El juicio oral y público que se le sigue al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa y su amigo Alberto Koubé Ayala, se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales y seguirá el próximo lunes en la misma fase de 8 a 11:00, por decisión del Tribunal de Sentencia.

El proceso penal por lesión de confianza y otros delitos, abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo Alberto Koube Ayala, es por haber presuntamente montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.

Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son: lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por lavado de dinero.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, lleva adelante el juicio oral y público respecto a ambos acusados. Recientemente, el colegiado ratificó la admisión del yate de Roa como prueba en el juicio que se le sigue por graves hechos de corrupción cuando este se desempeñaba como ministro de una de las carteras más sensibles.

Para el Ministerio Público, existen sobrados elementos de prueba contra el exfuncionario público Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.

Relata la acusación que, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN, quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Emergencia Nacional. Para ello, montaron una asociación criminal.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.

Según la fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con diversas licitaciones de la SEN, utilizando sus empresas y a terceras personas firmas de amigos o clientes con algún tipo de vinculación con él, a fin de desviar recursos en beneficio de la «sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube».

El tribunal de sentencia está presidido por una de las juezas con mayor experiencia en casos relacionados con delitos financieros, la magistrada Elsa García. Integran el tribunal, junto a ella, sus colegas Adriana Planas y Sonia Sánchez.
 

La exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), María Estela Azuaga Fleitas, cumple su condena de 10 años en el penal de mujeres del Buen Pastor.

La mujer fue condenada junto con los exministros de Agricultura Enzo Cardozo también sentenciado a 10 años de cárcel y Rody Godoy, quien recibió una pena de siete años de prisión. Todos fueron hallados culpables por los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.

En la causa, se probó un perjuicio patrimonial de G. 68.000 millones al Estado, ya que los fondos nunca llegaron a los productores, quienes confirmaron durante el juicio oral que no recibieron el dinero previsto.

Este es uno de los primeros casos en los que la Justicia aplicó condenas ejemplares por corrupción pública, tras haberse desviado millonarios fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que debían ser destinados a productores frutihortícolas.

La jueza de Ejecución Penal, Lidia Wyder, estableció el cómputo definitivo de la pena impuesta: la condenada cumplirá la mitad de la pena el 3 de diciembre de 2027, alcanzará las dos terceras partes el 3 de julio de 2029 y completará la condena el 3 de diciembre de 2032.

Gianina García Troche, esposa del narcotraficante prófugo de la justicia Sebastián Marset, solicita a través de sus abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete la intervención diplomática de su país en la causa que enfrenta por lavado de activos.

Los defensores piden que se informe al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que el Consulado no fue notificado de la presencia de la procesada en Paraguay el día de su arribo, sino 55 días después, lo cual, según la defensa, constituye una violación del debido proceso.

En ese sentido, solicitan al gobierno uruguayo analizar las consecuencias jurídicas y diplomáticas en las que habría incurrido el Estado paraguayo, a través de la justicia, al no garantizar a la procesada su derecho consular ni permitirle contratar un abogado de su confianza dentro de las 24 horas de su detención.

La defensa asegura que los derechos y garantías de la imputada fueron vulnerados, por lo que piden que la diligencia practicada el día de su arribo al país (21/05/25) sea anulada.

En su escrito, señalan: “La Convención de Viena (art. 36), incorporada al bloque de constitucionalidad, impone a toda autoridad (fiscal, juez, policía) la obligación de informar sin demora al detenido extranjero de su derecho a comunicarse con su consulado. Esa obligación no es facultativa ni recomendable: es norma de rango constitucional y convencional, de cumplimiento estricto”, afirman los defensores, quienes buscan dejar sin efecto la indagatoria de su clienta.

Agregan que el incumplimiento por parte de las autoridades locales vulnera el derecho al debido proceso y a una defensa técnica efectiva. La falta de información sobre el derecho consular no solo constituye una infracción administrativa o diplomática, sino que, en casos como el de Gianina García, afecta directamente la validez del acto procesal realizado y lo vicia de nulidad absoluta, conforme lo establece la normativa vigente.

