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Fiscalía acusa a Stella Mary Cano y pide juicio oral

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La fiscal de Derechos Humanos Sonia Sanguinés presentó acusación formal contra la exfiscal Stella Mary Cano por el presunto hecho punible de persecución de inocentes y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral. Según la acusación, Cano habría ordenado la detención arbitraria de un ciudadano italiano y, mientras permanecía privado de su libertad, este habría sido obligado a entregar bienes por un valor superior a G. 778 millones.

La exfiscal Stella Mary Cano enfrenta una acusación del Ministerio Público por el presunto delito de persecución de inocentes, a raíz de una investigación relacionada con la detención de un ciudadano italiano en el 2018.

La fiscal de Derechos Humanos, Sonia Sanguines, sostiene en su acusación que Cano dispuso la captura del hombre apenas seis días después de haber recibido una denuncia por un supuesto caso de estafa.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la Fiscalía apunta al fundamento utilizado para ordenar la detención: la entonces agente fiscal habría argumentado una supuesta “falta de arraigo” del ciudadano extranjero.

Sin embargo, de acuerdo con la acusación, el hombre contaba con documentación paraguaya y un local comercial establecido, elementos que, según el Ministerio Público, demostrarían que tenía vínculos con el país.

Denuncia por estafa y detención

La investigación fiscal sostiene que, tras la denuncia, Cano ordenó la detención del ciudadano italiano en un plazo de seis días. El hombre permaneció privado de su libertad mientras avanzaban las actuaciones vinculadas al caso.

En ese contexto se habría producido uno de los hechos centrales de la acusación: la entrega de sus bienes.

Según la Fiscalía, mientras se encontraba detenido, el hombre fue presionado para firmar documentos mediante los cuales cedió todos los muebles y bienes de su salón de belleza, cuyo valor estimado superaba los G. 778 millones.

A esta entrega se sumó también un vehículo, de acuerdo con los elementos expuestos por el Ministerio Público.

Liberado después de entregar sus bienes

La acusación sostiene además que la privación de libertad terminó poco después de concretarse la entrega de los bienes.

Según el relato fiscal, aproximadamente una hora y media después de que el hombre cediera su patrimonio, Cano dispuso su liberación.

Otro de los puntos cuestionados por Sanguines es que la entonces fiscal habría ordenado la libertad sin haber tomado previamente declaración indagatoria al detenido.

Para el Ministerio Público, esta secuencia de acontecimientos constituye uno de los elementos relevantes para sostener la acusación por persecución de inocentes.

La causa que terminó sin delito

El caso tuvo además una resolución posterior que, según la Fiscalía, resulta determinante: años después, la Justicia estableció que no existió delito en los hechos que habían dado origen a la investigación contra el ciudadano italiano.

Con base en estos antecedentes, la fiscal Sanguines presentó la acusación formal contra Cano y pidió que la exagente fiscal sea sometida a juicio oral y público, instancia en la que deberán ser debatidas las pruebas y determinadas las eventuales responsabilidades penales.

De acuerdo con la acusación, el hecho atribuido a la exfiscal contempla una expectativa de pena de hasta 10 años de prisión.

Condena histórica por abuso sexual infantil

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Un Tribunal de Sentencia impuso una condena de 35 años a un hombre declarado responsable de abusar sexualmente de una niña de 3 años, hechos que derivaron en el fallecimiento de la pequeña. La pena contempla 30 años de privación de libertad y otros cinco años de medidas de seguridad, en lo que constituye una de las condenas más severas dictadas en un caso de estas características.

La acusación estuvo a cargo de la agente fiscal de Ñemby, Gladys González, quien durante el juicio logró acreditar la responsabilidad del procesado en los abusos cometidos contra la niña, de quien era abuelastro.

De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, los abusos se produjeron en reiteradas ocasiones. El condenado, además, ya contaba con una condena anterior por abuso sexual en niños, correspondiente a otro caso en el que la víctima era hermana de la niña fallecida.

El caso salió a la luz en un hospital

La investigación se inició en junio de 2021, cuando la niña fue ingresada al Hospital de Clínicas en delicado estado de salud. La pequeña padecía síndrome de West, una enfermedad que le impedía hablar y caminar, condición que además dificultaba que pudiera comunicar lo ocurrido.

