La doctora Carolina Llanes, ministra encargada del Fuero de la Niñez y Adolescencia, afirmó que dicho fuero especializado está en constante evolución con el objetivo de garantizar la protección integral de la niñez.
Al acercarse la celebración del Día del Niño, la ministra hizo un balance sobre las iniciativas impulsadas por la Corte Suprema de Justicia para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Resaltó la implementación del Expediente Judicial Electrónico en este fuero, lo que ha permitido agilizar los procesos de alta sensibilidad, como los relacionados con la niñez.
Comentó que técnicos especializados colaboran permanentemente con los juzgados para la toma de decisiones acertadas con enfoque en la protección de niñas, niños y adolescentes.
«Fortalecemos los juzgados con equipos asesores, asegurando un acompañamiento técnico especializado en los casos complejos. Trabajamos de manera interinstitucional para reforzar los controles en la emisión de autorizaciones para viajes al extranjero, con mayores certificaciones de seguridad. También reforzamos el registro REDAM y el RAS, que son herramientas esenciales para la protección efectiva de la niñez», afirmó Llanes.
Agregó que la justicia concede oportunamente los pedidos de terapia intensiva para este sector de la población, evitando demoras que puedan poner en riesgo sus vidas.
Finalmente, la ministra subrayó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con estas iniciativas que buscan asegurar la protección efectiva de los derechos de la niñez.
La ministra Carolina Llanes detalló los avances en el fuero de la Niñez
Tras masivo traslado de condenados al penal de Minga Guazú, inicia proceso de formación de PPL
Luego del Operativo Umbral, el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, busca convertirse en una cárcel modelo en reinserción social, en el marco del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria impulsado por el Ministerio de Justicia.
Para ello, se ha iniciado el proceso integrando formación técnica, capacitación profesional y vinculación con el sector productivo para lograr los objetivos deseados.
Al respecto, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social, dio un paso importante para la consolidación de este modelo con una reunión estratégica junto al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y a la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP).
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del SNPP, con el fin de establecer líneas de acción concretas para la formación y capacitación técnica de las personas privadas de libertad.
Esta iniciativa se inscribe en una política penitenciaria centrada en la reinserción, el respeto de los derechos humanos y la generación de oportunidades reales de desarrollo personal y profesional.
El Operativo Umbral permitió la separación efectiva de las personas condenadas de las procesadas. Hoy, Minga Guazú se consolida como un espacio propicio para la implementación de programas laborales y educativos de alto impacto, enfocados en reintegrar a las personas privadas de libertad, en lugar de que sean reincidentes o clientes permanentes del sistema penitenciario.
Según el reporte del Ministerio de Justicia, tras el último traslado masivo realizado en el marco del Operativo Umbral, se utilizó el 70 % de la capacidad de este centro penitenciario.
El penal, considerado de máxima seguridad, alberga a un total de 889 personas condenadas, lo que constituye el mayor traslado en la historia del sistema penitenciario.
Participaron de la reunión Rosalía González, directora de Bienestar y Reinserción Social; José Cogliolo, director general del SNPP; Carina Daher, presidenta de CEMAP; y Ana Morales, del área de Educación del Ministerio de Justicia.
Las autoridades coincidieron en la necesidad de una articulación público-privada que fortalezca las competencias laborales de las personas privadas de libertad, generando herramientas concretas para su inclusión social y laboral.
Esta visión busca que estas personas accedan a empleos dignos y sostenibles una vez cumplida su condena, rompiendo ciclos de exclusión.
Mario Abdo Benítez investigado por cuentas que no posee, según Gobierno de Seychelles
El Gobierno de Seychelles emitió un comunicado oficial para aclarar que el expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y su esposa, Silvana López Moreira, no poseen cuentas bancarias en ese país, como se había informado en medios de comunicación. Sin embargo, en Paraguay ya está investigado por la fiscalía.
Según el informe firmado por Thereza Dogley, secretaria principal de la presidencia de Seychelles, las autoridades competentes del país han realizado investigaciones exhaustivas y han consultado diversas fuentes autorizadas, concluyendo que no existe evidencia de que Abdo Benítez y su esposa tengan fondos, cuentas bancarias ni intereses financieros, corporativos o inmobiliarios en Seychelles.
