La abogada penalista Noelia Núñez advirtió sobre la necesidad de una estricta y robusta regulación a las criptogranjas, no solo por sus efectos ambientales, sino porque pueden convertirse en una vía para lavar activos del crimen organizado.

 
Núñez enfatizó que el Estado debe ejercer un control riguroso sobre las empresas que se instalan bajo la figura de inversión, sin evaluar el impacto social, ambiental y energético. Señaló que las criptomonedas dificultan la trazabilidad y, en ausencia de regulación, estas granjas podrían ser utilizadas para operaciones ilícitas.

 
Destacó que la mayor preocupación es que, en el actual vacío legal, estas instalaciones se transformen en un vehículo para el lavado de dinero: “La falta de regulación estricta y fiscalización eficiente convierte a Paraguay en un punto débil para el lavado de activos. Las grandes transacciones, a menudo anónimas, facilitan la limpieza de dinero proveniente del crimen organizado, incluyendo narcotráfico y otros delitos graves”.

 
Además, advirtió que la opacidad en las operaciones crea un entorno propicio para la evasión fiscal: “Millones de dólares pueden estar evadiendo al fisco, privando al Estado de recursos esenciales para el desarrollo social y económico”, acotó.
 
Instó a que se revisen las normas existentes para que las criptogranjas no sirvan para el lavado de dinero ni para financiar el terrorismo, convirtiéndose en vehículo para lavar dinero de ilicitudes y a su vez financiar actos terroristas.

 
Agregó que, las granjas cripto no solo infringen leyes ambientales sobre ruido molesto y la gestión de toneladas de residuos electrónicos, sino que ejercen una presión descomunal sobre la infraestructura eléctrica, comprometiendo un recurso nacional vital. La Ley N° 716/96 y otras normativas que buscan proteger el ambiente y la sustentabilidad son sistemáticamente ignoradas por estas corporaciones.

 
Dijo que el costo real de estas «inversiones» recae sobre el bienestar de las comunidades y el futuro del país, mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado.

 
Finalmente, Núñez sostuvo que el Estado no debe esperar un estallido social para adoptar medidas, sino actuar preventivamente y regular el modo en que estas empresas operan, evitando que se instalen sin mayores controles en el país.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Cándida Fleitas, postergó “sine die” el inicio del juicio oral y público al abogado y excandidato presidencial Paraguayo Cubas, a pedido de su defensa.

Está pendiente en la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la resolución que confirma que el procesado debe ser juzgado en Asunción, una decisión que cuestiona su defensa.

Cubas enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en los disturbios ocurridos tras las elecciones generales de abril de 2023, donde resultó electo Santiago Peña como presidente.

El Ministerio Público acusa a “Payo” por los delitos de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales todos relacionados con los disturbios postelectorales.

La acusación, que consta de varias páginas, menciona que en un video del 1 de mayo de 2023 el acusado afirmó: “no van a jurar; sobre mi cadáver va a jurar el tal Chanti mba’é mbo’”.

Además, el Ministerio Público presentó varios videos de Paraguayo Cubas y publicaciones de su perfil de Facebook como prueba.

Bajo la figura del amicus curiae (“amigo de la Corte”), tres organizaciones no gubernamentales buscan presentar sus aportes en defensa de la libertad de expresión y prensa ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional.

En el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por Giselle Mousqués contra el fallo de la jueza de Primera Instancia, Rosanna Frutos Olguín quien revocó la resolución de Gloria Machuca por considerarla una censura previa, busca que la máxima instancia ratifique el argumento de Machuca contra Christian Chena y el medio Resumen de Noticias (RDN).

La situación ha generado alerta entre las instituciones que defienden la libertad de expresión y prensa. En ese contexto, Maricarmen Sequera se presenta en representación de TEDIC, organización sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en Internet en Paraguay y la región, así como Wikimedia Foundation y el CELE (Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información), ambos afiliados a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Las tres organizaciones pretenden presentar sus argumentos ante la Corte Suprema a fin de exponer los alcances de una decisión que pone en riesgo la labor periodística.

TEDIC, CELE y Wikimedia Foundation han presentado un escrito ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en calidad de amicus curiae, ya que consideran que el caso tiene relevancia colectiva y, por ende, es de interés general.

Por esa razón, buscan participar en el juicio, dado que las personas y organizaciones firmantes tienen interés legítimo en la defensa y promoción del derecho a la información, la transparencia gubernamental y el acceso a documentos y gestiones de las instituciones del Estado.

El escrito señala:
“Tomando en consideración que los hechos que motivaron la denuncia fueron la divulgación mediante publicaciones del medio digital RDN y replicadas como ‘retweet’ en redes sociales por Christian Chena, versan sobre información de interés público. Por lo tanto, si estas expresiones son consideradas denigrantes, agraviantes o injuriantes por la denunciante, no pueden restringirse amparadas en una medida de protección, mucho menos por su condición de mujer, puesto que no hacen alusión a la pertenencia a un determinado sexo ni buscan cosificarla, sino difundir información sobre supuestos actos de corrupción, independientemente del sexo de la persona afectada.”

