Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete, defensores de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, han presentado un incidente solicitando la nulidad de la declaración indagatoria, argumentando que se le negó su derecho de comunicarse con el consulado de su país y al omitir informarle la información de que tenía 24 horas para designar un defensor de su confianza.

La defensa alega que los derechos y garantías de la imputada fueron vulnerados ante esta situación, por lo que solicitan que la diligencia practicada el día de su arribo al país (21-05-25) sea anulada.

“La Convención de Viena (art. 36), incorporada al bloque de constitucionalidad, impone a toda autoridad (fiscal, juez, policía) la obligación de informar sin demora al detenido extranjero de su derecho a comunicarse con su consulado. Esa obligación no es facultativa ni recomendable: es norma de rango constitucional y convencional de cumplimiento estricto”, afirman los defensores, quienes buscan dejar sin efecto la indagatoria de la procesada.

Agregan que el incumplimiento por parte de las autoridades locales vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa técnica efectiva. La falta de información sobre el derecho consular no solo constituye una infracción administrativa o diplomática, sino que, en casos como el de Gianina García, afecta directamente la validez del acto procesal realizado y lo vicia de nulidad absoluta, conforme lo dicta la norma.

Por último, la defensa sostiene que la jueza Rosarito Montanía ha vulnerado el derecho de la imputada al designar un abogado público sin previamente preguntarle o darle la oportunidad de comunicarse con el consulado colombiano, por lo que solicitan que esta audiencia sea anulada por estar viciada.

Gianina García se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué. Soporta cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el marco del esquema de tráfico internacional de drogas liderado por su esposo, el prófugo de la justicia, el uruguayo Sebastián Marset.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convocó a una movilización con vigilia permanente frente al Palacio de Justicia. El objetivo es denunciar lo que describen como una estructura judicial profundamente corrupta que, en connivencia con empresas e instituciones privadas, estaría despojando sistemáticamente a trabajadores y trabajadoras de sus salarios.

La protesta busca expresar el repudio colectivo ante la injusticia, exigir la protección del derecho constitucional al salario y reclamar el cese inmediato de los embargos arbitrarios que afectan a numerosas familias paraguayas.

Las víctimas responsabilizan directamente a la Corte Suprema de Justicia por la prolongada demora en brindar respuestas efectivas a esta crisis judicial, una negligencia que, según afirman, vulnera derechos humanos y agrava el sufrimiento cotidiano de los afectados.

Las consecuencias son alarmantes: enfermedades, desnutrición, estrés crónico e incluso fallecimientos han sido atribuidos al impacto de las medidas judiciales injustas. La movilización, que contempla acampar indefinidamente frente al Palacio de Justicia, se presenta como un acto de resistencia civil ante lo que los manifestantes califican como una maquinaria de despojo legalizada.

En una entrevista exclusiva con Judiciales Net, la ministra y presidenta de la Sala Penal, Carolina Llanes, sostuvo que la reciente acordada que reglamenta tres artículos del CPP fue redactada para detener la mala práctica por parte de los operadores del sistema, quienes permiten que las causas sean desvirtuadas y no se busque llegar a la verdad.

Llanes fue enfática al señalar que la norma, vigente desde el año 2000, es clara al determinar las facultades disciplinarias que posee el magistrado judicial, y que la acordada busca ejercer el control disciplinario, una obligación legal que poseen todos los jueces y tribunales.

Agregó que se debe respetar el debido proceso y que los directores del proceso, es decir, los magistrados, deben velar por el fiel cumplimiento de sus deberes, de modo que las causas avancen sin contratiempos, evitando así dilaciones indebidas como ocurre en la actualidad.

“Esta estructura normativa y pragmática es lo que configura el debido proceso; presupuesto esencial para la validez de los actos procesales y la legitimación del poder penal del Estado.

Dentro de sus deberes y potestades, los jueces y tribunales deben velar por la regularidad del litigio; mientras que las partes intervinientes deben litigar con buena fe, evitando planteos dilatorios y el ejercicio abusivo de sus facultades. Esta es la razón por la que el legislador ha establecido el poder de disciplina del juez y la potestad de aplicar sanciones a los litigantes de mala fe.

Esta normativa está prevista en el Título V: Deberes de las partes, artículos 112, 113 y 114 del CPP; en vigencia desde el año 2000. Sin embargo, en vez de enfocarse en consolidar la regularidad del litigio adversarial, muchos operadores se han dedicado a desvirtuar el proceso penal, desnaturalizando sus funciones. Las partes (salvo honrosas excepciones) hacen lo imposible por eludir el debate o las soluciones alternativas, y los jueces no sancionan a los litigantes de mala fe”, señaló la ministra.

Agregó que esta misma situación se arrastra desde el inicio del proceso penal y continúa inclusive en la etapa de ejecución, lo que imposibilita que se cumpla debidamente con el rol del Poder Judicial: sancionar a los culpables de un hecho punible.