Durante la atención médica, los profesionales detectaron signos que generaron sospechas sobre una situación de abuso y dieron aviso a las autoridades.

La fiscal González acudió al centro asistencial y requirió la documentación e informes médicos relacionados con el estado de la niña. Los estudios permitieron establecer la existencia de lesiones graves y reiteradas.

La víctima presentaba traumatismos crónicos que se habían agravado al momento de la evaluación médica, además de hemorragias, hematomas y desgarros. A ello se sumaron un cuadro de deshidratación, shock hipovolémico y shock séptico, que posteriormente derivó en una falla multiorgánica.

La gravedad de las lesiones y las complicaciones que sufrió la niña terminaron provocando su muerte.

Con la prueba presentada durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo la acusación y logró que el Tribunal de Sentencia estableciera la responsabilidad penal del hombre, quien deberá cumplir 30 años de cárcel, más cinco años de medidas de seguridad.

Pili Rodríguez: El Derecho también fue construido por mujeres

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La magistrada y docente Pili Rodríguez, destacó la trascendencia de que la primera jurista paraguaya Serafina Dávalos tenga un busto en un lugar de preponderancia dentro de la Facultad de Derecho de la UNA. Señaló que el homenaje permitirá que las nuevas generaciones conozcan, desde el primer día de su formación, el legado de una mujer que abrió caminos para la igualdad y la participación femenina en el Paraguay.

“Es un sueño largamente anhelado”, expresó la magistrada y docente Pili Rodríguez durante el acto de develación del busto de Serafina Dávalos, instalado en el acceso de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), quien ha impulsado y hecho realidad que la figura de la primera jurista local sea instalada en la entrada de la Facultad.

Para Rodríguez, la colocación del busto representa la continuidad de una serie de acciones destinadas a rescatar y reivindicar la memoria de quien fue una figura pionera del Derecho paraguayo y de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

“Esto va de la mano con todo lo que se venía haciendo, para rescatar su memoria, con el auditorio de la Corte Suprema, todo lo que significa reconocer el legado de Serafina, al igual que el rescate de su casa, de su palacete”, señaló.

La magistrada consideró especialmente significativo que el busto se encuentre precisamente en la Facultad de Derecho, institución vinculada a la formación de generaciones de juristas.

“Cómo no va a estar en el lugar donde ella empezó a abrir caminos”, afirmó.

Un lugar de preponderancia

Rodríguez resaltó además el sitio elegido para colocar el busto: la entrada de la Facultad de Derecho, junto al fundador de la institución, Bernardino Caballero.

“Sobre todo, en un lugar, en un sitial de preponderancia, en la entrada de la facultad, al lado del fundador de la facultad, Bernardino Caballero, Serafina como primera mujer y pionera en todo lo que tenga que ver con abrir caminos y espacios para la presencia de las mujeres en igualdad de derechos en Paraguay”, manifestó.

La docente puso especial énfasis en la importancia pedagógica del homenaje. Consideró que la presencia permanente de la figura de Dávalos dentro de la Facultad permitirá que los estudiantes conozcan su historia desde el inicio de su carrera.

“El derecho fue construido no solamente por hombres, sino también por grandes mujeres, como lo es Serafina Dávalos”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que las nuevas generaciones ya no tendrán que descubrir casi por casualidad quién fue la primera jurista paraguaya.

“Creo que ya otras generaciones no serán como nosotros, que luego de leer mucho o por alguna casualidad de la vida escuchó el nombre de Serafina”, reflexionó.

Y agregó: “El primer día de la facultad ya van a saber de la doctora Serafina Dávalos, de su historia, de su trayectoria y todo lo que hizo para reivindicar el derecho de las mujeres para la igualdad entre hombre y mujer en Paraguay”.

“Septiembre es el mes de Serafina”

La fecha del homenaje tuvo también un significado especial. El acto se realizó en coincidencia con el aniversario 149 del nacimiento de Serafina Dávalos, quien nació en septiembre, defendió su tesis el 17 de septiembre y falleció el 27 de septiembre de 1957.

“Septiembre es un mes muy importante, porque, coincidentemente, Serafina nace en septiembre, defiende su tesis el 17 de septiembre y fallece un 27 de septiembre de 1957. Entonces, siempre decimos septiembre es el mes de Serafina”, explicó Rodríguez.

