La Cámara de Apelaciones Penal de Delitos Económicos resolvió otorgar el beneficio del período de prueba al condenado Fernando Ramón González Karjallo, tras revocar la decisión de la jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer, quien había rechazado su promoción bajo el argumento de que aún presentaba indicadores psicológicos negativos.

González Karjallo fue condenado en diciembre de 2021 a cinco años de prisión por lavado de dinero. Actualmente, ya ha compurgado más del 50 % de su condena, condición habilitante según la Ley de Ejecución Penal (Ley N.º 5162/14) para solicitar el paso al tercer periodo del régimen penitenciario progresivo, también conocido como período de prueba.

La jueza de Ejecución Penal había rechazado la solicitud con base en un informe psicológico que sugería continuar con tratamiento emocional dentro del penal. Según su criterio, aún no existían elementos suficientes que acreditaran una evolución favorable del condenado que justificara el pase al período de prueba.

“No se trata de una cuestión automática, sino de la evaluación particular del avance psicológico y conductual del interno”, fundamentó la magistrada en su resolución.

La defensa del condenado apeló la resolución y sostuvo que la jueza interpretó de forma inexacta el Código de Ejecución Penal, considerando que, el tratamiento psicológico ya estaba en curso desde febrero de 2024 y que no existe ningún artículo que exija la culminación del tratamiento como condición excluyente para avanzar al período de prueba.

El principio de progresividad penitenciaria exige que el cumplimiento de la pena no sea solo cuantitativo, sino también cualitativo, permitiendo que los condenados avancen progresivamente hacia su reinserción.

La jueza habría considerado indirectamente la existencia de otras causas abiertas, lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Nacional.

También, la abogada Raquel Talavera expuso informes técnico-criminológicos favorables, incluyendo evaluaciones psicológicas y conductuales que calificaron al interno como una persona con autocrítica, sensibilidad y buena conducta, sin consumo de sustancias y con vocación laboral.

En su voto, el camarista Arnulfo Arias consideró que no existen impedimentos legales para que González Karjallo acceda al período de prueba, ya que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 54 del Código de Ejecución Penal.

“El tratamiento que pueda acompañar al mejoramiento de su estado emocional o psicológico, podría hacerse estando bajo el régimen mencionado (período de prueba). No debería ser un obstáculo”, expresó el magistrado.

Arias fue acompañado en su postura por el camarista Paublino Escobar Garay, quien coincidió en que el fallo de la jueza presentaba contradicciones con el principio de progresividad y con los informes técnicos existentes.

Ambos coincidieron en que el cumplimiento del 50 % de la pena, la buena conducta, y el tratamiento psicológico ya iniciado, son suficientes para que el interno acceda a esta etapa del régimen penitenciario, votos al que se adhirió la camarista Adriana Rojas, con lo que el condenado tendrá derecho a iniciar su proceso para la libertad condicional.

La abogada Noelia Núñez denunció públicamente al agente fiscal Bernardo Javier Elizaur, actualmente imputado por un presunto pedido de coima, por haber protagonizado un caso de presunto abuso de poder y presión indebida, que derivó en la privación arbitraria de libertad de su cliente, el joven emprendedor Marcos Emmanuel González.

Según relató la profesional del derecho, el pasado 24 de mayo, se llevó a cabo un allanamiento en el local comercial de González. Aunque la orden judicial era genérica, el empresario accedió voluntariamente a abrir su oficina y colaborar con el procedimiento. Sin embargo, durante el operativo según la denuncia se produjeron graves irregularidades.

La abogada asegura que el denunciante se presentó haciéndose pasar por técnico del Ministerio Público, acompañado de guardaespaldas y de un asesor jurídico del Senado, sin justificación clara sobre su participación en el procedimiento. A pesar de que en el lugar existían documentos que, de acuerdo con Núñez, demostraban el origen legal de las máquinas, estos fueron ignorados por el fiscal actuante.

El fiscal Bernardo Elizaur, quien hoy enfrenta una imputación por cohecho pasivo, es señalado por la abogada como responsable de un “apriete” hacia su defendido. Núñez sostiene que la actuación de Elizaur formó parte de un patrón de presión indebida que ella misma vivió “en carne propia”, dejando como saldo la detención de su cliente sin pruebas suficientes y bajo condiciones que califica de inhumanas.

“¿Quién le devolverá a mi cliente los días de cárcel, el hambre, el frío y el sufrimiento?”, cuestionó.

La privación de libertad de González a pesar de haber colaborado con las autoridades y el contexto en el que se desarrolló el procedimiento, generan serias dudas sobre la legalidad y ética de las actuaciones del fiscal imputado.