La defensa sostiene que la jueza Rosarito Montanía vulneró el derecho de la imputada al designarle un abogado público sin previamente preguntarle ni darle la oportunidad de comunicarse con el consulado uruguayo, por lo que solicitan que dicha audiencia sea anulada por estar viciada.

Gianina García se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué. Enfrenta cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el marco de un esquema de tráfico internacional de drogas liderado por su esposo, el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia.

A pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, superintendente de Caazapá, la Corte Suprema de Justicia aprobó una auditoría al expediente judicial que otorgó libertad condicional a un condenado por abuso sexual en niños, quien habría asesinado a su víctima durante este periodo de reinserción social.

Ramírez Candia explicó que se solicitó la investigación de la causa llevada adelante por el juez de Ejecución Penal de Caazapá, Osmar Ariel Baeza Cáceres, a fin de verificar si se actuó con la debida diligencia.

Según detalló, Baeza Cáceres envió un informe en el que expone los argumentos por los cuales se concedió el beneficio penitenciario al hombre que habría asesinado a su sobrina de 11 años, luego de haber sido condenado a cuatro años de prisión por abusar de ella años atrás.

La Corte busca determinar si las condiciones en que fue otorgado el beneficio fueron correctas o si existió algún tipo de irregularidad en el expediente, que se encuentra en etapa de ejecución.

“En la nota, el juez hace un relato sobre la viabilidad de ese beneficio, como los informes psicológicos y su comportamiento dentro del penal. Ante esta situación, se ordenó la auditoría para corroborar tanto el informe como la actuación del juez y de los funcionarios del Ejecutivo que emitieron los dictámenes. La finalidad es tener certeza de si hubo o no alguna irregularidad”, afirmó Ramírez Candia.

El agente fiscal Carlos Germán Ramírez imputó al joven de 24 años Marcelo Giménez por el presunto hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Saka, distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen se habría producido entre las 15:00 y las 19:00, en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue una niña de 11 años, hallada sin signos de vida y con indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.

Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal y la habría trasladado hasta el sitio donde ocurrió el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.

El fiscal solicitó, además, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, basando su requerimiento en la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación. Entre los elementos que respaldan el pedido, se menciona que el imputado ya contaba con antecedentes por abuso sexual en niños y que, al momento del crimen, se encontraba en libertad condicional.

El hombre fue detenido en nuestro país mediante un operativo internacional, durante el cual se le requisaron unos mil archivos relacionados con menores de edad. Además, abusó durante años de su hermana menor desde que ella tenía 7 años.

La agente fiscal Diana Gómez representó al Ministerio Público en un juicio oral que culminó con la condena del encausado, de profesión abogado, a 15 años de pena privativa de libertad por la comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía infantil y coacción sexual.

La investigación se inició bajo la carátula de “pornografía infantil” en el marco de la “Operación Internacional Luz de Infancia VI”, que permitió identificar a usuarios en Paraguay que habrían descargado y compartido contenido de carácter pornográfico infantil desde una red digital.

Entre los cuatro objetivos detectados a nivel nacional se encontraba el hoy condenado, en cuyo poder se hallaron cerca de mil archivos, de los cuales más de 900 correspondían a material ilícito. El encausado fue vinculado mediante registros de conexión y descarga de archivos.

Durante la etapa investigativa, compareció ante la Unidad Fiscal una joven que relató haber sido víctima de abuso sexual por parte del condenado, quien es su hermano por parte de padre. La afectada declaró que los hechos se iniciaron en el año 2003, cuando tenía 7 años, y se extendieron hasta los 11. Años más tarde, en 2011, cuando tenía 15 años, volvió a ser sometida mediante coacción por el mismo agresor, situación que se habría prolongado hasta 2016.

La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal del acusado mediante pruebas documentales, testimoniales y periciales. El Tribunal de Sentencia, dictó una condena de 15 años de prisión, en atención a la gravedad de los hechos comprobados.

