Tras un litigio de varios años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se adjudicó ocho inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay como parte del pago por no haber transferido a la máxima instancia los fondos generados por la venta de materiales notariales.
La CSJ inició una demanda en el fuero civil, ganando en todas las instancias su reclamo contra el gremio para cobrar aproximadamente G. 40.455 millones más intereses. Esta deuda acumulada está siendo ejecutada mediante el remate de los inmuebles que pertenecían al CEP.
La Corte reclamó que el Colegio no transfirió lo recaudado por la venta de materiales notariales entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero de 2021, lo cual dio origen al conflicto.
El Poder Judicial se adjudicó seis inmuebles ubicados en el distrito de La Encarnación, uno en Ciudad del Este y otro en San Lorenzo, como parte de la deuda del gremio. La Corte logró cobrar un poco más de G. 16.600 millones mediante el remate de los bienes.
El Colegio de Escribanos del Paraguay pierde ocho propiedades por una deuda millonaria con la Corte
Detectan que más de 950 personas deberían abandonar las cárceles
Tras una revisión de causas de personas privadas de libertad en las cárceles de Coronel Oviedo, Misiones y Villarrica, se concluyó que 954 personas recluidas en estos penales cumplen con los requisitos legales para que sus medidas de prisión sean revisadas.
El Ministerio de Justicia informó que, a través de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, llevó adelante una jornada de trabajo técnico ante los Juzgados de Garantías de 16 localidades del país, analizando 954 expedientes de personas privadas de libertad (PPL) en las penitenciarías de Misiones, Villarrica y Coronel Oviedo, que cumplían con los requisitos legales para acceder a su libertad tras el cumplimiento de la pena mínima y el levantamiento de órdenes de rebeldía.
Estos reclusos han superado el cumplimiento de la pena mínima en sus casos y deberían estar en libertad. El uso excesivo de la prisión preventiva motivó que la Corte Suprema de Justicia dictara una acordada recordando a los jueces de garantía que la aplicación de esta medida es excepcional y no debe ser la regla, tal como ha ocurrido con el tiempo.
Como resultado del análisis realizado, el Ministerio de Justicia elaboró y remitió 79 planteamientos técnicos ante los juzgados de Villa Hayes, Asunción (Capital), Luque, Lambaré, Fernando de la Mora, Limpio, San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Carapeguá, Paraguarí, Caazapá, Villarrica, Yuty, Caaguazú y Misiones, detalló el titular de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol Rojas.
Estas presentaciones buscan agilizar los procesos judiciales, garantizar el cumplimiento de los plazos legales y promover condiciones más dignas para las personas privadas de libertad. Los demás planteamientos se encuentran en trámite, a la espera de resoluciones favorables por parte de los juzgados correspondientes.
El Ministerio de Justicia dirige sus esfuerzos hacia una política criminal centrada en la legalidad, la eficiencia y el respeto a los derechos humanos. Estas acciones reflejan un trabajo técnico y coordinado que busca transformar el sistema penitenciario en un espacio más justo, humano y funcional.
Según el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, solo el 30 % de la población penitenciaria tiene condena firme, lo que sitúa a Paraguay entre los países con mayor porcentaje de población carcelaria sin condena (cerca del 70 %), debido a la mora judicial.
Gracias a la gestión de la Unidad, se lograron 11 libertades por cumplimiento de pena mínima, se levantaron cuatro rebeldías y se fijaron seis audiencias.
El hacinamiento en los penales propicia que clanes criminales estructuren sus propios grupos intramuro y, desde esa agrupación, cometan todo tipo de hechos delictivos dentro y fuera de las cárceles.
Sobrinos de senadora designan abogado y se ponen a disposición de la justicia
Los jóvenes Iván e Iris Giménez, exfuncionarios de la Cámara de Senadores, designaron al abogado Ricardo Estigarribia como su defensor y presentaron un escrito ante la Fiscalía General del Estado para ponerse a disposición, ante la noticia de que están siendo indagados por cobro indebido de honorarios y otros ilícitos.
Según la denuncia, ambos sobrinos de la senadora Noelia Cabrera fueron nombrados con altos salarios en el Senado, pero no cumplían funciones allí, sino en un estudio jurídico de un familiar de la legisladora.
“Nos hemos anoticiados a través de los medios de comunicación que estamos penalmente investigados. A efectos de colaborar con la investigación y demostrar nuestro sometimiento irrestricto a los mandatos de la justicia, reiteramos nuestra comparecencia voluntaria”, señala parte del escrito presentado ante el fiscal general.
