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La Corte deja firme ejemplar condena para enfermera del EPP

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la casación presentada por la defensa de la condenada Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, quien fue sentenciada a 25 años de cárcel más 6 años de medida de seguridad por integrar el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En su momento, el Tribunal de Sentencia condenó por unanimidad a Laura Villalba a 31 años de encierro (25 años de cárcel más 6 años de medida de seguridad). Quedó plenamente demostrado en el juicio que la condenada integraba el grupo criminal y que no solo se desempeñaba como enfermera del EPP, sino que era una integrante activa.

Para el colegiado, la mujer formaba parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hasta que ocurrió un enfrentamiento en el que murió Lucio Silva y fueron abatidos tres de sus integrantes, quienes estaban con ella y sus sobrinas. Allí se dispersaron; ella se desorientó, se quedó dormida, y al despertar comenzó la búsqueda de sus familiares, sin poder encontrarlas. Deambuló 27 días hasta que fue encontrada en un camino vecinal por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC).

Laura Villalba “se resistió a identificarse al comienzo, pero después entregó sus documentos y los de su sobrina. Además, contó dónde dejó enterradas sus pertenencias: una mochila de combate, enseres personales y su arma, que había sido utilizada para cometer otro hecho punible. Ella estaba en el campamento, tenía sus pertenencias personales, armas, uniforme, granada, en compañía de sus sobrinas, a quienes llevó hasta el campamento y que finalmente terminaron una muerta y la otra desaparecida. Prestó servicio como enfermera”, señaló la presidenta del Tribunal de Sentencia, la doctora María Luz Martínez, al explicar el fallo.

Esta es una de las primeras sentencias que aplican una elevada condena por actos terroristas en los que participó Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, líder del EPP.

Otra cuestión que para el Tribunal de Sentencia fue determinante es que ninguna persona, por más familiar que sea de los miembros de este grupo criminal, puede estar en el campamento, como ocurría con la hoy condenada. Es decir, no estaba en el campamento como hermana de Carmen Villalba ni para buscar a sus sobrinas, sino como integrante del grupo.

Las evidencias expuestas en el juicio fueron, para el tribunal, contundentes, por lo que, por unanimidad, aplicaron una condena ejemplar a la encausada.

La mujer fue condenada por terrorismo, asociación terrorista y producción de riesgos comunes, ya que portaba armas y explosivos, y conocía el daño que estos artefactos podían causar.

Laura Villalba fue detenida en 2020, un mes después del enfrentamiento del EPP con la FTC, con signos de severa desnutrición. Se encuentra privada de su libertad desde ese momento, en el que continuará compurgando la pena impuesta por el tribunal.

El Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado que juzgó el caso estuvo integrado por la jueza María Luz Martínez (presidenta), Dina Marchuk y Federico Rojas.

Fiscalía acusa por actos terroristas a la hija de Alejandro Ramos

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El Ministerio Público formuló acusación y pidió la elevación a juicio oral y público del proceso penal abierto contra Teresita Ramos Ramírez, de 24 años, detenida recientemente por las autoridades. La mujer está sindicada de haber participado en secuestros.

El agente fiscal Lorenzo Lezcano, luego de haber solicitado de manera tardía una prórroga extraordinaria que le fue rechazada, presentó la acusación contra la procesada por la comisión de los hechos punibles de asociación terrorista y transgresión a la Ley de Armas.

Según el relato fiscal, Ramos Ramírez, alias “Yverá”, integró desde su adolescencia estructuras criminales armadas, primero en el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y posteriormente en el Ejército del Mariscal López (EML), liderado por su padre, Alejandro Ramos Morel.

Durante su permanencia en dichos grupos, habría participado en secuestros, extorsiones, atentados contra fuerzas públicas y cobros de “impuestos revolucionarios” a productores de la zona norte del país.

La acusada fue capturada el 15 de febrero de 2025 en la localidad de Brasil Cué, Horqueta, durante un procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, ocasión en la que fueron incautadas armas de fuego y otras evidencias. Entre los elementos colectados se encuentran fotografías, videos y materiales que la vinculan directamente con hechos ilícitos, además de un arma de fuego en su poder.

