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Confirman prisión preventiva de abogada vinculada al esquema de Pavão

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La abogada Ángela María Kunrath, considerada presunta testaferro del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, seguirá en prisión preventiva por decisión de la cámara de apelaciones. Para los camaristas además de la gravedad de los hechos atribuidos a la acusada, está próximo el debate oral en el caso.

Alzada, ratificó la decisión del juez Osmar Legal, quien decretó la prisión preventiva de Ángela María Kunrath, procesada por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero liderado por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

La prisión preventiva de la mujer se cumple en la penitenciaría del Buen Pastor. La acusada estuvo prófuga un tiempo.

Kunrath es señalada como una de las piezas clave en la red criminal de Pavão, en calidad de supuesta testaferro. El Ministerio Público sostiene que su rol fue fundamental para encubrir bienes y operaciones ilícitas mediante mecanismos legales simulados.

Hasta la fecha, las investigaciones del caso permitieron identificar a 41 presuntos miembros del esquema, entre ellos familiares directos de Pavão, así como abogados, contadores y otros colaboradores. De ese total, 24 ya fueron formalmente acusados por la Fiscalía.

Se estima que la organización logró lavar más de 150 millones de dólares en bienes, introduciendo activos de origen ilícito al sistema financiero paraguayo. Las operaciones eran realizadas a través de empresas y negocios que, en apariencia, funcionaban dentro de la legalidad, pero que en realidad servían como fachada para encubrir el dinero proveniente del narcotráfico.

Las autoridades afirman que el esquema fue estructurado de manera compleja, con el involucramiento de ciudadanos tanto paraguayos como brasileños, muchos de ellos reclutados como testaferros para ocultar el verdadero origen y destino de los bienes del narcotraficante.

Paraguay se prepara para recibir la tercera sesión de la Corte IDH

En septiembre próximo está prevista la realización de la tercera e histórica sesión plenaria de la Corte IDH, que por primera vez en la historia de nuestro país contará con un paraguayo como integrante: el doctor Diego Moreno.
 
Con la presencia del director de Comunicación y Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Daniel Pinilla; la directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Nury Montiel Mallada; el director de Comunicación, Luis Giménez Sandoval; la licenciada Patricia Bernal y Ana Ferreira, así como integrantes del equipo técnico de ambas dependencias, se llevó a cabo una reunión para coordinar tareas de un acontecimiento de relevancia internacional.
 
La sesión del 180° Período Ordinario de Sesiones de la Corte IDH está prevista del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, en el Palacio de Justicia de Asunción. Los preparativos para este evento de gran envergadura iniciaron incluso el año pasado. Durante la jornada se presentaron los principales materiales comunicacionales preparados para acompañar el desarrollo del 180° Período de Sesiones, entre ellos la identidad visual oficial, piezas gráficas, lineamientos de contenido y un cronograma coordinado de acciones de prensa. Estos recursos están orientados a facilitar la cobertura mediática y garantizar la difusión clara y oportuna de los contenidos hacia diversos públicos, tanto en Paraguay como en la región.
 
El director de Comunicación y Prensa de la Corte IDH, Daniel Pinilla, explicó que los equipos del organismo interamericano están siendo desplegados progresivamente para apoyar la organización de las actividades previstas, como las audiencias públicas, el acto de apertura y el seminario internacional. En ese sentido, destacó que “el lunes 22 de septiembre se realizará el acto de inauguración y el seminario internacional, concebido como un espacio de apertura e intercambio con la academia, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en el sistema interamericano, con el fin de acercar la jurisprudencia y fomentar el debate académico en torno a los derechos humanos”.
 
Durante el período, que se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre, se prevé la realización de tres audiencias públicas, audiencias privadas de supervisión de sentencias, visitas protocolares y actividades académicas, conforme al calendario oficial de la Corte IDH. Estas sesiones representan un espacio clave para la transparencia y la difusión del sistema interamericano, así como para la participación de distintos actores regionales.
 
Por otra parte, se informó que se habilitará un sistema de acreditación para medios de comunicación nacionales y extranjeros, a fin de asegurar un acceso ordenado y profesional a la cobertura de cada jornada, en concordancia con los principios de publicidad y acceso a la información.
 
La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de dependencia organizadora a nivel institucional, articula las acciones logísticas y técnicas en coordinación con la Corte IDH, bajo las instrucciones del presidente de la máxima instancia judicial, doctor César Diesel.
 
