La sobrina nieta de la primera mujer abogada del Paraguay destacó el legado de Serafina Dávalos y sostuvo que su lucha por la igualdad, la justicia y la emancipación de las mujeres a través de la educación mantiene plena vigencia. El reconocimiento se realizó durante la instalación de un busto de la pionera del derecho en el acceso de la Facultad de Derecho de la UNA.

La figura de Serafina Dávalos, pionera del derecho y de la lucha por los derechos de las mujeres en Paraguay, volvió a ocupar un lugar central en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), institución de la que fue la primera mujer egresada.

Durante el acto de instalación de un busto en su homenaje, Rosemary Dávalos, sobrina nieta de Serafina Dávalos y presidenta de la Asociación Rescatando a Serafina, expresó su emoción por el reconocimiento y destacó especialmente a la jueza Pili Rodríguez, a quien definió como “Serafina 2”.

“Estoy absolutamente emocionada, agradezco a la organizadora, a Serafina dos, quien está aquí a mi lado. Agradezco profundamente, es un día demasiado importante para mi familia, y también debería serlo para el país”.

Dávalos resaltó que el homenaje adquiere una dimensión especial al realizarse precisamente en la casa de estudios donde Serafina Dávalos hizo historia.

“Su casa de estudio le rinde este merecido homenaje, que era algo que a mí me preocupaba, que no se conociera la tesis de Serafina Dávalos, que estudiantes, jueces y juezas no sabían que existía una mujer que en 1907 defendió una tesis brillante, como lo dicen juristas que sí pueden justipreciar el valor de esa tesis sobre Humanismo”.

Una pionera del derecho

Durante su intervención, Rosemary Dávalos recordó la dimensión histórica de la figura de Serafina Dávalos y enumeró algunos de los hitos que marcaron su trayectoria.

“Ella fue la primera mujer egresada de esta Facultad, la primera egresada universitaria del Paraguay, fue la primera doctora en Derecho, la primera en Latinoamérica que pudo ejercer el derecho”.

Según destacó, otras mujeres habían obtenido previamente el título de abogadas en países de la región, pero encontraron impedimentos para ejercer la profesión.

“Tres mujeres antes que ella, chilena, una peruana y una mexicana, se recibieron de abogada, no les dejaron ejercer la profesión. Sin embargo, Serafina, tras defender su tesis doctoral en 1907, abrió su Estudio Jurídico en Cerro Corá casi Independencia Nacional, en pleno centro. Ella instaló”.

Para Dávalos, el legado de su antepasada no se limita a haber sido pionera en el ámbito jurídico, sino que está profundamente vinculado con las ideas que defendió a lo largo de su vida.

“Pedía y consiguió lo que fue posible en esa época, que haya igualdad y justicia”

La presidenta de la Asociación Rescatando a Serafina también recordó los antecedentes académicos de Dávalos y señaló que sus ideas sobre los derechos de las mujeres comenzaron a manifestarse incluso antes de la defensa de su tesis doctoral.

“Ella era una brillante estudiante de Derecho, eso consta en archivos. Siendo alumna del segundo año de la Facultad, ella dio una conferencia, en agosto de 1903, a la que llamó ‘El feminismo’, donde aparecían prácticamente todas las ideas que desarrolló después en su tesis doctoral Humanismo”.

Finalmente, Rosemary Dávalos sintetizó lo que considera el principal legado de Serafina Dávalos:

“Si algo hizo Serafina es que pedía y consiguió que haya igualdad, justicia y que las mujeres se emancipen a través de la educación”.

El acto de instalación del busto busca recuperar así la presencia de una mujer que, desde comienzos del siglo XX, desafió las barreras de género existentes en el ámbito académico y profesional y dejó un legado estrechamente ligado al derecho, la educación y la igualdad.

Documentos que pueden contener parte de la historia y los orígenes de personas adoptadas décadas atrás fueron incorporados al acervo del Museo de la Justicia, como parte de una iniciativa destinada a preservar la memoria documental del Fuero de la Niñez y Adolescencia.

Un total de 196 expedientes y 210 informes de seguimiento de adopciones internacionales fueron entregados al Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial. La documentación corresponde a procesos remitidos en su momento por autoridades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia y abarca, aproximadamente, el periodo comprendido entre 1986 y 1992.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia y responsable del Fuero de la Niñez y Adolescencia, Carolina Llanes, encabezó el acto de entrega y destacó el valor que estos registros representan no solo para la institución, sino principalmente para las personas cuyas historias quedaron asentadas en ellos.