Tras el escándalo, ambos jóvenes presentaron sus respectivas renuncias. Sin embargo, el Ministerio Público indaga varios hechos punibles que podrían haber sido perpetrados por ellos e, incluso, por la legisladora, quien enfrenta la amenaza de pérdida de su investidura por haber utilizado su posición de poder para nombrar a sus parientes, quienes no cumplieron las funciones para las que fueron designados y se justificó en reiteradas oportunidades sus inasistencias al Congreso.
Los investigados fueron nombrados como funcionarios permanentes, pese a no cumplir funciones y ostentar solo el título de bachiller. Figuraban como funcionarios de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado y cobraban G. 13 millones y G. 8 millones, respectivamente.
Noelia Cabrera pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En su momento, fue expulsada por el Directorio luego de apoyar la pérdida de investidura de la senadora Kattya González.
El Ministerio Público indaga otro caso de posible nepotismo que salpica a una figura de un partido de oposición, y suma a otros casos en los que ha obligado a hijos de parlamentarios a devolver el dinero público cobrado de manera irregular en el Congreso.
Legisladores de la oposición preparan el libelo acusatorio que servirá de base para pedir la expulsión del Senado de una de sus integrantes por las mismas prácticas deshonestas en las que incurren también legisladores colorados.
La participación de la mujer en cargos de poder contribuye a modernizar el Estado, afirma experta
Para la experta en derechos de la mujer y exministra de la Mujer del Perú, Nancy Tolentino, la presencia de la mujer en espacios de poder no solo demuestra el talento femenino, sino que también contribuye a mejorar la intervención estatal en todos los niveles.
Agregó que el valor de la mujer sigue siendo subestimado, al igual que su posición como profesional en algunas esferas, cuando en realidad las sociedades deberían aprovechar su talento en los distintos espacios, ya que su presencia enriquece las instituciones.
Remarcó la importancia de que las mujeres ocupen cargos de relevancia en la función pública y, si es en paridad, mucho mejor, porque su presencia contribuye a la modernización del Estado.
“La mujer debe tener mayor presencia en los cargos de representatividad, no por el hecho de ser mujer, sino porque su participación contribuye a la diversidad y a una mejor intervención estatal en todos los sectores. Necesitamos repensar cómo nos hemos socializado; a veces solo repetimos conductas que hemos aprendido a temprana edad. Tenemos que trabajar en aquello que nos impide vernos como iguales y tratarnos con respeto”, subrayó, destacando la importancia de la capacitación constante para evitar que las desigualdades estructurales persistan.
Agregó que es necesario construir una convivencia en armonía entre todos y todas para crecer como sociedad, ya que las desigualdades son inaceptables en pleno siglo XXI. Pidió por una mayor cantidad de hombres que trabajen en disminuir la brecha de desigualdad.
La licenciada Nancy Tolentino, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, disertó la semana pasada en el Poder Judicial de nuestro país sobre liderazgo y paridad. Comentó que el Perú ha avanzado mucho en la protección de los derechos de las mujeres y de las personas vulnerables. Incluso ha reconocido oficialmente la violencia política como una modalidad específica de violencia, con el fin de visibilizarla y combatirla.
El evento fue organizado por la Secretaría de Género del Poder Judicial, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la colaboración del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).
Denuncian que juez no tramitó a tiempo un pedido de revisión y aplicación de tobillera electrónica
Noelia Núñez, abogada de Marco Emmanuel González un joven de 25 años imputado por sospecha de hurto de máquinas de criptomoneda denunció que el pasado 1 de agosto, a las 14:29, vía electrónica, requirió la revisión de la prisión preventiva que soporta su cliente. Sin embargo, 48 horas después, esta no fue tramitada.
Según la defensa, el juez del caso ha quebrantado las garantías procesales de su cliente al no cumplir con los plazos legales ni convocar a una audiencia de revisión de la prisión preventiva que soporta su defendido, por lo que, según sostiene, opera la resolución ficta, y este debe ser beneficiado con una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario con uso del dispositivo electrónico.
“Resulta imperativo señalar la flagrante preterición procesal que cercenó de manera brutal, irreparable e inaudita el sagrado derecho a la defensa de mi mandante. La denegación tácita o el mantenimiento de una medida tan extrema como la prisión preventiva sin la celebración de la audiencia solicitada, a pesar de la petición expresa de esta parte, convierte el presente proceso en una manifestación de arbitrariedad judicial manifiesta. Se ha impedido a esta defensa ejercer a cabalidad su prerrogativa de presentar los documentos de descargo y argumentar con la amplitud y profundidad necesarias la imperiosa pertinencia de aplicar medidas menos gravosas.