La denuncia de la abogada Núñez vuelve a poner en foco el desempeño del Ministerio Público, especialmente en momentos en que la institución atraviesa cuestionamientos por corrupción y abuso de poder.

El fiscal Bernardo Elizaur ya fue imputado formalmente en un caso paralelo por el presunto cobro de una coima, mientras en este nuevo episodio se abren interrogantes sobre posibles nuevas responsabilidades penales y administrativas. La defensa de González analiza las vías legales para frenar este proceso que inició con las actuaciones del agente fiscal indiciado por corrupción.

El fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, de la Unidad Penal de Emboscada, fue imputado por cohecho pasivo agravado tras ser denunciado por solicitar una coima de 10 millones de guaraníes a cambio de beneficiar a un procesado por lesión grave. La imputación fue presentada por la agente especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle.

De acuerdo con la investigación, el pedido de dinero habría sido realizado a través de mensajes de texto enviados por su asistente fiscal, Lilian Andrea Florenciano, a la abogada defensora del imputado. La supuesta promesa era no presentar acusación formal y, eventualmente, facilitar una salida procesal favorable a cambio del soborno.

Según la denuncia, al no concretarse el pago, el fiscal Elizaur procedió con la acusación. Sin embargo, más adelante se habría realizado un nuevo pedido de dinero, esta vez por un monto menor, con la promesa de allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Estos hechos motivaron la intervención de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Tras recibir la denuncia, se organizó una entrega vigilada de dinero en la propia sede de la unidad fiscal, donde el Ministerio Público fotocopió los billetes y acompañó la transacción. El operativo derivó en un allanamiento, durante el cual fueron incautados teléfonos celulares, CPUs y dinero en efectivo. Además, la oficina del fiscal fue clausurada como parte de las diligencias.

Los elementos de prueba recabados comprometerían tanto al agente fiscal como a su asistente, por lo que la fiscal Adle formuló la imputación correspondiente. En el caso de Elizaur, fue imputado como autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado, y se solicitó la comunicación de la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el objetivo de que le sean retirados los fueros y pueda ser sometido a proceso penal.

Por su parte, la asistente fiscal Lilian Florenciano fue imputada como cómplice por el mismo hecho.

Concluyó el censo en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, cuyo principal objetivo fue determinar cuántas personas privadas de libertad se encuentran condenadas, así como el estado actual de sus causas.

Con el propósito de actualizar la información procesal de los reclusos, más de 40 jueces de Ejecución Penal y de Garantías, provenientes de los departamentos de Paraguarí, Central y Capital, ingresaron al centro penitenciario acompañados por funcionarios judiciales.

La iniciativa, articulada con el Ministerio de Justicia, busca identificar cuántos de los 2.151 internos en este establecimiento ya cuentan con una condena firme y cuántos siguen en calidad de procesados. Esta labor permitirá agilizar trámites judiciales, mejorar el acceso a la justicia y avanzar en la revisión de casos que requieren atención urgente.

Según explicó a Judiciales Net la directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, doctora María Rosalía González, el trabajo de recolección de datos concluyó el día de ayer, y ahora comienza la etapa de revisión de formularios, impresión de antecedentes penales de cada recluso y verificación de todos los datos recopilados durante la jornada de este lunes.

El censo no solo tiene como finalidad clasificar a los condenados y procesados, sino también generar información precisa que permita detectar situaciones procesales pendientes, promover condiciones de reclusión más justas y fortalecer las políticas de reinserción social y respeto a la dignidad humana dentro del sistema penitenciario.

El operativo fue encabezado por los jueces Sandra Kirchhofer, Cinthya Sostoa, Carlos Mendoza Peña y Luz Rossana Bogarín, en conjunto con equipos técnicos del Poder Judicial. La seguridad durante la jornada estuvo a cargo de efectivos de la FOPE, personal de la Comisaría 5.ª Metropolitana y agentes penitenciarios. Por parte del Ministerio de Justicia, participó la directora de Reinserción Social, Rosalía González.

En el marco de esta jornada, también se presentó la culminación del proyecto “Por un trato digno a las personas privadas de libertad”, impulsado tras detectarse que muchos internos utilizaban botellas plásticas y cartones reciclados como utensilios para alimentarse. Gracias a una campaña solidaria liderada por magistrados, se logró la donación de 2.200 tuppers y vasos, entregados directamente a los reclusos como parte de los esfuerzos por humanizar las condiciones de vida en los centros de reclusión.

La jueza de Ejecución Penal, María Lidia Wyder, reiteró la orden de captura contra el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez, con el objetivo de dar inicio a la ejecución de la condena de ocho años de prisión impuesta por el delito de lesión de confianza.

