Los abogados Rodrigo y Gustavo González Planas, quienes ejercen la defensa del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, adelantaron en sus alegatos iniciales que probarán durante el juicio oral que Roa es inocente de los hechos que le imputa el Ministerio Público.

La defensa sostiene que Roa Burgos es un empresario exitoso, dueño de una importadora que le generó una utilidad de G. 15 mil millones solo en el año 2012, por lo que su solvencia económica está probada, sumado a que la Contraloría dictaminó que existe correspondencia en su patrimonio y que sus empresas fueron creadas mucho antes de que asumiera el cargo de ministro de la SEN.

Agrega la defensa que el acusado difícilmente podría haber incurrido en enriquecimiento ilícito, teniendo justificado todo su crecimiento patrimonial, asentado en su declaración jurada de bienes, incluyendo el yate.

“La investigación se inicia por enriquecimiento ilícito, pero la Contraloría emite un dictamen en el que concluye que hay correspondencia del crecimiento patrimonial, incluida la embarcación, cuya compra se realizó el 22 de agosto de 2018, fecha en la que ya se encontraba en proceso de renuncia. Esta renuncia fue presentada en dos oportunidades: el 14 de agosto ante Horacio Cartes y en octubre de 2018 ante Mario Abdo Benítez. ¿Quién paga una coima por adelantado, estando ya renunciante?”, señala la defensa de Roa.

Agrega que no resulta lógica la posición del Ministerio Público al señalar que Roa recibió la embarcación como coima, ya que, teniendo en cuenta la fecha de su renuncia y la compra del yate, estaría recibiendo una coima por futuras licitaciones. Todas estas documentaciones serán presentadas ante el tribunal que lleva el caso.

En cuanto a las diez licitaciones que cuestiona el Ministerio Público, la defensa afirma que solo dos de ellas fueron posteriores a la compra de la embarcación. Asegura que probará, con documentos, durante el juicio oral y público, que Joaquín Roa tiene justificado su crecimiento patrimonial, incluyendo el yate.

Para el Ministerio Público, existen suficientes elementos de prueba contra el exfuncionario Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que el perjuicio patrimonial asciende a aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.

Según la acusación, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional. Para ello, habrían montado una asociación criminal.

Estas adjudicaciones se habrían concretado con la participación de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y de un esquema empresarial de terceros vinculados a él, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros.

En ese contexto, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar fondos públicos de la SEN, obteniendo beneficios económicos indebidos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.

Según la Fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con licitaciones de la SEN, utilizando sus propias empresas y a terceros firmas de amigos o personas vinculadas a él con el fin de desviar recursos en beneficio de la presunta “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube”.

El tribunal de sentencia está presidido por una de las juezas con mayor experiencia en casos relacionados con delitos financieros, la magistrada Elsa García.

La jueza Greta Aquino, a cargo de la demanda promovida por vecinos de Zárate Isla contra la firma PREFORTE, hizo lugar al amparo constitucional y ordena a la empresa que suspenda las obras en un plazo de cinco días.

La magistrada aceptó la acción de amparo presentada por los abogados Alejandra Peralta de Merlo y Ricardo Merlo Faella, en representación de los habitantes del barrio Residencial II, quienes se oponen a que la empresa hormigonera PREFORTE se instale en su zona.

El fallo señala que la demandada no niega estar ubicada en una zona habitacional; por el contrario, admite que, otras industrias operan desde hace años en la misma área residencial, lo que confirma que la firma está efectivamente en la zona Residencial II, tal como sostienen los vecinos.

“En definitiva, puede concluirse que el incumplimiento de la disposición municipal que ordenó la suspensión de las actividades de la planta hormigonera constituye un acto ilegítimo, pues lesiona derechos y garantías consagrados en la Constitución, como el derecho a la salud, a un medio ambiente saludable y a la calidad de vida de los pobladores”, establece el fallo.

Con esta decisión, los vecinos ganan en primera instancia y obtienen la suspensión efectiva de la obra, impidiendo que la concretera se instale en la ciudad de Luque, en una zona considerada residencial.

Los vecinos de esta zona, se levantaron contra la firma alegando los impactos negativos que ya les genera la obra, como la afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo, generación de residuos de olores y polvo, gases tóxicos que podrían emanar; al igual que los ruidos molestos generados por las actividades propias realizadas por la planta hormigonera.

“Con esto se reivindica el orden jurídico que el MADES conocidamente ignoró al otorgar la licencia ambiental, en contra de una ordenanza municipal de ordenamiento territorial”, afirmó la abogada Alejandra Peralta Merlo.