Esta aclaración surge en respuesta a publicaciones periodísticas que afirmaban que el expresidente poseía una cuenta millonaria en Seychelles, abierta coincidentemente con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el Gobierno de Seychelles ha calificado esta información como falsa.
El Ministerio Público de Paraguay abrió una investigación preliminar en agosto de 2025 tras la difusión de reportes periodísticos que vinculaban a Abdo Benítez con dos empresas registradas en Seychelles, las cuales supuestamente tenían cuentas por un total de casi 21 millones de dólares.
Por su parte, Mario Abdo Benítez rechazó las acusaciones, calificándolas de «mentira» y presentando el comunicado oficial de Seychelles como evidencia de su inocencia. En sus declaraciones, afirmó no haber tenido relación alguna con cuentas bancarias o empresas en Seychelles y criticó a quienes, según él, buscan desacreditarlo con «patrañas».
La fiscal encargada de la investigación es Natalia Cacavelos, designada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
La Corte retrasa el avance del proceso penal contra Andrés Gubetich Mojoli, acusado por millonaria estafa
La querella, representada por el doctor José Fernández Zacur, cuestionó que, a pesar de la gravedad de los hechos imputados al extitular del IPS, Andrés Gubetich, y su esposa María Rosa Araujo, la justicia aún no resuelve los incidentes dilatorios presentados en la causa, que buscan evitar la audiencia preliminar.
Andrés Manuel Gubetich Mojoli, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), continúa resistiéndose a los mandatos judiciales en su causa por estafa y lavado de dinero. El caso, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, se encuentra paralizado debido a una serie de recursos y apelaciones pendientes, incluso en la Corte Suprema de Justicia.
En primer término, el acusado apeló dos resoluciones clave: una del 26 de diciembre de 2024, que admitía la acusación y convocaba a la audiencia preliminar; y otra del 3 de enero de 2025, que mantenía vigente dicha audiencia. Ambos recursos fueron elevados a la Cámara de Apelación en lo Penal de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Primera Sala.
Posteriormente, Gubetich recusó el 19 de febrero de 2025 a dos magistradas del Tribunal de Apelación, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi. Ante ello, el 20 de febrero, la magistrada Silvana Luraghi impugnó la recusación, y el expediente fue derivado a la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, donde se espera la conformación de una sala que incluiría al ministro César Diésel.
Simultáneamente, Gubetich presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución de la Fiscalía General del Estado del 20 de diciembre de 2024. Dicha resolución designó a un fiscal para formular requerimiento conclusivo en la causa. Esta acción aún no ha sido declarada inadmisible ni desestimada en la Sala Constitucional de la Corte.
El Ministerio Público acusa al matrimonio Gubetich de haber ocasionado al señor Eustacio Rojas Alegretti un perjuicio patrimonial de 2.358.000 dólares americanos por la venta de cuatro inmuebles que no estaban en condiciones de transferirse, es decir, no estaban libres de gravámenes.
Para la fiscalía, existen elementos probados para sostener que el matrimonio también incurrió en lavado de dinero al introducir al sistema financiero cheques y pagarés obtenidos mediante la estafa a la víctima de este hecho.
La acusación señala que Andrés Gubetich no advirtió al comprador que el inmueble se encontraba bajo régimen de comunidad de bienes, por lo que su esposa María Rosa Araujo debía firmar también el contrato de compraventa. Además, se alega que María Rosa Araujo ocultó al comprador el gravamen hipotecario, la situación ganancial del bien, y omitió suscribir el contrato para darle validez, pese a haber participado en las negociaciones previas, según la testimonial del comprador.
La acusación fue formulada el 23 de diciembre del año pasado. Han pasado ocho meses desde entonces, y hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia preliminar, donde se debatirá el pedido de la fiscalía de elevar el caso a la siguiente etapa de juicio oral.
