El Poder Judicial hizo efectiva la entrega de 15 inmuebles más del usurero condenado Ramón González Daher a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). De los 141 inmuebles comisados en la causa por usura, 89 ya pasaron a nombre del Estado.

Los documentos entregados a la institución encargada de administrar los bienes incautados en procesos corresponden a 15 inmuebles pertenecientes a Ramón González Daher y a su hijo, Fernando González Karjallo. En total, el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de Sandra Kirchhofer, ha entregado 89 inmuebles de los 141 establecidos por sentencia.

Durante la entrega de la documentación, la magistrada hizo mención a la importancia de este proceso, debido a que representa un gran avance para el Estado paraguayo, teniendo en cuenta el trabajo conjunto de las instituciones involucradas y comprometidas a garantizar seguridad jurídica en los procesos.

Los representantes de Senabico, el abogado Sergio Benítez y el economista Guido Burgos, manifestaron su satisfacción por el avance en la entrega legal y material de estos inmuebles, que fueron adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas, y que ya pasan a dominio definitivo del Estado.
La transferencia se realizó conforme a lo establecido por la Ley N.º 5.876/17, de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Acompañó la entrega la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por el abogado Alcides Insaurralde.

La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
En esta causa, Ramón González Daher fue condenado a 15 años de prisión por los tipos penales de usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Mientras que su hijo, Fernando González Karjallo, fue sentenciado a cinco años de prisión por lavado de dinero en grado de complicidad.

Igualmente, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Claudia Criscioni, ordenó el comiso de bienes y dinero por unos 47 millones de dólares de ambos sentenciados.

Esta sentencia es considerada histórica, no solo por la connotación que posee, dada la cantidad de víctimas que fueron perjudicadas por el “préstamo” usurario que el condenado les hacía, sino porque, una vez saldada la deuda, estas eran igualmente reclamadas judicialmente por el condenado.
La causa se encuentra en proceso de ejecución de la sentencia condenatoria de los encausados, así como en la ejecución de sus bienes, que van pasando a nombre del Estado, el cual ya puede disponer de estos inmuebles y utilizar los fondos que provengan de sus ventas para los fines que establece la ley.

El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial anuncian que, desde el próximo 21 de julio, se implementará la digitalización completa de los trámites para la inscripción de sentencias judiciales en el Registro del Estado Civil.

La innovadora plataforma estará disponible a partir del lunes 21 de julio de 2025 para el proceso de registro de decisiones judiciales, como divorcios, filiaciones y otras modificaciones del estado civil.

Así, el trámite se realizará de manera enteramente digital, eliminando la necesidad de gestiones presenciales y el uso de papel.

Esta iniciativa conjunta representa un avance fundamental en la agilización de los servicios para la ciudadanía y los profesionales del derecho, reduciendo los tiempos de espera y simplificando un procedimiento que anteriormente podía tomar varias semanas o incluso meses.

La medida se enmarca en el plan de transformación digital del Estado paraguayo, que busca optimizar los recursos, aumentar la transparencia y ofrecer un servicio más eficiente a la población.

El nuevo sistema interconectará las bases de datos del Poder Judicial con las del Registro del Estado Civil, permitiendo que los oficios judiciales que ordenan una inscripción en dicho registro se transmitan de forma telemática, segura y con plena validez jurídica.

Los usuarios podrán iniciar y hacer el seguimiento del estado de sus trámites en línea, recibiendo notificaciones automáticas sobre el avance y la conclusión del proceso.

Esta implementación no solo agilizará el cumplimiento de las órdenes judiciales, sino que también dotará de mayor transparencia y trazabilidad a cada uno de los expedientes, beneficiando directamente a los justiciables y a sus representantes legales.

Las autoridades destacan como principales beneficios de esta implementación: la eliminación de la gestión presencial, ya que los oficios judiciales se enviarán electrónicamente, evitando que los interesados deban recurrir a intermediarios; así como una mayor seguridad y trazabilidad en la tramitación de estos documentos, lo que garantiza su integridad.

Aseguran que esta vanguardista forma de registrar documentos tiene, además, un impacto positivo en la protección del medio ambiente al eliminar el uso de papel.

