El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) reunió a autoridades y especialistas nacionales e internacionales durante la tercera jornada de análisis sobre el sistema penitenciario paraguayo. El encuentro puso en discusión los avances del nuevo modelo de gestión penitenciaria, así como los desafíos que persisten en materia de derechos humanos, prisión preventiva, condiciones de reclusión y reinserción social.
Los principales desafíos del sistema penitenciario paraguayo fueron analizados durante la Jornada 3, denominada “Derechos Humanos y Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el financiamiento de la Unión Europea (UE), en el marco del proyecto “Acceso a la justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
La actividad reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil y especialistas del ámbito nacional e internacional, quienes abordaron la situación actual de las penitenciarías, las transformaciones impulsadas desde el Estado y las condiciones necesarias para avanzar hacia una gestión que coloque la protección de los derechos humanos como uno de sus ejes fundamentales.
Analizar los avances y mirar los desafíos pendientes
Uno de los principales ejes de la jornada fue el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, implementado por el Ministerio de Justicia, cuyo propósito es transformar los regímenes de reclusión bajo un enfoque transversal de derechos humanos.
El debate permitió poner en perspectiva los avances alcanzados y, al mismo tiempo, identificar las brechas que todavía requieren respuestas institucionales. La discusión incorporó experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales, con el propósito de contribuir a una gestión penitenciaria orientada no solamente a la seguridad, sino también a la dignidad de las personas privadas de libertad y a su reinserción social.
Durante el primer panel, denominado “Sistema Penitenciario: Actualidad y proyecciones a futuro”, participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y Elizabeth Flores Negri, del Centro de Estudios Judiciales.
Nicora remarcó que la verdadera transformación penitenciaria no se limita a la infraestructura, sino que implica construir un sistema capaz de generar seguridad. En ese sentido, señaló que uno de los principales problemas es el hacinamiento, situación que dificulta avanzar hacia una reinserción efectiva.
Por su parte, Elizabeth Flores Negri, del Centro de Estudios Judiciales, sostuvo que las investigaciones y otras iniciativas impulsadas desde el CEJ tienen como objetivo humanizar la gestión penitenciaria, respetando los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
“Las políticas públicas no solo involucran al Estado, es responsabilidad de todos”, afirmó.
Una mirada internacional sobre los derechos de las personas privadas de libertad
La segunda parte de la jornada estuvo centrada en la “Protección de Derechos Humanos en el sistema penitenciario: Desafíos y avances pendientes”, con la participación de especialistas vinculados al ámbito académico y a organismos internacionales.
La doctora Ana Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, aportó una mirada académica y comparada sobre los modelos penitenciarios y los estándares internacionales aplicables a la protección de las personas privadas de libertad.
Rodríguez Yagüe señaló que, dentro de la Unión Europea, existen instrumentos de derechos humanos de carácter vinculante para los países que los suscriben. Explicó que en los últimos años se puso especial atención en la situación de los sistemas penitenciarios, principalmente ante problemas como el hacinamiento y la sobrepoblación.
También hizo referencia a las condiciones de reclusión, los tratos degradantes y el respeto a la dignidad humana, incluyendo aspectos como las condiciones de las celdas, la cantidad de camas disponibles y el acceso a sanitarios.
En ese contexto, señaló que se ha aplicado una estrategia orientada a no construir más cárceles y a considerar la privación de libertad como una medida de última instancia.
Por su parte, Carlos Alessandro, experto asociado del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), incorporó al debate una perspectiva regional, con énfasis en las políticas penitenciarias y los procesos de reinserción social.
“Proponemos, con el observatorio, tener un indicador, monitoreo y evaluación, y llevar ello a las políticas públicas”, sostuvo.
Asimismo, recomendó involucrar a los gobiernos locales para determinar el lugar y las condiciones en las que reside la persona que ha cometido un ilícito.
“Ninguna recomendación cambia una celda por sí sola”, concluyó.
El panel también contó con la participación de Norma Colledani, coordinadora de la Sección de Políticas Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien abordó los desafíos pendientes desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.
“En primer lugar, valoramos este espacio. Todos estos esfuerzos institucionales buscan proteger los derechos humanos y abordar los desafíos. ¿Cómo vamos a seguir atendiendo los derechos de las personas privadas de libertad?”, planteó.
Colledani señaló además que el Estado de derecho no se agota en las normas y las leyes, sino que también implica establecer límites a la actuación del poder público.
“El reconocimiento de los derechos no es suficiente ante actos que los vulneran. Las autoridades deben ejercer un control de convencionalidad”, afirmó.
Hacia una política penitenciaria con enfoque de derechos
La jornada permitió poner en diálogo distintas perspectivas sobre una problemática que trasciende las condiciones físicas de las penitenciarías. La gestión de los centros de reclusión también involucra cuestiones vinculadas con el acceso a la justicia, la prisión preventiva, el tratamiento de las personas privadas de libertad, la reinserción social y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, el encuentro planteó la necesidad de que las transformaciones del sistema penitenciario tengan continuidad y puedan traducirse en políticas públicas sostenibles, capaces de responder a las dificultades estructurales que persisten.
La discusión tomó como referencia la Constitución Nacional y las Reglas de Mandela, además de experiencias internacionales y recomendaciones de organismos especializados en materia penal y de derechos humanos.
La participación de representantes del Estado, la academia, organismos internacionales y la sociedad civil permitió generar un espacio de intercambio orientado a fortalecer las capacidades institucionales y aportar elementos para la construcción de una política penitenciaria más acorde con los estándares de derechos humanos.
El debate dejó así planteada una cuestión central: la reforma penitenciaria no solo debe transformar la manera de gestionar las cárceles, sino también fortalecer la respuesta del Estado frente a quienes se encuentran bajo su custodia, garantizando seguridad, justicia y respeto irrestricto de los derechos humanos.
