Este lunes 14 de julio se reiniciará el juicio oral y público contra los 18 acusados en el emblemático caso “A Ultranza Py”, considerado el mayor golpe contra el crimen organizado en la historia reciente de Paraguay. El proceso está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.

En el primer día de audiencia se superaron las cuestiones incidentales que buscaron suspender la diligencia. El tribunal resolvió arbitrar mecanismos para que los abogados defensores puedan acceder a sus clientes en privado y preparar mejor la defensa.

Este lunes, la audiencia se reabrirá a las 8:30, en la etapa incidental para que las partes presenten los incidentes de inclusión y exclusión probatoria que consideren pertinentes en la causa.

Entre los principales acusados figuran Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, señalado líder de la estructura criminal y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú; Juan Carlos Ozorio Godoy, exdiputado colorado vinculado a lavado de dinero; y Luis Fernando Sebriano González, señalado como brazo logístico de la organización.

Otros involucrados son familiares de “Tío Rico”, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, así como el empresario Alberto Koube Ayala, supuesto líder del esquema de lavado, acompañado por su pareja, María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana, Fátima Koube Ayala.

El abogado Álvaro Arias, defensor de “Tío Rico”, presentó incidentes para suspender el juicio, alegando imposibilidad material para elaborar una defensa efectiva, pues no puede conversar en privado con su cliente debido a restricciones de comunicación en prisión.

Según la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, la organización operó entre 2018 y 2022, traficando cocaína desde Bolivia hacia Europa y África. Se estima que movió más de 17 toneladas de clorhidrato de cocaína, generando ingresos superiores a USD 430 millones.

El operativo A Ultranza Py incluyó más de 100 allanamientos y la participación de más de 20 fiscales, desarticulando una red con vínculos en los ámbitos político, empresarial y religioso.
 
 

Así lo aseguró el camarista Paublino Escobar, quien recientemente fue designado para integrar este fuero en un tribunal especializado. El reconocido magistrado señaló que estar en este ámbito implica una gran responsabilidad, ya que es el fuero donde debe primar la independencia judicial ante todo.

Comentó que el fuero, por sí mismo, es altamente complejo, teniendo en cuenta que se trata de estructuras organizadas que actúan con determinados patrones de operación; lo cual requiere, además de una capacidad constante, un presupuesto adecuado para ser enfrentado con eficiencia.

Escobar también señaló que es necesario incluir tecnología de vanguardia para acompañar la lucha contra este flagelo, que opera en distintas ramas y cuenta con capacidad financiera que le permite diversificar en otras áreas como la criptominería.

“Implica un desafío, porque la lucha contra el crimen organizado requiere colaboración efectiva entre distintos ámbitos; el trabajo y su análisis resultan altamente complejos, y todo ello sin vulnerar la independencia judicial. Somos quienes debemos garantizar que se opere de manera libre de toda influencia política o económica.

Esto se vuelve un desafío desde el momento en que la corrupción es transversal a cualquier sistema. En ese sentido, es importante señalar que muchas veces las funciones propias de un sistema penal se encuentran limitadas por los recursos y la infraestructura, que resultan insuficientes para combatir el crimen desde la justicia. Atender la complejidad del crimen organizado incluidas sus estructuras, métodos y patrones de operación requiere mucho más que capacitación o buenas intenciones; el sistema de justicia necesita recursos adecuados, tecnología de vanguardia. Ellos todo el tiempo se están adaptando para evitar la persecución”, remarcó el doctor Paublino Escobar.

Agregó que el crimen organizado requiere un enfoque integral, que además del aspecto legal y judicial, considera también los aspectos sociales, económicos y de seguridad, que el juzgador debe tener en cuenta a la hora de llevar adelante un caso de esta naturaleza. Recordó que Paraguay y su sistema de justicia están siendo muy demandados por diversas instancias internacionales.

Reiteró que el crimen organizado es un fenómeno que se ha complejizado, ya que bajo ese ropaje de crimen organizado se han introducido más tipos penales como: medio ambiente, minería ilegal, entre otros.

Por último, el magistrado dijo sentirse muy honrado por la distinción que le concedió la Corte Suprema de Justicia al integrarlo a un fuero tan relevante por sus alcances, y lo considera un reconocimiento al trabajo realizado a lo largo de su carrera en el sistema de justicia.

La jueza especializada Rosarito Montanía rechazó el pedido de cambio de calificación solicitado por Gianina García Troche, quien buscó, a través de su defensa, modificar la figura penal que el Ministerio Público le atribuye: lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Con esta decisión, la mujer seguirá procesada por lavado de activos dentro del esquema de tráfico internacional de drogas liderado por su esposo, el uruguayo prófugo de la justicia, Sebastián Marset.

En mayo pasado, Gianina García Troche llegó al país extraditada desde España, y la misma jueza dispuso su prisión preventiva, a ser cumplida en la cárcel militar de Viñas Cué. La mujer enfrenta cargos por lavado de dinero perteneciente a la estructura criminal encabezada por su esposo.