Esta omisión judicial, que raya en el denegar justicia, es una afrenta directa al debido proceso, a la inviolabilidad de la defensa (Artículo 16 de la Constitución Nacional) y al acceso a la justicia de mi defendido”, señala parte del escrito presentado por la abogada, al urgir el pronto despacho del magistrado sobre lo solicitado por la defensa.
Agrega que, con esta actitud, se ha conculcado la posibilidad de un debate oral y público, pilar inconmovible del sistema acusatorio vigente, donde la defensa podría haber expuesto con toda su fuerza probatoria y argumentativa la inviabilidad de mantener una medida tan gravosa como la prisión preventiva.
En su momento, y en esta misma causa, la abogada Noelia Núñez realizó una grave denuncia contra el agente fiscal Bernardo Javier Elizaur, quien permitió, durante un allanamiento en un caso que investiga, que el denunciante manipulara evidencias para verificar si eran de su propiedad; hecho que debería haber sido realizado por un técnico del Ministerio Público.
Para la abogada, este hecho constituye no solo una falta grave del agente fiscal quien debe preservar intactas las evidencias que se utilizarán en el proceso, sino también una violación del deber de velar por el fiel cumplimiento de la norma y la objetividad al llevar adelante procedimientos tendientes a esclarecer los hechos. Sin embargo, en este caso, el propio fiscal anuló dicha prueba al permitir que un tercero ajeno al Ministerio Público manipulara las evidencias.
Núñez menciona que este acto violó todos los preceptos legales, no solo los derechos de los investigados, sino también el de la defensa, al permitir que el denunciante utilizara un taladro para abrir y verificar las máquinas encontradas en el lugar, lo cual constituye una grave transgresión del deber de tutela efectiva del proceso por parte del fiscal.
Sostuvo que este acto supone una “grosera manipulación de las evidencias”. Las máquinas en cuestión contaban con facturas y guías de despacho, y, pese a los documentos que respaldan su legalidad, fueron igualmente incautadas por el fiscal Elizaur, a quien solicitan apartar del caso por falta de objetividad.
Un juez ético debe renunciar a la ostentación y la deshonestidad, aseguran
Para el camarista Esteban Kriskovich, un magistrado debe poseer varias virtudes además de las académicas para ejercer con rectitud la delicada función de impartir justicia y resolver casos relacionados con el patrimonio o la libertad de las personas.
En una entrevista con Judiciales Net, Kriskovich abordó la importancia de que los agentes públicos como los jueces actúen con ética. Recordó que cada profesión tiene su ética profesional específica, vinculada con la finalidad o el propósito por el cual existe.
Afirmó que, en el caso de los magistrados judiciales, el fin último es actuar como agentes públicos para garantizar la efectiva realización de la justicia: dirimir conflictos y declarar el derecho correspondiente a las partes. De dicha función emanan valores y virtudes esenciales inherentes a esa finalidad.
Por ejemplo: “la independencia, la imparcialidad, el deber de idoneidad, la fortaleza, la prudencia, el deseo inclaudicable de hacer justicia en el caso concreto; la templanza, la resistencia a impulsos y tentaciones; una vida moderada y decorosa; y la misma austeridad republicana como renuncia a toda ostentación y deshonestidad. Esto implica también respeto por la confianza depositada en la persona del juez como administrador de justicia, en quien el pueblo debe tener absoluta fe, pues en sus manos están valores sagrados como la vida, la libertad, la salud, el destino de las familias y de los patrimonios, y, al final de todo, la institucionalidad de la República, con la seguridad jurídica que solo pueden brindar decisiones justas en un Estado de derecho”, subrayó Kriskovich.
Agregó que la ética debe ser un sello distintivo del magistrado, pues está relacionada con el “deber ser” para cumplir sus fines. Es decir, toda entidad o profesión debe operar conforme a la razón de su existencia. En ética profesional se sostiene que “no pueden existir profesionales verdaderos aquellos que cumplen su razón de ser si no tienen claro lo que deben ser”. Por ello, la ética profesional es esencial para recordar la razón de ser del juez, tanto en el mundo como en Paraguay: que exista justicia verdadera, no solo apariencia o dominio del más fuerte.
Dijo que el ejercicio de la magistratura judicial constituye una función que, por su naturaleza y finalidad, implica valores que el juez debe demostrar, como persona y como miembro del Poder Judicial.
Señaló que los buenos jueces nunca olvidan la importancia de la ética; lamentablemente, en muchas profesiones otros la menoscaban por no asignarle la relevancia debida. Por ello, insistir en su formación y no dar nada por sabido es fundamental.