Para la magistrada, la develación del busto constituye así la concreción de un anhelo que se fue construyendo durante años a través de distintas iniciativas de reivindicación de la figura de Dávalos.

“Esto era lo que hace mucho soñamos y, francamente, hoy pudo ser, en este septiembre”, subrayó.

El rescate de una memoria

Rodríguez también destacó el trabajo de la asociación “Rescatando a Serafina”, de la que forma parte, y cuyo propósito inicial estuvo relacionado con la búsqueda de los restos de la jurista.

“Tuve el honor y la apertura de que la presidenta y también el fundador de la asociación Rescatando a Serafina, Rosmary Dávalos y Gustavo Ilutovich, me dieron un espacio en la asociación”, relató.

Explicó que el trabajo comenzó con “la búsqueda de los restos de Serafina Dávalos”, una tarea que, según señaló, continúa pendiente.

“Pero en ese caminar se dieron muchas aperturas, muchos espacios, muchas reivindicaciones”, manifestó.

Entre esas reivindicaciones se encuentra ahora el reconocimiento público de su figura dentro de la Facultad de Derecho de la UNA, donde su busto quedó instalado como parte de la memoria institucional.

Rodríguez agradeció especialmente al decano de la Facultad de Derecho, Carlos Gustavo González Morel, por haber permitido concretar la iniciativa.

“Sin su sí, sin su apertura, creo que no íbamos a hacer historia como lo estamos haciendo hoy en la facultad”, afirmó.

Para la magistrada, el homenaje trasciende la colocación de una escultura: representa una forma de incorporar a Serafina Dávalos a la memoria cotidiana de quienes se forman en el ámbito jurídico.

Una mujer que, desde la academia y el Derecho, desafió los límites de su época y abrió espacios para que otras mujeres pudieran ocuparlos.

“Serafina como primera mujer y pionera en todo lo que tenga que ver con abrir caminos y espacios para la presencia de las mujeres en igualdad en Paraguay”, resumió Rodríguez.

Derechos humanos, eje de debate en la tercera jornada sobre el sistema penitenciario

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El Centro de Estudios Judiciales (CEJ), desarrollará hoy jueves 10 de septiembre la tercera jornada sobre el sistema penitenciario paraguayo. El encuentro reunirá a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de organismos vinculados a la protección de los derechos humanos para debatir sobre los avances, desafíos y perspectivas de la gestión penitenciaria.

El hacinamiento, los recursos limitados y las elevadas tasas de prisión preventiva constituyen algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema penitenciario paraguayo. En este contexto, la discusión sobre las condiciones de reclusión y el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad adquiere especial relevancia y exige respuestas que trasciendan las medidas coyunturales.

Con ese propósito, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) llevará adelante este jueves 10 de septiembre la Jornada 3: “Derechos Humanos y Sistema Penitenciario”, en el marco del proyecto “Acceso a la justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”, una iniciativa impulsada por el CEJ con el financiamiento de la Unión Europea (UE).

La actividad se desarrollará desde las 18:00, en el Hotel Granados Park, y propone un espacio de diálogo técnico sobre el presente y el futuro del sistema penitenciario, con especial atención a las políticas de gestión, la protección de derechos y las condiciones necesarias para avanzar hacia un modelo que priorice la dignidad humana y la reinserción social.

Un debate necesario frente a los desafíos del sistema penitenciario

La jornada se desarrolla en un momento en que el Ministerio de Justicia implementa el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, orientado a transformar los regímenes de reclusión mediante un enfoque transversal de derechos humanos.

La consolidación de este proceso plantea la necesidad de evaluar las brechas que aún persisten y contrastar la experiencia paraguaya con estándares y buenas prácticas desarrollados a nivel internacional. En ese sentido, el encuentro busca generar un intercambio que permita identificar tanto los avances alcanzados como aquellos aspectos que todavía requieren respuestas institucionales.

El objetivo general de la jornada es promover un espacio de diálogo sobre el modelo de gestión penitenciaria, tomando como referencia las buenas prácticas existentes a nivel nacional e internacional y las recomendaciones de organismos especializados en materia penal y de derechos humanos.