En una operación de inteligencia coordinada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), fue detenido en pleno centro de Asunción Marlon Castillo Batistão, ciudadano brasileño de 51 años, considerado uno de los 50 criminales más buscados de Brasil, y objeto de una Notificación Roja de INTERPOL.

“Batistão”, condenado en Brasil a 12 años de prisión por integrar una red de tráfico internacional de cocaína con destino a Europa, operaba desde Londrina, en el estado de Paraná, y había logrado establecerse en Paraguay con una cédula de identidad paraguaya, utilizada para mantener un perfil discreto.

No obstante, llevaba una vida de lujos, ya que residía en edificios exclusivos de Asunción, se desplazaba en vehículos de alta gama y estaba construyendo una mansión en San Lorenzo. Estos rastros de opulencia fueron clave para su localización.

La detención se realizó el lunes por la tarde, en las inmediaciones de las calles Eusebio Lillo y Rogelio Benítez. En el procedimiento se incautaron varios teléfonos celulares y notebooks, cuyos contenidos serán objeto de análisis.

Horas después, y en coordinación con la Dirección General de Migraciones, el detenido fue trasladado a Ciudad del Este y expulsado del país a través del Puente Internacional de la Amistad, donde fue entregado a la Policía Federal de Brasil.

Este operativo representa un golpe contundente a las redes criminales transnacionales y evidencia el firme compromiso de Paraguay en la cooperación regional contra el crimen organizado, según las autoridades locales.

En el marco del amparo promovido por vecinos de Zárate Isla, quienes se oponen a la instalación de una industria hormigonera, la Municipalidad de Luque informó al juzgado que otras cinco empresas ya operan en la zona, incluyendo una matadería.

La comuna confirmó al juzgado que existen industrias habilitadas por la municipalidad, lo cual va en contra de su propia ordenanza, que prohíbe la instalación de industrias en áreas pobladas.

El abogado Alfredo Salinas, asesor jurídico de la Municipalidad de Luque, respondió al oficio del juzgado que solicitaba información sobre la existencia de empresas en Zárate Isla, específicamente en la zona denominada “Residencial II”.

El informe detalla que el municipio autorizó y continúa habilitando industrias en zonas residenciales, pese a la ordenanza. Las empresas son: CABIPAL METALMEK S. A., TECCON, AGROPECUARIA ITABO S.A., AMANDÁU y la matadería TÍO KELE.

En la justicia se dirime el amparo presentado por vecinos de Zárate Isla que buscan impedir la instalación de la hormigonera PREFORTE, que sería la sexta industria en ubicarse en la zona con la venia de la Municipalidad de Luque.

El amparo está dirigido contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que otorgó la licencia ambiental a PREFORTE, y contra la Municipalidad de Luque, que habilitó su instalación pese a su propia ordenanza municipal, en abierta oposición de los vecinos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) modificó recientemente el sistema de distribución de causas, buscando una distribución equitativa de los casos relacionados con el crimen organizado, delitos económicos y anticorrupción. En ese sentido, se recuerda que la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra un fallo de la Sala Penal no impide que el caso sea ejecutado.

“La interposición de una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Sala Penal que confirme una condena o la declare inadmisible no impedirá el sorteo ni la recepción de la causa por parte del juzgado de ejecución correspondiente”, dice la CSJ al recordar a sus jueces la obligación de hacer cumplir los fallos.

La máxima instancia también dispone que los tribunales de sentencia y los juzgados penales de garantías deberán realizar el sorteo de las causas cuando:
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirme la resolución del Tribunal de Apelaciones o la declare inadmisible, independientemente de que se haya promovido una acción de inconstitucionalidad.

También en aquellos casos en que la acción de inconstitucionalidad promovida contra la resolución del Tribunal de Apelaciones sea rechazada in limine o no se haga lugar a la misma.

Respecto a la entrada en vigencia, se indica que el juez de turno el 1.º de julio deberá devolver las causas para su redistribución conforme al nuevo sistema. Las causas ingresadas con anterioridad y asignadas por turno, cuya competencia no esté en discusión, permanecerán a cargo del juez que actualmente las tramita.

En los casos en los que existan varios condenados y se produzca una nulidad respecto a uno de ellos, el nuevo sorteo se realizará únicamente con relación a la persona afectada por la nulidad, sin afectar a los demás condenados.

