En un comunicado oficial, el equipo jurídico del señor Federico Mora Peralta denunció la existencia de una campaña de manipulación y tergiversación de información relacionada con una causa penal en curso. Según el documento, esta campaña busca “desvirtuar el curso de la causa penal, trasladando el debate al ámbito de la opinión pública, desatendiendo los principios fundamentales del Estado de Derecho”.
El equipo legal sostiene que la campaña mediática instalada se desarrolla a pesar de que el juzgado competente ha ordenado expresamente la reserva del caso y prohibido su difusión pública, de acuerdo con la normativa de protección integral de la niñez. Esta medida busca preservar la identidad, intimidad e integridad psicológica de la menor involucrada. La defensa advierte que el incumplimiento de esta disposición constituye un claro desacato judicial.
Según el comunicado, la etapa investigativa está cerrada por el Ministerio Público, que ha realizado diversas diligencias ajustadas a derecho, incluyendo declaraciones testimoniales, informes psicológicos, constituciones en el lugar de los hechos, análisis técnicos y una audiencia en cámara Gesell. Con estos elementos, la defensa afirma que se ha garantizado el debido proceso.
“Pese a contar con respuestas claras y contundentes frente a la desinformación y mentiras difundidas, el señor Mora Peralta y su defensa han decidido no replicar públicamente, priorizando por sobre todo el resguardo integral de la menor”.
Además, los representantes legales expresaron su preocupación por posibles motivaciones personales, financieras o políticas detrás de la denuncia y su amplificación mediática, afirmando que son “ajenas a lo que contiene la carpeta fiscal de la causa”.
Finalmente, la defensa de Mora reiteró su confianza en la labor del Ministerio Público y anunció que aguardarán con prudencia la decisión del órgano jurisdiccional competente. También hizo un llamado a los medios de comunicación a tratar el caso con responsabilidad institucional, respetando la intimidad de los involucrados y las garantías constitucionales vigentes.
Firmaron el comunicado los abogados Álvaro Arias, Paola Villalba y Sara Parquet.