El avance del caso depende primero de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la recusación, pendiente en la Sala Penal y, en paralelo, de la resolución de la acción constitucional interpuesta por Gubetich pendiente en la Sala Constitucional. Mientras tanto, las audiencias y otras etapas procesales quedan en suspenso hasta que la máxima instancia destrabe la causa, donde están pendientes los incidentes.
No deja de llamar la atención que, pese a las dilaciones presentadas en el caso, hasta la fecha, los acusados no hayan sido advertidos en ninguna de las instancias de la obligación de litigar de buena fe.
FOTO: Diario Ultima Hora.
Decretan el sobreseimiento provisional de Fernando González Karjallo en un caso
El juez Raúl Florentín resolvió la desvinculación provisoria de Fernando González Karjallo, imputado por alquilar un inmueble comisado y administrado por la Senabico.
A pedido del Ministerio Público, el magistrado decretó la desvinculación temporal del proceso penal que afecta a Karjallo. Inicialmente, la fiscalía a cargo de Aldo Cantero buscó homologar un acuerdo, pero, ante la oposición del magistrado, la fiscalía adjunta cambió el dictamen y requirió la aplicación de sobreseimiento provisional.
González Karjallo se encuentra actualmente cumpliendo prisión en UPIE por la condena de cinco años por lavado de dinero producto de la principal por usura.
El Ministerio Público imputó a González Karjallo por apropiación, por quedarse con el dinero del alquiler de un inmueble que debía haber sido depositado en las arcas del Estado. De ahora en más, la fiscalía tendrá un año para presentar un requerimiento de reapertura o se extinguirá el proceso.
En su momento, el juez Florentín reenvió la imputación al Ministerio Público por falta de descripción de hechos. El juez señaló que la apropiación, cuyo objeto material es la cosa mueble ajena, no basta con un comportamiento que tenga en miras; sino que el objeto concreto de la apropiación debe estar claramente especificado, determinado individualmente, y que no se puede alegar, ni en grado de sospecha, la propiedad de la SENABICO sobre cosas que a prima facie no le pertenecían.
Tras la ratificación de la fiscalía general en la imputación, se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas, donde fue decretada la prisión de González Karjallo.
Preocupación por feminicidios: Fiscalía advierte posible repunte en 2025
El Ministerio Público alertó este lunes sobre la posibilidad de que la cifra de feminicidios en el país iguale o incluso supere la registrada en 2024, si se mantiene la tendencia observada en los primeros ocho meses del año.
Según datos oficiales, entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 21 feminicidios consumados y 32 tentativas, lo que, si bien representa una leve disminución respecto al mismo período del año anterior, mantiene a las autoridades en estado de alerta.
La directora de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público, Élida Favole, señaló que 2024 cerró con 31 casos de feminicidio a nivel nacional. En ese sentido, advirtió que, de continuar la evolución actual, el total de este año podría igualar o incluso superar esa cifra.
“Estamos ante una problemática persistente que requiere acciones sostenidas y coordinadas. Las estadísticas pueden variar, pero detrás de cada número hay una vida perdida y una familia destruida”, expresó Favole en declaraciones a medios de comunicación.
Los casos de tentativa, también son datos a tener en cuenta ya que en lo que va del años ya se registraron 32 casos, cifra que supera incluso a la del mismo período del año anterior. Estas situaciones, según explicó Favole, muchas veces preceden a un feminicidio si no se actúa de forma oportuna con medidas de protección efectivas.
La funcionaria insistió en la necesidad de reforzar el trabajo conjunto entre distintas instituciones del Estado, especialmente el Ministerio de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, así como organismos judiciales, policiales y de salud, para abordar la violencia de género de manera integral.
Favole subrayó también la importancia de intensificar las campañas de concienciación, educación y prevención, dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a sectores vulnerables, con el objetivo de reducir la incidencia de estos hechos.
“La prevención no solo implica reaccionar ante los casos, sino también trabajar desde la educación y la sensibilización para cambiar patrones culturales profundamente arraigados”, afirmó.
Los datos difundidos por el Ministerio Público se enmarcan en un contexto regional donde los feminicidios continúan siendo una de las expresiones más extremas de la violencia de género. Organismos internacionales han instado reiteradamente a los países latinoamericanos a fortalecer sus políticas públicas en materia de igualdad, acceso a la justicia y protección efectiva a las mujeres.
