El abogado Rodrigo González Masulli cuestionó la brecha que, a su criterio, existe entre los principios que se estudian en la academia y la forma en que determinadas instituciones del proceso penal son aplicadas en los tribunales. Advirtió que estas diferencias terminan generando incertidumbre entre los litigantes y contribuyen a problemas como la saturación de los tribunales de sentencia.
El joven profesional sostuvo que uno de los principales desafíos del sistema de justicia paraguayo se encuentra en la falta de correspondencia entre la teoría jurídica y su aplicación cotidiana. Señaló que, incluso en algunos casos, quienes transmiten en las aulas los fundamentos y particularidades del proceso penal son los mismos magistrados que posteriormente deben aplicar esas reglas en los tribunales.
“Muchas veces percibo ciertos desencuentros entre lo que se enseña en la academia y lo que realmente pasa día a día en tribunales”, afirmó González Masulli, al analizar las dificultades que enfrenta el litigante al momento de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante su formación.
A su criterio, esta situación termina provocando un escenario de incertidumbre para los abogados que intervienen en los procesos judiciales. “Muchas veces inclusive ciertos magistrados son profesores en los cursos de posgrado y enseñan muchísima experiencia y particularidades del proceso penal; sin embargo, cuando toca bajar las enseñanzas a la práctica, suelen haber ciertas dificultades y eso yo creo que en el litigante genera incertidumbre”, sostuvo.
Cuestionamientos a la aplicación de las medidas cautelares
Uno de los ejemplos mencionados por el abogado tiene relación con las medidas cautelares de carácter personal o real.
González Masulli recordó que durante la formación académica existe un amplio desarrollo doctrinario respecto al carácter excepcional de estas medidas y sobre la necesidad de que se cumplan determinados presupuestos para que puedan ser solicitadas y, eventualmente, decretadas por un órgano jurisdiccional.
Sin embargo, considera que en la práctica persisten actuaciones que se alejan de esos criterios.
“Cuando uno estudia en la academia ya está harto discutido que son excepcionales, que se deben cumplir ciertos requisitos para que estas se soliciten o se decreten. Hablamos de la prisión preventiva y también de las medidas cautelares de carácter real”, explicó.
El profesional cuestionó que, pese a esa concepción jurídica, determinadas solicitudes cautelares puedan plantearse con ligereza y que posteriormente sean admitidas por los juzgados.
“Siguiendo la inercia o costumbre que hay en tribunales, se solicita a la ligera y el juez ciertamente pasa por alto y se decreta la prisión preventiva”, manifestó.
Para el abogado, este tipo de situaciones evidencia una contradicción entre la formación jurídica y la respuesta concreta que se observa en determinados procesos. “Eso realmente no condice con lo que se enseña en los cursos de posgrado”, remarcó.
La etapa intermedia, otro punto crítico
González Masulli también puso la mira sobre la etapa intermedia del proceso penal, a la que considera una instancia fundamental para garantizar un adecuado control de la acusación antes de que el caso llegue a juicio oral.
Según explicó, la doctrina y la formación académica atribuyen a esta etapa una función esencial: actuar como un filtro que permita determinar qué causas cuentan con mérito suficiente para avanzar y cuáles deberían quedar fuera de la etapa de juicio.
“La etapa intermedia es también un punto súper estudiado en los cursos, en que esta etapa debe servir como un filtro para que las causas que no tienen mérito no lleguen a juicio oral”, señaló.
No obstante, cuestionó la forma en que ese control jurisdiccional se desarrolla en la práctica. Afirmó que, en determinados casos, pareciera que los jueces de garantías no realizan con la profundidad necesaria el análisis que corresponde al recibir una acusación.
“Parece que cuando un juez de garantías recibe una acusación no hace ese control jurisdiccional que realmente le corresponde”, sostuvo.
La consecuencia, según su análisis, termina repercutiendo en todo el sistema penal: expedientes que podrían no tener mérito suficiente para llegar a juicio avanzan hasta los tribunales de sentencia, aumentando la carga de trabajo y contribuyendo a la saturación de estas instancias.
“Terminamos con la consecuencia de que los tribunales de sentencia están saturados y el sistema de justicia entero se resiente por esa falta de control que ocurre en la etapa intermedia”, advirtió.
Formación académica y experiencia internacional
González Masulli es abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde se destacó como alumno sobresaliente. También es egresado de la Escuela Judicial y cuenta con una especialización en Derecho Penal por la Universidad de la Cuenca del Plata.
Actualmente amplía su formación académica en el Reino Unido, donde cursa un LLM (Magister Legum) en la Universidad Queen Mary of London, gracias a la Beca Chevening del Gobierno Británico.
Desde esa perspectiva, el profesional plantea la necesidad de mirar críticamente la aplicación práctica de las normas y los principios procesales. Su cuestionamiento apunta a una problemática que, según sostiene, no solo afecta a quienes ejercen la profesión, sino que también tiene consecuencias sobre el funcionamiento general del sistema de justicia.
La falta de uniformidad entre lo que establece la doctrina, lo que se enseña en las aulas y lo que finalmente ocurre en los tribunales, advierte, puede traducirse en incertidumbre para los litigantes y en una mayor presión sobre un sistema judicial que ya enfrenta importantes niveles de saturación.