El Ministerio Público sostiene que “la acusada tenía participación activa en la estructura del EML, cumpliendo funciones operativas y de propaganda, evidenciadas en registros audiovisuales en los que aparece emitiendo instrucciones a las víctimas de extorsión”.

Con base en los elementos reunidos en el período de investigación, la Fiscalía solicita la elevación de la causa a juicio oral y público, y la admisión de las pruebas presentadas, a fin de que se establezca la responsabilidad penal de la procesada.

Cuando fue detenida, la mujer señaló a la familia de Félix Urbieta que el secuestrado falleció en 2019, tres años después de su cautiverio, y dio detalles de dónde estarían los restos de Urbieta.

Denuncian fraccionamiento en Santa Elena que afectaría propiedades del INDERT y particulares

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La abogada Nury Natalia Montiel Mallada y su hermano, el ingeniero agrónomo Agustín Amalec Aarom Montiel Mallada, denunciaron ante la Municipalidad de Santa Elena presuntas irregularidades en un proyecto de fraccionamiento de tierras promovido por la escribana Nimia Ester Velázquez Recalde, el cual según afirman afectaría tanto propiedades privadas como terrenos pertenecientes al INDERT.

Afirman que, el proyecto de fraccionamiento de la Finca N.º 1.768, Padrón N.º 2084, ingresado el 23 de junio de 2025, se sustentaría en un título cuya legitimidad ha sido puesta en duda por los denunciantes, quienes afirman que también se verían afectadas fracciones previamente aprobadas mediante resoluciones municipales, con títulos registrados y aval del Servicio Nacional de Catastro.

Según los denunciantes, la propuesta impulsada por la escribana pública Nimia Ester Velázquez Recalde abarcaría terrenos pertenecientes tanto al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) como a propiedades privadas de los hermanos Montiel.

Durante una audiencia pública celebrada el 6 de agosto de este año, y a pedido del concejal Héctor Balbuena, los hermanos Montiel presentaron un análisis técnico que expone diversas irregularidades. El estudio, elaborado a partir de las coordenadas y documentación presentada por la propia solicitante, revelaría que las ubicaciones señaladas no coinciden con la representación gráfica del plano original. Que, existe un desvío en el rumbo de una de las líneas principales respecto al título antecedente, y que parte del trazado pasaría incluso sobre cauces de los arroyos Yhaguy y Piray.

“Un plano con coordenadas que no coinciden con la ubicación real del terreno y que afecta propiedades legítimas no puede ser aprobado. Vamos a defender nuestros derechos y los del Estado”, sostuvo Nury Montiel, al tiempo de señalar la preocupación de otros ocupantes de la zona ante la posibilidad de que se apruebe un fraccionamiento que podría derivar en conflictos sobre la tenencia de la tierra poniendo en serio riesgo la seguridad jurídica.

Finalmente, los denunciantes solicitaron que el caso sea remitido al INDERT y que se realice un análisis técnico riguroso del proyecto, afirmando que las discrepancias detectadas justifican el rechazo inmediato de la propuesta.

Igualmente, los afectados no descartan tomar acciones legales civiles y penales en caso de que la iniciativa de venta de sus tierras avance ilegítimamente.

El éxito del arbitraje depende de árbitros honorables y litigantes capacitados, sostiene José Moreno

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El reconocido abogado paraguayo José Moreno, una de las figuras más representativas en el ámbito del arbitraje en el país, conversó con Judiciales Net acerca de los principales desafíos que enfrenta esta modalidad de resolución de conflictos. Con una amplia trayectoria en la materia, Moreno enfatizó que el éxito del arbitraje no reside únicamente en la legislación vigente, sino principalmente en la calidad humana y profesional de los actores involucrados: árbitros y litigantes.

Según explicó, es fundamental que quienes actúan como árbitros sean personas de elevada honorabilidad, con un historial ético intachable y ampliamente respetadas dentro del ámbito jurídico. La confianza de las partes en el árbitro es clave para garantizar un proceso legítimo, transparente y eficiente. “El árbitro tiene que ser una persona de notoria honorabilidad, que las partes respeten”, afirmó.

Asimismo, el doctor Moreno subrayó que los litigantes abogados que representan a las partes en los procesos arbitrales deben contar con una preparación sólida y actualizada. Dado que el arbitraje es un campo del derecho en constante evolución, es esencial que quienes intervienen en estos procesos se mantengan al día con las nuevas tendencias y desarrollos normativos y tecnológicos.