Una mirada que trasciende las fronteras

Uno de los aspectos centrales del encuentro será precisamente la posibilidad de incorporar al debate distintas perspectivas provenientes del ámbito público, académico y de la sociedad civil.

La jornada contará con la participación del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y de Elizabeth Flores Negri, del Centro de Estudios Judiciales, quienes integrarán el primer panel denominado “Sistema Penitenciario: Actualidad y proyecciones a futuro”.

El segundo panel, “Protección de Derechos Humanos en el sistema penitenciario: Desafíos y avances pendientes”, reunirá a especialistas con experiencia en el ámbito internacional y regional: Ana Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha; Carlos Alessandro, experto asociado de ILANUD; y Norma Colledani, coordinadora de la Sección de Políticas Públicas de la CIDH.

La presencia de especialistas vinculados a organismos y espacios académicos internacionales permitirá incorporar al análisis paraguayo las recomendaciones internacionales, la evidencia empírica y las experiencias comparadas en materia de gestión penitenciaria, tratamiento de las personas privadas de libertad y reinserción social.

Derechos humanos como eje de la política penitenciaria

La propuesta parte de un principio fundamental: la privación de libertad no implica la pérdida de los demás derechos fundamentales. Por ello, cualquier proceso de transformación del sistema penitenciario debe contemplar no solo aspectos de infraestructura y administración, sino también las condiciones de vida, el acceso a la justicia, el tratamiento digno y las posibilidades reales de reinserción.

La jornada toma como referencia la Constitución Nacional y las Reglas de Mandela, incorporando además elementos del Modelo Europeo de Gestión Penitenciaria y procurando analizar su posible adaptación a la realidad paraguaya.

En este escenario, el debate adquiere una dimensión que excede al funcionamiento de las penitenciarías. Se trata de discutir qué modelo de política criminal y penitenciaria pretende construir el país y cuáles son las herramientas necesarias para garantizar que las personas privadas de libertad sean tratadas conforme a los estándares de derechos humanos.

Hacia una política penitenciaria sostenible

La iniciativa del CEJ, con el apoyo financiero de la Unión Europea, apunta precisamente a fortalecer las capacidades del Estado paraguayo para reducir la vulnerabilidad jurídica de las personas privadas de libertad y contribuir a la humanización de las condiciones de encierro.

La tercera jornada busca, además, sistematizar los aprendizajes acumulados y aportar elementos para la construcción de una hoja de ruta conceptual que contribuya a la sostenibilidad de las políticas públicas en materia criminal y penitenciaria.

El encuentro representa así una oportunidad para poner sobre la mesa los avances registrados, pero también para reconocer los nudos críticos que todavía persisten en un sistema que enfrenta importantes desafíos estructurales.

En definitiva, hablar de reforma penitenciaria es hablar también de justicia, derechos humanos y seguridad. La construcción de un sistema más eficiente no puede desvincularse de la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas de reclusión y oportunidades efectivas de reinserción.

En ese desafío, la articulación entre las instituciones públicas, la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional resulta clave para que la transformación del sistema penitenciario paraguayo no quede limitada a un cambio de modelo administrativo, sino que se traduzca en políticas sostenibles y en una protección efectiva de los derechos de quienes se encuentran privados de libertad.

La Jornada 3 “Derechos Humanos y Sistema Penitenciario” será este jueves 10 de septiembre, a las 18:00, en el Hotel Granados Park, con acceso libre y gratuito.

Derecho UNA rinde justo homenaje a Serafina Dávalos

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En el 149.º aniversario de su natalicio, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción rindió homenaje a la Dra. Serafina Dávalos con la develación de un busto conmemorativo, como reconocimiento a quien marcó un antes y un después en la historia jurídica, académica y social del Paraguay.

En una jornada cargada de significado para la comunidad universitaria, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FDCS-UNA) develó este miércoles un busto en homenaje a la Dra. Serafina Dávalos, coincidiendo con el 149.º aniversario de su natalicio.

La ceremonia tuvo lugar en el pórtico de acceso principal de la institución, como parte de una iniciativa establecida mediante la Resolución N.º 795/2026, que dispone la instalación del busto conmemorativo en reconocimiento a la destacada jurista paraguaya.

