La abogada Noelia Núñez, quien ejerce la defensa del joven Marco Emmanuel González, imputado en una causa por el supuesto robo de máquinas de criptominería, denunció que el Tribunal de Apelación de Cordillera actuó en detrimento de la ley al revocar la decisión del juez Augusto Acuña, quien había concedido el arresto domiciliario a su cliente, ante la existencia de hechos nuevos que debilitan su posible participación en el hecho investigado, y con la anuencia de los propios fiscales del caso.

La defensa califica la resolución de la Cámara de Apelaciones como un fallo de arbitrariedad flagrante y afirma que revela un problema sistémico en el Poder Judicial de Cordillera. Sostiene, además, que el tribunal incluso confundió a la defensa técnica con la fiscalía, constituyendo la base fáctica del fallo en una premisa falsa respecto de qué parte formuló determinada petición.

Núñez argumenta que, al basar la revocatoria en una postura atribuida erróneamente al Ministerio Público, el fallo adolece de un vicio formal que anula su fundamentación jurídica. Agrega que el tribunal ignoró por completo la postura real de la Fiscalía, la cual había requerido la confirmación del arresto domiciliario, con base en pruebas fehacientes que debilitaban la sospecha contra González, como extractos telefónicos y otros informes bancarios.

A pesar de estas evidencias, el tribunal dejó sin efecto la decisión del juez de primera instancia y ordenó el regreso a prisión del joven empresario.

“Al ordenar la prisión preventiva pese al dictamen fiscal favorable a una medida menos gravosa, los magistrados desautorizan al fiscal y muestran una autonomía peligrosa que prioriza la coerción. El tribunal confundió a la defensa técnica con la fiscalía, constituyendo la base fáctica del fallo en una premisa falsa acerca de qué parte formuló determinada petición”, sostuvo la denunciante Noelia Núñez.

La profesional sostiene que existe un selecto “clan” de magistrados que, según ella, actúa con impunidad y ejerce un control interno en el sistema judicial, sin que nadie se atreva a denunciarlo. La criticada decisión fue adoptada por los camaristas Carlos Aníbal Cabriza, Segundo Ibarra Benítez y Mirta Granado.

Ante esta situación, la abogada exige la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Corte Suprema de Justicia, a fin de investigar y poner fin a lo que describe como un “secreto a voces” dentro del sistema judicial y lo que califica como una presunta “mafia en la justicia”.

Con esta resolución, el joven emprendedor Marco Emmanuel González, imputado en el marco de una investigación relacionada con el presunto robo de máquinas de criptominería, deberá volver a prisión, mientras su defensa se prepara para revertir lo que considera una decisión arbitraria y alejada de la legalidad.

En el marco del juicio oral y público que soporta el acusado Pablo Benegas, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por los jueces Rossana Maldonado y Manuel Aguirre lo declaró culpable. El juicio está divido por lo que primero se decide sobre la reprochabilidad y luego el Ministerio Público expondrá sobre los años de cárcel que corresponden al enjuiciado cantante.

La diligencia continuará la próxima semana y es allí donde se sabrá cuántos años de cárcel deberá afrontar Benegas por drogar y abusar sexualmente de una niña y una adolescente en situación de vulnerabilidad, hecho que ya quedó probado por el Tribunal que lleva el caso.

El Ministerio Público acusó a Pablo Benegas por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños, proxenetismo, coacción sexual y violación. Resultaron víctimas dos niñas en estado de vulnerabilidad.

La fiscalía, sostiene que, durante el periodo investigativo se pudo colectar numerosas evidencias entre ellas las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, pericias informáticas, declaración de testigos y otros medios de prueba que confirman que Pablo Benegas drogó y abuso de ambas víctimas.

Durante el desarrollo de la Cámara Gesell, las víctimas realizaron un detallado relato de lo ocurrido en la casa del acusado entre el 9 y 10 de noviembre del 2023. Este caso tuvo una gran trascendencia, luego de que las niñas llegaran hasta un Hospital público con un cuadro de aparente intoxicación y rasgos de haber sido abusadas y señalaron como responsable al músico hoy enjuiciado.