Las diligencias de indagatoria e imposición de medidas se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad, sin mayores detalles sobre lo resuelto en cada instancia procesal.

Recientemente, las autoridades militares confirmaron que se han incrementado las medidas de seguridad en torno a Gianina García Troche, quien cumple prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué.

La jueza penal de garantías del fuero especializado contra el crimen organizado, Rosarito Montanía, además de ordenar la reclusión de García Troche en la cárcel militar, estableció en su momento una serie de restricciones que fueron recientemente reforzadas para evitar cualquier contratiempo.

Las medidas especiales de reclusión de la imputada obedecen a la necesidad de evitar posibles filtraciones, así como a la de resguardar incluso la seguridad de la propia procesada. García Troche, esposa del prófugo uruguayo Sebastián Marset, fue extraditada desde España bajo estrictas medidas de seguridad.
 
El caso A Ultranza PY y su vínculo con Marset
La extradición de García Troche se enmarca dentro de una serie de operativos y procesos judiciales que han sacudido al país en los últimos años. Su esposo, Sebastián Marset, es señalado como una de las figuras clave dentro de una red internacional de narcotráfico con conexiones en Paraguay, Uruguay y otros países de la región.

El operativo A Ultranza PY, la mayor investigación contra el crimen organizado en Paraguay hasta la fecha, ha expuesto el alcance de esta estructura criminal, que involucra lavado de dinero, tráfico de drogas y vínculos con empresarios y políticos. A raíz de este caso, varias propiedades fueron incautadas, cuentas bancarias congeladas y múltiples órdenes de captura emitidas.

García Troche ha sido mencionada en varias instancias dentro de la investigación, y su extradición supone un nuevo capítulo en el proceso judicial contra la red de Marset. Su situación legal en Paraguay podría derivar en más revelaciones sobre los nexos de la organización y el impacto de sus operaciones en el país.

Este viernes continuó el juicio oral y público al abogado Miguel Mendieta, al militar Luis María Belotto y a la esposa de este, Alba Lidia Ale de Belotto, por el hecho punible de soborno agravado.

La diligencia se reinició con la producción de videos de circuito cerrado ofrecidos por el Ministerio Público, que busca probar los hechos acusados en este proceso penal abierto contra los enjuiciados.

Los tres están acusados por el Ministerio Público de haber intentado entregar un teléfono celular a Miguel Insfrán, alias «Tío Rico», considerado uno de los líderes de un esquema de tráfico de drogas y lavado de activos desmantelado con el operativo A Ultranza Py.

Según la acusación formulada en su momento por el fiscal del caso, Francisco Cabrera, las conductas realizadas por el coronel Luis María Belotto y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto consistieron en ofrecer una suma de dinero concreta Gs. 10.000.000 al mayor Guillermo Moral Centurión, a cambio de que introdujera un teléfono celular de forma clandestina y se lo entregara al recluso Miguel Insfrán Galeano, alias «Tío Rico».

Este argumento se sustenta en la interceptación de comunicaciones realizadas con autorización judicial, la extracción de datos del teléfono celular, informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar, grabaciones de circuito cerrado y testimonios ofrecidos.

En su momento, el mismo fiscal del caso buscó que los acusados fueran beneficiados con una salida alternativa al juicio oral, pero el órgano jurisdiccional consideró que se trataba de un caso grave, por lo que debía realizarse el debate público. Actualmente, el caso se encuentra precisamente en esta etapa, donde serán expuestas las evidencias del Ministerio Público.

Si bien los años de condena por este hecho punible no superan los tres años al ser considerado un delito menor, se trata de un caso en el que, según la acusación, un funcionario militar se prestó para brindar logística a un líder criminal.

La acusación también revela que el mecanismo de seguridad establecido por la jueza Rosarito Montanía fue clave para detectar y evitar que se entregara el paquete de yerba con el iPhone oculto a «Tío Rico».

El tribunal especializado que juzga el caso está integrado por las juezas Ana Rodríguez, Elsa García y Matías Garcete.
 
 

El juez Penal de Garantías de Carapeguá, Hilario Bustos, dictó prisión preventiva contra Fredy Antonio Florenciano Brítez, alias “Fredy el Loco”, supuesto autor del abuso y asesinato de la niña de 11 años, Felicita Estigarribia.
 
El imputado permaneció 21 años prófugo de la justicia, aparentemente oculto dentro del departamento de Caaguazú. El juzgado impuso la medida por peligro de fuga y la gravedad de los hechos investigados.
 
La prisión preventiva la cumplirá en el penal de regional de Misiones. La calificación provisoria de la causa fue elevada a homicidio doloso agravado y abuso sexual en niños, dadas las características especialmente violentas del crimen.
 
Florenciano Brítez, alias “Fredy el Loco”, es el principal sospechoso del crimen que conmovió a la ciudadanía: la niña fue víctima de brutal agresión sexual y homicidio mientras vendía mandarinas en Yaguarón, en mayo de 2004. El detenido contaba con al menos 12 órdenes de captura por homicidio doloso.
 