La doctora Pili Rodríguez tuvo a su cargo el discurso de apertura y destacó, en el marco de la develación del busto, la figura de Serafina Dávalos como una mujer que abrió las puertas para muchas otras. Asimismo, recordó una de las célebres frases de su tesis doctoral, Humanismo:

“Si queremos realmente un país verdaderamente democrático, donde la libertad, la justicia y la igualdad sean hermosas realidades, debemos comenzar a construir las bases del hogar en perfecta igualdad”.

Por su parte, el decano de la Facultad, Carlos Morel, felicitó a la doctora Pili Rodríguez por la iniciativa y destacó la importancia de hacer justicia con la memoria de Serafina Dávalos.

También participaron del acto su sobrina nieta, Rosemary Dávalos, y Gustavo Ilutovich, quienes celebraron y destacaron el inmenso valor que representa para la familia y para el país que la primera mujer abogada y doctora en Derecho sea reconocida por su propia casa de estudios y que, desde hoy, ocupe un lugar en la entrada de la Facultad de Derecho.

Una mujer que abrió camino en el Derecho paraguayo

El homenaje adquiere especial relevancia por la dimensión histórica de la figura de Serafina Dávalos. Nacida el 9 de septiembre de 1877, se convirtió en una de las principales precursoras de la participación de las mujeres en el ámbito jurídico y académico del Paraguay.

En 1907 obtuvo el título de Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, convirtiéndose en la primera mujer paraguaya en alcanzar el grado de doctora en Derecho y en la primera mujer egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.

Su trayectoria trascendió ampliamente la obtención de un título universitario. Dávalos utilizó el conocimiento jurídico y académico como una herramienta para cuestionar las desigualdades de su época y plantear la necesidad de una sociedad en la que las mujeres pudieran acceder plenamente a la educación y ejercer sus derechos.

Una de las expresiones más significativas de su pensamiento quedó plasmada en su tesis doctoral, “Humanismo”, obra en la que abordó la situación de las mujeres y sostuvo la necesidad de su formación y del reconocimiento de sus derechos.

Un busto para que su legado permanezca

La instalación del busto representa, en ese sentido, mucho más que un reconocimiento de carácter simbólico. Su ubicación en el acceso de la Facultad de Derecho busca mantener presente, en el espacio cotidiano de formación de futuros profesionales del Derecho, la figura de una mujer que desafió las limitaciones sociales de su tiempo y abrió caminos que posteriormente serían transitados por otras generaciones.

Preservar la memoria de Serafina Dávalos supone también evitar que su aporte quede reducido a una referencia histórica. Su nombre forma parte de la construcción de la historia jurídica paraguaya y su pensamiento continúa ofreciendo elementos para reflexionar sobre la igualdad, el acceso a la educación y la vigencia efectiva de los derechos.

Por ello, el homenaje adquiere una dimensión especial para las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho: cada vez que atraviesen el pórtico de la Facultad, encontrarán también la imagen de quien, hace más de un siglo, abrió una puerta que hasta entonces permanecía prácticamente cerrada para las mujeres en el ámbito jurídico.

La figura de Serafina Dávalos permanece así vinculada a la propia historia de la institución. Su legado no pertenece únicamente al pasado: forma parte de los desafíos presentes y de la responsabilidad de las nuevas generaciones de mantener vigentes las conquistas alcanzadas y continuar ampliando el horizonte de los derechos.

Con este homenaje, la FDCS-UNA busca que la memoria de una de sus figuras más emblemáticas permanezca viva y que su trayectoria siga siendo conocida, estudiada y valorada por quienes hoy se forman en sus aulas.

Porque recordar a Serafina Dávalos no significa únicamente mirar hacia atrás. Significa reconocer a una pionera y asumir el compromiso de que las puertas que ella ayudó a abrir nunca vuelvan a cerrarse.

Grave: Detectan “expedientes fantasma” en Concepción

Una grave situación que involucra a juzgados penales de Garantías de Concepción fue expuesta durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. El ministro Eugenio Jiménez Rolón informó sobre la detección de resoluciones judiciales vinculadas con la entrega de vehículos como depositario judicial que, según los primeros elementos recogidos, habrían sido incorporadas en expedientes en formato papel pese a que ya se encontraba operativo el sistema de expediente judicial electrónico en dicha Circunscripción.

