Este lunes se realizó el primer encuentro para los jueces de garantías de Capital quienes tendrán a su cargo la implementación de las primeras 20 tobilleras electrónicas en las causas relacionadas a violencia familiar.

Durante el encuentro se puso hincapié en la necesidad de que los magistrados conozcan a cabalidad los por menores en la implementación de estos mecanismos de control sobre procesados y otro aspecto fundamental la protección de las víctimas que necesariamente deben ser escuchadas por el magistrado antes de beneficiar al procesado.

Son varias las aristas que el magistrado debe tener en cuenta para otorgar el beneficio de las tobilleras electrónicas a los imputados por este hecho punible. Ante el aumento descomunal de casos de esta naturaleza, se pensó en un mecanismo de control a distancia de los procesados y a su vez proteger a las víctimas de violencia.

Durante el encuentro, la ministra Carolina Llanes presidenta de la Sala Penal, destacó la vigencia de la ley y señaló que se han llevado a cabo mesas de trabajo interinstitucionales con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública. Explicó que la aplicación de los dispositivos electrónicos se implementará de manera progresiva, comenzando por Asunción para luego expandirse.

“Es fundamental que el proceso de implementación sea gradual para ajustar protocolos, leyes y acciones operativas”, afirmó. Resaltó la importancia de que los principales operadores del sistema conozcan su funcionamiento y aplicación.

Silvana Luraghi, coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la CSJ, explicó que el Poder Judicial forma parte de una Oficina de Control Interinstitucional, integrada por representantes de las instituciones

Los instructores del primer taller fueron la abogada Blanca González, coordinadora general de la Oficina de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), y el suboficial mayor Javier Melgarejo, asesor jurídico del Sistema 911.

Además, el doctor Carlos Hernán Escobar, director general del Sistema 911, presentó los componentes de los dispositivos, su funcionamiento y correcta aplicación. También participaron el comisario general Eladio Martínez, director del Centro de Seguridad de Emergencia de la Policía Nacional, y el defensor público César Escobar Torreani, coordinador de la Oficina de Control Interinstitucional por parte del Ministerio de la Defensa Pública.
La actividad tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Noveno Piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.

Los fiscales Leonardi Guerrero, Belinda Bobadilla, Luz Guerrero y Jorge Arce, ejecutaron una serie de allanamientos en los juzgados de Paz de Asunción salpicados por la mafia de los pagarés en busca de evidencias que puedan esclarecer el esquema criminal montado aparentemente en complicidad con los jueces.

Los juzgados que fueron allanados son: La Encarnación, San Roque, La Recoleta, La Catedral primer y segundo turno, los fiscales incautaron teléfonos celulares de algunos jueces y otros documentos para someterlos a estudio.

Los juzgados intervenidos este lunes están a cargo de los jueces de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, San Roque, Liliana González de Bristot, La Encarnación, Carmen Analia Cibils, Catedral, primer turno a cargo del juez Gustavo Villalba Báez y Catedral segundo turno a cargo de la jueza Nathalia Garcete Aquino.

«Esta intervención tiene como finalidad ubicar los expedientes que ya fueron detectados por la auditoría y que llaman la atención. La investigación es muy amplia, estamos trabajando con un gran equipo de trabajo de otras unidades para tratar de agrupar la mayoría de los casos, no podemos aventurarnos a formular una imputación y dejar fuera otros hechos, estamos trabajando. Incautamos expedientes ya identificados y teléfonos celulares de jueces y actuarios», señaló Belinda Bobadilla una de las agentes fiscales que lleva el caso.

Los fiscales asignados en esta causa además de Belinda Bobadilla son: Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes indagarán la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de Capital, para este allanamiento contaron con la colaboración de otros fiscales anticorrupción para incautar documentos.

La denuncia menciona un esquema criminal montado para defraudar a particulares jubilados docentes o activos de sus haberes. Se sospecha que existe una vinculación directa de los jueces en la estructura delictiva.

También se menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz y con el allanamiento realizado en el lujoso departamento de ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se comprobó.

