Las autoridades de seguridad de Emiratos Árabes Unidos notificaron al gobierno paraguayo sobre la presunta detención de José Fernando Estigarribia Cristaldo, alias “La Maldad”, considerado uno de los integrantes más cercanos al uruguayo prófugo Sebastián Marset, cabecilla de la organización criminal vinculada al operativo A Ultranza.

La captura, que aún no ha sido formalmente confirmada por las autoridades del país árabe, fue comunicada a Interpol Paraguay, que aguarda una aclaratoria oficial para determinar si se trata efectivamente de una detención ejecutada en base al código rojo internacional que pesa sobre Estigarribia.

Exfuncionario de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público hasta el año 2017, Estigarribia es sindicado como parte del primer anillo de seguridad y logística del clan de Marset. De acuerdo con investigaciones de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, su rol dentro de la estructura criminal iba desde administrador operativo y testaferro hasta guardaespaldas personal de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante.

También está vinculado al caso “Smart”, antecedente directo de “A Ultranza”, impulsado en coordinación con el Comando Tripartito. En ese contexto, Estigarribia habría sido el responsable de filtrar información judicial confidencial que beneficiaba al esquema delictivo.

Las sospechas sobre su implicancia se profundizaron tras la detención de Marset en Dubái, en 2021, donde el ahora detenido habría intervenido activamente en la gestión de contactos diplomáticos para facilitar la liberación del narcotraficante. Incluso se lo menciona como el articulador principal del levantamiento del código rojo de Interpol que pesaba sobre Marset, su esposa y él mismo.

Sobre el reciente comunicado, el jefe de Interpol Paraguay, comisario Julio Maldonado, brindó declaraciones en las que reconoció que la información aún es parcial: “Es un poco incierto, es poco claro, y en ese sentido solicitamos mayores informes… esperamos una comunicación inmediata al país requirente”.

En las próximas horas se espera una conferencia de prensa en la que se amplíen los detalles del caso y se confirme oficialmente si la detención permitirá avanzar con el pedido formal de extradición a Paraguay.
 

La abogada Noelia Núñez impugnó ante la fiscalía general del Estado la confirmación del fiscal Bernardo Javier Elizaur en la causa que investiga la sustracción de máquinas de criptominería. Según la recusación, el fiscal manipuló indebidamente evidencias en este caso y permitió que el denunciante actuara como técnico del Ministerio Público.

La profesional menciona en su escrito de impugnación que el fiscal debe ser apartado del caso por las graves irregularidades y la manifiesta parcialidad del agente fiscal Bernardo Elizaur Aguirre: “no constituyen una mera disconformidad con el procedimiento, sino una clara falta de objetividad y una vulneración flagrante de las garantías procesales de mi defendido, comprometiendo irremediablemente la validez de la investigación y la credibilidad de esta institución”, señala la abogada.

Agrega que la recusación primigenia se sustentó en la manipulación indebida de las máquinas de criptominería incautadas durante el allanamiento del 24 de mayo de 2025, llevado a cabo en la empresa Miner X y en un taller denominado GLOBAL HASH, en Ciudad del Este. Según videos recabados por la defensa del procedimiento fiscal-policial, el denunciante, Andy Louis Ilhan Jasmin, procedió a desarmar y manipular dichas máquinas con herramientas eléctricas, simulando ser un técnico del Ministerio Público, con el consentimiento y protección del fiscal Elizaur.

Para la abogada, este hecho constituye no solo una falta grave del agente fiscal, quien debe preservar intactas las evidencias para el proceso, sino también una violación del deber de garantizar el fiel cumplimiento de la norma y la objetividad en los procedimientos. En este caso, el fiscal anuló dicha prueba al permitir que un tercero ajeno al Ministerio Público manipulase las evidencias.

Núñez sostiene que este acto vulnera todos los preceptos legales, tanto los derechos de los investigados Marco Emmanuel González (cliente de la abogada Núñez), como el derecho de la defensa, al permitir que el denunciante utilizara un taladro para abrir y verificar las máquinas encontradas, constituyendo una grave transgresión del deber de tutela efectiva del proceso por parte del fiscal.

La abogada calificó el hecho como una “grosera manipulación de las evidencias”. Las máquinas en cuestión contaban con facturas y guías de despacho documentación que acreditaba su legalidad, pero aun así fueron incautadas por el fiscal Elizaur, a quien solicitan apartar del caso por falta de objetividad.

La vulneración manifiesta de garantías procesales por parte del agente fiscal hace imprescindible su apartamiento del caso, según la impugnación.
 

Según los datos proporcionados por el Ministerio Público, hasta el 30 de junio se registraron nueve casos de feminicidio, que dejaron a 20 niños huérfanos.

