El mecanismo de control por dispositivo electrónico, destinado a procesados por violencia familiar y delitos económicos, ha sido utilizado muy escasamente por los jueces penales, quienes tienen vía libre para aplicar esta medida en procesos relacionados con dichos casos.
De los 100 aparatos disponibles en la actualidad, solo ocho están en uso activo, según lo confirmó a Judiciales Net el abogado Carlos Hernán Escobar, director general del Sistema 911 del Ministerio del Interior.
Mencionó que la cantidad de dispositivos no representa un problema, ya que, si se superan los 100 disponibles, solo deben solicitarlos a la empresa adjudicada, con al menos 20 días de antelación.
“Tenemos ocho tobilleras colocadas y activas: cinco varones y tres mujeres. Tengo en mi banco 100 tobilleras, a libre pedido. Yo solicito y, en 20 días, la empresa me provee. Si habilitamos y empezamos a colocarlas, no tengo problema en llegar a las mil en un mes y medio. La cantidad no es una limitante”, explicó Escobar.
Lo que llama la atención es que los dispositivos no son utilizados de manera masiva por el sistema penal, pese al nivel de hacinamiento en las cárceles del país y a la existencia de personas imputadas por hechos punibles en los que podría aplicarse esta herramienta de control para asegurar el sometimiento de los procesados a sus causas.
En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia aprobó el uso de dispositivos electrónicos en el fuero penal especializado en delitos económicos, a propuesta de la Oficina Técnica Penal (OTP), ampliando su uso más allá de los casos de violencia familiar.
Se aclara que estos mecanismos de control serán implementados en delitos específicos, conforme a un listado del que dispondrán los jueces de Capital y Central, quienes están habilitados para utilizar esta herramienta con el fin de asegurar el sometimiento del imputado al proceso.
Este año se inició el plan piloto, que contempló inicialmente solo 20 tobilleras, utilizadas dentro de la ciudad de Asunción. Ahora, con la ampliación de la disponibilidad de esta herramienta, su uso se extendió al departamento Central, a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.
La empresa adjudicada proveerá el servicio de hasta 1.000 dispositivos. Cada uno tiene un costo estimado de entre 2.009.000 y 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios de esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, según adelantaron las autoridades.
La aplicación de las tobilleras quedará a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará un estudio de factibilidad, en el cual se verifican las señales de GPS y de radio ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.
La máxima instancia aprobó en su momento la Acordada 1.779, que establece el protocolo de aplicación de las tobilleras electrónicas en procesos relacionados con violencia familiar. Entre otras disposiciones, el juez de garantías debe considerar la opinión de la víctima antes de conceder el beneficio.
Asimismo, se aclara que el protocolo busca servir como manual para los jueces de garantías de Capital, quienes deben ceñirse estrictamente a lo establecido, a fin de asegurar la protección de las víctimas de violencia familiar y respetar las garantías del procesado.
Queda a cargo de cada juez de garantías valorar el momento en que puede utilizarse el dispositivo de control, la gravedad del hecho punible, el historial delictivo del posible beneficiario, los antecedentes del imputado o imputada, la necesidad de proteger a la víctima, así como el riesgo y la opinión de esta.
Además, los jueces están obligados a establecer en sus resoluciones el tiempo que debe durar el uso del dispositivo, a fin de evitar un uso excesivo o indefinido del aparato de control.
