Durante un debate organizado por la Dirección de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNA, los penalistas y docentes Jorge Bogarín González, José Ignacio González Macchi y Eduardo Escobar Said dejaron en claro que la iniciativa del diputado Rubén Rubín es inconstitucional y representa un retroceso para el sistema penal.
 
Coincidieron en que la presentación del proyecto que propone aplicar en Paraguay la prisión perpetua revisable no se basa en un estudio criminológico científico.
 
El doctor José Ignacio González Macchi señaló, en su experiencia como juez, la última vez que se realizó una investigación criminológica involucrando a todos los poderes del Estado fue en 1999; que fue el único momento en que se trabajó de forma coordinada para estructurar el sistema penal vigente.
 
Subrayó que el proyecto de ley no es el resultado de un estudio, análisis o investigación. Propone una pena de 90 años que, aunque revisable, equivale de facto a cadena perpetua, pues la esperanza de vida en Paraguay ronda los 75 años a 80 años.
Mencionó que el Estado debe imponer penas para proteger bienes fundamentales, y a su vez, está obligado a garantizar la readaptación de las personas que cometen hechos punibles, conforme al artículo 20 constitucional.
 
“Es imposible que una cadena perpetua supere la constitucionalidad y debió ser rechazada al ser presentada, para no sancionar una ley claramente inconstitucional; este proyecto impide la reinserción del condenado”, enfatizó González Macchi.
 
Por su parte Eduardo Escobar Said, viceministro de la Niñez y Adolescencia, planteó otra preocupación de la ley: ¿Está el Estado preparado para imponer un encierro permanente considerando el nivel de hacinamiento actual? Respondió tajantemente: “El Estado no está preparado”. Añadió que el proyecto presenta errores estructurales graves; las penas de larga duración deben ser efectivas, no meramente simbólicas, y en caso de aprobarse debe modificarse el Código Penal Paraguayo (CPP).
 
En tanto, el doctor Jorge Bogarín González (exjuez penal), aseguró que esta iniciativa implica una regresión, ya que busca imponer prisión perpetua sin una investigación de política criminal que indague causas de las ilicitudes.
 
“La prisión provoca una crisis en el condenado, lo que dificulta su reinserción; debería reservarse solo para los delitos más graves” dijo.
 
Según Manuel Guanes Nicoli, organizador del evento, el debate con referentes del derecho penal paraguayo tiene como objetivo incluir a la academia en discusiones de alto impacto en la sociedad y en el derecho.
 
Comentó que este tipo de charlas abiertas entre juristas puede servir para emitir sus aportes desde la academia para evitar la aprobación de leyes que después sean declaradas inconstitucionales.

El fiscal Lorenzo Lezcano presentó extemporáneamente un pedido de prórroga extraordinaria para formular la acusación contra una de las personas recientemente detenidas por el secuestro de don Félix Urbieta.
 
El Tribunal de Apelación rechazó la solicitud para extender el plazo de investigación respecto a la imputada Lourdes Teresita Ramos, alias “Yvera”, hija de Alejandro Ramos, miembro fundador y líder del Ejército del Mariscal López (EML). El rechazo se basó en que el fiscal a cargo, Lorenzo Lezcano, presentó el pedido fuera de término.
 
El Ministerio Público buscaba prorrogar por seis meses más el plazo que vence el 17 de agosto próximo. Con esta decisión del tribunal, el fiscal deberá presentar su acusación en esa fecha.
 
Teresita Ramos fue detenida en febrero. Está sospechada de haber participado activamente en el secuestro de Félix Urbieta, ocurrido el 12 de octubre de 2016.
 
El tribunal aclaró que la solicitud debió presentarse hasta el 24 de julio a la medianoche. Se entregó el lunes 28, superando los 15 días hábiles establecidos por la ley, por lo que ingresó de manera extemporánea.
 
En abril de este año, las fuerzas de seguridad encontraron un documento enterrado en una caleta donde se señala que Félix Urbieta fue ejecutado el 16 de febrero de 2017 por Alejandro Ramos y los hermanos Antonio y Feliciano Bernal Maíz.

La Corte Suprema de Justicia en pleno aprobó la ampliación del uso de tobilleras electrónicas en todo el país y para todos los hechos punibles contemplados en la ley.
 
