Documentos que pueden contener parte de la historia y los orígenes de personas adoptadas décadas atrás fueron incorporados al acervo del Museo de la Justicia, como parte de una iniciativa destinada a preservar la memoria documental del Fuero de la Niñez y Adolescencia.
Un total de 196 expedientes y 210 informes de seguimiento de adopciones internacionales fueron entregados al Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial. La documentación corresponde a procesos remitidos en su momento por autoridades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia y abarca, aproximadamente, el periodo comprendido entre 1986 y 1992.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia y responsable del Fuero de la Niñez y Adolescencia, Carolina Llanes, encabezó el acto de entrega y destacó el valor que estos registros representan no solo para la institución, sino principalmente para las personas cuyas historias quedaron asentadas en ellos.
Llanes sostuvo que se trata de un patrimonio documental vinculado a ciudadanos que, en su momento, depositaron su confianza en el sistema de justicia para concretar decisiones trascendentales en sus vidas, tanto respecto de los niños involucrados como de las familias que participaron de los procesos de adopción.
“La documentación tiene que ser preservada, obviamente en un espacio adecuado como es este museo, para que las personas interesadas en conocer su historia tengan acceso a los mismos, así como la ciudadanía en general”, afirmó la ministra, al remarcar la necesidad de garantizar la conservación de estos antecedentes.
Documentos que pueden reconstruir una identidad
La entrega fue formalizada por el coordinador de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y Adolescencia (Otana), Guillermo Trovato, quien puso los documentos a disposición del director del Museo de la Justicia, José Agustín Fernández.
Los registros fueron organizados en cajas y contienen tanto los expedientes originales en papel como archivos digitalizados almacenados en dispositivos electrónicos. El trabajo de organización, custodia y digitalización comenzó en 2022, con el objetivo de evitar el deterioro o la pérdida de información considerada de alto valor histórico y humano.
Trovato explicó que los legajos contienen datos que pueden resultar determinantes para quienes, años después, busquen reconstruir sus orígenes.
Entre la información conservada figura el nombre original con el que el niño fue registrado en Paraguay antes de la adopción, así como los datos consignados en informes elaborados por asistentes sociales durante la época. En algunos casos, los documentos permiten identificar a la madre y a los abuelos biológicos.
“Probablemente, para algunos sean solo papeles, pero para alguna persona en el mundo representan toda su vida, su origen”, expresó Trovato, al dimensionar el significado que puede adquirir un expediente judicial varias décadas después de haber sido archivado.
El magistrado señaló que, como parte de la labor de Otana, se realizó un proceso de clasificación, protección y digitalización de los documentos antes de transferirlos al Museo de la Justicia, donde quedarán bajo resguardo como parte de la memoria institucional del Poder Judicial.
El derecho a conocer los propios orígenes
La preservación de estos expedientes adquiere especial relevancia desde la perspectiva del derecho a la identidad, debido a que la información contenida en ellos podría convertirse en una herramienta para personas adoptadas que, con el paso de los años, busquen conocer detalles de su historia personal.
“Con esto estamos acercando la justicia a quienes necesitan reconstruir su historia”, sostuvo Trovato, quien consideró que el acceso a estos antecedentes podría ayudar a ciudadanos paraguayos adoptados en el extranjero a conocer información sobre sus orígenes y completar aspectos pendientes de su historia de vida.
A su turno, el director del Museo de la Justicia, José Agustín Fernández, resaltó que conocer el origen y saber de dónde venimos constituye un derecho humano fundamental. En ese contexto, destacó la importancia de conservar los documentos históricos como una forma de proteger la memoria y comprender el pasado para proyectar el futuro.
La incorporación de estos expedientes al archivo judicial representa, de esta manera, mucho más que la conservación de antiguos documentos administrativos. Se trata de preservar testimonios que podrían ser fundamentales para que personas adoptadas puedan reconstruir parte de su identidad y acceder a información sobre su pasado.
Del acto participaron la doctora Gloria Elizabeth Benítez Ramírez, integrante del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia de Asunción y de Otana; las magistradas Rosalba Garay, Clara Estigarribia y Graciela Fernández, además de autoridades judiciales, funcionarios, la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, e invitados especiales.