Remarcó que los jueces deben evitar provocar escándalo en redes sociales o realizar actos que afecten el decoro mediante publicaciones. Aunque reconoció que las redes sociales son un medio de comunicación válido, los magistrados deben abstenerse de producir atentados contra la ética.
El magistrado, que durante años se desempeñó como director de la Oficina de Ética Judicial, recordó que el 20 de octubre próximo el Código de Ética Judicial cumplirá 20 años de vigencia. Es una buena oportunidad para subrayar que sigue vigente la tarea de formar en virtudes y valores éticos a todos los integrantes del sistema de justicia.
Confirman condena de tres años de prisión por homicidio culposo al médico José Enrique Ortiz
La Cámara de Apelación Penal confirmó por unanimidad la sentencia de tres años de cárcel contra el médico José Enrique Ortiz por la muerte de la estudiante de último año de Medicina, Liz Noelia Amarilla Sanabria, quien falleció a causa de un shock séptico.
En segunda instancia no se encuentra razón para anular el fallo de primera instancia, que condenó al profesional médicoOrtiz arguyendo que la pena aplicada es justa, considerando que inicialmente se lo había expuesto a cinco años de prisión.
Los camaristas sostuvieron que: “el Tribunal ha llegado a la conclusión de que la sentencia contiene en forma clara y precisa los fundamentos fácticos y legales, así como el grado de convicción que generaron las probanzas aportadas por los miembros sentenciantes, considerando probados los hechos acusados por el Ministerio Público con una derivación razonada a partir del derecho vigente, sin que existan vicios que tornen nula dicha resolución; por lo que corresponde confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida.”
Para la justicia, Ortiz actuó con negligencia por omitir estudios médicos como una tomografía abdominal con contraste y una ecografía, que son medios idóneos para detectar la pérdida de líquido fecaloide diagnóstico clave tras la perforación del ciego en la primera operación, lo cual habría incrementado significativamente las posibilidades de supervivencia de la víctima.
Igualmente, alzada deja en claro que la causa no está prescripta ni extinta ya que los recursos planteados en la causa han interrumpido los plazos legales, por lo que la causa no ha expirado.
En su momento, el Tribunal de Sentencia que condenó a Ortiz, señaló que el condenado ocupaba una posición de garante respecto del cuidado y del estado de salud de su paciente, y que dicha conducta negligente ocasionó un grave sufrimiento a la joven antes de su fallecimiento. En consecuencia, consideraron procedente una pena de tres años de prisión.
La agente fiscal Patricia Sánchez defendió la acusación, de alto contenido técnico, ante el Tribunal encargado del caso. Durante su exposición final sostuvo que Ortiz incurrió en conductas contrarias al deber de cuidado, lo que provocó el fallecimiento de la víctima el 20 de octubre de 2010.
Explicó que durante la primera intervención realizada el 16 de octubre de 2010, Ortiz fue quien lideró el equipo quirúrgico y ejecutó la laparoscopia para liberar bridas y adherencias. Se le atribuye como única responsabilidad el uso del electrobisturí monopolar y la técnica quirúrgica que perforó y posteriormente seccionó la cara anterior del ciego de Amarilla Sanabria.
El corte del ciego y el procedimiento subsecuente de sutura o reparación no constan en ninguna parte del expediente. Como consecuencia de la infección sistémica generada, la paciente fue sometida a una segunda cirugía, pero, lamentablemente, no se pudo salvar su vida; falleció el 20 de octubre de 2010, a los 25 años.
Por “absurda y arbitraria”, anulan la absolución de Javier Díaz Verón
La Cámara de Apelación Penal resolvió, por mayoría de votos, anular la absolución del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, acusado por enriquecimiento ilícito, y de su esposa, María Selva Morínigo, por lavado de dinero. La Cámara ordena la realización de un nuevo juicio oral y público para una correcta valoración de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público contra los encausados.
Para los camaristas, el tribunal de sentencia, presidido en su momento por el juez Víctor Alfieri, no realizó una valoración adecuada de testimonios, pericias y documentales, lo que evidencia los vicios insalvables de esta sentencia anulada.
Los camaristas Bibiana Benítez y José Agustín Fernández votaron por anular íntegramente el fallo por serias violaciones a la norma por parte del Tribunal de Sentencia, que los hizo incurrir en la falta de fundamentación del fallo de primera instancia.
“Han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa con la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación”.
