favorablemente ya que su destitución fue inconstitucional.
Marchuk, es muy bien considerada por el trato cálido que ha brindado a las personas que acuden a su unidad, es una persona preparada, correcta, educada y laboriosa que ha integrado numerosos equipos de trabajo en la que ha desempañado una tarea impecable.
Incluso Marckuk integró la mesa interinstitucional para la creación del Registro Único de violencia contra la mujer, en la que tuvo una activa participación para avanzar en este proceso y el combate al flagelo.
Alicia Pucheta dijo que todos están interesados en que el ministro César Garay sea el nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM y con ello, sería el primer ministro de la CSJ en presidir uno de los órganos más prestigiados en los últimos tiempos.
Públicamente se reconoce que la propuesta de su designación viene del Ejecutivo, confirmando una vez más la injerencia política sobre el órgano encargado de juzgar y sancionar a los magistrados, fiscales, defensores públicos y síndicos.
Pucheta, calificó como una persona confiable y honesta a César Garay por lo que también acompañará su postulación a la titularidad del JEM a su colega.
Con la designación de Garay al frente del JEM, se quiere en teoría frenar la injerencia política en este órgano, pero, resta saber si será solo por la coyuntura actual.
Por otro lado, Pucheta fue consultada por el escándalo que salpica a Orlando Arévalo a lo que respondió que, es él quien debe dar explicaciones y responder por sus actos y que ella no se tiene afectada por dicha situación.
La Corte Suprema de Justicia fue informada que, el Ministerio del Interior ha asegurado la seguridad del juez especializado Osmar Legal y se le ha entregado una camioneta blindada de la Senabico para su uso ante el pedido de la CSJ.
Osmar Legal, es el magistrado que ha puesto a conocimiento del Ministerio Público los chats de Lalo Gómes con actores políticos, fiscales y jueces para que se indague un posible hecho de soborno y otros hechos punibles.
Ante el avance del crimen organizado y el temor de la Corte de que algún poder extraño atente contra la integridad del juez, solicitó a Interior que brinde seguridad al juez y así asegurar si integridad física a lo que se ha hecho lugar.
El juez Osmar Legal, confirmó que los datos extraídos con autorización judicial del teléfono del diputado Lalo Gómes daría cuenta de la existencia de varios hechos punibles que involucran al político Orlando Arévalo y otros actores de la justicia.
Según Legal, dentro de la extracción de datos de aparatos celulares en la causa de Lalo Gomés, reveló posibles hechos punibles relacionados a otras personas como el diputado y miembro del JEM Orlando Arévalo, la fiscal Katia Uemura, la fiscal Stella Mary Cano y la jueza Sadi López.
El fiscal general ha resuelto ampliar el equipo fiscal con Luis Piñánez, que debe investigar los supuestos hechos de soborno que involucran a Orlando Arévalo, Kattia Uemura, Stella Mary Cano, Lorenzo Lezcano y Sadi López.
Ante las críticas respecto a los fiscales asignados a indagar el caso, se suma Piñánez a Francisco Cabrera y Verónica Valdez, mientras que, Néstor Coronel fue excluido del grupo de investigación.
El juez Víctor Nilo Rodríguez, indagado por su presunta participación en la mafia de los pagarés se ha puesto a disposición de la justicia y designó al abogado Secundino Méndez para ejercer su defensa.
El juez Nilo Rodríguez, actualmente se encuentra suspendido en sus funciones por decisión de la Corte Suprema de Justicia y forma parte de la lista de jueces investigados por su presunto vínculo en un esquema de estafa a particulares a través de pagarés.
Como primera medida Secundino Méndez ha solicitado al Ministerio Público que sea reconocida su calidad de defensor y que le provean de copias de la carpeta fiscal para ejercer una debida defensa.
Víctor Nilo Rodríguez es el único magistrado que hasta el momento se ha puesto a disposición de manera oficial ante el Ministerio Público y quien ya cuenta con defensor en la causa donde es salpicado.
La fiscalía se encuentra indagando hechos punibles de producción de documento de contenido falso, uso de documento público de contenido falso, cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorarios y prevaricato.
Se investiga una red creada para estafar, de momento no se puede estimar el perjuicio ocasionado a las víctimas por tratarse de miles de personas que fueron requeridas en más de una oportunidad por la misma o inexistente deuda con entidades bancarias.
La sospecha principal recae sobre los jueces de Paz quienes tienen a sus cargos estos expedientes y sin el más mínimo control sobre los documentos ya que unos 10.000 expedientes fueron encontrados en poder una empresa privada y debían estar en resguardo de los jueces de Paz de Capital.
El juez Osmar Legal quien puso a conocimiento del Ministerio Público el resultado de los chats de Lalo Gómes, con la nómina de los presuntos involucrados citados por él, Orlando Arévalo, Katia Uemura, Stella Mary Cano, Sadi López y Lalo Gómes, fue la mejor decisión, y que si lo hacía como personas innominadas el caso hubiese terminado en nada a juzgar por los dichos del fiscal general.
El magistrado sostuvo durante una entrevista con la 1080 AM que, su actuación está respaldada por la ley y que su decisión fue la correcta al tener conocimiento básico de los hechos que podrían constituir un hecho punible.
“Me siento satisfecho de lo que hice, se comunicó algunos de los hechos. Ellos son, (Ministerio Público) los que tienen que ahondar en más hechos. lo que debemos preguntarnos acá es qué pasaba si yo solamente comunicaba básicamente diciendo acá podría haber hecho punible y, sobre personas innominadas hagan ustedes ese trabajo, yo creo que el resultado según los dichos de ayer del fiscal general del Estado ya sabíamos qué iba a pasar. La norma es clara, se hace una comunicación indiciaria, me sorprende la posición del Ministerio Público”, señaló Osmar Legal.
Agregó que la cadena de custodia de la prueba no fue vulnerada, porque la información fue obtenida basada en una resolución jurisdiccional y la apertura del deslacrado se hizo en presencia de las partes y fueron partícipes de todos los actos.
Reiteró que no existió un quebrantamiento de custodia de la prueba ofrecida por el Ministerio Público y que la fiscalía debe indagar los hechos para determinar si la sospecha puesta a su conocimiento constituye un hecho punible.
Recordemos que el Ministerio Público ha integrado un equipo fiscal para investigar la causa, pero, alegan que la cadena de la prueba fue vulnerada por el propio juez que debe velar por la protección de estos elementos que podrían confirmar un hecho punible grave.