El 28 de noviembre del 2023, la jueza de Paz, Gloria Machuca dictó una medida cautelar, disponiendo la prohibición al señor Christian Chena a realizar cualquier tipo de publicación y/o referirse a la señora Giselle Mousques por medio de sus redes sociales, medios digitales y otros similares propiedad del mismo, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las medidas de protección, se remitirán las compulsas del presente juicio a la Fiscalía Barrial correspondiente por desacato a la orden judicial, allí tiene origen el presente caso.

Las organizaciones agregan que los medios de comunicación social juegan un rol esencial en el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática; por lo tanto, es indispensable que recojan diversas informaciones y opiniones.

Toman como referencia a la Corte Interamericana, que ha caracterizado a los medios como verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y ha señalado que: “son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad”.

Por último, subrayan que desean intervenir en el juicio porque se trata de un caso de interés público: la información difundida involucra a un funcionario público cuyo desempeño es cuestionado, y cuya imagen está expuesta al escrutinio y debate público, lo que sitúa el asunto fuera del ámbito privado.

Una serie de nueve allanamientos simultáneos en los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central culminó este jueves con la detención de tres hermanos de Armando Javier Rotela, líder del temido Clan Rotela.

El operativo, ejecutado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional bajo el nombre de “Caolín”, apunta a desarticular las operaciones logísticas y financieras de la organización criminal en el interior del país.

Entre los detenidos figuran Santa Luciana, Gloria Guadalupe y Víctor Amado Rotela Ayala alias “Yeye”, quienes, según los investigadores, cumplían funciones clave dentro del esquema delictivo. Las dos mujeres fueron capturadas en la vivienda familiar en Tobatí, mientras que Víctor Amado fue detenido tras intentar huir por una zona boscosa en las afueras de la ciudad.

Aunque la madre del cabecilla estuvo bajo investigación del Ministerio Público, no fue imputada por falta de evidencia concreta en su contra.

Las autoridades informaron que la operación fue el resultado de una investigación de dos años, que incluyó escuchas telefónicas y seguimientos. Esto permitió identificar a los miembros del clan implicados en tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

Según el informe policial, el grupo proveía drogas desde el área Central hasta Cordillera, donde las distribuía a diferentes puntos de venta. Simultáneamente, se dedicaban a la compraventa ilegal de armas y a un complejo esquema de lavado de activos que implicaba la compra de tierras, ganado y vehículos a nombre de terceros.

Uno de los allanamientos más relevantes se realizó en Pirayú, donde resultó detenido Rodney Miguel Pando Valdez, presunto encargado de una estancia vinculada al clan. Los inmuebles, el ganado y los vehículos incautados quedaron bajo custodia de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

Durante los procedimientos se secuestraron evidencias clave como un arma de fuego, dispositivos electrónicos, drogas, dinero en efectivo y documentos relacionados, que serán analizados por el Ministerio Público .

La grave situación fue expuesta en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó uno de los ministros, esas sentencias firmes de la Sala Penal no se ejecutan porque, supuestamente, se encuentran recurridas ante la Sala Constitucional, lo cual resulta irregular e inaceptable.

El ministro Gustavo Santander afirmó que los jueces están obligados a recibir los expedientes con sentencias firmes y hacerlas cumplir, ya que no está permitido recurrir por la vía de inconstitucionalidad las decisiones emitidas por la Sala Penal.

“Existen numerosas causas que permanecen en cajones de los juzgados de ejecución, porque los jueces alegan que hay una acción de inconstitucionalidad contra una sentencia ya firme. Desde la Sala hemos señalado en numerosas ocasiones que esto no puede impugnarse por inconstitucionalidad; por lo tanto, sería recomendable establecer expresamente que los juzgados de ejecución reciban las causas”, manifestó el ministro Santander.

El ministro Manuel Ramírez Candia agregó que hay unas 14 sentencias firmes pendientes de ejecución porque los jueces invocan supuestos recursos de inconstitucionalidad. Afirmó que esta situación preocupa, pues equivale a alentar la impunidad mediante la conducta de los jueces de este fuero.

Este problema se evidenció al aprobarse la acordada que establece el nuevo sistema de distribución de causas en los juzgados especializados de ejecución penal.

Los ministros también enfatizaron que hay que llamar la atención a los jueces para erradicar esta práctica recurrente que permite que estos fallos no se cumplan, pese a estar firmes.