Señaló que, por ello, desde la Oficina Técnica Penal se ha propuesto al pleno de la Corte Suprema de Justicia la reglamentación de esta normativa, estableciendo un camino claro y sencillo para la aplicación efectiva de la ley cuando corresponda, garantizando el derecho de las partes y proveyendo al juez una herramienta útil para ejercer su poder de disciplina.

La entrevistada dijo que es de suma relevancia que se cumpla con el control disciplinario dentro del proceso penal, el cual está estructurado sobre garantías y principios fundamentales (Constitución Nacional) y formas procedimentales (CPP), que deben ser respetadas y aplicadas por los sujetos procesales jueces y partes para concretar su finalidad: buscar la verdad y aplicar la ley penal al culpable.

Recientemente, la máxima instancia, a propuesta de la OTP, ha aprobado la Acordada N.º 1812, que reglamenta las sanciones disciplinarias en el proceso penal. Esta normativa tiene como finalidad prevenir conductas contrarias al principio de buena fe, la temeridad procesal y el abuso de los resortes legales.

El Ministerio Público formuló una acusación por estafa mediante sistemas informáticos, hurto y asociación criminal, por la presunta anulación de facturas con el fin de evitar que estas tuvieran un respaldo de ingreso al patrimonio de la entidad, según asegura la fiscalía.

Según el relato de la acusación fiscal, tanto Armando Gómez como otros funcionarios anularon miles de facturas en 2009, pese al ingreso real del dinero a la Municipalidad de Lambaré, lo que generó un perjuicio patrimonial estimado en G 10.000 millones.

Dentro de la causa también están acusados Walter Omar Belotto Achucarro, exdirector de Auditoría Interna de la Municipalidad de Lambaré; Roberto Paredes Ojeda, exdirector de Administración y Finanzas de la comuna; y Rodrigo Javier Portillo Chirife, exjefe del Departamento de Tesorería.

Otros acusados son Edgar Iván Villalba Torreblanca, exdirector interino de la Dirección de Gestión Tecnológica; Ricardo Ronald Ricciardi, exfuncionario del Departamento de Gestión Tecnológica; y la excontadora municipal Sonia Raquel Notario Candia, todos ellos también exfuncionarios de la Municipalidad de Lambaré.

El juez que entiende en el caso es el magistrado Humberto Otazú, quien, una vez admitida la acusación, deberá citar a las partes para una audiencia preliminar, en la que se discutirán los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete, quienes ejercen la defensa de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, presentaron un escrito a la jueza del caso, Rosarito Montanía, para solicitar la modificación de algunas condiciones de encierro de la procesada.

Los profesionales mencionan que, en las condiciones actuales, les resulta imposible ejercer en debida forma la defensa de la procesada por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La defensa se siente cercenada en sus derechos al tener limitaciones de horario impuestas tanto por el juzgado como por el penal militar donde la mujer cumple prisión preventiva.

Alegan que, en el auto de prisión preventiva, se dispuso que los abogados defensores podrán visitar a la señora García Troche de lunes a viernes, en el horario de 9:30 a 11:30 horas. Señalan que han intentado visitarla a las 14:00 horas y no se les permitió ingresar junto a la imputada, y fueron informados de que solo los días lunes, miércoles y viernes se permiten las visitas y llamadas (videollamadas o normales) entre las 10:00 y las 12:00 horas, con una duración máxima de veinte minutos, siempre bajo supervisión. Esta situación, sostienen, dificulta el desempeño de una defensa adecuada.
“Tales limitaciones no están motivadas en un riesgo concreto de fuga, obstrucción o seguridad, y contravienen el derecho de la imputada a entrevistarse con su defensor en condiciones que garanticen libertad y confidencialidad. La Constitución Nacional y el Código Procesal Penal garantizan al imputado el derecho a comunicarse con su defensor de manera libre e ilimitada, salvo que exista una necesidad concreta y debidamente motivada para restringir ese derecho”, afirman los defensores en su escrito.

Agrega la defensa que la limitación para visitar a su cliente debe estar fundada y motivada por una circunstancia específica, lo cual, según argumentan, no ocurre en este caso. Por esa razón, solicitan que se revise esta disposición para permitir a la defensa ejercer adecuadamente la representación de la acusada.

Igualmente, la defensa hace saber al juzgado que la recluida, tras más de 50 días de encierro, ha mostrado un deterioro físico visible, con una pérdida de 14 kilos, constatada por el personal médico del penal.

Sostienen que Gianina García “está siendo tratada con un rigor excesivo únicamente por su condición de mujer y por ser la esposa de un investigado de alto perfil”.

Agregan además que la imputada está siendo utilizada como “carnada mediática”, lo que constituye una vulneración de todos sus derechos.
García Troche está procesada por lavado de activos dentro del esquema de tráfico internacional de drogas liderado por su esposo, el uruguayo prófugo de la justicia, Sebastián Marset.

En mayo pasado, Gianina García Troche llegó al país extraditada desde España, y la misma jueza dispuso su prisión preventiva, a ser cumplida en la cárcel militar de Viñas Cué. La mujer enfrenta cargos por lavado de dinero perteneciente a la estructura criminal encabezada por su esposo.