“La falta de justificación razonable por parte del Tribunal de Sentencia para desacreditar el trabajo pericial, y además calificarlo de falso y remitir los antecedentes al Ministerio Público. Los peritos han informado sobre sus respectivos trabajos, han explicado el desempeño de su profesión, su antigüedad, la cantidad de trabajos realizados a lo largo de su trayectoria profesional; es decir, se ha acreditado suficientemente la experticia en la materia. Asimismo, se han referido a la metodología utilizada y cuál ha sido el resultado de su trabajo, es decir, la conclusión de su dictamen. El órgano sentenciador no lo ha refutado”, reza parte del extenso fallo que ordena el envío de la causa a un tribunal de sentencia con la capacidad técnica para considerar debidamente los elementos de prueba.
El 21 de diciembre de 2023, Javier Díaz Verón y su esposa fueron absueltos de culpa y pena, ya que, según el tribunal, la Fiscalía no probó que el procesado haya desviado fondos de la Fiscalía General durante su gestión para producir el enriquecimiento ilícito, el cual debe tener un origen ilícito.
Esa misma fecha también fue absuelta su esposa, María Selva Morínigo, porque, según el tribunal, tampoco se probó el hecho.
Darío Báez fue el encargado de dar la explicación del Tribunal de Sentencia para justificar la absolución del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Calificó de maliciosas, mentirosas y con otros epítetos las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público contra Díaz Verón, declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos. Sin embargo, hoy la Cámara confirma que estas pruebas no fueron valoradas correctamente por el Tribunal de Sentencia que juzgó el caso.
El Tribunal de Sentencia que absolvió a Díaz Verón a quien incluso se le pidió disculpas por este proceso penal, estuvo integrado por Víctor Alfieri, Darío Báez y Alba González (jubilada).
Juicio oral a Joaquín Roa Burgos y su amigo continúa en la etapa de producción de documentos
El juicio oral y público que se le sigue al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa y su amigo Alberto Koubé Ayala, sigue en la etapa de producción de pruebas documentales.
Por su importancia las partes dan lectura de los documentos que fueron presentados en el juicio como pruebas que buscan determinar los hechos acusados en la causa. Tanto el agente fiscal Silvio Corbeta como el equipo de abogados que ejercen las defensas, remarcan los documentos para alertar al tribunal de su importancia.
El proceso penal por lesión de confianza y otros delitos, abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo Alberto Koube Ayala, es por haber presuntamente haber montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.
Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son: lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por lavado de dinero.
El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, lleva adelante el juicio oral y público respecto a ambos acusados. Recientemente, el colegiado ratificó la admisión del yate de Roa como prueba en el juicio que se le sigue por graves hechos de corrupción cuando este se desempeñaba como ministro de una de las carteras más sensibles.
Para el Ministerio Público, existen sobrados elementos de prueba contra el exfuncionario público Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.
Relata la acusación que, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN, quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Emergencia Nacional. Para ello, montaron una asociación criminal.
Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.
Según la fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con diversas licitaciones de la SEN, utilizando sus empresas y a terceras personas, firmas de amigos o clientes con algún tipo de vinculación con él, a fin de desviar recursos en beneficio de la «sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube».
El tribunal de sentencia está presidido por la magistrada Elsa García. Integran el tribunal, junto a ella, sus colegas Adriana Planas y Sonia Sánchez.
Paraguayo Cubas recusa a tres camaristas
El excandidato presidencial Paraguayo Cubas recusó a los miembros del Tribunal de Apelación Penal que resolvieron que su juicio se desarrollará en Asunción, alegando «parcialidad manifiesta». Los magistrados recusados son Arnulfo Arias, Digno Fleitas y Adriana Giagni Rojas.
La defensa sostiene que los integrantes del tribunal muestran una parcialidad abierta, por lo que solicitan que sean apartados de la causa que se sigue contra “Payo”. “El planteamiento lo fundo en motivos graves que afectan la imparcialidad e independencia de los miembros del tribunal”, indica el escrito presentado, en el que se busca la recusación de dichos camaristas.
Cubas está acusado por su presunta responsabilidad en los disturbios ocurridos tras las elecciones generales de abril de 2023, en las cuales resultó electo presidente Santiago Peña. El Ministerio Público lo acusa de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales, todos relacionados con esos hechos.
La acusación de 41 páginas aporta videos y publicaciones en su perfil de Facebook como evidencia, pero aún no se ha iniciado oficialmente el juicio oral.
En junio, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Cándida Fleitas suspendió «sine die» el inicio del juicio oral y público a pedido de la defensa. Además, actualmente está pendiente una acción de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional contra la resolución que confirmó que el juicio se realice en Asunción, resolución que cuestiona su equipo legal.