Los padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por intoxicación con flúor, volvieron a encadenarse frente al tribunal para exigir que la condena aplicada a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, sentenciada a cuatro años de cárcel, y a la química farmacéutica Sandra Hermosa, condenada a tres años de prisión, sea confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Esta causa pasó por tres juicios orales, y esta última sentencia es la que la familia de la joven busca confirmar en instancias superiores para cerrar el caso. Este martes, una vez más, se hicieron presentes para encadenarse como medida de protesta frente al Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de pedir que el fallo sea confirmado.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Francisco Ortiz, refirió en su momento, al dictar la sentencia, que ambas profesionales incurrieron en tres graves negligencias al tratar a la joven, quien finalmente falleció por sobredosis de flúor.

Los antecedentes refieren que la víctima era paciente de Lilia Espinoza, quien le recetó 2 gramos de flúor en comprimidos. El 9 de abril de 2021, a las 15:00 h aproximadamente, la joven ingirió el primer comprimido y, minutos después, comenzó a sentirse mal de forma progresiva.

A las 17:00 h tuvo que ser internada de urgencia en un sanatorio privado, donde le realizaron un lavado gástrico. La joven sufrió un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con flúor y falleció a las 22:00 h de ese mismo día.

Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración de cápsulas con una dosis de 500 mg cada una. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, reza parte de la acusación del Ministerio Público.

Esta vez, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, dictó una condena que, para la familia, resulta justa, y es por ello que buscan que la misma sea confirmada.

La abogada Alejandra Peralta Merlo, en representación de Christian Chena, volvió a urgir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que, a la brevedad, se expida sobre la acción planteada ante la CSJ contra la decisión del JEM que archivó la denuncia contra la jueza de Paz Gloria Machuca, quien censuró al empresario y a su medio de comunicación RDN.

Peralta Merlo, quien representa al empresario Christian Chena y a su medio de comunicación RDN, presentó el segundo urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema en el marco de la acción planteada contra la decisión del JEM que absolvió a la jueza de Paz Gloria Machuca.

Para los accionantes, es relevante que la máxima instancia tome postura y emita un fallo que siente un precedente respecto a la censura previa impuesta al medio de comunicación RDN y a su propietario, Christian Chena, a quienes se les impidió realizar cualquier tipo de comunicación sobre un hecho de interés público.

La acción de inconstitucionalidad fue entablada contra la decisión del Jurado, que resolvió rechazar in limine, es decir, sin estudio de fondo la acusación presentada por Chena contra la jueza, quien le impuso una prohibición por un año amparada en la Ley de Protección Integral a las Mujeres para censurarlo a él y a su medio de comunicación.

En este caso, los recurrentes han recusado a los ministros Manuel Ramírez Candia y César Diesel, quienes integran el JEM como representantes de la CSJ. Uno de ellos había declarado que no se había violado la libertad de expresión al censurar al medio de comunicación RDN, por lo que se solicita que se aparten del caso.

El 17 de febrero de 2025, tanto Christian Chena como su abogada fueron notificados de la sentencia absolutoria emitida por el Jurado en el marco de la denuncia realizada contra la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, por haber impuesto censura contra el medio RDN y el empresario.

El 12 de enero de 2024, la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, censuró al empresario Christian Chena y a su medio digital RDN, tras la publicación de un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). La medida, dictada al amparo de la Ley N.º 5.777/16 de Protección Integral a la Mujer, prohibió durante 365 días cualquier comentario que involucrara a Giselle Mousques, esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, quien fue señalada como presunta recaudadora de porcentajes en licitaciones.

El video en cuestión hacía referencia a supuestas prácticas corruptas, lo que motivó a Mousques a denunciar a Chena y a RDN, alegando que la publicación constituía “violencia contra la mujer”. Sin embargo, el contenido replicado tenía un evidente interés público, relacionado con denuncias de corrupción, afirmó la abogada.

La jueza Gloria Machuca, en su fallo inicial, ordenó a Chena y a RDN abstenerse de realizar publicaciones sobre Mousques en redes sociales y medios digitales. Esta medida fue revocada en apelación por la jueza de Primera Instancia Rosanna Frutos Olguín, quien argumentó que la resolución de Machuca constituía una censura previa, prohibida en un sistema democrático.

Frutos Olguín enfatizó que el material difundido por Chena y RDN estaba protegido por la libertad de expresión y que el Estado debe evitar imponer restricciones indebidas a la difusión de información de interés público. Mousques promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución, que también está pendiente en la Sala Constitucional.