Para Moreno, el arbitraje debe ser, por naturaleza, un mecanismo ágil y accesible para la resolución de conflictos. A diferencia del proceso judicial tradicional, muchas veces percibido como lento y excesivamente burocrático, el arbitraje debería facilitar una solución rápida, eficaz y satisfactoria para ambas partes.

Durante la entrevista también se refirió a la iniciativa del Gobierno nacional de impulsar una nueva modificación a la Ley de Arbitraje. Recordó que ya en el pasado se había llevado a cabo una reforma a esta normativa, con la intención de evitar que los procesos arbitrales terminen replicando las mismas rigideces del juicio ordinario. En su opinión, más allá de los avances legislativos, la clave sigue estando en el comportamiento ético y profesional de quienes participan en los procesos.

“La ley es importante, pero es igual de importante tener litigantes preparados y árbitros probos”, reiteró el experto, resaltando que los mejores resultados en el arbitraje se logran cuando el proceso está a cargo de profesionales íntegros y bien formados.

Finalmente, Moreno abordó otro tema de creciente relevancia: el impacto de la inteligencia artificial en el arbitraje. Según comentó, esta tecnología ya está siendo utilizada en distintos aspectos del proceso arbitral, lo que ha generado un intenso debate sobre las implicancias éticas y la calidad de los laudos emitidos con apoyo tecnológico. La incorporación de la IA, si bien representa una oportunidad de modernización, también plantea interrogantes sobre la imparcialidad, la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones.

Del 24 al 26 de septiembre de 2025, Asunción será sede de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), un evento de referencia regional y global en materia de arbitraje comercial y de inversiones. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural del Puerto, bajo el lema: «El Arbitraje en 2025: mantener lo esencial, actualizar lo contingente».

Cabe destacar que la CLA 2025 está organizada por el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP), que desde la primera edición celebrada en 2009 ha sido el principal promotor de este encuentro. Esta edición adquiere especial relevancia, ya que coincide con la celebración del 25º aniversario de trayectoria académica del CEDEP.

Confirman a camaristas para estudiar recusación contra jueces del caso Giuzzio

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó a los camaristas Andrea Vera Aldana y Arnulfo Arias en la causa de Arnaldo Giuzzio. Con esta decisión, los camaristas están habilitados para estudiar la recusación presentada por el exministro del Interior contra los jueces Adriana Planas y Matías Garcete.

Por voto mayoritario de la Corte, los camaristas fueron confirmados para intervenir en esta causa y volver a analizar la competencia de dos miembros del Tribunal de Sentencia, a quienes el acusado exministro busca apartar.

La Fiscalía sostiene que Giuzzio tenía vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius, detenido en su país, y que este pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional; por ello, se habría acercado a Giuzzio.

Desde inicio de este año, se intenta llevar adelante el juicio oral y público respecto al exministro que sigue cuestionando la supuesta imparcialidad de dos de los magistrados que deben analizar las pruebas en su contra.

La acusación del Ministerio Público contra Arnaldo Giuzzio es por cohecho pasivo agravado (coima), al haber supuestamente recibido favores del narcotraficante Marcus Vinicius. La Fiscalía afirma tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior.

“El acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio colectado, es posible afirmar que el acusado Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado paraguayo y, particularmente, con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

El acusado afirma que se manipularon las pruebas y que se sustrajeron elementos sin orden judicial, además de la apropiación de documentos de su domicilio. Alega que el caso está plagado de irregularidades.

La defensa sostiene que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrató con el Ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio, porque el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.

El abogado Emilio Fuster ejerce la defensa de Giuzzio en esta etapa de su proceso.

Usan el nombre del presidente de la Corte, César Diesel, para pedir donaciones

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, emitió una advertencia a la ciudadanía ante la circulación de comunicaciones fraudulentas mensajes, llamadas o similares que utilizan indebidamente su nombre para solicitar contrataciones, donaciones u otros beneficios institucionales, fuera de los canales oficiales.
 