El sospechoso se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión, además de posibles medidas de seguridad por su perfil de peligrosidad, según lo establecido en el Código Penal paraguayo.

Por compurgamiento de la pena mínima, la justicia ordenó la libertad del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, y de Miguel Ángel Robles Ibarra, exjefe de gabinete de la Gobernación, ambos condenados en la causa conocida como “obras fantasmas”.

Los condenados habían cumplido la pena mínima según lo establecido en la ley, por lo que el Tribunal de Sentencia ordenó la inmediata libertad de ambos, pese a la oposición fiscal, que buscaba impedir esta decisión.

Tanto González como Robles fueron hallados culpables de haber creado una asociación criminal para desviar fondos de la Gobernación de Central, destinados originalmente a la reactivación económica tras la pandemia.

Los acusados utilizaron facturas falsas emitidas por contribuyentes de otras zonas del país e incluso funcionarios facultados para facturar a nombre de la ONG CIAP, lo que les permitió cobrar salarios de forma ilícita.

Consecuentemente, el tribunal condenó a Hugo Javier González a 10 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, en calidad de autor directo.

“La plata del pueblo paraguayo fue utilizada de forma irregular: desembolsaron G. 5 105 millones sin respaldo documental, y ni siquiera se presentó el convenio para explicar las 14 obras existentes”, afirmó la jueza Karina Cáceres. Según el tribunal, entre 2020 y 2021, Miguel Ángel Robles lideró el esquema junto con funcionarios, constructores y la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para apropiarse de fondos de la Gobernación.

“Se ejecutaron resoluciones el 29 de diciembre de 2020 —un día después de la transferencia de fondos COVID (G. 5 105 600 000)— autorizando pagos a CIAP sin documentación justificativa. González presentó documentos falsos ante la Contraloría, usó facturas clonadas y empleó un correo falso en la rendición de cuentas. Este tribunal revisó “papelito por papelito” y probó los hechos en juicio”, señaló la jueza Cáceres.

Además de Hugo Javier y Robles (condenados a 10 años), el tribunal sentenció a:
Javier Marcelo Rojas: 2 años (autoridad de Finanzas), Luis Eduardo Allende Araújo: 2 años (tesorero, con suspensión), Lourdes Lezcano Decoud: 2 años (secretaria general, con suspensión) y Modesta Valiente Escobar: 2 años (directora de Asesoría Jurídica, con suspensión).

La fiscalía acreditó el desvío irregular de G. 5 105 millones mediante documentos, pericias y testimonios, destinados a supuestas obras que jamás se realizaron.
 

El Tribunal de Apelaciones de Central confirmó la condena de 30 años de cárcel para Joel Guzmán Amarilla por el crimen de Dahiana Espinoza. Los restos de la víctima nunca fueron encontrados, pese a las intensas búsquedas realizadas por el Ministerio Público y la policía.

La joven habría sido asesinada el 18 de septiembre de 2020, en la ciudad de Itá, por Joel Guzmán Amarilla, en ese entonces su pareja sentimental. El fallo fue confirmado por mayoría, al igual que la decisión del Tribunal de Sentencia que juzgó el caso.

En el voto mayoritario se afirmó: “Negar la posibilidad de condena en ausencia del cuerpo físico de la víctima implicaría abrir una ventana de impunidad inaceptable en casos de feminicidio”. Con esto, segunda instancia deja firme la condena de 30 años de prisión para Guzmán Amarilla.

En su momento, la agente fiscal Daisy Sánchez probó, mediante indicios, la reprochabilidad de la conducta desplegada por el condenado Guzmán Amarilla, quien según los indicios asesinó a su pareja. A pesar de las investigaciones exhaustivas, el cuerpo de la víctima nunca fue encontrado, lo que no impidió que la justicia impusiera la máxima pena.

Durante la búsqueda en la escena del crimen, se hallaron rastros de sangre humana en el baño de la casa de la pareja; el celular de la joven estaba en poder de su suegra con datos eliminados; y una fotografía tomada por error por Joel, publicada en su estado de WhatsApp el día de la desaparición, mostraba parte del cuerpo de Dahiana, borroso y aparentemente en el suelo.

En el juicio se estableció que la fecha de la desaparición coincidió con la del asesinato, según las pruebas presentadas por la Fiscalía. Las evidencias incluyeron testimonios que revelaron un patrón de violencia doméstica previo a la desaparición, además de análisis científicos que apuntaron directamente a Guzmán Amarilla como autor del crimen, lo que sustentó la imposición de la pena máxima.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la jueza Gloria Garay, junto a los magistrados Javier Sapena y Carolina Silveira. La condena constituye un hito importante en la lucha contra la violencia de género y en la búsqueda de justicia por feminicidio en Paraguay.

El feminicidio es un flagelo que ha enlutado a numerosas familias en Paraguay. Según el Ministerio Público, hasta el 30 de junio de 2025 se registraron nueve casos de feminicidio, dejando 20 niños huérfanos. Además, se reportaron 31 casos de tentativa de feminicidio y 19 399 víctimas de violencia familiar en el mismo periodo.