El Tribunal de Sentencia ha fijado el inicio del juicio oral y público para los 18 procesados en uno de los mayores casos de crimen organizado. Tras unificar los procesos, citó a las partes para el próximo 7 de julio a las 08:30, fecha en que se iniciará el juicio de los acusados.

El Tribunal Especializado en Crimen Organizado de la capital, presidido por la jueza María Luz Martínez y conformado por Federico Rojas y Dina Marchuk, resolvió acumular los tres expedientes relacionados con la causa conocida como “A Ultranza Py”. De esta manera, todos los acusados entre ellos los hermanos Insfrán serán juzgados en un solo juicio oral y público.

La unificación fue decidida porque los expedientes compartían el mismo objeto procesal y provenían de la misma investigación fiscal. Se espera así mejorar la eficiencia judicial y evitar retrasos en el proceso.

Los acusados incluyen a Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, su hermano José Alberto Insfrán Galeano, Conrado Ramón Insfrán Villar, Luis Fernando Sebriano González, José Enrique Gamarra Villalba, Juan Carlos Ozorio Godoy, Alexis Vidal González Zárate, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Fátima Irene Koube Ayala, Alberto Koube Ayala, María Noelia Colmán Alarcón, Magno Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, Joceline Odorico Evangelista, Marina Nathalia Aranda Odorico, Luis Iván Estigarribia Alderete, María Virginia Araki y Rodrigo Emilio Montalva Agüero.

Según la fiscalía, Miguel Ángel Insfrán lideraba una estructura de narcotráfico familiar y contaba con el apoyo logístico de una facción uruguaya vinculada al prófugo Sebastián Marset, además de una rama que suministraba cocaína desde Bolivia.

El agente fiscal Deny Yoon Pak detalla:
“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfrán contaron con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha… dedicadas precisamente al comercio internacional”.

Durante la operación “A Ultranza Py” se realizaron más de 100 allanamientos, don­­de se incautaron vehículos (incluidas aeronaves), automóviles de lujo y camiones con dobles fondos, y depósitos en el departamento Central, cerca de puertos utilizados para enviar la droga fuera del país. El operativo contó con apoyo de la DEA, Uruguay, Europol y la SENAD.

Actualmente, Miguel Ángel Insfrán cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Un tribunal especializado en crimen organizado lleva actualmente diez juicios orales abiertos. Estos procesos son altamente complejos y requieren atención prioritaria por parte de quienes los juzgan.

La jueza María Luz Martínez, integrante de este fuero, explicó que sus tiempos están muy comprometidos y que, para dar respuestas acordes a los justiciables y respetar el tiempo de los demás profesionales que intervienen, deben desarrollarse extensas jornadas de trabajo.

Dijo que la organización es clave para que estas diligencias se realicen sin contratiempos administrativos. Comentó que llevan una agenda muy organizada, coordinada con los abogados y la fiscalía, para sobrellevar la inmensa carga laboral que soportan en esta etapa de juicios orales.

La magistrada puntualizó que las causas con riesgo de extinción o prescripción son prioritarias para el tribunal, y que estas deben concluir satisfactoriamente, evitando la impunidad.

Relató que la única manera de sobrellevar la apretada agenda de juicios es realizar sesiones por la mañana, tarde y, en ocasiones, entrada la noche, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de fiscales y defensores, que también tramitan juicios en paralelo.

Respecto a cómo manejan estos casos sin vulnerar garantías del debido proceso ni afectar la salud mental de quienes intervienen, la magistrada destacó el valor de la experiencia, el alto compromiso con el Poder Judicial y, sobre todo, la organización. Además, señaló que realizan actividades físicas para cuidar su bienestar mental y físico.

También recalcó la importancia de los medios telemáticos como herramienta válida en algunos juicios, especialmente cuando está en juego la seguridad o integridad de terceros.

“Según el caso, debido a la peligrosidad que implica el traslado del acusado o acusada, se participa por medios telemáticos. Muchos testigos también prestan declaración de este modo, especialmente los agentes de la SENAD”, señaló la jueza.

Agregó que uno de los problemas para usar esta vía es la señal en los penales del país, debido a que en algunos casos deben utilizar teléfonos particulares para conectarse a las audiencias.

Por último, la jueza resaltó la relevancia de la preparación académica, no solo de los jueces, sino también de los funcionarios que trabajan en este ámbito de alta delicadeza, que exige un verdadero compromiso con el Poder Judicial y la República.
 
 
 

Un docente de Caacupé, fue imputado por haber agredido sexualmente a su hijastra de 13. Según la denuncia, el hombre debía llevar a la niña a la escuela sin embargo, la llevó hasta donde perpetró el abuso sexual.

La fiscal de Caacupé, Noelia Montanía, imputó a un docente por la supuesta comisión de abuso sexual en niños, tras una denuncia presentada por la víctima de 13 años, hija de su pareja sentimental. Según la víctima, el hombre la manoseó y le ofreció dinero para establecer una relación sentimental.

 El hecho habría ocurrido el 17 de junio de 2025, cuando el imputado llegó en motocicleta a la casa de la niña para llevarla a la escuela, a pedido de la madre. Sin embargo, en lugar de dirigirse al colegio, la condujo a su vivienda, cerró la puerta con llave y la agredió sexualmente.

 La niña relató lo sucedido a su hermana, quién a su vez informó a la madre. Además, la víctima reveló que, en marzo de este año, el docente ya le habría ofrecido regalos a cambio de mantener relaciones sexuales.

El Ministerio Público solicitó al juzgado competente la prisión preventiva del imputado, ante la gravedad de los hechos.

La presidenta del Tribunal de Sentencia, Elsa García, explicó que la defensa no presentó ningún hecho nuevo que justifique rever la decisión del tribunal, por lo que la inclusión del yate como prueba se mantiene, ya que no se vulneró ninguna garantía procesal. 

De igual modo, el tribunal rechazó otros incidentes de reposición y declaró formalmente iniciado el juicio oral y público contra Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala, con la lectura del auto de elevación de la causa a esa instancia. 

Según la acusación, entre 2018 y 2021 Roa autorizó contrataciones por alrededor de G. 16 080 000 000 a favor de empresas vinculadas a Koube Grupo Tapyracuái S.A., JPA Logística, Noemacol y Sofimac. Además, incluirá como prueba la compra del yate Azimut AZ 42, valuado en USD 450 000, adquirido con fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). 

El Ministerio Público imputa a Roa Burgos por lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado; mientras que Koube Ayala está acusado de asociación criminal, lesión de confianza como cómplice y lavado de dinero.

De acuerdo con los elementos que ofrece el fiscal Silvio Corbeta, las pruebas incluyen registros de compras efectuadas por las empresas vinculadas a Koube durante la investigación, lo que confirma la existencia de una “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube”. 

La concretera PREFORTE señala que ha cumplido con todas las exigencias del MADES y de la Municipalidad de Luque, y asegura que los eventuales incidentes ambientales están mitigados y controlados; por ello, el amparo presentado por los vecinos debe ser rechazado.

El abogado Nicolás Fernández, en representación de la empresa PREFORTE S.A., presentó su contestación al amparo que busca impedir que la firma se instale en el barrio Zárate Isla. Expresa que dicho amparo se basa en presuntas afectaciones a la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos por la instalación de la hormigonera, pero sostiene que esas afirmaciones carecen de fundamento.

Fernández cuestiona primero la competencia del juzgado que lleva el caso, pues tanto la empresa como los vecinos están domiciliados en Luque, y considera que ese es el ámbito adecuado para dirimir la controversia, no Asunción.

Agrega que la empresa solicitante cumplió con todas las exigencias de las instituciones para obtener la documentación que la habilita a instalarse, la cual fue entregada a la parte actora y acredita la legalidad de sus operaciones.

“Ninguna actividad productiva o industrial es ambientalmente neutra. El ordenamiento jurídico paraguayo no proscribe las interferencias en el medio ambiente. Exige que sean reconocidas, controladas y minimizadas dentro de los márgenes legales y técnicos aceptables. Lo contrario implicaría negar la posibilidad de emprendimientos económicos dentro del marco del desarrollo sostenible.

El proyecto de PREFORTE S.A. cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental vigente, otorgada en base a una estricta verificación que incluye un Plan de Gestión Ambiental y medidas específicas para mitigar y monitorear la afectación ambiental adversa”, señala el escrito del representante legal.

El abogado también solicita al juzgado que oficie a la Municipalidad de Luque para que informe si otras cinco industrias, incluida una matadería, continúan operando en la misma zona donde PREFORTE pretende instalarse.

La empresa pide, además del rechazo del amparo, que las costas del juicio sean impuestas a los amparistas. El MADES como la Municipalidad de Luque también han solicitado el rechazo del recurso de amparo.

El amparo fue presentado por un grupo de vecinos que señalan que esta construcción ha afectado su barrio.

El juez penal adolescente y experto en materia juvenil, Camilo Torres, analizó la propuesta legislativa que ya cuenta con media sanción en el Senado para elevar la pena a 15 años y sostuvo que aumentar el castigo no servirá sin políticas estatales protectoras para este sector olvidado.

Explicó que estas respuestas no abordan las verdaderas causas, sino que tienen un efecto placebo. Que de nada servirá discutir el aumento de las penas o medidas en adolescentes si antes el Estado no destina mayores fondos y mejore sus políticas públicas para esta franja etaria tan olvidada y castigada, para tratar un problema complejo como la delincuencia juvenil, con características diferentes a la criminalidad ordinaria.

Señaló que las políticas públicas deben apuntar a la protección del adolescente, que está en etapa de crecimiento, y no recrudecer las medidas contra él, pues esto podría tener consecuencias negativas y dificultar su salida del sistema penal.

“No solo la ley les otorga a los adolescentes mayores garantías, sino que su condición de personas en etapa de crecimiento (autonomía progresiva) hace que no puedan ser tratados como los adultos. No puede olvidarse que los jóvenes que no reciben una atención, tratamiento o reeducación adecuados en su tortuoso tránsito por el sistema penal pueden convertirse en clientes fieles del mismo y, con el tiempo, perfeccionar no solo la comisión de infracciones sino también su gravedad”.

Agregó: “El Estado debería adoptar con urgencia medidas de prevención y atención a niños y jóvenes en situación de riesgo, pues también deben protegerlos de las personas mayores que muchas veces los utilizan para su propio beneficio”.

Subrayó que si los mecanismos de prevención no funcionan, debe insistirse en el tratamiento adecuado y, solo cuando resulten insuficientes las medidas socioeducativas y correccionales, recurriéndose a un sistema de privación de libertad verdaderamente preparado para menores en conflicto con la ley penal.

Afirmó que, si poco o nada se hace con los menores en su paso por un centro de reeducación, se les podría impedir cambiar de rumbo, sobre todo considerando que muchos ingresan al sistema juvenil tras sufrir conflictos derivados del uso de estupefacientes, maltratos y abandono familiar.

Por último, el experto añadió que el Estado, la sociedad y la familia deben colaborar en el desarrollo integral de niños y niñas: “No está de más pedir a nuestros representantes que destinen los recursos necesarios y adopten políticas públicas serias y efectivas, e insistan en medidas preventivas para reducir los casos de riesgo, en lugar de proponer una solución parcial que, lejos de ser adecuada, solo castiga a la parte más débil a la que, paradójicamente, se le debe proteger y reeducar”.
 

La jueza penal de garantías, Cynthia Lovera, tras la audiencia preliminar, elevó a juicio oral el proceso contra Wildo Machuca hermano de la jueza de Paz Gloria Machuca, acusado de abuso infantil.

La causa se debatirá en audiencia oral, donde se expondrán los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, que acusa al procesado de haber abusado de una niña, según las pruebas.

Wildo Machuca fue acusado por el Ministerio Público de abuso sexual a una menor, especificando que se trató de la hija de unos amigos, aprovechando la cercanía con la familia que hoy exige justicia.

En su momento, la jueza Cynthia Lovera resolvió que el procesado permaneciera 15 días en comisaría y luego fuera trasladado a un penal para cumplir prisión preventiva. Este plazo se prorrogó 10 días más y, posteriormente, nuevamente se le permitió permanecer en la comisaría, hasta que finalmente fue enviado a Tacumbú, según la familia de la niña estos beneficios se le concedió por tener una hermana en el sistema de justicia.