Según el relato de la fiscalía, el 9 de noviembre del 2023 Pablo Benegas habría llevado a su vivienda a las dos hermanitas una niña de 11 y una adolescente de 16, ambas en condiciones de vulnerabilidad. El hombre, bajo engaño les dio de comer y tomar gaseosa, que contenían cocaína y Benzodiacepina, le dio G 500.000 a la de 16 años y se aprovechó de la condición de las víctimas y las agredió sexualmente.

Ambas niñas consumieron la comida y la gaseosa y a la más pequeña afectó gravemente, por lo que fue asistida horas después en el Hospital de Barrio Obrero, donde ambas permanecieron por diez días hasta que se les dio su alta médica.

El acusado no solo dopó a las niñas y abusó de ellas, también las filmó y le hizo ver a la adolescente videos de tinte sexual en la que el acusado mantenía relaciones sexuales con otras mujeres con el mismo atuendo que les hizo vestir a las niñas, relata el Ministerio Público en la acusación que hoy quedó probado para la justicia.

Esta causa concluirá la próxima semana y al ser hallado culpable de los hechos que le atribuye el Ministerio Público, solo resta saber cuántos años de cárcel ld impondrá el Tribunal de Sentencia al encausado.

Alexandre Rodrígues Gómes, hijo del fallecido diputado Lalo Gómes, fue citado por el juez Osmar Legal para comparecer a su audiencia preliminar, prevista para el próximo 4 de noviembre a las 9:30, mediante medios telemáticos. Las autoridades penitenciarias ya fueron notificadas sobre esta convocatoria, a fin de arbitrar los recursos necesarios para que el procesado pueda conectarse y participar de forma remota.

Alexandre enfrenta cargos por asociación criminal, lavado de dinero, tráfico, tenencia y comercialización de drogas. De acuerdo con el Ministerio Público, sería el líder de una estructura criminal que, en su momento, estuvo vinculada al conocido narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

Según la acusación fiscal, Alexandre Gómes se encargaba de organizar, comprar y negociar cargamentos de sustancias ilícitas. La red criminal que lideraría estaba compuesta por ciudadanos paraguayos, brasileños y bolivianos, y operaba principalmente en el departamento de Amambay, en territorio paraguayo.

Las actividades ilegales de esta organización incluían todas las fases del tráfico de drogas, desde la negociación y coordinación, hasta la adquisición y distribución de estupefacientes como cocaína, pasta base y marihuana, que eran trasladados desde zonas de producción hacia mercados de consumo.

La plataforma de mensajería cifrada SKY ECC fue una de las herramientas clave que habría utilizado Gómes para negociar las entregas de droga. El Ministerio Público sostiene que entre el 27 de noviembre de 2019 y el 16 de agosto de 2020, Alexandre usó este canal para coordinar operaciones de tráfico, hasta que las comunicaciones fueron interceptadas por las autoridades

La investigación indica que durante ese periodo, el esquema delictivo operó de manera sostenida e ininterrumpida, y no se descarta que, tras el descubrimiento de la comunicación cifrada, los miembros del grupo hayan migrado a otras plataformas encriptadas para continuar sus operaciones.

“El análisis del caso revela que el modus operandi de la organización criminal a la que pertenecería Alexandre Gómes consistía en el envío sistemático de drogas al Brasil, previamente adquiridas en Bolivia. Los datos permiten presumir que Gómes tuvo una participación activa y jerárquica dentro del esquema. No solo colaboró con las operaciones, sino que también las financió, lo que lo posiciona como uno de los líderes”, señala el relato del Ministerio Público.

Además, la acusación sostiene que el grupo criminal creó un chat exclusivo dentro de SKY ECC, en el cual coordinaban todas las operaciones relacionadas al tráfico de drogas. En estos intercambios se discutían aspectos estratégicos como: asignación de pistas clandestinas de aterrizaje, la provisión de combustible para aeronaves y la designación de frecuencias aeronáuticas, así como la coordinación de vuelos mediante códigos preestablecidos («santo y seña»), acordados entre pilotos y encargados de las pistas.

En el marco del mismo proceso, también fueron citados a comparecer el mismo día pero de forma presencial los procesados Luis María Zubizarreta y John Gerald Gaona, para quienes el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo.