La Asociación de Abogados Civilistas del Paraguay expresó su profunda preocupación ante la acusación presentada por el Ministerio Público contra los abogados Federico Arce y José María Galeano, procesados por el supuesto hecho punible de usurpación de funciones públicas, tras realizar actos propios del ejercicio profesional en el marco de un juicio civil.
Según el comunicado emitido por la entidad, la imputación se basa en que los profesionales presentaron una nota de embargo ejecutivo contra los ingresos de un diputado nacional, lo cual, de acuerdo con la Fiscalía, sería competencia exclusiva de los oficiales de justicia. Sin embargo, el gremio sostiene que este tipo de actuaciones están contempladas dentro de las facultades de los abogados, conforme al derecho procesal civil vigente.
“La acusación revela un desconocimiento preocupante de principios elementales como la economía procesal, la celeridad, la concentración y el principio dispositivo, que rigen los procesos civiles en nuestro país”, sostiene la Asociación, al tiempo de advertir sobre una aparente intención de criminalizar prácticas legales amparadas por la normativa vigente.
El comunicado también cuestiona la calificación penal utilizada, argumentando que los oficiales de justicia no son funcionarios públicos, según lo establece la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y el Servicio Civil”, y la anterior Ley 1626/2000, que aún regía al momento de los hechos. Por lo tanto, afirman que la acusación debería haberse resuelto, en todo caso, en el ámbito civil y no mediante una persecución penal.
Asimismo, la organización gremial denunció lo que considera una “extraña celeridad” en el avance del proceso y alertó sobre un contexto de indefensión para los abogados involucrados. “Estamos ante una peligrosa tendencia que busca intimidar a los profesionales del derecho por cumplir con su función”, señala el texto.
La Asociación recordó otros casos en los que, según afirman, se ha intentado llevar a juicio penal a abogados por acciones vinculadas a su deber de impulsar procesos judiciales, como en la conocida causa de la “mafia de los pagarés”.
“Existe una clara intromisión del derecho penal en el fuero civil. Ser abogado, si esta situación continúa, podría convertirse en delito si no se acata la voluntad de los poderes fácticos del momento”, advierte el gremio.
Finalmente, la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados Civilistas instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a respetar el ámbito jurisdiccional correspondiente, y llamó a todos los colegas del país a unirse en defensa del legítimo ejercicio de la profesión.
“Trabajar en el fuero civil no es delito. Basta de criminalizar nuestra profesión”, concluye el pronunciamiento fechado el 13 de octubre.
A continuación de tejamos el Comunicado íntegro:
