La Corte Suprema de Justicia Sala Penal  confirmó la condena de 20 años de cárcel para Cristian Turrini, quien deberá cumplir la elevada pena por su participación en un esquema internacional de tráfico de drogas.

Turrini fue condenado por los delitos de tráfico internacional de drogas y asociación criminal, debido a su participación activa en el envío de más de 2.900 kg de cocaína al extranjero, ocultos en bolsas de carbón, según el tribunal de sentencia que impuso esta sanción.

La Sala Penal afirmó que la defensa, en su recurso de casación, calificó el fallo como “infundado”, pero sin argumentar por qué lo sería. Señaló que esa mención aislada no invalida el fallo impugnado.

“En este caso, la recurrente omite hacer referencia a los agravios expuestos ante el Tribunal de Apelaciones, omitiendo realizar el contraste entre los agravios esgrimidos en la apelación especial y la contestación del Tribunal de Alzada. …” mencionó el ministro Luis María Benítez Riera, en un voto suscripto también por la ministra Carolina Llanes.

Agregó que, en lugar de fundamentar sus agravios, la defensa a cargo de Claudia Marlene Rolón simplemente expresó su desacuerdo con el fallo del tribunal de apelaciones, lo cual no es suficiente para sustentar una posición jurídica. En cuanto a la supuesta falta de fundamentación en segunda instancia, subrayó que tampoco basta afirmar que la resolución es infundada: corresponde a la recurrente indicar por qué lo es, presentando una argumentación “suficiente, lógica y verificable, lo cual en este caso no han hecho”.

En su momento, el Tribunal de Sentencia, integrado por Víctor Alfieri, Alba González y Dina Marchuk, probó que Turrini participó activamente en el esquema de tráfico y determinó que la pena correspondiente era de 20 años de prisión. Para la justicia, Turrini fue un colaborador principal en la asociación criminal, que coordinaba la ocultación de la cocaína en carbón vegetal.

Aunque la Fiscalía, representada por la agente Elva Cáceres, había solicitado una pena de 15 años porque el condenado colaboró con el Ministerio Público, el tribunal consideró que la gravedad del delito justificaba sumar cinco años adicionales.

La defensa había solicitado la nulidad de la sentencia en segunda instancia, argumentando que se basaba en pruebas inexistentes. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena y hoy la Corte Suprema mantiene firme el fallo.
 

La querella presentada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra su colega Esther Roa será debatida en juicio oral al no prosperar la conciliación entre ambos profesionales.

La jueza Mesalina Fernández elevó la causa penal privada a juicio, en la cual las partes presentarán sus pruebas. Duarte calificó de contradictoria la conducta de su colega, ya que durante una audiencia anterior no manifestó su negativa a conciliar.

“Mi parte no tiene ninguna intención de celebrar acuerdo con el querellante Guillermo Duarte”, señala la defensa de la abogada para esta segunda convocatoria ante la jueza que lleva el caso.

Los hechos se remontan al 13 de mayo, cuando Roa publicó en su cuenta de X un video con audio de fondo y una fotografía de Duarte cargando dinero en una bolsa negra. El texto adjunto cuestionaba:“¿Con qué ministro habla el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de cuestionadas autoridades políticas? ¿Sobre el caso de su suegro?”.

El audio señalaba que supuestamente Duarte pedía dictámenes sobre un expediente. Luego, el clip fue compartido en TikTok.

“No sabemos aún si el audio es auténtico, pero lo cierto es que el proceso penal contra Carlos Heisele, expresidente de la ANDE, y otros funcionarios terminó en total impunidad. Según la acusación del Ministerio Público, causaron un perjuicio superior a G. 9.000 millones y, sin embargo, el proceso penal prescribió”, escribió Roa en su post titulado “El cartel de la toga”.

A raíz de esta publicación, Duarte presentó la querella para resarcir el daño moral que según él le causó la abogada, sin haber logrado la retractación de su colega en una conciliación, por lo que la causa avanzará a la etapa de juicio oral.

Una vez más, uno de los acusados en la causa ha recusado al juez Miguel Palacios, poniendo en duda su imparcialidad por mantenerlo en prisión desde septiembre de 2018, es decir, durante más de siete años, a pesar de haber cumplido la pena mínima imponible por crimen.
 
La persona que ahora busca apartar al juez del caso es Diego Medina, considerado secretario del principal acusado, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Su nueva recusación pone nuevamente en riesgo el inicio de la audiencia preliminar, pendiente desde hace años.
 
La diligencia estaba prevista para este miércoles, pero dicha presentación impediría que se realice. Incluso la Cámara de Apelaciones ya había advertido al juez Palacios sobre la necesidad de adoptar medidas para evitar la dilación excesiva en el proceso.
 
La Cámara de Apelaciones autorizó al juez a revocar las medidas cautelares y ordenar la prisión de quienes estaban dilatando el proceso penal por narcotráfico y lavado de activos.
 
Tras esta decisión, el juez Miguel Palacios volvió a citar para este miércoles 9 de julio a los acusados Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, Ulises Quintana y otros imputados, con el fin de llevar adelante la audiencia preliminar, que lleva años pendiente.
 
Ya han transcurrido más de siete años y, hasta ahora, no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones contra varios jueces que han intervenido.
 
Además, el Ministerio Público presentó la acusación, pero fue rechazada por falta de evidencias, y la Corte Suprema, Sala Constitucional, confirmó que se presentó fuera de plazo, devolviendo el expediente a la Fiscalía General para su nueva presentación.
 
“Cucho” Cabaña fue imputado por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.
 
El operativo Berilo se realizó en septiembre de 2018 en Alto Paraná, en una acción conjunta del Ministerio Público y la Senad. En su momento, se detuvo a más de 30 personas; finalmente quedaron 24 procesados. En más de 20 allanamientos se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kg de cocaína y dinero en efectivo.
 
 
 

El abogado Ricardo Merlo contestó la apelación presentada por la empresa concretera Preforte Py contra la resolución que dispone la suspensión de las obras en cinco días. La firma busca instalarse en Isla Zárate, Luque, zona catalogada como residencial.

Merlo sostiene que es fundamental ratificar la resolución de la jueza Greta Aquino, pues se trata de una medida que protege a los vecinos de un posible daño irreparable en su salud y bienestar.

El letrado afirma que la resolución impugnada cumple con todos los requisitos legales y constitucionales para ser confirmada. Explica que los afectados no pudieron accionar en sede administrativa porque nunca fueron parte del expediente ni tuvieron conocimiento de la habilitación municipal otorgada a la empresa; la documentación jamás estuvo a disposición de la ciudadanía y, en consecuencia, el amparo fue la única vía idónea para evitar la instalación de la concretera en su barrio.

«En consecuencia, sería contrario al texto constitucional exigir el agotamiento de vías o recursos que nunca estuvieron al alcance de los ciudadanos, por no ser parte ni haber sido notificados pese a haber solicitado la información en reiteradas oportunidades. Ni la Municipalidad de Luque ni el Ministerio del Ambiente han desvirtuado lo alegado sobre la falta de publicidad de las resoluciones que concedieron la licencia ambiental y la habilitación municipal, ni demostraron que los amparistas hayan sido notificados para poder recurrirlas», señala el escrito.

Añade que los amparistas ya recurrieron a la vía administrativa para solicitar la suspensión de las obras, y prueba de ello es la resolución de la Junta Municipal que motivó la paralización de la construcción, por lo tanto esta vía tambipen fue agotada, refiere.

El abogado destaca, además, que la propia Municipalidad de Luque informó que en Isla Zárate operan otras industrias de forma totalmente irregular, no solo por estar en una zona prohibida, sino también por carecer de permiso municipal. «Esta confesión de la Municipalidad bien podría motivar la intervención de la comuna, pero no justifica descartar la urgencia ni legitimar el permiso otorgado y luego revocado a Preforte Py», concluye el escrito, que solicita confirmar lo resuelto en primera instancia.

Los camaristas que deben estudiar el caso son Geraldine Cases, Ángel Daniel Cohene y Rafael Barboza.

Los vecinos de Isla Zárate promueven la acción de amparo contra la firma Preforte, habilitada inicialmente por el MADES y la Municipalidad de Luque para instalarse en una zona residencial.
 

Este lunes 7 de julio, se inició el juicio oral y público contra los 18 acusados en el emblemático caso “A Ultranza Py”, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia reciente del país. El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.

Entre los principales acusados figuran Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, presunto líder de la estructura criminal, actualmente recluido en la cárcel considerada de máxima seguridad de Minga Guazú; Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado colorado, acusado de vínculos con el esquema de lavado de dinero; y Luis Fernando Sebriano González, señalado como brazo logístico de la organización.

Otros miembros clave incluyen familiares de “Tío Rico”, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, así como el empresario Alberto Koube Ayala, supuesto líder del esquema de lavado, acompañado por su pareja y su hermana.
El abogado Álvaro Arias, defensa de “Tío Rico”, presentó incidentes para suspender el inicio del juicio, alegando imposibilidad material para elaborar una buena defensa ya que no puede conversar tan siquiera en privado con su cliente, porque todo el tiempo están acompañados por un custodio.

Relató,  “solamente podemos ingresar los días lunes o martes por el lapso de una hora detrás de una barrera y en presencia de militares” . No obstante, el tribunal resolvió rechazar los planteamientos y dar apertura formal al juzgamiento, unificando las causas para evitar dilaciones y garantizar la eficiencia del proceso. Igualmente, el tribunal presidido por la jueza María Luz Martínez, adelantó que arbitrará los mecanismos de rigor para que los abogados puedan reunirse con sus clientes en un espacio adecuado y con la privacidad que requiere el caso.
 
Antecedentes del caso:
Según la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, la organización operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia, con destino final en Europa y África. Se estima que el grupo movió más de 17 toneladas de cocaína, generando ganancias superiores a USD 430 millones.

El operativo A Ultranza Py involucró más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, desarticulando una red con ramificaciones en los ámbitos político, empresarial y religioso.
 

La abogada penalista Noelia Núñez lamentó la actuación de algunos integrantes del sistema de justicia, quienes actúan como secretarios de grandes corporaciones en detrimento de particulares humildes, que terminan siendo víctimas de un sistema penal inquisitivo.

Afirmó que las personas humildes no tienen la posibilidad de litigar en libertad, como debería ser, y que la presunción de inocencia se ve afectada cuando quien está imputado sufre el perjuicio de estar privado de libertad, pese a que las pruebas en su contra son sólo indiciarias y pese a haber puesto a disposición de la justicia las garantías necesarias para probar su sometimiento al proceso.

La profesional criticó la actuación desmedida del sistema penal cuando las denuncias provienen de grandes empresas, como aquellas dedicadas a la criptominería. Mencionó que, a veces, la única salida es recurrir a la recusación, una herramienta legal muy satanizada, pero válida para apartar a quienes han perdido objetividad o imparcialidad.

“La fiscalía debe dejar de actuar como oficina al servicio de estas grandes corporaciones; debe dejar de comportarse como secretaria de ejecutivos de empresas mineras. La fiscalía debe representar a la sociedad, salvaguardar la vida y la libertad. No podemos fomentar la impunidad protegiendo a los grandes representantes corporativos dedicados a la criptominería, que no sólo implican uso desmedido de energía limpia, sino también secuelas ambientales y sociales muy negativas por el ruido que genera este tipo de empresas al instalarse en zonas pobladas”, acotó la abogada.

Señaló que tanto jueces como fiscales deben actuar en representación de la sociedad y no como simples secretarios de grandes corporaciones. Puso de ejemplo el caso de su cliente, Marco Emmanuel González, un joven de 25 años que se encuentra en la cárcel por la sospecha de hurto de máquinas pertenecientes a un ciudadano francés.

Por esa razón, busca apartar al fiscal Bernardo Javier Elizaur, por su “selectividad punitiva”, que hace que se persiga a los “ladrones de gallina” y no a los de traje y corbata.

Cuestionó que, pese al avance de los tiempos y la permanente actualización a la que están obligados los abogados penalistas que esperan lo mismo de los operadores del sistema, esto no ocurre porque algunos fiscales y jueces siguen trabajando impunemente sin respetar garantías básicas del debido proceso.

Recientemente, la agente fiscal Yeimy Adle imputó al presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Pastor Emilio Soria Melo (destituido), así como a otros funcionarios y exfuncionarios, por presunto pedido de coima a importadores.
 
La causa debe ser admitida para su formal inicio, y los imputados deben ser citados para la audiencia de imposición de medidas ante el juez que lleva el caso.
 
También alcanza a los exfuncionarios Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba; a los funcionarios Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodríguez Escobar; y a terceros ajenos al SENAVE: Roberto Cárdenas Ramírez; Víctor Manuel Leiva Cardozo; Ramona Ysabel Arce Ramírez; Plinio Alcibiades Gamarra Morel; y Eladio Figueredo.
 
Fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero, con distintas modalidades de participación, entre autoría, instigación y complicidad. Estas personas presuntamente exigieron sumas millonarias a importadores de productos frutihortícolas a cambio de autorizar el certificado de Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI).
 
Según la denuncia de la Asociación ASICOPACE, formulada el 4 de marzo de 2024 por Karen Leticia Leguizamón, funcionarias del SENAVE exigían pagos indebidos de Gs. 10.000.000 por cada AFIDI, cuando el costo oficial es de Gs. 17.715. El esquema operó entre diciembre 2023 y abril 2024: importadores enfrentaron demoras injustificadas y presiones, incluidas llamadas y visitas de funcionarios y terceros conocedores de los datos ingresados en la Ventana Única de Importador (VUI).
 
Este sistema de cobro irregular afectaba directamente a los importadores, quienes se sentían obligados a pagar para evitar demoras que ponían en riesgo sus productos.
 

Desde el Ministerio de Justicia han confirmado que, en el primer semestre del año, a través de un trabajo de seguimiento procesal han logrado poner en libertad a 92 personas que ya cumplieron la pena mínima.

El informe menciona que, entre febrero y junio de este año, un total de 92 personas recluidas recuperaron su libertad gracias al trabajo técnico y jurídico de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal.

Durante este periodo, la Unidad analizó 4 610 casos en distintos establecimientos penitenciarios del país, detectando 384 situaciones en las que ya se había cumplido el plazo de la pena mínima para personas bajo prisión preventiva.

Si bien varios casos fueron resueltos favorablemente, aún se encuentran en proceso de gestión otras comunicaciones dirigidas a las autoridades judiciales.

El trabajo se realiza como parte del compromiso con la garantía de derechos y la lucha contra el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Los trabajos se desarrollaron en los centros penitenciarios de Tacumbú, Emboscada Antigua, Casa del Buen Pastor, Cambyretá y en los regionales de Coronel Oviedo, Concepción, San Pedro y Ciudad del Este.

Este resultado fue posible gracias a una coordinación efectiva con el Poder Judicial, la Defensa Pública y el Ministerio Público, lo que permitió una intervención oportuna en cada caso.

El accionar de la Unidad se sustenta en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que “la prisión preventiva no puede prolongarse más allá del tiempo de la pena mínima prevista para el hecho punible imputado”.