Esta reunión organizativa marcó un avance importante en el trabajo conjunto entre ambas instituciones, consolidando un enfoque de comunicación asertiva que prioriza la difusión amplia, accesible y transparente de uno de los encuentros regionales más importantes del año en materia de derechos humanos.

Sigue traslado de condenados al centro penitenciario de Minga Guazú

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Otro grupo importante de condenados fue trasladado desde varios penales al penal de Minga Guazú.

Este viernes se dio continuidad al operativo Umbral, mediante el cual se procedió al traslado de un grupo importante de condenados que se encontraban privados de su libertad en el penal Cereso de Encarnación, Misiones, Villarrica, Coronel Oviedo y Emboscada Antigua.

Con este operativo se avanza en la separación oficial de condenados y procesados, una deuda pendiente que tenía Paraguay. Este proyecto forma parte del nuevo modelo penitenciario que busca que el Estado recupere el control de las cárceles.

El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, explicó que cada uno de los ocho módulos instalados en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú albergará a condenados según su perfil.

Comentó que, en el módulo dos, está previsto que cumplan su condena aquellas personas con excelente conducta y que no pertenezcan a ningún clan delictivo dentro del sistema penitenciario, ya que en ese módulo opera una industria maquiladora.

Cada módulo contará con un indicador de conducta para las personas privadas de libertad. Agregó que los primeros traslados realizados en el marco de este operativo ya están siendo documentados, a fin de informar a los juzgados donde se encuentran los expedientes de los condenados.

El Centro de Reinserción Social Minga Guazú es un establecimiento penitenciario con capacidad para albergar a 1.237 personas. Los primeros en ocupar este penal fueron 40 reclusos considerados de alto perfil y ya condenados. Posteriormente, también fueron trasladados procesados por su presunta participación en el crimen organizado.

La nueva cárcel cuenta con ocho módulos independientes: siete corresponden al régimen cerrado ordinario y uno al régimen cerrado especial (máxima seguridad). Cada módulo convencional tiene capacidad para 165 personas privadas de libertad, mientras que el de máxima seguridad puede albergar a 82.

Una de las innovaciones de este nuevo modelo es que el módulo ocho, correspondiente al régimen cerrado especial y considerado de máxima seguridad, restringe la circulación libre del recluso. Este módulo posee celdas individuales, las PPL tendrán dos horas al aire libre y solo podrán recibir servicios básicos en sus celdas.

Las visitas privadas también están restringidas en este sector, y solo se autorizarán excepciones para visitas comunes bajo recomendación del Organismo Técnico Criminológico (OTC). Las visitas de la defensa deberán ser agendadas previamente.
 

Fiscalía imputa a presunto contador de Lalo Gómes, y este se quita la vida

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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, imputaron a Oscar Cabreira Pinazo, alias “Simba”, en el marco de la causa de Alexandre Rodrigues Gomes, investigado por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas peligrosas.

Al hombre se le atribuye formar parte de una estructura criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos provenientes de dicha actividad ilícita, entre los años 2019 y 2021. Dicha estructura estaba conformada por paraguayos, brasileños y bolivianos, y operaba principalmente desde el departamento de Amambay, extendiendo sus operaciones a Brasil, Bolivia y Europa.

Asimismo, se le atribuye intervenir directamente en las operaciones financieras provenientes y vinculadas al tráfico transnacional de sustancias estupefacientes, así como mantener los aspectos logísticos y financieros del esquema.

En cuanto a la conducta descrita en torno al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, habría participado activamente en la organización criminal dedicada a la producción, adquisición, transporte, intermediación, financiamiento y distribución internacional de dichas sustancias. Operaba como enlace financiero y logístico, funciones esenciales para la ejecución de los actos preparatorios, intermedios y de apoyo al tráfico internacional de drogas.

Tras la imputación, los fiscales allanaron la vivienda del imputado, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Al respecto, el fiscal Arriola mencionó: “Nos constituimos para proceder a la detención de Cabreira, en razón de los nuevos hechos punibles argumentados en la última imputación. Cuando llegamos al lugar, lo encontramos tendido en el suelo. Estamos realizando el procedimiento de la prueba de nitrato y nitrito; además, procederemos al levantamiento del arma utilizada”, sostuvo.