Llanes sostuvo que se trata de un patrimonio documental vinculado a ciudadanos que, en su momento, depositaron su confianza en el sistema de justicia para concretar decisiones trascendentales en sus vidas, tanto respecto de los niños involucrados como de las familias que participaron de los procesos de adopción.

“La documentación tiene que ser preservada, obviamente en un espacio adecuado como es este museo, para que las personas interesadas en conocer su historia tengan acceso a los mismos, así como la ciudadanía en general”, afirmó la ministra, al remarcar la necesidad de garantizar la conservación de estos antecedentes.

Documentos que pueden reconstruir una identidad

La entrega fue formalizada por el coordinador de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y Adolescencia (Otana), Guillermo Trovato, quien puso los documentos a disposición del director del Museo de la Justicia, José Agustín Fernández.

Los registros fueron organizados en cajas y contienen tanto los expedientes originales en papel como archivos digitalizados almacenados en dispositivos electrónicos. El trabajo de organización, custodia y digitalización comenzó en 2022, con el objetivo de evitar el deterioro o la pérdida de información considerada de alto valor histórico y humano.

Trovato explicó que los legajos contienen datos que pueden resultar determinantes para quienes, años después, busquen reconstruir sus orígenes.

Entre la información conservada figura el nombre original con el que el niño fue registrado en Paraguay antes de la adopción, así como los datos consignados en informes elaborados por asistentes sociales durante la época. En algunos casos, los documentos permiten identificar a la madre y a los abuelos biológicos.

“Probablemente, para algunos sean solo papeles, pero para alguna persona en el mundo representan toda su vida, su origen”, expresó Trovato, al dimensionar el significado que puede adquirir un expediente judicial varias décadas después de haber sido archivado.

El magistrado señaló que, como parte de la labor de Otana, se realizó un proceso de clasificación, protección y digitalización de los documentos antes de transferirlos al Museo de la Justicia, donde quedarán bajo resguardo como parte de la memoria institucional del Poder Judicial.

El derecho a conocer los propios orígenes

La preservación de estos expedientes adquiere especial relevancia desde la perspectiva del derecho a la identidad, debido a que la información contenida en ellos podría convertirse en una herramienta para personas adoptadas que, con el paso de los años, busquen conocer detalles de su historia personal.

“Con esto estamos acercando la justicia a quienes necesitan reconstruir su historia”, sostuvo Trovato, quien consideró que el acceso a estos antecedentes podría ayudar a ciudadanos paraguayos adoptados en el extranjero a conocer información sobre sus orígenes y completar aspectos pendientes de su historia de vida.

A su turno, el director del Museo de la Justicia, José Agustín Fernández, resaltó que conocer el origen y saber de dónde venimos constituye un derecho humano fundamental. En ese contexto, destacó la importancia de conservar los documentos históricos como una forma de proteger la memoria y comprender el pasado para proyectar el futuro.

La incorporación de estos expedientes al archivo judicial representa, de esta manera, mucho más que la conservación de antiguos documentos administrativos. Se trata de preservar testimonios que podrían ser fundamentales para que personas adoptadas puedan reconstruir parte de su identidad y acceder a información sobre su pasado.

Del acto participaron la doctora Gloria Elizabeth Benítez Ramírez, integrante del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia de Asunción y de Otana; las magistradas Rosalba Garay, Clara Estigarribia y Graciela Fernández, además de autoridades judiciales, funcionarios, la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, e invitados especiales.

El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) reunió a autoridades y especialistas nacionales e internacionales durante la tercera jornada de análisis sobre el sistema penitenciario paraguayo. El encuentro puso en discusión los avances del nuevo modelo de gestión penitenciaria, así como los desafíos que persisten en materia de derechos humanos, prisión preventiva, condiciones de reclusión y reinserción social.

Los principales desafíos del sistema penitenciario paraguayo fueron analizados durante la Jornada 3, denominada “Derechos Humanos y Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el financiamiento de la Unión Europea (UE), en el marco del proyecto “Acceso a la justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

La actividad reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil y especialistas del ámbito nacional e internacional, quienes abordaron la situación actual de las penitenciarías, las transformaciones impulsadas desde el Estado y las condiciones necesarias para avanzar hacia una gestión que coloque la protección de los derechos humanos como uno de sus ejes fundamentales.

Analizar los avances y mirar los desafíos pendientes

Uno de los principales ejes de la jornada fue el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, implementado por el Ministerio de Justicia, cuyo propósito es transformar los regímenes de reclusión bajo un enfoque transversal de derechos humanos.