Para el padre de la niña, el hombre siempre ha recibido beneficios por ser hermano de una jueza; sin embargo, ellos solo tienen la esperanza de que se haga justicia en un caso que ha afectado profundamente a la familia.

Juan, el padre de la víctima, señaló a nuestro medio que está confiado en el avance del proceso y que, ojalá, en el juicio salgan a la luz todos los hechos y se logre una condena al acusado, porque la familia sigue sufriendo los efectos de esta tragedia.

Actualmente, el acusado cumple arresto domiciliario, donde aguarda ser convocado para su juicio oral, en el cual deberá responder por los cargos que le imputa el Ministerio Público.

La jueza Lourdes Peña citó al exsenador Juan Carlos “Kalé” Galaverna para su juicio oral y público en el marco de la querella presentada por Luis Fernando Canillas contra Galaverna, por el delito de calumnia.

La magistrada fijó el juicio del 24 al 28 de noviembre de este año, en un tribunal unipersonal, para el exsenador, quien enfrenta una querella privada por acusar a Canillas de haber participado en el magnicidio del exvicepresidente Luis María Argaña.

Asimismo, la jueza admitió las pruebas ofrecidas por el querellante, entre ellas declaraciones de testigos, documentos y otros medios tendientes a restablecer el daño causado a la imagen de Canillas por las declaraciones de Galaverna.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos representa a Canillas y ejerce la acusación contra el exlegislador. En esta diligencia se definirá si el senador termina condenado por sus dichos.

La abogada Alejandra Peralta Merlo, quien representa los intereses de los vecinos en un amparo presentado ante la Justicia para detener la construcción de una cocretera en una zona residencial, reiteró que esta industria se instaló en ese lugar con anuencia del MADES y del intendente de Luque, pese a disposiciones legales que lo prohíben.

Mencionó que los vecinos están muy preocupados y que su derecho a vivir en un barrio tranquilo, sin estar expuestos a ruidos molestos, camiones de gran porte y los productos que se procesan en el lugar, ya se ve afectado en cuanto al derecho a un ambiente saludable.

Este viernes, un importante grupo de vecinos se constituyó ante el Poder Judicial para la audiencia en la que fueron convocados los representantes legales de PREFORTE, para exponer su descargo respecto a los inconvenientes que ya generan a los residentes de la zona cercana a la industria.

“La habilitación de esta empresa se realizó mediante un acto ilícito: se les concedió un permiso pese a la expresa prohibición de una ordenanza municipal. El MADES otorgó el permiso de impacto ambiental; el artículo 6.º de la declaración de impacto ambiental dice claramente que esta declaración no puede ir en contra de ordenanzas municipales. En este caso, existe una ordenanza que prohíbe la instalación de industrias en zonas habitacionales”, afirmó Peralta Merlo.

Agregó que los vecinos están desprotegidos ante esta situación, que no solo pone en peligro a sus hijos, que asisten a los centros educativos del lugar por la circulación de camiones de gran envergadura, sino también afecta su salud.

El intendente de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría, ordenó la habilitación de una industria hormigonera en el barrio Zárate Isla, zona residencial, a pesar de estar impedido por una ordenanza que prohíbe la instalación de industrias en zonas urbanas.

El conflicto se dirime en la Justicia y un numeroso grupo de vecinos de Zárate Isla, Luque, busca, mediante un amparo, revertir la situación que consideran gravosa, ya que la sola instalación de la empresa ha perturbado la tranquilidad del vecindario.

El amparo se presenta contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que otorgó la licencia a PREFORTE, y contra la Municipalidad de Luque, que, pese a una ordenanza municipal, habilitó la instalación en la zona, con la férrea oposición de los vecinos afectados. Esta industria genera no solo ruidos molestos, sino también resulta perjudicial para el medio ambiente.

La tramitación del amparo continuará con la exposición de los vecinos ante la jueza del caso, quienes la próxima semana relatarán su versión de los hechos ante la autoridad que debe restituirles el derecho a vivir en un ambiente saludable.