Finalmente, para los casos de urgencia y causas especializadas remitidas desde otras circunscripciones, se estableció el siguiente régimen de turnos:
·       Del 1.º al 10 de cada mes: abog. Sandra Noelia Kirchhofer González
·       Del 11.º al 20.º de cada mes: abog. María Lidia Wyder Mendieta
·       Del 21.º al 30.º (o 31.º) de cada mes: abog. Carlos Mendoza
 

Este lunes debía realizarse la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, exhombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos. El acusado recurrió la ratificación en la causa del juez Rodrigo Estigarribia, insiste en apartar al magistrado de su caso.

La audiencia preliminar para el exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción estaba programada para este lunes, pero el acusado impugnó la resolución que confirma al juez a cargo.

En esta causa también están acusadas su esposa, Ruth Da Silva; su secretaria, Camila Ramírez Gómez; y Elvira Gómez de Ramírez.

Los fiscales del caso, Silvio Corbeta y Luis Piñánez, presentaron acusación y solicitaron que la causa pase a juicio oral, ya que consideran que las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público son sólidas. El acusado también impugnó la confirmación de los fiscales.

En su momento, el Ministerio Público allanó la lujosa vivienda del funcionario municipal Wilfrido Cáceres, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas durante la pandemia de COVID‑19 y era considerado hombre de confianza del intendente Óscar Rodríguez.

Cáceres fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos, los cuales intentó ocultar, según el Ministerio Público.

Su esposa, Ruth Da Silva, fue acusada de lavado de dinero, al igual que la secretaria Camila Ramírez. Ambas habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, en una operación realizada de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. El matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para encubrir bienes que no podían justificar con sus salarios.

Según los antecedentes del caso, Ruth Da Silva compró dos terrenos en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo, por valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la construcción y, poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a Camila Ramírez por la misma suma. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside allí con comodidades ostentosas.

El relato fiscal detalla que Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República correspondientes al período 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021).

Según lo determinado por la CGR, existe inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría. Esto motivó un análisis de correspondencia por parte del ente contralor, que concluyó que no hay correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos de Cáceres y su esposa, tras cruzar las declaraciones juradas con información de entidades públicas y privadas.
 

El agente fiscal Silvio Corbeta, presentó este lunes sus alegatos iniciales en el marco del juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional SEN Joaquín Roa Burgos. Son 11 contratos irregulares que menciona el Ministerio Público.

 
El proceso penal por lesión de confianza y otros delitos, abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo Alberto Koube Ayala, es por haber presuntamente montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.

Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son: lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por lavado de dinero.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, lleva adelante el juicio oral y público respecto a ambos acusados. Recientemente, el colegiado ratificó la admisión del yate de Roa como prueba en el juicio que se le sigue por graves hechos de corrupción cuando este se sedempeñaba como ministro de una de las carteras más sensibles.

Para el Ministerio Público, existen sobrados elementos de prueba contra el exfuncionario público Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.


Relata la acusación que, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN, quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Emergencia Nacional. Para ello, montaron una asociación criminal.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.

Según la fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN, utilizando sus empresas y a terceras personas firmas de amigos o clientes con algún tipo de vinculación con él, a fin de desviar recursos en beneficio de la «sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube».

El tribunal de sentencia está presidido por una de las juezas con mayor experiencia en casos relacionados con delitos financieros, la magistrada Elsa García. Integran el tribunal, junto a ella, sus colegas Adriana Planas y Sonia Sánchez.
 

Un reciente informe de la Dirección de Medio Ambiente del Poder Judicial revela la falta de interés de los operadores de justicia por la reparación efectiva del daño ambiental.

El análisis abarcó 3.943 casos ingresados al sistema penal entre 2019 y 2024, en los que solo el 1 % de ellos concluyó en condena. El resto finalizó con salidas procesales que no incluyen reparación del daño al medio ambiente.

Los datos se distribuyen así: en 31 % de los casos se aplicó criterio de oportunidad; 19 %, suspensión condicional del procedimiento; 18 %, causas aún abiertas; 14 %, sin datos disponibles; 9 %, desestimados; 3 %, sobreseimiento definitivo; 2 %, suspensión a prueba de la condena; 2 %, sobreseimiento provisional; 1 %, extinción de la acción penal y, finalmente, solo 1 %, condena.

Los ilícitos incluyen violación de vedas pesquera, incumplimiento de medidas de mitigación y tala de bosques, en su mayoría concluidos sin contar con dictamen ambiental previo.

El ministro Víctor Ríos, responsable de la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte, alertó sobre un posible “blanqueo” de los procesos ambientales, señalando que estas salidas procesales se conceden mayoritariamente sin criterios ambientales: el 84 % de los casos no consideró tales criterios.

Esto implica que las condenas y medidas como extinción de acción penal representan apenas el 1 %, lo que resulta alarmante ya que la recuperación ambiental no está garantizada.