El debate permitió poner en perspectiva los avances alcanzados y, al mismo tiempo, identificar las brechas que todavía requieren respuestas institucionales. La discusión incorporó experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales, con el propósito de contribuir a una gestión penitenciaria orientada no solamente a la seguridad, sino también a la dignidad de las personas privadas de libertad y a su reinserción social.

Durante el primer panel, denominado “Sistema Penitenciario: Actualidad y proyecciones a futuro”, participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y Elizabeth Flores Negri, del Centro de Estudios Judiciales.

Nicora remarcó que la verdadera transformación penitenciaria no se limita a la infraestructura, sino que implica construir un sistema capaz de generar seguridad. En ese sentido, señaló que uno de los principales problemas es el hacinamiento, situación que dificulta avanzar hacia una reinserción efectiva.

Por su parte, Elizabeth Flores Negri, del Centro de Estudios Judiciales, sostuvo que las investigaciones y otras iniciativas impulsadas desde el CEJ tienen como objetivo humanizar la gestión penitenciaria, respetando los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

“Las políticas públicas no solo involucran al Estado, es responsabilidad de todos”, afirmó.

Una mirada internacional sobre los derechos de las personas privadas de libertad

La segunda parte de la jornada estuvo centrada en la “Protección de Derechos Humanos en el sistema penitenciario: Desafíos y avances pendientes”, con la participación de especialistas vinculados al ámbito académico y a organismos internacionales.

La doctora Ana Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, aportó una mirada académica y comparada sobre los modelos penitenciarios y los estándares internacionales aplicables a la protección de las personas privadas de libertad.

Rodríguez Yagüe señaló que, dentro de la Unión Europea, existen instrumentos de derechos humanos de carácter vinculante para los países que los suscriben. Explicó que en los últimos años se puso especial atención en la situación de los sistemas penitenciarios, principalmente ante problemas como el hacinamiento y la sobrepoblación.

También hizo referencia a las condiciones de reclusión, los tratos degradantes y el respeto a la dignidad humana, incluyendo aspectos como las condiciones de las celdas, la cantidad de camas disponibles y el acceso a sanitarios.

En ese contexto, señaló que se ha aplicado una estrategia orientada a no construir más cárceles y a considerar la privación de libertad como una medida de última instancia.

Por su parte, Carlos Alessandro, experto asociado del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), incorporó al debate una perspectiva regional, con énfasis en las políticas penitenciarias y los procesos de reinserción social.

“Proponemos, con el observatorio, tener un indicador, monitoreo y evaluación, y llevar ello a las políticas públicas”, sostuvo.

Asimismo, recomendó involucrar a los gobiernos locales para determinar el lugar y las condiciones en las que reside la persona que ha cometido un ilícito.

“Ninguna recomendación cambia una celda por sí sola”, concluyó.

El panel también contó con la participación de Norma Colledani, coordinadora de la Sección de Políticas Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien abordó los desafíos pendientes desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.

“En primer lugar, valoramos este espacio. Todos estos esfuerzos institucionales buscan proteger los derechos humanos y abordar los desafíos. ¿Cómo vamos a seguir atendiendo los derechos de las personas privadas de libertad?”, planteó.

Colledani señaló además que el Estado de derecho no se agota en las normas y las leyes, sino que también implica establecer límites a la actuación del poder público.

“El reconocimiento de los derechos no es suficiente ante actos que los vulneran. Las autoridades deben ejercer un control de convencionalidad”, afirmó.

Hacia una política penitenciaria con enfoque de derechos

La jornada permitió poner en diálogo distintas perspectivas sobre una problemática que trasciende las condiciones físicas de las penitenciarías. La gestión de los centros de reclusión también involucra cuestiones vinculadas con el acceso a la justicia, la prisión preventiva, el tratamiento de las personas privadas de libertad, la reinserción social y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, el encuentro planteó la necesidad de que las transformaciones del sistema penitenciario tengan continuidad y puedan traducirse en políticas públicas sostenibles, capaces de responder a las dificultades estructurales que persisten.

La discusión tomó como referencia la Constitución Nacional y las Reglas de Mandela, además de experiencias internacionales y recomendaciones de organismos especializados en materia penal y de derechos humanos.

La participación de representantes del Estado, la academia, organismos internacionales y la sociedad civil permitió generar un espacio de intercambio orientado a fortalecer las capacidades institucionales y aportar elementos para la construcción de una política penitenciaria más acorde con los estándares de derechos humanos.

El debate dejó así planteada una cuestión central: la reforma penitenciaria no solo debe transformar la manera de gestionar las cárceles, sino también fortalecer la respuesta del Estado frente a quienes se encuentran bajo su custodia, garantizando seguridad, justicia y respeto irrestricto de los derechos humanos.