A pedido de la Policía Nacional, la Corte extendió el uso de esta herramienta más allá de Asunción y el departamento Central; ahora su aplicación será nacional. La Policía asegura contar con la capacidad para responder ante cualquier eventualidad.
 
La presidenta de la Sala Penal, Carolina Llanes, informó que algunos pedidos fueron rechazados porque los beneficiarios carecían de conexión eléctrica legal e internet, lo cual impediría un control efectivo. Esta medida pretende facilitar la supervisión judicial y proteger a la víctima.
 
“Entendemos que la Policía cuenta con la infraestructura necesaria para implementar este monitoreo”, afirmó Llanes. Posteriormente, el pleno de la Corte aprobó su aplicación en todo el territorio nacional.
 
El Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que los magistrados podrán asignar en cualquier región del país. Este mecanismo de control podría contribuir a reducir el hacinamiento en las penitenciarías.
 
La empresa adjudicada suministrará hasta 1.000 dispositivos. Cada unidad costará entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, montos que deberán asumir los beneficiarios; si se declara su insolvencia, dicho costo será absorbido por el Estado.
 
La colocación de tobilleras quedará a criterio de cada juez penal de garantías. Ante una solicitud judicial, la Policía Nacional llevará a cabo un estudio de factibilidad que analice la señal GPS, la cobertura de radio y los perímetros de movimiento.
 
La Corte Suprema aprobó la Acordada N.º 1.779, que define el protocolo de aplicación de tobilleras electrónicas en casos de violencia familiar. Inicialmente limitada a esa esfera, hoy se amplía a todos los hechos punibles, y el juez de garantías debe considerar la opinión de la víctima antes de conceder este beneficio.
 
Además, los jueces disponen de un protocolo manual que deben seguir rigurosamente para garantizar la protección de las víctimas.
 
Corresponde a cada juez de garantías valorar el momento adecuado para aplicar el dispositivo, considerando la gravedad del hecho punible, los antecedentes penales del imputado, la necesidad de proteger a la víctima, su opinión y el nivel de riesgo. Asimismo, deben especificar en la resolución la duración exacta del uso de la tobillera electrónica, para evitar su aplicación excesiva o indefinida.

El agente fiscal Federico Delfino presentó la acusación contra Luis Esteban Cañete Torres, supuesto líder de la estructura. También fueron acusados como integrantes del esquema Milciades Senen Cañete Grance (chofer y encargado de pagos) y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quien sería el reclutador y encargado de pagos.
 
Igualmente fueron imputadas las futbolistas Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga; esta última sería el nexo, según relata la acusación.
 
Para el Ministerio Público, Cañete Torres conformó un grupo criminal para amañar resultados de partidos de fútbol en las modalidades masculina y femenina, profesional y semiprofesional organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), con el objetivo de obtener beneficios económicos.
 
Según el pedido de juicio, el esquema contactaba a jugadores y jugadoras ofreciéndoles dinero en dólares o guaraníes a cambio de que bajaran su rendimiento deportivo o permitieran goles al rival, lo que generó perjuicio para el deporte y la APF.
 
Con el operativo BET se descubrió un esquema delictivo organizado encargado de manipular los resultados de las competencias deportivas para obtener los resultados deseados.
 
Según el relato de hechos, el 8 de mayo de 2024, el Departamento de Antisecuestros informó al Ministerio Público sobre la presunta creación de un grupo criminal liderado por Cañete Torres, destinado a amañar partidos de fútbol organizados por la APF con fines de apuestas deportivas.
 
Cañete Torres contó con el apoyo de Milciades Senen Cañete Grance, encargado de los pagos a jugadores, y de Víctor Pantaleón Valiente Piris, quien reclutaba jugadores para influir en los resultados.
 
El 28 de octubre de 2024 se realizaron varios allanamientos, incautándose celulares, agendas y cuadernos que documentan pagos y ganancias, evidenciando las actividades de la organización criminal desarticulada en el marco de Operación BET.
 
 
 

El considerado por la fiscalía líder del esquema criminal de tráfico internacional de drogas, desarticulado con el operativo A Ultranza Py, padece anemia moderada, según el médico forense que lo examinó en su lugar de reclusión: el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
 
Hasta el momento no se ha determinado la causa de su anemia moderada. El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada María Luz Martínez, resolvió arbitrar los mecanismos de rigor para precautelar la salud del acusado, quien, al igual que otros encausados, enfrenta juicio oral por narcotráfico y otros hechos punibles.
 
