La abogada Josefina Aghemo, en conversación con Judiciales Net, manifestó su profunda preocupación ante lo que considera un grave precedente jurídico: la imputación de dos abogados por el supuesto hecho punible de usurpación de funciones públicas. Aghemo ejerce la defensa de los profesionales José María Galeano y Federico Arce, quienes fueron procesados por una actuación realizada en el marco de sus funciones como abogados.
Según explicó, el Ministerio Público habría forzado la interpretación del tipo penal al punto de imputar a sus defendidos sin cumplir los requisitos mínimos de punibilidad exigidos por la figura legal pretendida, usurpación de funciones públicas.
“Es sumamente grave que se criminalicen actividades propias del abogado, gestiones que se realizan de manera habitual. Que el Ministerio Público impulse una acusación pone en serio riesgo la profesión”, afirmó.
La profesional del derecho sostuvo que este caso no solo afecta a sus clientes, sino que puede representar un punto de inflexión para todos los que ejercen la abogacía de forma lícita.
“El hecho de generar una imputación, luego una acusación, y estar ya en puertas de un juicio oral en el cual vamos a debatir una actividad que, en general, se da dentro de las gestiones cotidianas del abogado, y que se elastice la norma para generar este tipo de procesos, afecta directamente al ejercicio profesional. El solo hecho de que nos encontremos debatiendo esto en un juicio oral es sumamente preocupante”.
Aghemo insistió en que la causa carece de los elementos fundamentales que configuran el tipo penal que se les atribuye a sus defendidos: “Esta causa puede crear un precedente sumamente preocupante para quienes estamos en el ejercicio de la actividad profesional. Nos preocupa la situación de todo el gremio de abogados. Se configuró y se construyó una causa que no cumple con los elementos del tipo penal de usurpación de funciones públicas”.
La defensora también resaltó que los abogados Galeano y Arce actuaron legítimamente: “Hay que destacar que estos abogados estaban realizando el ejercicio lícito de una actividad. Estaban ejerciendo en forma correcta, a través de un mandato, y hoy les cuesta estar procesados por este hecho”.
Finalmente, Aghemo cuestionó la celeridad inusual con la que se manejó la investigación, encabezada por el fiscal Giovani Grisetti, quien según afirmó, utilizó todos los recursos del Ministerio Público para llevar adelante pericias y diligencias orientadas a cerrar el caso con rapidez.
La causa se originó a partir de una notificación realizada por los abogados en el Congreso Nacional al diputado Yamil Esgaib, en el marco de una demanda civil por cobro de guaraníes.