Horas después se confirmó la muerte del indiciado.

“Me voy con el mismo patrimonio con el que entré”, afirma connotada magistrada que renuncia al cargo

La reconocida camarista penal Andrea Vera Aldana, una figura clave en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, ha decidido poner fin a su carrera como magistrada tras años de servicio en la justicia penal. Con un legado marcado por la ética, la austeridad y el compromiso con el mejoramiento del sistema judicial, Vera Aldana presentó su renuncia, la cual fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia en su última sesión plenaria. Permanecerá en funciones hasta finales del mes de agosto.

Durante una entrevista con Judiciales Net, la magistrada explicó que su decisión responde a motivos personales y al deseo de enfocarse en su vida privada, así como en su vocación docente. “Considero que ya he cumplido una etapa dentro del Poder Judicial. Es tiempo de cerrar este ciclo y abrir espacio a nuevas prioridades”, expresó.

Con una carrera caracterizada por la sobriedad y la transparencia, Vera Aldana destacó que lleva una vida austera, sostenida por el salario judicial, el cual considera suficiente para vivir con dignidad. “Hice lo mejor que pude, di lo mejor de mí y me retiro tal como ingresé, con el mismo patrimonio. Yo vivo con muy poco”, afirmó, reiterando así su compromiso con los principios de honestidad y responsabilidad pública que rigieron su gestión.

Durante su paso por la magistratura, Andrea Vera Aldana jugó un rol fundamental en la consolidación del fuero penal especializado. Fue protagonista en la elaboración y promoción de importantes acordadas que marcaron un antes y un después en la administración de justicia penal. Entre ellas se destacan la implementación del control jurisdiccional del acta de imputación, la promoción del uso de salidas alternativas al juicio oral en casos de menor relevancia penal, y la acordada que regula el uso racional de la prisión preventiva, medidas que apuntan a una justicia más eficiente, humana y alineada con los principios constitucionales.

Su trabajo ha sido valorado no solo por sus colegas, sino también por amplios sectores de la comunidad jurídica, que reconocen en ella a una profesional íntegra, técnica y comprometida con el fortalecimiento institucional. Además, su influencia ha trascendido las fronteras del país, ya que su experiencia en derecho penal y penitenciario la ha llevado a participar activamente en espacios académicos como docente tanto a nivel nacional como internacional.

Con miras al futuro, la magistrada continuará su labor docente, actividad que ha desarrollado paralelamente a su función jurisdiccional. Su intención es seguir aportando desde la enseñanza, compartiendo su experiencia y conocimientos con nuevas generaciones de juristas, tanto en Paraguay como en el extranjero.

El retiro de Andrea Vera Aldana deja una huella profunda en el ámbito judicial, no solo por los avances normativos y doctrinarios impulsados bajo su liderazgo, sino también por el ejemplo de integridad que representa para el sistema de justicia paraguayo.

Un hito en justicia de género: nace la Asociación de Mujeres con Carreras Jurídicas

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Esta semana se ha dado un paso decisivo hacia la igualdad de género en el ámbito legal con la creación de la Asociación Paraguaya de Mujeres con Carreras Jurídicas (APMCJ). Su nacimiento representa una respuesta colectiva al desafío histórico de ampliar el acceso real a la justicia y defender los derechos humanos desde una perspectiva femenina, profesional y jurídica.
 
La novel APMCJ nace como un espacio de articulación intergeneracional, reuniendo experiencias, juventud y activismo en un frente común que busca cambios estructurales en la justicia. La iniciativa surge con la convicción de que la unión entre experiencia, juventud, academia, práctica judicial, política y activismo crea iniciativas sólidas, sostenibles y capaces de transformar realidades.
 
Con esta nueva organización, Paraguay busca integrarse a la Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ), fundada en 1928. La FIFCJ se encuentra presente en 79 países, y Paraguay busca sumarse a este espacio con estatus consultivo ante organismos de referencia en el ámbito de los derechos humanos.
 
La APMCJ se erige como una poderosa plataforma que buscará no solo el desarrollo profesional e intelectual de sus asociadas, sino también ser una red de apoyo para las mujeres juristas, con una firme influencia para incidir en los cambios sociales que tiene como premisa el gremio.
 