Otro dato preocupante corresponde a tentativa de feminicidio: se registraron 31 casos, además de 19 399 víctimas de violencia familiar en el mismo periodo.

Dentro del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta la fecha hay nueve víctimas de feminicidio en Paraguay y nueve causas abiertas, una de ellas caratulada como homicidio/feminicidio.

Del total, siete presuntos responsables están imputados, uno se suicidó y otro se encuentra prófugo de la justicia con orden de detención. Uno de los agresores contaba con una medida de restricción de acercamiento dictada por un Juzgado. Otro de los procesados es agente policial (suboficial), y se registra además un menor de edad involucrado como agresor.

En enero se reportaron 2 casos; en febrero, 1; en marzo, 3; en abril, 1; en mayo, 1; y en junio, 1.

Durante ese lapso, por departamento, los registros son: Central 3, San Pedro 1, Caazapá 1, Concepción 1, Itapúa 1, Caaguazú 1 y Alto Paraná 1.

Un dato destacable es la cantidad de hijos huérfanos: 20 niños quedaron desamparados, ya que siete de las víctimas eran madres. De las nueve víctimas, todas eran paraguayas y una pertenecía a una comunidad indígena.

Los casos de violencia extrema constituye una precoupación constante, debido a las imlicancias sociales que esto genera al desmembrase las familias y los niños que quedan a su suerte, a cargo de familias ampliadas o el Estado.

Durante el Operativo “Barret”, ejecutado en la madrugada en Canindeyú, fueron detenidas cinco personas, entre ellas un policía y dos militares, por presunta vinculación con la red criminal encabezada por el narcotraficante Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”. La organización delictiva operaba con jerarquía establecida en el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Las fuerzas de seguridad realizaron ocho allanamientos simultáneos en Britez Cué (Yvypytã) y Curuguaty, en busca de colaboradores de “Macho”.

La intervención conjunta contó con siete fiscales, agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado, FOPE y jefes policiales. Durante los procedimientos fueron detenidos miembros activos de la Policía Nacional y del Ejército, implicados en la protección y logística de la banda criminal.

Entre los arrestados figuran: Germán Lezcano Ojeda alias “Pikeitor” (policía), encargado del traslado de cargamentos; Jorge Daniel Villalba y Rodney Villalba González (militares), responsables de la logística armamentística y tráfico de municiones. José Ignacio Ramírez, mecánico encargado de vehículos para transporte de marihuana; Alexandro Dos Reis Acosta, presunto financista del grupo.

Además, se allanó una vivienda vinculada a Nilson Maylin Haedo, mano derecha de “Macho”, señalada de organizar cultivos ilícitos y pagar sobornos.

Como resultado del operativo, se incautaron bienes valuados en cifras millonarias: ocho inmuebles, G. 140 millones, armas de alto calibre, municiones y equipos electrónicos. Varios de estos bienes pasarán a la administración de SENABICO .

Las autoridades señalaron que se asestó un golpe a una estructura criminal con fachada legal, arraigo territorial e infiltración institucional
 

La accionista de la empresa Biotécnica S.R.L., María Eugenia Acosta, con patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, presentó una denuncia por lesión de confianza contra Ronald Francis González Ferreira, en su calidad de administrador judicial, por presunto incumplimiento deliberado de sus funciones y obligaciones legales.

El denunciado ordenó el cierre de Corporación Biotécnica S.A., una persona jurídica distinta de Biotécnica S.R.L., que compra y comercializa sus productos y suspendió sus actividades laborales y comerciales, impidiendo su funcionamiento. Esto paralizó totalmente la empresa, causándole un perjuicio patrimonial, según la denuncia.

La denuncia recalca que González Ferreira no tenía atribuciones legales, según el mandato judicial que lo designó, para ordenar el cese de actividades de Biotécnica S.R.L., empresa que se sustenta con la venta, pero aun así procedió sin razón alguna a suspender sus actividades.

El escrito agrega que esta decisión interrumpió las ventas y exportaciones, dejando la facturación en cero desde el inicio de la intervención el 2 de junio hasta su conclusión el 12 de junio. Esto impidió que la empresa cumpliera sus obligaciones y generó problemas de flujo de caja.

Además, el denunciado no autorizó el despacho de mercaderías que llegaron al país, pese a su cargo, lo que ocasionó multas innecesarias a la empresa.

La denunciante solicita al Ministerio Público que realice una investigación minuciosa y la informe sobre las medidas adoptadas durante el proceso.

La denuncia incluye documentos que ordenan la suspensión de ventas y exportaciones, así como una nota de la DNIT sobre el pago de tributos y el reclamo de los proveedores.