La abogada Noelia Núñez realizó una grave denuncia contra el agente fiscal Bernardo Javier Elizaur, quien permitió, durante un allanamiento en un caso que investiga, que el denunciante manipulara evidencias para verificar si eran de su propiedad, hecho que debería haber realizado un técnico del Ministerio Público.

Para la abogada, este hecho constituye no solo una falta grave del agente fiscal quien debe preservar intactas las evidencias que se utilizarán en el proceso, sino también una violación del deber de velar por el fiel cumplimiento de la norma y la objetividad al llevar adelante procedimientos tendientes a esclarecer los hechos. Sin embargo, en este caso, el propio fiscal anuló dicha prueba al permitir que un tercero ajeno al Ministerio Público manipulara las evidencias.

Núñez menciona que este acto viola todos los preceptos legales, no solo los derechos de los investigados, sino también el de la defensa, al permitir que el denunciante utilizara un taladro para abrir y verificar las máquinas encontradas en el lugar, lo cual constituye una grave transgresión del deber de tutela efectiva del proceso por parte del fiscal.

Sostuvo que este acto supone una “grosera manipulación de las evidencias”. Las máquinas en cuestión contaban con facturas y guías de despacho y, pese a los documentos que respaldan su legalidad, fueron igualmente incautadas por el fiscal Elizaur, a quien solicitan apartar del caso por falta de objetividad.

Según la denuncia, el 24 de mayo pasado se ejecutó un allanamiento en la empresa Miner X, de Ciudad del Este, propiedad de Marco Emmanuel González (cliente de la abogada Núñez), así como en un taller de reparación de máquinas de criptominería propiedad de Alejandro Herrero, ubicado en el mismo inmueble. En este último taller se encontró una máquina con las mismas características que las denunciadas como robadas.

Agrega que, según el acta de allanamiento, en los locales visitados no se encontraron máquinas con las características denunciadas como robadas, excepto una sola que estaba en el taller de reparación de otra persona y fue incautada. Sin embargo, afirma Núñez, el agente fiscal, “sin fundamento alguno”, procedió a incautar otras máquinas criptomineras que no guardaban relación con el hecho, aduciendo “una mejor verificación”.

“Dicho procedimiento tuvo lugar el 24 de mayo de 2025, fue encabezado por el agente fiscal, a quien a través del presente escrito se recusa, y se puede verificar en el acta labrada que en el procedimiento participaron agentes policiales y el asesor jurídico abogado Matías Fernández, quien acompañaba a su representado, víctima y denunciante de la investigación fiscal iniciada, Andy Louis Ilhan Jasmin. La sola presencia de la víctima no generaría ninguna consecuencia en la actuación del representante del Ministerio Público, siempre que se limitara al acompañamiento exclusivo de la diligencia en cuestión. Sin embargo, como se constata en videos grabados del procedimiento fiscal‑policial, se observa que el señor Andy Louis Ilhan Jasmin, con herramienta eléctrica, procede a desarmar las máquinas”, dice el escrito de recusación presentado por la abogada.

La cámara de apelaciones, confirmó la condena de 25 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su hija biológica y hasta la embarazó. La abuela de la víctima también fue sentenciada a 15 años de cárcel por complicidad según el tribunal.
 
La agente fiscal Mercedes Caniza, representó al Ministerio Público en este caso y logró la condena de un hombre, a 25 años de pena privativa de libertad, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños y violencia familiar, mientras que su madre (abuela de la víctima) fue sentenciada a 15 años de cárcel por abuso sexual en niños, en calidad de cómplice y violencia familiar. El hombre vulneró a su hija biológica desde los 8 años hasta los 15, convirtiéndola en madre a raíz de los abusos.
 
La representación fiscal logró demostrar la culpabilidad del hombre y su madre, mediante los elementos probatorios expuestos ante tribunal de sentencia de Luque, quedando probado los hechos por los cuales fueron acusados ambos integrantes de esta familia.
 
Los antecedentes de la causa refieren que, el último episodio se registró en abril del 2020, debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos al que era sometida tanto por su padre como de su abuela. En fecha 5 de julio en horas de la noche, la menor salió de su casa e intentó acabar con su vida, lanzándose frente a un ómnibus, siendo auxiliada por un vecino de la zona y posteriormente resguardada por una tía paterna.
 
Posteriormente, fue inspeccionada por la doctora María Teresa Ibarra médico forense del Ministerio Público, quien constató las lesiones y daños sufridos por la víctima, los cuales fueron detallados en su informe. La misma era severamente castigada para que guardara silencio sobre lo acontecido. Los episodios se registraron desde que era una niña; e incluso a la edad de 13 años, fue obligada a beber infusiones debido a un retraso.
 
El Tribunal Colegiado que en su momento aplicó la sanción ejemplar, estuvo presidido por la magistrada Liz Ramírez, y como miembros las juezas Magdalena Do Santos e Isabel Meza.