Con esta iniciativa, Paraguay, por primera vez, tendrá representación en la red internacional más grande del sector jurídico femenino. Esto fortalece la voz de las mujeres latinoamericanas en los foros globales de justicia y género, contribuyendo a visibilizar sus demandas, preocupaciones y propuestas desde una mirada colectiva y regional.
 
Las impulsoras de la creación invitan a las mujeres del ámbito judicial, sin importar si cumplen funciones en el ámbito público o privado, a sumarse a esta iniciativa sin precedentes en el país.
 
Las que se sumen al gremio tendrán la magnífica oportunidad de posicionar la voz de las mujeres juristas paraguayas en escenarios globales, transformar el sistema jurídico desde adentro y articular esfuerzos en torno a una justicia más inclusiva y equitativa.
 
Referentes importantes del sector jurídico femenino como la exministra de Justicia y exdefensora general Lorena Segovia, la jueza Vivian López, Liz Lobo, Paola Villalba, Diana Vargas, entre otras referentes, son algunas de las que impulsan este proyecto que busca marcar un antes y un después en equidad y derechos humanos.


Ministro aclara que continúa firmando de puño y letra sus resoluciones

El ministro César Antonio Garay Zuccolillo aclaró este miércoles durante la sesión plenaria que sigue trabajando con normalidad, firmando personalmente todas sus decisiones en la Sala Civil, así como en las Salas Penal y Constitucional.
 
Ante versiones que atribuían a su estado de salud una eventual incapacidad para firmar, salió al paso para asegurar que no ha interrumpido sus funciones y continúa firmando sus decisiones de forma regular.
 
«Los despachos de expedientes los estamos realizando con absoluta normalidad; no existe incertidumbre respecto a la autenticidad de estos documentos», afirmó el ministro, respondiendo a quienes insinuaron lo contrario.
 
Explicó además que permanece activo en todas las salas en las que participa con sus votos y firmas, sin ningún tipo de inconveniente.
 
Garay atraviesa una complicación de salud, pero participa de las audiencias del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia mediante conexión telemática desde su domicilio, sin que ello afecte el cumplimiento de sus responsabilidades.

Piden diálogo al Gobierno ante la posible reforma de la ley de arbitraje

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Ocho gremios del ámbito jurídico y quienes se verían directamente afectados por la iniciativa solicitan un amplio debate para emitir su parecer técnico sobre la propuesta de reforma de la ley de arbitraje.

El pronunciamiento destaca que Paraguay cuenta con una ley moderna, alineada con el modelo de las Naciones Unidas, que es perfectible, pero para lo cual se requiere un debate amplio con expertos locales e internacionales.

Refieren que una reforma de tal relevancia, que podría afectar uno de los pilares del sistema de justicia, merece un debate previo con todos los sectores cuya aplicación podría impactar directamente.

Consideran que los actores vinculados al ámbito arbitral necesariamente deben ser escuchados, ya que son quienes pueden aportar aspectos clave para una ley acorde, aplicable y eficaz.

«Paraguay cuenta con una moderna ley de arbitraje, generalmente alineada con el modelo de las Naciones Unidas. Dicho cuerpo normativo nacional es perfectible, y celebramos que el Poder Ejecutivo haya planteado una reforma que debe ser objeto de un amplio debate con actores relevantes, tanto nacionales como internacionales.

Ese debate puede resultar altamente positivo para la calidad del texto en sí, entendiendo que toda obra humana es perfectible. Igualmente importante será que los actores relevantes puedan ser oídos y den testimonio de que efectivamente fueron escuchados», señala el comunicado de ocho gremios, entre ellos la Asociación de Jueces del Paraguay AJP.

Agregan que las decisiones del poder político deben tomarse considerando las recomendaciones que resulten esenciales para que el proyecto alcance sus objetivos.

Por último, felicitan al Poder Ejecutivo por la iniciativa y piden que se impulse una reforma con altura, en un ambiente constructivo, por aquellos que aspiran a un país mejor.

Para el asesor jurídico de la presidencia Roberto Moreno, en una entrevista exclusiva con Judiciales Net, aseguró que las modificaciones que se pretende introducir en la ley de arbitraje 1879/02, servirá para fortalecer el arbitraje y darle mayor autonomía al tribunal arbitral como la de autorizarlo a emitir un laudo.
 