En noviembre del año pasado, Cárdenas presentó una nueva acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un intento por frenar el cumplimiento de la condena. Sin embargo, la Sala rechazó la acción in limine, es decir, sin entrar a analizar el fondo del planteamiento, por considerarla manifiestamente improcedente.

El rechazo fue firmado por los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, quienes confirmaron la validez de la condena firme, habilitando así su ejecución inmediata. Pese a ello, el exintendente continúa interponiendo incidentes con el fin de dilatar el cumplimiento efectivo de su pena.

El proceso que derivó en su condena está relacionado con el desvío de G. 860 millones que debían destinarse a la construcción de 15 escuelas en el año 2016. Según la investigación, los fondos fueron transferidos para obras que no se realizaron y que tampoco fueron fiscalizadas, evidenciando un esquema de corrupción dentro de la administración municipal.

Además de Cárdenas, también fueron condenados otros exfuncionarios de la Comuna: el exdirector de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, recibió una pena de seis años de prisión, y Carlos María Mendieta, exencargado de la Dirección de Obras, fue sentenciado a tres años, ambos en calidad de cómplices. Sus condenas también quedaron firmes.

A pesar de contar con una sentencia firme, Roberto Cárdenas continúa sin cumplir su pena, amparado en la permisividad del sistema judicial, que hasta ahora no ha logrado ejecutar efectivamente la condena. Las autoridades judiciales reiteran que corresponde el inmediato cumplimiento de la pena, mientras el condenado sigue utilizando herramientas procesales para dilatar el proceso.

La audiencia preliminar en la causa que involucra a la jueza de Paz Analía Cibils fue suspendida luego de que su defensa presentara un recurso contra la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien resolvió dividir el caso en audiencias separadas. Según los abogados de la magistrada, esta decisión carece de una justificación adecuada y va en contra del principio de unidad procesal, ya que todos los hechos están vinculados entre sí. El planteamiento está siendo evaluado por la Cámara de Apelaciones, lo que mantiene paralizado el proceso hasta que se resuelva si la audiencia se realizará de forma conjunta o fragmentada.

Los abogados de la magistrada sostienen que, tratándose de un mismo hecho, la audiencia preliminar debe realizarse en un solo acto, independientemente de la posición asumida por el Ministerio Público. La Fiscalía, en su acusación, propone incluso el testimonio de algunos de los acusados como sustento probatorio contra la jueza Cibils, lo que refuerza, según la defensa, la necesidad de abordar el caso de manera conjunta.

La audiencia estaba fijada para realizarse entre el 11 y el 13 de octubre, pero fue aplazada debido al incidente planteado por la defensa, que reclama la realización de una única audiencia preliminar. La decisión final sobre si los actos procesales se realizarán en conjunto o por separado será tomada por el tribunal de alzada.

La acusación fue presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, quienes lideran la investigación de uno de los esquemas de corrupción más graves registrados en el Poder Judicial en los últimos años. Según la carpeta fiscal, una red criminal operaba desde varios juzgados de Paz de Asunción, utilizando procesos judiciales falsos para ejecutar pagarés adulterados, embargar bienes y perjudicar a ciudadanos que nunca fueron notificados ni sabían que existían juicios en su contra.

La causa alcanza a tres jueces en funciones, dos exjueces de Paz, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados presuntamente vinculados a empresas de cobranza. De acuerdo con la investigación, esta estructura se dedicaba a falsificar documentos, simular litigios y ejecutar embargos mediante resoluciones dictadas al margen de la legalidad, con el objetivo de apropiarse de bienes ajenos.

La jueza Analía Cibils, titular del juzgado de Paz del barrio La Encarnación de Asunción, enfrenta cargos por asociación criminal, prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros delitos relacionados con su presunta participación activa en el esquema delictivo.

El caso, conocido mediáticamente como la “mafia de los pagarés”, ha generado una fuerte conmoción institucional por la magnitud del esquema, la prolongada impunidad con la que habría operado y la participación directa de funcionarios judiciales en actividades delictuales, incluso propició que la Corte presente una serie de iniciativas legislativas, así como decisiones administrativas para afrontar la crisis.

Actualmente, varios procesos siguen abiertos, y las investigaciones fiscales continúan avanzando con base en información recolectada y testimonios obtenidos. El Ministerio Público ha logrado que algunos de los implicados reconozcan los hechos y accedan a salidas procesales abreviadas, en algunos casos a cambio de declarar en contra de los jueces involucrados. Según dichos testimonios, los magistrados no solo estaban al tanto del esquema, sino que reclamaban regularmente pagos mensuales por las notificaciones fraudulentas.