El abogado Óscar Luis Tuma fue imputado junto a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, por un supuesto delito de lavado de activos en el marco de transferencias de inmuebles realizadas pese a una inhibición judicial vigente sobre los bienes.
 
Tuma negó tener participación directa en la alteración de datos que habilitó dichas operaciones y atribuyó la irregularidad a una funcionaria del Registro Público. Aseguró que una escribana modificó registros permitiendo la transferencia de cuatro propiedades valoradas en más de 1.700 millones de guaraníes.
 
Durante una conferencia de prensa, el abogado presentó documentos, fundamentos legales y pericias que, según afirmó, prueban que los actos jurídicos en cuestión fueron lícitos. Además, anunció que presentará una denuncia penal contra la funcionaria involucrada y una acción civil contra la Dirección General de Registros Públicos por daño moral.
 
El abogado imputado, explicó que recibió las cuatro propiedades como pago de honorarios profesionales equivalentes a unos 300.000 USD además de un acuerdo por el 20 % sobre la herencia de su cliente, estimada en aproximadamente dos millones de dólares.
 
Por su parte, el Ministerio Público acusa a Tuma y a Rodrigues Gomes de lavar activos al aceptar inmuebles sabiendo que estaban judicialmente inhibidos y pasibles de comiso. La funcionaria Alcira Celeste Rodríguez Flores fue imputada por alteración de datos, acceso indebido al sistema y modificar información relevante para ocultar la inhibición legal sobre las propiedades.
 
El expediente está ahora en manos del Juzgado Penal de Garantías, cuya competencia aún debe definirse, ya que el magistrado José Agustín Delmás considera que la causa debe ser tramitada en el fuero penal especializado.

El mecanismo de control por dispositivo electrónico, destinado a procesados por violencia familiar y delitos económicos, ha sido utilizado muy escasamente por los jueces penales, quienes tienen vía libre para aplicar esta medida en procesos relacionados con dichos casos.

De los 100 aparatos disponibles en la actualidad, solo ocho están en uso activo, según lo confirmó a Judiciales Net el abogado Carlos Hernán Escobar, director general del Sistema 911 del Ministerio del Interior.

Mencionó que la cantidad de dispositivos no representa un problema, ya que, si se superan los 100 disponibles, solo deben solicitarlos a la empresa adjudicada, con al menos 20 días de antelación.

“Tenemos ocho tobilleras colocadas y activas: cinco varones y tres mujeres. Tengo en mi banco 100 tobilleras, a libre pedido. Yo solicito y, en 20 días, la empresa me provee. Si habilitamos y empezamos a colocarlas, no tengo problema en llegar a las mil en un mes y medio. La cantidad no es una limitante”, explicó Escobar.

Lo que llama la atención es que los dispositivos no son utilizados de manera masiva por el sistema penal, pese al nivel de hacinamiento en las cárceles del país y a la existencia de personas imputadas por hechos punibles en los que podría aplicarse esta herramienta de control para asegurar el sometimiento de los procesados a sus causas.

En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia aprobó el uso de dispositivos electrónicos en el fuero penal especializado en delitos económicos, a propuesta de la Oficina Técnica Penal (OTP), ampliando su uso más allá de los casos de violencia familiar.

Se aclara que estos mecanismos de control serán implementados en delitos específicos, conforme a un listado del que dispondrán los jueces de Capital y Central, quienes están habilitados para utilizar esta herramienta con el fin de asegurar el sometimiento del imputado al proceso.

Este año se inició el plan piloto, que contempló inicialmente solo 20 tobilleras, utilizadas dentro de la ciudad de Asunción. Ahora, con la ampliación de la disponibilidad de esta herramienta, su uso se extendió al departamento Central, a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.

La empresa adjudicada proveerá el servicio de hasta 1.000 dispositivos. Cada uno tiene un costo estimado de entre 2.009.000 y 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios de esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, según adelantaron las autoridades.

La aplicación de las tobilleras quedará a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará un estudio de factibilidad, en el cual se verifican las señales de GPS y de radio ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.

La máxima instancia aprobó en su momento la Acordada 1.779, que establece el protocolo de aplicación de las tobilleras electrónicas en procesos relacionados con violencia familiar. Entre otras disposiciones, el juez de garantías debe considerar la opinión de la víctima antes de conceder el beneficio.

Asimismo, se aclara que el protocolo busca servir como manual para los jueces de garantías de Capital, quienes deben ceñirse estrictamente a lo establecido, a fin de asegurar la protección de las víctimas de violencia familiar y respetar las garantías del procesado.

Queda a cargo de cada juez de garantías valorar el momento en que puede utilizarse el dispositivo de control, la gravedad del hecho punible, el historial delictivo del posible beneficiario, los antecedentes del imputado o imputada, la necesidad de proteger a la víctima, así como el riesgo y la opinión de esta.

Además, los jueces están obligados a establecer en sus resoluciones el tiempo que debe durar el uso del dispositivo, a fin de evitar un uso excesivo o indefinido del aparato de control.

El juicio oral y público que se le sigue al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa y su amigo Alberto Koubé Ayala, se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales y seguirá el próximo lunes en la misma fase de 8 a 11:00, por decisión del Tribunal de Sentencia.

El proceso penal por lesión de confianza y otros delitos, abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo Alberto Koube Ayala, es por haber presuntamente montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.

Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son: lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por lavado de dinero.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, lleva adelante el juicio oral y público respecto a ambos acusados. Recientemente, el colegiado ratificó la admisión del yate de Roa como prueba en el juicio que se le sigue por graves hechos de corrupción cuando este se desempeñaba como ministro de una de las carteras más sensibles.

Para el Ministerio Público, existen sobrados elementos de prueba contra el exfuncionario público Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.

Relata la acusación que, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN, quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Emergencia Nacional. Para ello, montaron una asociación criminal.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.

Según la fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con diversas licitaciones de la SEN, utilizando sus empresas y a terceras personas firmas de amigos o clientes con algún tipo de vinculación con él, a fin de desviar recursos en beneficio de la «sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube».

El tribunal de sentencia está presidido por una de las juezas con mayor experiencia en casos relacionados con delitos financieros, la magistrada Elsa García. Integran el tribunal, junto a ella, sus colegas Adriana Planas y Sonia Sánchez.
 

La exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), María Estela Azuaga Fleitas, cumple su condena de 10 años en el penal de mujeres del Buen Pastor.

La mujer fue condenada junto con los exministros de Agricultura Enzo Cardozo también sentenciado a 10 años de cárcel y Rody Godoy, quien recibió una pena de siete años de prisión. Todos fueron hallados culpables por los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.

En la causa, se probó un perjuicio patrimonial de G. 68.000 millones al Estado, ya que los fondos nunca llegaron a los productores, quienes confirmaron durante el juicio oral que no recibieron el dinero previsto.

Este es uno de los primeros casos en los que la Justicia aplicó condenas ejemplares por corrupción pública, tras haberse desviado millonarios fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que debían ser destinados a productores frutihortícolas.

La jueza de Ejecución Penal, Lidia Wyder, estableció el cómputo definitivo de la pena impuesta: la condenada cumplirá la mitad de la pena el 3 de diciembre de 2027, alcanzará las dos terceras partes el 3 de julio de 2029 y completará la condena el 3 de diciembre de 2032.