Este martes, un grupo de personas víctimas del conocido esquema de la mafia de los pagarés se manifestó frente al tribunal para exigir respuestas más ágiles que permitan suspender los descuentos compulsivos, de los que siguen siendo víctimas, y también solicitan una audiencia con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia.

Igualmente, piden una investigación libre de presiones, para que realmente se haga justicia en sus casos, debido a la gran cantidad de personas afectadas por este perverso sistema montado con la complicidad aparente de empresas de cobranzas, abogados, funcionarios y hasta jueces, con el objetivo de despojar de sus haberes a jubilados y funcionarios del Estado pertenecientes a distintas instituciones.

Mencionan que existen más de 17.000 personas que han sido víctimas del esquema y que incluso muchos se han quitado la vida ante el hostigamiento de sus acreedores, quienes han reclamado en más de una oportunidad un mismo pagaré.

El Ministerio Público indaga un gigantesco esquema de fraude que, aparentemente, se montó en varios Juzgados de Paz de la capital. Existen cerca de 70 personas procesadas por este caso, entre ellas jueces, exjueces, funcionarios, ujieres, abogados y hasta dueños de casas de cobro, por su presunta participación en este esquema delictivo.

Si bien las causas en el fuero penal persiguen el castigo de los supuestos autores del fraude, los afectados buscan mayor celeridad en los juicios ejecutivos tramitados en los Juzgados de Paz para suspender los descuentos, ya que el perjuicio persiste para algunas de las víctimas.

La imputación fue formulada por prevaricato, en calidad de autores, y por producción de documentos, en calidad de cómplices, contra los jueces Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, entre otros.

Desde la Comisión Especial del Senado, que también investiga los hechos relacionados con este caso y brinda asesoría a las víctimas, se adelantó que podría ampliarse la denuncia en el ámbito penal contra instituciones que generan trabas a la hora de suspender los descuentos. Mientras tanto, la facilidad para ejecutar más de un descuento sobre los haberes por ejemplo, de jubilados se realiza únicamente mediante una planilla de Excel.

Igualmente, este caso ha generado que la Corte Suprema de Justicia presente dos proyectos legislativos con el fin de poner freno a este mecanismo de estafa, como medida para dar solución al problema que ha surgido en el seno mismo de la justicia.

En un procedimiento abreviado, fue condenado a dos años, con suspensión de la ejecución de la condena, Julio Javier Lovera Caballero, tras reconocer los hechos.

El agente fiscal anticorrupción Silvio Corbeta acusó a los funcionarios de la ANDE por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, reducción, apropiación y asociación criminal, luego de que se dedicaran a robar cables, causando un perjuicio de más de G. 7.100 millones al ente.

Los funcionarios procesados fueron identificados como Ronie Rodríguez, Gerardo Samudio, Edgar Báez, Fernando Giménez, Julio Lovera (ya condenado), Egidio Bordón, Juan González y Francisco Ariel Ocampos, quienes afrontarán juicio oral y público por las sospechas que pesan sobre ellos.

Para el Ministerio Público, los mismos formaron parte de una asociación ilícita para solicitar, retirar y entregar cables de la institución, simulando una necesidad inexistente para el uso de los materiales, sin que estos tuvieran el destino que debían tener y que motivó su adquisición por parte de la institución.

La acusación señala que, presuntamente, Rodríguez, como jefe de la sección Distribución de Limpio de la ANDE, pidió y retiró 334.213 metros lineales de cables del depósito de materiales de la sede Boggiani. Rodríguez habría autorizado a los funcionarios Samudio, Báez y Giménez, y a un empleado de la firma CIME S.R.L., Lovera, para retirar los cables que debían ser utilizados en Limpio.

Las personas citadas no completaron de forma correcta los documentos que justificaran el uso y destino de los materiales, causando un perjuicio patrimonial importante. Asimismo, Bordón, González y Ocampos, funcionarios del depósito de materiales de la sede Boggiani, entregaron los conductores eléctricos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022 a los coimputados, pese a que el formulario de retiro no cumplía con las indicaciones básicas de la institución.