Bajo fuertes medidas de seguridad, se desarrolla el traslado de 500 reclusos

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En el marco del operativo Umbral, unas 500 personas recluidas en la cárcel de Ciudad del Este están siendo trasladadas a su nuevo lugar de reclusión: el penal de máxima seguridad de Minga Guazú, donde cumplirán su medida de restricción a partir de ahora.

El operativo se inició en las primeras horas de este miércoles con el objetivo de trasladar a los 500 presos de un penal a otro. Los mismos fueron vestidos con ropa amarilla, esposados y con capuchas, y aguardaban sentados en fila para subir al bus de traslado hasta su nuevo reclusorio.

Este es el segundo operativo de envergadura realizado bajo la gestión de Rodrigo Nicora. El primer operativo fue Veneratio, que permitió sacar al líder del Clan Rotela del penal de Tacumbú, donde ejercía dominio.

Este tipo de medidas busca reducir las condiciones inadecuadas en las que viven los reclusos en penales con hacinamiento total. A medida que se concluyen los nuevos penales, se ordena el traslado de los nuevos ocupantes a estos centros penitenciarios, que forman parte del nuevo modelo penitenciario que se quiere instalar en el país.

El considerado Centro de Reinserción Social Minga Guazú es un establecimiento penitenciario con capacidad para albergar a 1.237 personas. Los primeros en ocupar este penal fueron unos 40 reclusos considerados de alto perfil y ya condenados. Posteriormente, también fueron trasladados a ese lugar procesados por su presunta participación en el crimen organizado.

La nueva cárcel cuenta con ocho módulos independientes, de los cuales siete responden al régimen cerrado ordinario y uno al régimen cerrado especial (máxima seguridad). Cada módulo convencional tiene una capacidad para 165 personas privadas de libertad, mientras que el módulo de máxima seguridad puede albergar a 82 PPL.

Una de las innovaciones de este nuevo modelo es que el módulo ocho, correspondiente al régimen cerrado especial y considerado de máxima seguridad, restringe la circulación libre del recluso. Este módulo posee celdas individuales; las PPL tendrán dos horas al aire libre y solo podrán recibir los servicios básicos en sus celdas.

Las visitas privadas también están restringidas en este sector y solo podrán autorizarse excepciones para recibir visitas comunes bajo recomendación del Organismo Técnico Criminológico (OTC). Las visitas de la defensa deberán ser agendadas previamente.

Ratifican imputación por lavado de dinero a la esposa de Sebastián Marset

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La Cámara de Apelaciones, por unanimidad, rechazó el pedido de cambio de calificación solicitado por Gianina García Troche, quien buscó, a través de su defensa, modificar la figura penal que el Ministerio Público le atribuye: lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Los camaristas Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar, de forma unánime, confirmaron la decisión de la jueza Rosarito Montanía. Con esta resolución, la mujer seguirá procesada por lavado de activos en el marco del esquema de tráfico internacional de drogas liderado por su esposo, el uruguayo prófugo de la justicia Sebastián Marset.

La Cámara también advirtió a los abogados de la mujer que si se insiste con recursos dilatorios, serán pasibles de sanciones, lo que la defensa entendió como un amedrentamiento, ya que sostiene que utilizan únicamente recursos fundados y ajustados al derecho de su representada.

Asimismo, la Cámara confirmó la competencia de la magistrada en la causa contra Gianina García, luego de que la defensa intentara camuflar una recusación al sugerir que la jueza se aparte del caso.

En mayo pasado, García Troche llegó extraditada desde España, y la misma jueza dictó prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel militar de Viñas Cué. La mujer enfrenta cargos por lavado de dinero vinculados a la estructura criminal encabezada por su esposo.

Las diligencias de indagatoria e imposición de medidas se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, sin que se revelaran detalles de lo resuelto en cada instancia procesal.

Recientemente, las autoridades militares confirmaron que se reforzaron las medidas de seguridad en torno a García Troche, quien cumple prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cué.

La jueza penal de Garantías del fuero especializado contra el crimen organizado, Rosarito Montanía, además de ordenar la reclusión de García Troche en la cárcel militar, estableció medidas restrictivas que fueron reforzadas recientemente para evitar contratiempos.

Estas medidas obedecen a la necesidad de evitar filtraciones y resguardar incluso la seguridad de la procesada. García Troche, esposa del prófugo uruguayo Sebastián Marset, fue extraditada desde España bajo estricto protocolo de seguridad.

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