Aunque se han implementado leyes y protocolos específicos en Paraguay para combatir esta problemática, las cifras muestran que la violencia sigue presente en la vida cotidiana de muchas mujeres, y que aún persisten brechas en la respuesta institucional.
MOCIPAR: sobreseimiento provisional para Dany Durand y otros
El juez penal Yoan Paul López resolvió desvincular provisionalmente al exministro del MUVH, Dany Durand, y a otros exdirectivos de Mocipar S.A. en una causa por presunta estafa, tras la solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía tendrá hasta un año para reunir más pruebas y decidir si solicita la reapertura del caso.
Los imputados enfrentan cargos por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, estafa y conducta conducente a la quiebra. Se alega que suscribieron varios contratos de planes de vivienda con personas como Graciela Marisol González de Ortiz, Lourdes Mizabeth Candia de Ortiz y Graciela Beatriz Finestra de Cantero, comprometiéndose a entregar inmuebles que nunca fueron entregados.
Las víctimas realizaron pagos desde 2011 hasta 2020, con cuotas que aumentaron hasta llegar a abonar sumas de hasta G. 1.315.000 mensuales, sin recibir los bienes prometidos. En conjunto, habrían pagado aproximadamente G. 162.775.000 sin recibir lo prometido. La empresa, declarada en quiebra en 2017, habría operado sin capital suficiente ni bienes para cumplir lo pactado, renovando contratos y forzando rescisiones contractuales para retener lo abonado.
Tras el sobreseimiento provisional, se levantaron las medidas cautelares para los procesados mencionados, de manera temporal.
Este caso ha generado controversia y sigue siendo objeto de debate en el ámbito judicial y social, ya que muchas víctimas consideran que no se ha hecho justicia en sus casos.
REDAM registra a 1809 padres en mora con la prestación alimentaria
Según el registro oficial de la Corte Suprema de Justicia, a la fecha figuran inscritos 1809 padres que se encuentran incumpliendo esta obligación legal. De ese total, 1787 son varones y 22 son mujeres.
El incumplimiento de esta obligación hacia niños y niñas es uno de los hechos punibles más denunciados ante el Ministerio Público: según la Dirección de Datos Abiertos del Ministerio Público, se recibieron un total de 283.624 denuncias durante 2024. Entre los hechos más denunciados figuran la violencia familiar y el incumplimiento del deber legal alimentario.
La estadística, lacerante, revela el escaso compromiso de quienes deberían velar por el crecimiento armónico de los más pequeños del hogar. A lo largo de los años se ha trabajado en la legislación para obligar a los padres a cumplir con esta obligación y asegurar condiciones mínimas de vida para los hijos.
La Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, indica que en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) figuran inscritos 1809 padres a la fecha.
Paraguay registra una elevada cantidad de casos penales relacionados con el incumplimiento del deber legal alimentario; muchos padres han terminado privados de libertad por persistir en esa omisión.
El REDAM es un registro actualizado de las personas que caen en mora con la prestación alimentaria. La inclusión o exclusión en este registro es dinámica y permanente; los números citados en este texto corresponden a la fuente original suministrada. La plataforma web del REDAM está disponible de forma gratuita las 24 horas y los 7 días de la semana; para consultar solo se requieren los datos de la cédula de identidad paraguaya. En caso de usuarios extranjeros, deben dirigirse a las oficinas de Antecedentes Judiciales en las sedes judiciales del país.
Para los juzgados de la Niñez, la implementación de este registro es clave: ha sido una herramienta que ha motivado a numerosos padres a ponerse al día con sus obligaciones alimentarias.
Recordemos que los padres en mora con la prestación alimentaria pueden verse afectados en la tramitación de ciertas licencias y en algunos trámites registrales, como se ha informado en diversos comunicados y notas sobre el funcionamiento del REDAM.
La Corte IDH da un paso decisivo al reconocer el cuidado como un derecho humano exigible
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva No. 31, reconociendo por primera vez el derecho humano autónomo al cuidado, con alcances jurídicos exigibles para los Estados.
