La Corte Suprema de Justicia concluyó la auditoría de gestión del despacho de la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz, quien fue separada del cargo de manera temporal con sueldo básico, al tiempo que sus antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para su análisis y eventual sanción.
La magistrada está salpicada por el mismo esquema de fraude con pagarés que ha dejado a cientos de víctimas en su mayoría funcionarios públicos y jubilados despojadas de sus haberes, sin posibilidad de defenderse en juicios ejecutivos impulsados de forma unilateral y aparentemente avalados por una red de corrupción judicial.
Según confirmó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, la Corte detectó graves irregularidades en el juzgado a cargo de Ortiz, lo que motivó su suspensión preventiva, mientras se define su situación en el marco del proceso disciplinario.
Pero el escándalo no se limita a la magistrada. La investigación revela que varios funcionarios judiciales del mismo juzgado también habrían participado activamente en el esquema delictivo, lo que extiende la mancha de corrupción más allá de los despachos de Asunción.
Además de la jueza Norma Beatriz Ortiz de Segovia, fueron sometidos a sumario administrativo los siguientes funcionarios, los actuarios judiciales: Elena Noemí Ojeda Duré, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán. Así como el ujier notificador: Sergio Daniel Orué Sanabria.
Igualmente, los oficiales de justicia: Rolando Britos Marín, Alma Valeria Villalba, Silvio César Mareco, Martha Isabel Ramírez, Cristian Ramón Amarilla Closs, Marcos Norberto Enciso Arias, Ignacio Ariel Franco Benítez, Mario Rafael Leguizamón, Willian Marcos Aquino Almirón, Máximo Derlis Lugo Jara, Víctor Manuel Ruiz González, Víctor Manuel Álvarez Torres, Heriberto Osvaldo Britos Mongelós y Víctor Javier Encina
Todos ellos deberán someterse al proceso de averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados, que apuntan a una estructura operativa interna que habría facilitado la tramitación irregular de pagarés.
La jueza Ortiz fue suspendida en el ejercicio de sus funciones, en tanto dure el proceso disciplinario o se emita una resolución que disponga el levantamiento de la medida. La decisión busca preservar la transparencia y evitar interferencias durante la investigación.
Este nuevo capítulo se suma a una serie de denuncias y causas abiertas contra operadores de justicia vinculados al uso fraudulento de pagarés, una práctica que ha sido sistemática y perjudicial para miles de personas, muchas de ellas indefensas ante juicios ejecutivos donde ni siquiera fueron notificadas.
El caso de Luque refuerza la sospecha de que este esquema criminal no se limita a los juzgados de capital, sino que podría estar extendido a nivel nacional, operando bajo el amparo de complicidades internas, omisiones deliberadas y una corrupción arraigada en el sistema judicial.
El Ministerio Público recientemente concluyó su primera investigación sobre cinco juzgados de Paz de Asunción, pero, a juzgar por la magnitud de los nuevos hallazgos, todo indica que ese sería apenas el inicio de una red mucho más amplia y compleja.
Lo que parecía un problema aislado se perfila ahora como una estructura delictiva enquistada en el Poder Judicial, que durante años habría operado con impunidad, afectando gravemente los derechos de ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse.
La CSJ viene impulsando una serie de iniciativas tanto legislativas como administrativas para tratar de combatir esta estructura que nace en sus mismas sedes judiciales.