El caso salió a la luz a raíz de un accidente de tránsito. Durante la verificación de la documentación que justificaba la tenencia de uno de los vehículos involucrados, apareció un Auto Interlocutorio del año 2023, dictado aparentemente por un juzgado de Concepción, mediante el cual se designaba como depositario judicial del automóvil a uno de los protagonistas del incidente.

Sin embargo, la resolución generó dudas cuando fue contrastada con el expediente al que supuestamente correspondía.

Una resolución que no correspondía al expediente

Según explicó Jiménez Rolón ante el pleno, la agente fiscal interviniente comunicó la situación al actual juez, quien inició una investigación al advertir que el Auto Interlocutorio mencionado no correspondía al expediente en el cual supuestamente había sido dictado.

El magistrado realizó algunas diligencias y posteriormente comunicó los resultados al presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Fabio Alberto Cabañas.

El informe fue elevado a consideración del ministro Jiménez Rolón el 21 de agosto. Ante la gravedad de los indicios, el ministro dispuso que se formulara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

“En cumplimiento de la obligación legal correspondiente, formúlese la denuncia pertinente en la brevedad posible ante el Ministerio Público”, fue la instrucción impartida, según relató durante la sesión de la máxima instancia judicial.

Auditoría a todos los juzgados de Garantías

Además de poner el caso en conocimiento de la Fiscalía, Jiménez Rolón informó que ese mismo 24 de agosto remitió una nota a la Dirección General de Auditoría para solicitar una auditoría integral del funcionamiento y la gestión de todos los juzgados Penales de Garantías de Concepción.

La decisión no se circunscribe al juzgado inicialmente mencionado, debido a que la investigación administrativa busca determinar si las irregularidades detectadas podrían extenderse a otros órganos jurisdiccionales.

Aunque la auditoría todavía no concluyó, el ministro señaló que ya existen elementos que llaman la atención de los investigadores.

Entre ellos, mencionó el hallazgo de nueve expedientes en los que se detectaron circunstancias consideradas llamativas respecto de las adjudicaciones de automotores en calidad de depositarios judiciales.

“La invención de un expediente en formato papel”

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que algunas de las resoluciones encontradas aparecen en formato papel, pese a que fueron emitidas en un periodo en el que ya se encontraba operativo el expediente judicial electrónico.

El ministro calificó esta circunstancia como particularmente grave y señaló que, de confirmarse, implicaría la creación de expedientes fuera del circuito ordinario de gestión judicial.

“Se ha procedido a la invención de un expediente en formato papel que, obviamente, no existía en el modo normal en que funcionan los juzgados actualmente”, afirmó Jiménez Rolón.

La expresión fue utilizada por el ministro para describir los elementos encontrados durante la revisión preliminar y deberá ser contrastada con el resultado de la auditoría y de la investigación fiscal.

El Ministerio Público deberá determinar responsabilidades

La denuncia ya fue remitida al Ministerio Público, que deberá establecer si los hechos denunciados podrían constituir algún tipo de ilícito y determinar quiénes eventualmente pudieron intervenir.

En paralelo, la auditoría de la Corte Suprema deberá establecer cómo fueron generados los documentos, quiénes tuvieron intervención en su elaboración o incorporación, a qué vehículos correspondían las resoluciones y bajo qué circunstancias se dispusieron las designaciones de depositarios judiciales.

El caso adquiere especial relevancia porque involucra la trazabilidad y seguridad de los expedientes judiciales, particularmente en un sistema en el que las actuaciones deben quedar registradas dentro de plataformas electrónicas oficiales.

Por ahora, tanto la investigación fiscal como la auditoría administrativa se encuentran en curso. Los hallazgos iniciales, entre ellos los nueve expedientes mencionados por el ministro, deberán ser sometidos a un análisis documental y jurídico para determinar si se trató de irregularidades administrativas, errores en la gestión de expedientes o si existen elementos que puedan derivar en responsabilidades disciplinarias o penales.

A raiz de la denuncia la Corte Suprema, ya adoptó las primeras medidas: denuncia ante el Ministerio Público y auditoría integral a los juzgados Penales de Garantías de Concepción.

Fiscalía toma declaraciones en el caso de Hugo Javier

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Dos personas privadas de libertad (PPL) prestaron declaración ante el fiscal Luis Chamorro, en el marco de la investigación abierta tras el hallazgo del exgobernador de Central Hugo Javier González, quien fue encontrado con heridas en el baño de su celda mientras se encontraba recluido en cumplimiento de una condena de 10 años de prisión por hechos de corrupción en pandemia.

Declararon Mathías Velázquez también recluso y a su vez, licenciado en enfermería y uno de los primeros en asistir a González tras ser encontrado herido, y Erick Villasanti, quien vendía chipas con Hugo Javier.

Durante su declaración, Velázquez aportó detalles sobre el estado en que encontró a González y los primeros momentos de la asistencia. Según manifestó, el exgobernador “tuvo dos episodios de convulsión cuando llegamos”.

El dato forma parte de los elementos que ahora deberán ser contrastados por los investigadores con las demás evidencias reunidas en la causa, particularmente con los informes médicos y las circunstancias en que se produjo el hallazgo.

La última conversación

Por su parte, Erick Villasanti fue consultado sobre el contacto que mantuvo con González antes del episodio.

El interno señaló que “a las 17:30 fue la última vez que hablé con él para rendir la venta de chipas”, haciendo referencia a la actividad comercial que ambos desarrollaban dentro del penal.

Este testimonio interesa a los investigadores para establecer una línea de tiempo de las horas previas al momento en que González fue encontrado con las heridas.

La Fiscalía deberá analizar, entre otros aspectos, quiénes tuvieron contacto con el exgobernador, en qué condiciones se encontraba antes del episodio y qué ocurrió posteriormente hasta que recibió asistencia.

Fiscalía busca esclarecer las circunstancias

La investigación continúa abierta y el Ministerio Público busca reconstruir los pormenores del hecho, incluyendo las circunstancias en que se produjeron las múltiples heridas sufridas por González mientras se encontraba privado de libertad.

Los testimonios recogidos forman parte de las diligencias destinadas a establecer una secuencia de los acontecimientos y determinar si las lesiones son compatibles con la hipótesis que eventualmente surja de la investigación.

Hugo Javier González cumple una condena de 10 años de prisión por hechos de corrupción relacionados con el manejo de fondos durante la pandemia. Actualmente permanece recluido y recibe atención médica tras el episodio ocurrido dentro del establecimiento penitenciario.

La Fiscalía continúa con la toma de declaraciones y la recopilación de elementos que permitan esclarecer qué sucedió en el interior de la celda y establecer, si corresponde, eventuales responsabilidades.

Se realizaron 70 preliminares en una semana en Capital

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El 58% de las audiencias preliminares programadas en juzgados de Capital se concretó durante la última semana de agosto y primeros días de setiembre. Los pedidos de suspensión fueron la principal causa de interrupción, según el reporte de la Corte Suprema de Justicia.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el reporte de seguimiento de las audiencias preliminares realizadas entre el 31 de agosto y el 4 de setiembre de 2026, con datos correspondientes a los juzgados Penales de Garantías, Delitos Económicos, Niñez y Adolescencia y los órganos especializados en Crimen Organizado de la Capital.

El informe registra un total de 120 audiencias preliminares programadas durante el periodo analizado. De ese universo, 70 fueron efectivamente diligenciadas, equivalente al 58%, mientras que otras 50 audiencias fueron suspendidas, lo que representa el 42%.

Pedidos de suspensión, la principal causa

Entre las audiencias que no pudieron desarrollarse, la causa más frecuente fueron los pedidos de suspensión, que representaron 31 casos.

El segundo motivo identificado fue la incomparecencia, con 10 audiencias suspendidas. A estas se suman situaciones vinculadas con la defensa y la tramitación de los procesos.

El reporte detalla además tres suspensiones por falta de abogado defensor, tres por renuncia de mandato y una debido a la falta de traslado.

Asimismo, se registró una suspensión por interposición de recursos y otra relacionada con la falta de espacio físico.

Seguimiento a la gestión judicial

El relevamiento forma parte del seguimiento que realiza la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional sobre el desarrollo de las audiencias programadas en los distintos órganos jurisdiccionales.