Esta decisión histórica responde a la solicitud presentada por la República Argentina en enero de 2023, que invocó al Tribunal para definir el contenido y el alcance del derecho al cuidado, así como su interrelación con otros derechos fundamentales.
Durante el proceso, la Corte recibió 129 aportes escritos de gobiernos, organismos, academia y sociedad civil el segundo procedimiento más participativo en su historia y celebró audiencias públicas con 67 delegaciones.
La Corte IDH delimitó el derecho al cuidado en tres dimensiones interrelacionadas: derecho a cuidar, derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado.
Además, enfatizó que el cuidado no remunerado recae de manera desigual sobre las mujeres tres veces más que sobre los hombres y representa un obstáculo significativo para su pleno goce de derechos como el trabajo, la educación y la seguridad social.
Este fallo obliga a los Estados a implementar medidas concretas, incluyendo políticas públicas que reconozcan el cuidado como una responsabilidad colectiva y no solo individual o familiar.
La participación de Paraguay
Paraguay tuvo presencia activa en este proceso a través de la Asociación de Magistradas, representada en esta oportunidad por la jueza Civil Vivian López, Liz Lobo y Mirian Núñez. Su intervención, refleja el compromiso regional en visibilizar y respaldar el reconocimiento del cuidado como derecho, incorporando la perspectiva jurídica y de género paraguaya al debate continental.
«Es la primera vez que se reconoce el derecho al cuidado como una obligación del Estado», señaló la jueza Vivian López una de las magistradas que emitió el dictamen por Paraguay junto a sus dos colegas.
Este tipo de participación es fundamental, ya que la nueva Opinión Consultiva refuerza la corresponsabilidad de los Estados y visibiliza el rol activo de las mujeres del derecho en impulsar agendas transformadoras dentro del Sistema Interamericano.
Celeridad y sentencias claras: claves para combatir la impunidad, afirma camarista
El camarista Camilo Torres, miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital, e integrante del fuero penal especializado, destacó el rol fundamental que deben cumplir los operadores del sistema penal para evitar que los casos terminen impunes.
Subrayó la importancia de que el Ministerio Público lleve adelante investigaciones de manera transparente, ágil, dinámica y, en la medida de lo posible, pública, siempre respetando las garantías legales y constitucionales del debido proceso. De esta manera, afirmó que la ciudadanía podrá ejercer un control efectivo, y los magistrados, por su parte, tienen la obligación de explicar sus sentencias en lenguaje claro y sencillo, accesible para todos.
Torres recalcó que la celeridad en los procesos no debe limitarse a los casos de crimen organizado: los plazos procesales deben cumplirse en todas las causas, y en ciertos casos es necesario evaluar cuidadosamente la pertinencia de la intervención penal.
“La impunidad no es buena en ningún caso. Lo importante es que la respuesta sea justa, llegue a tiempo y que la ciudadanía entienda cómo trabajan sus órganos jurisdiccionales. Eso reduce la sensación nefasta de la impunidad. Se combate con sentencias claras, oportunas y con absoluto respeto a las garantías, libres de cualquier injerencia externa”, señaló.
El magistrado expresó su preocupación por la persistente percepción de impunidad y llamó a emitir fallos comprensibles para la población: “Muchas veces dictamos sentencias que nadie entiende. Tenemos que escribir para la ciudadanía”.
Asimismo, destacó que la Corte Suprema de Justicia impulsa diversas iniciativas para combatir prácticas indebidas que favorecen la impunidad. Entre ellas, mencionó la implementación del Expediente Judicial Electrónico, que permite reducir tiempos y aumentar la transparencia, ya que las partes pueden monitorear el proceso permanentemente, desde las decisiones de la magistratura como la intervención de las demás partes.
Finalmente, resaltó la creación de tribunales especializados, lo que considera un avance significativo para la justicia paraguaya, diseñados bajo estándares internacionales y con un enfoque de mejora continua, evidenciando el compromiso de la Corte con un servicio de justicia más eficiente y cercano a la ciudadanía.