En un comunicado institucional, Diesel desmintió categóricamente haber realizado o autorizado dichos pedidos por medios informales y enfatizó que únicamente las vías formales de la administración judicial están habilitadas para tramitar cualquier gestión relacionada con el Poder Judicial.
 
“No he autorizado ni autorizaré ningún tipo de gestión o intermediación que no se encuentre estrictamente enmarcada dentro de los canales formales y legales de la administración judicial”, afirmó el presidente de la Corte.
 
El magistrado expresó su preocupación por la gravedad de esta práctica, advirtiendo que podría dar lugar a la configuración de figuras punibles bajo la ley. En ese sentido, instó a la población a desestimar cualquier comunicación que cite su nombre en contextos no oficiales, recordando que todas las acciones del Poder Judicial deben regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.
 
El hecho en sí es sumamente grave y delicado por tratarse del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo nombre se utiliza para estos pedidos fuera del marco de la ley, por lo que se alerta a la ciudadanía a no caer en esta estafa.
 
César Diesel, quien asumió por tercera vez la presidencia del máximo tribunal para el periodo 2025–2026, se ha visto obligado a salir a aclarar y advertir a la ciudadanía que inescrupulosos usan su nombre para situaciones ilegales.

Asunción acogerá la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA) – organizada por el CEDEP

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Del 24 al 26 de septiembre de 2025, Asunción será sede de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), un evento de referencia regional y global en materia de arbitraje comercial y de inversiones. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural del Puerto, bajo el lema: «El Arbitraje en 2025: mantener lo esencial, actualizar lo contingente».
 
Cabe destacar que la CLA 2025 está organizada por el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP), quien desde la primera edición celebrada en 2009 ha sido el principal promotor de este encuentro. Esta edición adquiere especial relevancia, ya que coincide con la celebración del 25º aniversario de trayectoria académica del CEDEP.
 
El evento reunirá a más de 70 referentes internacionales, incluyendo árbitros, abogados, académicos, jueces y representantes de organismos multilaterales, provenientes de toda América Latina, EE.UU., Europa y más. Se espera un programa completo con paneles clave, almuerzos temáticos, espacios de networking, actividades para jóvenes árbitros y diálogos intergeneracionales sobre contratos.
 
El presidente del CEDEP, José Moreno, destacó el evento que expone una vez más a Paraguay ante el mundo en la organización y realización de debates de gran altura académica.
 
“Estamos ante un evento que será de mucho provecho para la comunidad jurídica paraguaya, para los interesados en el arbitraje y para quienes buscan que el derecho cada vez sea mejor. El desafío para el futuro es que el arbitraje se extienda mucho más, tiene mucho potencial en crecimiento y buscamos que estos casos cada vez sean mejor llevados”, resaltó el doctor Moreno.
 
En el plano institucional, el CEDEP ha firmado un convenio con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y su Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), que se unen como aliados institucionales de esta edición. Gracias a esta alianza estratégica, los miembros del CAMP y la CNCSP podrán acceder a tarifas preferenciales para participar del evento con impacto internacional.
 
CLA 2025 representa una oportunidad única para profundizar en los desafíos contemporáneos del arbitraje: costos, audiencias eficientes, conflictos de interés, impacto del cambio climático, aplicación de los Principios UNIDROIT, Inteligencia Artificial, entre otros temas estratégicos.

Fiscalía recibió más de 12 900 denuncias donde la niñez fue víctima

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De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a julio de este año fueron atendidas 1 959 víctimas de casos de abuso sexual en niños, es decir, 9 víctimas por día. Además, se atendió a otras 10 984 víctimas por otro tipo de vulneraciones.

En los casos de abuso sexual en niños, los datos reflejan que en enero se registraron 315; en febrero, 282; en marzo, 284; en abril, 251; en mayo, 254 víctimas; en junio, 274; y, en el cierre del mes de julio, se registraron 299 víctimas.

Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños son: Central (724 hechos); Alto Paraná (240); Asunción (175); Itapúa (139); Caaguazú (104); San Pedro (78); además, 61 en Cordillera, 58 en Presidente Hayes, 55 en Amambay, 50 en Paraguarí, 47 en Guairá, 45 en Canindeyú, 59 en Concepción, 38 en Caazapá, 34 en Boquerón, 33 en Misiones, 16 en Ñeembucú y 3 en Alto Paraguay.