La abogada Noelia Núñez dijo que con su equipo jurídico se encuentran visitando varios puntos del país para reunirse con las víctimas de la rosca mafiosa que utiliza hasta pagarés sin fecha para despojar de sus habares a docentes jubilados y trabajadores activos mayoritariamente.

Comentó que, que una experiencia familiar la llevó a asumir la representación gratuita de las víctimas de este sistema perverso porque su hermano también jubilado fue víctima del mismo esquema, motivo por el que busca ayudar gratuitamente a los afectados.

Sostuvo que, con su equipo de trabajo ya fueron hasta Ciudad del Este y visitarán también Caaguazú, Encarnación, Concepción, al igual que otras zonas del país para asesorar a las víctimas en base a las documentaciones que acerquen a la abogada sea por teléfono o en persona.

Agregó que, la mitad de la población paraguaya es víctima de la mafia de pagarés a quienes busca instruir para defenderse de este esquema criminal ante el primer embargo de salario que tengan.

Por otro lado, la abogada criticó duramente a los jueces de Paz quienes hoy se encuentran investigados por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la mafia de los pagarés.

“No puede centrarse los procesos en cuatro o cinco juzgados y constatarse que se estaban cometiendo irregularidades con notificaciones que vulneraban el derecho de las personas y que estaban enriqueciendo a las autoridades jurisdiccionales y para mí son los jueces los representantes de la ley, los que deberían de administrar justicia, han permitido que Paraguay esté en un estado pandemia de mafia y corrupción”, sostuvo a la abogada Noelia Núñez a Judiciales Net.

Mencionó que, no solo se ha reutilizado los pagarés, sino que no cumplen con las mínimas condiciones legales para ser ejecutadas como el no poseer fecha y de igual forma sirvió para embargar el salario de los jubilados o trabajadores.

Recordemos que el Ministerio Público halló unos 10.000 expedientes en una empresa privada, documentos que debían estar bajo resguardo del Poder Judicial, sin embargo, estaban en una empresa privada.

La escandalosa cantidad de expedientes judiciales de todos los juzgados de Paz de Capital encontrados en la empresa confirma la desprolija y grosera complicidad de los juzgados de Paz que han permitido que documentos donde se le exige cobro de guaraníes a particulares estén en posesión de una empresa privada.

El abogado penalista Guillermo Duarte señaló que, asume la defensa del diputado Orlando Arévalo no porque concuerde con su conducta o porque lo conozca, sino por las arbitrariedades cometidas por el mismo juez de caso, Osmar Legal.

Mencionó que, fue el propio juez Osmar Legal quien ha violado la cadena de custodio de los chats al filtrar la información a la prensa invalidando las pruebas que debían ser expuestas en presencia de las partes. Que no contento con eso, compartió información de manera selectiva, plasmando algunos nombres y obviando otros como el de Lorenzo Lezcano.

Dijo que de ninguna manera es aceptable la forma en que el juez ha llevado adelante el procedimiento, ya que el fin no justifica los medios y por ser cartista o la peor persona sus derechos deben ser respetados.

Agregó que la única finalidad de exponer los chats de Lalo Gómez por el juez Osmar Legal, fue la de mancillar la imagen de Orlando Arévalo quien impulsaba la destitución de Legal por el asesinato de Eulalio Lalo Gómes.

“Yo asumí la representación del diputad Arévalo no porque yo concuerde con su conducta o porque yo lo conozca a él como persona, lo que yo como abogado penalista no puedo tolerar es que haya habido una filtración desde el mismo juzgado penal de garantías, desde la persona que tiene el deber de custodiar e debido proceso y la evidencia y que de allí venga una filtración por parte del juez Osmar Legal, esa circunstancia no es tolerable para nadie, ni para el bueno, ni para el malo, aunque este sea cartista, aunque este sea lo peor que se pueda decir no puede se le hacer eso a nadie y eso es lo que a mí me llevó a intervenir en este proceso”, acotó el doctor Guillermo Duarte.

Agregó que, hasta el momento la fiscalía no le ha permitido acceder a la carpeta fiscal porque no saben si su cliente es el investigado. Mencionó al fiscal Luis Piñánez como el fiscal renuente a permitir a la defensa acceder a la carpeta fiscal.