Estos controles permiten identificar tanto el nivel de cumplimiento de la agenda judicial como los principales factores que inciden en la suspensión de las audiencias, un aspecto relevante dentro de la gestión de los procesos penales.

En la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 4 de setiembre, los datos muestran que más de cuatro de cada diez audiencias preliminares previstas no llegaron a realizarse.

El informe incluye a juzgados de distintas especialidades y permite contar con una radiografía semanal sobre el desarrollo de esta etapa procesal en los tribunales de la Capital.

Despierta Paraguay: denuncian ante la Corte la posible filtración

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La abogada Alejandra Peralta Merlo, en representación del empresario Christian Chena, presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se investigue una posible filtración de información judicial confidencial y el eventual anticipo indebido del contenido de una resolución dictada en el marco de la querella promovida contra Despierta Paraguay.

La abogada querellante pide que se investigue el caso considerando que, la intervención del abogado Gustavo Aníbal Leguizamón, a quien la parte denunciante atribuye un supuesto conocimiento anticipado del resultado de un recurso de apelación antes de que el profesional hubiera tomado intervención formal en el expediente.

Según se expone en el escrito, el objetivo de la denuncia es determinar si existió acceso o transmisión irregular de información vinculada con una resolución judicial que, al momento de los hechos señalados, todavía no había sido notificada a las partes.

Antecedente

La controversia se originó a partir de un recurso de reposición con apelación en subsidio presentado contra una providencia del 25 de mayo de 2026 y el Auto Interlocutorio N.º 18, del 26 de mayo de 2026, ambos dictados por la jueza Mesalina Fernández.

De acuerdo con la denuncia, dichas resoluciones limitaban el auxilio judicial previo previsto en el artículo 423 del Código Procesal Penal y establecían la intimación a la querella para completar su acusación dentro del plazo de cinco días.

El recurso fue posteriormente analizado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital. El 23 de junio de 2026, el tribunal dictó el Auto Interlocutorio N.º 206, mediante el cual, por mayoría de los magistrados Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón, confirmó las resoluciones cuestionadas, mientras que el magistrado Jesús María Riera Manzoni emitió un voto en disidencia.

La resolución declaró admisible el recurso, pero rechazó las pretensiones planteadas por la querella.

La denuncia destaca un elemento temporal que considera relevante: la cédula de notificación electrónica del fallo fue generada y remitida el 23 de junio de 2026 a las 13:44:53.

La supuesta anticipación del fallo

El punto central de la presentación ante el Consejo de Superintendencia está relacionado con una comunicación que, según la denunciante, habría recibido antes de que se notificara oficialmente la resolución de Cámara.

En concreto, el escrito sostiene que el abogado Gustavo Leguizamón Acha habría manifestado previamente:

“Tengo información confidencial de que la resolución de Cámara saldrá pronto, rechazando las pretensiones de Chena. Eso quiere decir que seguirán corriendo los 5 días hábiles”.

Para la representación de Chena, esta manifestación adquiere relevancia debido a que el contenido anticipado coincidiría con el sentido que posteriormente tuvo la decisión del Tribunal de Apelación.

La denuncia no se limita al supuesto anticipo del resultado, sino que plantea la necesidad de esclarecer cómo, cuándo y a través de quién pudo haberse obtenido esa información, en caso de comprobarse que efectivamente existió un conocimiento previo del fallo.

Condenan a 15 años a hombre por abuso sexual de su sobrino

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Un hombre fue condenado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de un hecho de abuso sexual en niños, ocurrido en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Diego Campuzano, de la Unidad Penal de Boquerón, quien durante el juicio oral y público presentó las pruebas con las que el Ministerio Público sostuvo la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se produjeron entre los años 2023 y 2024, en una vivienda familiar de Mariscal Estigarribia. La víctima era sobrino del ahora condenado.

Tras analizar los elementos probatorios expuestos durante el debate oral, el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Boquerón concluyó que las pruebas reunidas permitieron acreditar la autoría del acusado en el hecho punible.

En consecuencia, el colegiado resolvió imponerle 15 años de pena privativa de libertad por el delito de abuso sexual en niños.

La condena fue posible gracias a todos los elementos colectados por el Ministerio Público durante la investigación y que fueron reproducidos en el juicio, en el que se presentaron los elementos considerados determinantes para establecer la responsabilidad del acusado.

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