El Ministerio Público indaga la existencia de varios hechos punibles en la causa conocida como la mafia de pagarés, se sospecha que los integrantes del esquema criminal perpetraron cinco hechos punibles en la gigantesca trama que ha perjudicado a miles de compatriotas.
La causa abierta investiga los hechos punibles de producción de documento de contenido falso, uso de documento público de contenido falso, cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorarios y prevaricato.
Los fiscales asignados en el caso han realizado varios allanamientos, entre ellos en el departamento de una ujier, los juzgados y la constitución en una empresa privada que tenía bajo su posesión cerca de 10.000 expedientes confirmando el manejo deshonesto y grosero de los expedientes que debían estar bajo el resguardo y control de los jueces de Paz de Capital.
Igualmente, con los allanamientos en los juzgados de Capital se pudo constatar las condiciones pésimas en las que estaban almacenados estos expedientes que están dispuestos hasta en los rincones menos esperados. Al cumplir estos expedientes con el embargo de salario, el resguardo de estos papeles ya no es de interés del juzgado mantenerlo en un lugar adecuado en perfectas condiciones.
Los fiscales Leonardi Guerrero, Belinda Bobadilla, Luz Guerrero, Nathalia Silva y Jorge Arce, ejecutaron este lunes una serie de allanamientos en los juzgados de Paz de Asunción salpicados por la mafia de los pagarés en busca de evidencias que puedan esclarecer el esquema criminal montado aparentemente en complicidad con los jueces de Paz.
Los juzgados que fueron allanados son: La Encarnación, San Roque, La Recoleta, La Catedral primer y segundo turno, los fiscales incautaron teléfonos celulares de algunos jueces y otros documentos para someterlos a estudio.
Los juzgados intervenidos este lunes están a cargo de los jueces de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, San Roque, Liliana González de Bristot, La Encarnación, Carmen Analia Cibils, Catedral, primer turno a cargo del juez Gustavo Villalba Báez y Catedral segundo turno a cargo de la jueza Natalia Garcete Aquino.
La intervención tuvo como finalidad ubicar los expedientes que ya fueron detectados por la auditoría y que llaman la atención, según los investigadores la causa es muy amplia y aun necesitan de tiempo para analizar todas las aristas y agrupar la mayor cantidad de casos para imputar por tratarse de miles de expedientes los que deben ser sometidos a estudio.
La denuncia menciona un esquema criminal montado para defraudar a particulares jubilados docentes o activos de sus haberes. Se sospecha que existe una vinculación directa de los jueces en la estructura delictiva.
También se menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz y con el allanamiento realizado en el lujoso departamento de ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se comprobó.
