El informe del Ministerio Público revela que, entre 2020 y mayo de 2025, ingresaron a las oficinas de denuncias de la fiscalía un total de 13 198 denuncias por tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos conexos a esta ilicitud.
Según los datos expuestos por el órgano investigador, en estos cinco años aumentaron los casos relacionados con sustancias prohibidas a nivel nacional. En ese sentido, las cifras procesadas este año hasta mayo igualan en promedio diario a las de los periodos de 2023 y 2024.
En 2020 se registraron 1 931 denuncias, lo que equivale a un promedio de 5 por día explica el Observatorio del Ministerio Público, cifra posiblemente inferior por el encierro durante la pandemia.
En 2021 se reportaron 1 995 casos, también alrededor de 5 diarios.En 2022 las denuncias crecieron a 2 219, con un promedio de 6 diarias.En 2023 se cerró con 2 760 denuncias, un promedio diario de 8.En 2024 se mantuvo ese mismo promedio, terminando con 3 058 casos.
En lo que va de 2025, hasta mayo, el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público procesó 1 235 causas, lo que arroja un promedio de 8 denuncias diarias en los primeros cinco meses del año.
Las ilicitudes relacionadas con las drogas, incluyendo el microtráfico, inciden profundamente en la sociedad. Penetran en los barrios, afectan directamente a las familias y se orientan a la venta rápida: los puntos de distribución suelen establecerse cerca de escuelas y colegios, lo que agrava su impacto, según explicó la fiscal antidrogas Ingrid Cubilla al exponer estos datos.
La representante del Ministerio Público destacó la importancia de la prevención como herramienta clave para frenar la expansión del problema. Señaló que “el aumento de la represión penal suele ser consecuencia directa de fallas en las políticas preventivas”. Asimismo, expresó su preocupación por la situación de las personas detenidas en posesión de drogas, quienes en muchos casos son también consumidores y jóvenes.
Subrayó, “Cuando se trata de consumidores, se requiere un enfoque distinto, que armonice la investigación del hecho punible junto al tratamiento y la rehabilitación del drogodependiente”.
La situación preocupa a los fiscales, debido al incremento persistente en los últimos años y su impacto directo en la convivencia social: miles de familias están afectadas, ya sea por tener hijos o parientes procesados o consumidores.