El 72 % de las víctimas de abuso sexual en niños fue menor de 14 años de edad. Del total, se registraron 345 víctimas de 0 a 5 años, 459 de 6 a 9 años, 600 de 10 a 13 años y 555 víctimas de 14 a 17 años, totalizando un 72 % de menores de 14 años.

Por otra parte, el 69 % de las víctimas fue del sexo femenino, es decir, 1 352 niñas y 607 niños, víctimas de abuso.
En el 87 % de los casos, el hecho fue cometido por un familiar o conocido de la víctima.

Otros hechos punibles registrados: se atendió a 10 984 niños, niñas y adolescentes por diferentes hechos.

Unas 61 víctimas por día fueron atendidas desde enero de 2025, incluyendo casos de abuso sexual en niños, maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, coacción sexual en menores de 18 años, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

También se registraron 5 víctimas en un contexto de extrema violencia: 2 feminicidios y 3 homicidios.
Estos datos corresponden hasta el mes de julio de 2025, según la Plataforma de Datos Abiertos, Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público.

Camarista insta a emitir fallos judiciales claros, fundados y comprensibles para la ciudadanía

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El doctor Camilo Torres, recientemente ascendido a camarista e integrante del fuero penal especializado, subrayó la importancia de que jueces y tribunales redacten sus fallos de manera clara, fundada y accesible, de forma que cualquier ciudadano pueda comprenderlos.
 
“Muchas veces uno puede dictar una resolución y no entiende nadie. Los fallos deben escribirse pensando en la gente, porque la justicia se imparte para la ciudadanía”, expresó Torres en una entrevista con Judiciales Net.
 
El magistrado sostuvo que la percepción ciudadana sobre el sistema judicial está estrechamente ligada a la forma en que se comunican las decisiones. Según afirmó, comprender el sentido de un fallo no solo es un derecho de las partes involucradas, sino también de la sociedad en general, que tiene el deber y la facultad de monitorear permanentemente el trabajo de jueces y operadores de justicia.
 
En este sentido, Torres propuso la realización de estudios diagnósticos que permitan conocer la realidad del sistema y, con base en esos resultados, ajustar y optimizar la prestación del servicio judicial.
 
“El proceso es oral y público para que la ciudadanía controle cómo actúan sus autoridades jurisdiccionales. Por eso debemos escribir para el público, con argumentos razonados y bien plasmados”, remarcó.
 
Torres agregó que una redacción clara y lógica no solo facilita la comprensión de las decisiones, sino que también garantiza el acceso a los mecanismos procesales de revisión y control, fortaleciendo así la transparencia y legitimidad del sistema judicial.
 
Finalmente, el camarista aseguró que el compromiso del fuero penal especializado es trabajar de forma incansable para mejorar el servicio de justicia y ofrecer resoluciones que respondan a estándares de calidad, tanto en contenido como en forma, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones judiciales y la sociedad.
 

Elevan a juicio oral otra causa contra el exintendente de Lambaré, Armando Gómez

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El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso penal por lesión de confianza y otros hechos en contra de Armando Gómez y otras personas.
 
Junto con Gómez, afrontarán juicio Roberto Paredes, exdirector de Administración y Finanzas; Rodrigo Portillo, jefe de Tesorería; y Ricardo Ronald Riccardi, funcionario del Departamento de Gestión Tecnológica.
 
El magistrado también resolvió el sobreseimiento definitivo del exdirector de Auditoría Interna, Walter Omar Belotto, y de la contadora Sonia Raquel Notario. El hecho no pudo ser probado respecto a ellos; por ello, fueron desvinculados del caso.
 
El Ministerio Público formuló acusación por estafa mediante sistemas informáticos, hurto y asociación criminal, por la presunta anulación de facturas con el fin de evitar que estas tuvieran un respaldo de ingreso al patrimonio de la entidad, según asegura la Fiscalía.
 
Según el relato de la acusación fiscal, tanto Armando Gómez como otros funcionarios anularon miles de facturas en 2009, pese al ingreso real del dinero a la Municipalidad de Lambaré, lo que generó un perjuicio patrimonial estimado en G. 10.000 millones.
 
Con esta última decisión, los acusados deberán defenderse en audiencia oral de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.

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