Para el Ministerio Público, Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, lideraba un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay desde Bolivia y enviarla al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak defiende la acusación en el juicio oral.
 
La acusación fiscal, con más de 700 páginas, relata que Tío Rico lideraba en Paraguay el mayor esquema internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero junto al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, con quien coordinaba los envíos de la mercancía ilícita.
 
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación “A Ultranza Py”, se descubrió una amplia variedad de vehículos incluidas aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de sustancias ilegales. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.
 
Según un informe de inteligencia de la SENAD, el negocio de Insfrán experimentó un crecimiento significativo a partir de 2020. Estableció alianzas con diversas organizaciones criminales, incluida la liderada por el uruguayo Sebastián Marset, con antecedentes por tráfico de estupefacientes en su país.
 
“Tío Rico” utilizó empresas controladas por testaferros y miembros de su familia, así como negocios destinados al lavado de activos. El Centro Cristiano Mundial de Avivamiento fue empleado para tales fines, colocando a su hermano, el pastor evangélico José Alberto Insfrán, como figura de fachada. Además, la cooperativa San Cristóbal se utilizó para realizar préstamos y descuentos de cheques a nombre de miembros del clan familiar, según la acusación fiscal.
 
La ruta del narcotráfico dirigida por Insfrán estaba cuidadosamente establecida: la cocaína provenía de Bolivia y era transportada en avionetas hasta la región de Alto Paraguay, en el Chaco. Posteriormente, la droga se movilizaba en camiones acondicionados hasta Presidente Hayes, para luego ser mezclada con carga legal y enviada en contenedores desde puertos hacia Europa.
 
Insfrán estuvo prófugo por más de un año y actualmente permanece en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, bajo un régimen especial de encierro por ser considerado de alto perfil criminal.
 

En una conversación con Radio Caritas, Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, aseguró que está demostrado que el aumento de la pena no tiene un efecto disuasivo ni reduce la comisión de hechos punibles; por lo tanto, no es una solución válida.

Ante la presentación de un proyecto de ley impulsado por el diputado Rubén Rubín que busca establecer la cadena perpetua para crímenes cometidos contra niños y adolescentes, Maciel advirtió que dicha iniciativa no será una solución y el tiempo ya demostró que aumentar las penas no reduce los hechos punibles.

La autoridad sostuvo que ante crímenes de extrema gravedad no se puede ofrecerse una respuesta tan simple del Estado como aumentar la pena, ya que no se aborda la verdadera causa del problema. Puso como ejemplo que los únicos países donde se han cerrado cárceles son aquellos en los que se redujo la desigualdad social.

Comentó que se debe trabajar en brindar oportunidades a los jóvenes para que tengan un proyecto de vida y puedan alejarse de las drogas, como ocurre actualmente con casi la totalidad de los recluidos en las cárceles del país.

Señaló que el perfil de los jóvenes recluidos corresponde a personas excluidas del sistema educativo, sin vínculos familiares fuertes, consumidores de drogas y sin proyecto de vida.

Dijo que para que un sistema penitenciario sea exitoso se debe combatir primero la causa estructural: generar un proyecto de vida para aquellos jóvenes que han pasado gran parte de su vida institucionalizados y que, al obtener libertad, no saben qué hacer con ella, así como fortalecer sus lazos familiares.

Acotó que uno de los principales problemas para lograr una verdadera reinserción social es la escasa cantidad de personas condenadas para quienes están diseñados los programas de reinserción, y que solo el 30 % de la población penitenciaria tiene condena firme.

Comentó que, lamentablemente, esto sitúa a Paraguay como uno de los países con mayor población carcelaria sin condena, llegando al 70 % debido a la mora judicial, lo cual se refleja en la cantidad de personas que padecen ausencia de una condena en un tiempo razonable.

Remarcó la importancia de la colaboración de la sociedad para lograr una verdadera reinserción de un joven con antecedentes penales, quien es rechazado por la comunidad y tiene dificultades para encontrar un espacio donde demostrar sus habilidades y reinsertarse efectivamente en la sociedad.